Periodistas caídos

El 2 de abril de 2005, después de recibir una llamada de una de sus fuentes, y de reunirse con un funcionario, Alfredo Jiménez Mota desapareció. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Las once líneas de investigación que la fiscalía ha seguido en tres años no han llegado a ningún lado.

Jiménez Mota era un joven reportero de policía en el diario El Imparcial de Hermosillo, una ciudad del norte de México, y antes de desaparecer, había publicado varios artículos sobre narcotráfico. “El caso de Alfredo es emblemático en América Latina y lamento decir que estoy convencido que jamás sabremos qué pasó con él y la verdad no estoy muy seguro si en verdad quiero saberlo”, escribió en el anonimato uno de sus colegas.

En su momento, se habló y reportó bastante del caso Jiménez Mota. Pero, como él, hay otros siete periodistas desaparecidos y 24 asesinados en los últimos ocho años, de los que poco se sabe. Recientemente, un informe de una misión internacional reportó que México es ahora el país latinoamericano más peligroso para periodistas, con ocho periodistas asesinados desde enero de 2007 —de 24 en todo el continente.

Durante año y medio, la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en Contra de Periodistas y Medios de Comunicación, compuesta por nueve organizaciones, se dedicó a reunir información sobre los ataques, y este año viajaron a Ciudad de México para entrevistarse con funcionarios, periodistas, dueños de medios, ombudsmen y familiares de las víctimas. El resultado: una situación alarmante. Los atentados son cada vez más frecuentes, —en gran parte debido a la ola de violencia que vive el país—, los crímenes quedan impunes, existe poca voluntad de las autoridades y un gremio poco unido y desinformado de la situación.

En otra época, los ataques contra periodistas ocurrían fuera de la capital del país o en medios pequeños, pero al tiempo que los brotes de violencia aparecen por todo México, los periodistas viven en riesgo.“Para nosotros ya hay una crisis y se va a poner peor antes que mejor”, dice Robert Shaw, del International Media Support.

Según el informe, sólo 30% de los casos llegan a la fiscalía, y 13% ante un juez. Ninguno de los ataques de los últimos ocho años ha sido resuelto. Hay una cultura total de impunidad en la que se pasan la papa caliente entre la federación y los estados, dice Shaw, y nadie asume la responsabilidad: “Existe la idea entre las autoridades de que los periodistas sólo están para complicarles la vida”. Cuando la misión internacional se reunió con funcionarios que deberían ser responsables de la protección de periodistas se toparon con comentarios como el del fiscal de derechos humanos Juan de Dios Castro, que llamó a una de las participantes de la misión “enemiga del Estado” por preguntar sobre el caso de dos periodistas indígenas asesinadas unos meses antes.

Los miembros de la misión internacional se sorprendieron aún más, cuando al hablar con editores y directivos de medios —hubo quienes ni siquiera quisieron reunirse con los representantes de la misión— se daban cuenta de que estaban desconectados del problema.

La impunidad y desconfianza a las autoridades —60% de los ataques han estado involucradas las autoridades locales—, lo mismo que la falta de apoyo de los propietarios de medios, han llevado a los periodistas a cuidarse solos: autocensurándose. Según el informe, algunos optan