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Abril 2012
2012-05-05 13:16:18


Por Alejandro Vélez Salas

"¿Han notado una baja en el turismo ante la violencia que se vive en México?", le pregunté a la edecán que nos atendió en el stand de México en la Feria de Turismo de Barcelona. "Fíjate que no", fue su respuesta, no sé si ingenua o institucional. "México es seguro, la violencia está ‘súper localizada’, por ejemplo en Ciudad Juárez que es este puntito de aquí", intentó tranquilizar a mi amigo catalán, que tiene planeado viajar a México en verano, mientras señalaba con su uña pintada de rojo la ciudad en cuestión. Obviamente no le recomendó ir a Juárez, pero sí le propuso hacer el viaje en ‘el Chepe’, el único tren de pasajeros en México que además surca las impresionantes Barrancas del Cobre.

Después de que le comenté a mi amigo en tono irónico que el otro tren de pasajeros en activo es ‘la Bestia’, que lleva migrantes desde Chiapas hasta la frontera y que no es tan agradable montarlo, la edecán asintió, sonrió nerviosamente y nos comentó que las rutas de los migrantes estaban escondidas y que "no se veían" por lo que no había de qué preocuparse. La visita terminó con recomendaciones para visitar la Riviera Maya, las zonas arqueológicas de Oaxaca y los pueblos mágicos de Michoacán.

Poco después de marcharnos, le comenté a mi amigo que un día antes, en Cherán, uno de esos pueblos mágicos de Michoacán donde le habían recomendado ir, un grupo de talamontes protegidos por las autoridades estatales emboscó y asesinó a dos comuneros. Le conté también que los habitantes de Cherán se gobiernan desde hace un año con un consejo autónomo sin partidos políticos de por medio y que llevan años protegiendo sus bosques de los talamontes, la cual es la razón del continuo asedio y de los cobardes asesinatos del 18 de abril. Después de los hechos, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal ha pedido la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación del caso.

La PGR parece estar muy ocupada en estos días, ya que el 23 de abril el pintor oaxaqueño Francisco Toledo realizó una denuncia penal por la amenaza de muerte que recibió de parte de ‘Los Zetas’ a través de un correo electrónico:

"Tenemos su nombre, fotos, dirección y otra información necesaria que necesitamos para remontar en cualquier momento, estamos viendo qué hace cada minuto del día".

Días atrás, el Padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, también había denunciado nuevas amenazas de muerte en su contra por parte de gente ligada al narcotráfico y al ex gobernador Ulises Ruiz. Amnistía Internacional (AI) ha pedido al gobierno mexicano reforzar la protección del sacerdote después de que durante la bienvenida de 1500 migrantes que viajaban en "La Bestia" un grupo de personas empezó a agredirlo verbalmente y a amenazarlo de muerte. Por si les queda duda de lo que piensa el ex gobernador Ulises Ruiz de las palabras de Solalinde, esta es su contestación en Twitter:

"@ulisesruizo: Al padre @Alejandro Solalinde no lo conozco lo va a castigar Dios por mentiroso"

Ambos casos podrían ser considerados bajo la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que ha sido aprobada por el Congreso y que -al menos en teoría- servirá para "garantizar la integridad de quienes se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión o el periodismo". Además de esta ley, también se aprobó por unanimidad en ambas cámaras la Ley General de Victimas que permitirá a las personas afectadas por un delito o una violación a sus derechos humanos ser indemnizados económicamente por parte del Estado. Para algunos la ley puede parecer una victoria pírrica, por haber sido aprobada en tiempos electorales con los partidos políticos urgidos de buena prensa, sin embargo detrás de la pieza legal hubo mucho trabajo por parte de asociaciones y colectivos de víctimas. Además, creo que dicha legislación es una aceptación tácita del Gobierno Federal de los errores cometidos al declararle la guerra a una entelequia llamada "narco". En mi opinión, la ley tiene que ser considerada como un pequeña victoria del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la cada vez más numerosa comunidad de víctimas. No obstante, no hay que perder de vista que a la Ley de Víctimas le hace falta mucho para ser implementada, ya que aún le falta la parte reglamentaria, lo que significa que hasta que no sea redactada las víctimas siguen estando en la misma indefensión.

También en este mes, el Presidente Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación los Protocolos para el Uso de la Fuerza, la Prevención de Evidencias y la Presentación de los Detenidos que tienen que cumplir el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la PGR. Una amiga catalana celebró la noticia en Twitter y comentó -seguramente decepcionada por la criminalización de la protesta social que se está dando en España- que era vergonzoso que además de lecciones de economía, ahora Latinoamérica, y en especial México, le estuviera dando a España lecciones de democracia. Le respondí que los protocolos habían llegado 6 años -o 60,000 muertos- tarde y que era muy probable que, a pesar de las buenas intenciones, los protocolos se convirtieran en letra muerta, como muchas de las leyes mexicanas. Para muestra de lo anterior recomiendo el artículo "La Marina: Ejecución, tortura, desaparición forzada", de Sanjuana Martínez, que narra uno de tantos casos de abuso por parte de las instituciones encargadas de protegernos. En el artículo se describe un caso acaecido en Monterrey en junio del año pasado donde elementos de la Marina tumbaron la puerta del domicilio de Isabel García Acosta para secuestrar a su hijo, que hasta la fecha continúa desaparecido.

Parece que la policía michoacana no ha sido informada de la publicación de los protocolos o ha entendido que no les aplican, ya que el 28 de abril actuó de manera desproporcionada contra un grupo de estudiantes en Morelia. Los estudiantes habían quemado tres vehículos oficiales y retenido otros cuatro, para presionar al gobierno recién electo de Fausto Vallejo para que les proporcionara los medios necesarios para que pudieran promocionar el acceso a la universidad en los municipios rurales. El gobernador ha defendido la actuación de la policía y los cerca de 200 arrestos con la típica frase "se actuó conforme a derecho". Además ha aderezado la situación insinuando que es posible que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) esté detrás de los estudiantes. Por si fuera poco, el gobernador ha reconvenido a los estudiantes que ese tipo de actos en los que incurrieron les pueden ser contraproducentes a la hora de buscar trabajo y que alejarán las inversiones del Estado. Sin comentarios.

Hablando de estudiantes universitarios, un tema que ha sido poco discutido es la manera como ha afectado la violencia el ejercicio de su profesión. Sabemos de casos de estudiantes asesinados por error o de represiones como la de Morelia o la de Ayotzinapa, pero ignoramos cómo ha influido la violencia en el desarrollo de la investigación académica. El asunto es especialmente acuciante en el caso de disciplinas que requieren trabajos de campo como son la biología o la antropología. Rossana Reguillo ya había compartido un video de Andrés Villa, estudiante del ITESO, sobre el caso en "¿Se acabó la antropología en México?", pero Claudio Lomnitz y Valentina Glockner nos han mandado el artículo "Una postura contra la criminalización de las drogas", donde ahondan un poco más en el tema. En su artículo recuerdan que en México los estudiantes son los que llevan a cabo el grueso de la investigación etnográfica, pero que rara vez gozan de un seguro médico o de vida para gestionar los riesgos con los que se enfrentan. Debido a esto, hacen un llamado tanto a las universidades como las asociaciones de antropología para que recopilen y denuncien los casos en que los estudiantes hayan muerto o hayan estado en riesgo. Finalmente, animan a que desde el Estado y las universidades se dote a los antropólogos con protecciones como seguro médico y de vida porque les parece claro que "la política contra las drogas de los Estados Unidos está convirtiendo la práctica de la antropología en México en una actividad de alto riesgo justo en el momento cuando nuestras investigaciones son más necesarias."

Para entender mejor el fracaso rotundo que ha significado la guerra contra las drogas en el continente latinoamericano, vale la pena leer atentamente el artículo "El efecto boomerang de la cocaína", de Paul Gootemberg. El artículo es un completísimo análisis histórico que explica cómo la cocaína se transformó de un producto local con una distribución mínima en los Andes a ser una de las drogas más consumidas en el mundo. Lo interesante del análisis histórico de Gootemberg es el papel que juega la estrategia de los Estados Unidos, que finalmente ha tenido un efecto blowback, pues paradójicamente desde que se criminalizó la coca tanto el comercio internacional como el consumo se han incrementado. Es también interesante ver cómo las políticas de combate al narcotráfico dictadas desde Estados Unidos han trasladado el problema hacia México. Gootemberg traza los primeros efectos nocivos de la criminalización de la coca en Perú y Bolivia entre 1947 y 1973, luego narra su epítome en Colombia de 1973 a 1995 con la lucha entre los cárteles de Cali y Medellín, para finalmente abordar el problema actual en México, que para Gootemberg representa solamente un cambio del centro de gravedad del problema.

En su libro La Solución, Araceli Manjón-Cabeza, ex magistrada de la Audiencia Nacional de España cree que:

"No sólo no se ha alcanzado la quimera de acabar con las drogas, sino que cada vez hay más drogas y más consumidores; oferta y demanda se han disparado, y la prohibición ha generado muchos otros problemas no inherentes al consumo de droga, problemas que son hijos de la prohibición."

Uno de estos problemas es la violencia contra los periodistas. En "Al pie del volcán mexicano te escribo", la periodista Marcela Turati nos narra cómo se convirtió en una corresponsal de guerra en su propio país después de haber sido una periodista que cubría los programas sociales contra la pobreza:

"Así, varios empezamos a describir las desgracias de los pueblos pobres obligados al cultivo de amapola, la tragedia del juvenicidio, el drama de los pueblos exiliados por la violencia, las denuncias de los presos que fueron torturados para autoinculparse como sicarios, el aumento a las violaciones de los derechos humanos. A las redacciones no tardaron en llegar personas con fotos del familiar desaparecido por el ejército, la policía, los narcos o por causas desconocidas que después se convirtieron en multitud. Y así, sin preparación de por medio, comencé a cubrir los efectos de la violencia de estos años en los que nunca termino de sorprenderme."

Como ya he descrito en anteriores columnas, la situación que viven los periodistas en algunas zonas de México es angustiante y peligrosa. Amenazas, secuestros, censura, intimidación y trabas para ejercer su profesión se han convertido en el día a día de su oficio. Lo verdaderamente preocupante es que muchas de estas agresiones son cometidas por funcionarios del mismo gobierno. Según el Reporte "Silencio Forzado" de la organización Artículo XIX, Veracruz es la punta de lanza de la impunidad y los crímenes contra periodistas. Según esta asociación, en Veracruz la mitad de las agresiones documentadas son cometidas por el gobierno local o policía. Es por esto que el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso y reportera de La Política, nos indigna tanto y nos hace desconfiar de las "buenas intenciones" de las instituciones locales y federales para esclarecerlo. Según Juan E. Flores Mateos en su artículo "El adiós a Regina", la periodista había cubierto con pulcritud y honestidad casos emblemáticos como la violación y el asesinato de Ernestina Ascencio en la Sierra de Zongolica o las huelgas en Orizaba y Río Blanco, y ya había sido amenazada por las administraciones de Patricio Chirinos y Fidel Herrera. Debido a esto, creo que el semanario Proceso hace bien en no creer las promesas del gobernador en turno, Javier Duarte, para resolver el caso.

Indignado y triste por el asesinato de la periodista, en "El asesinato de Regina y los Cascos Azules”, Marco Lara Klahr se pregunta si la recomendación del analista y mediador Johan Galtung, sobre la presencia de cascos azules de la ONU en algunas partes del país tiene sentido. Desde esta columna me resisto a aceptarlo. Pero hechos como el asesinato y la quema de la vivienda de un hombre que denunció por secuestro y extorsión a 10 policías federales en Chihuahua va minando mi resistencia.

 
 
   
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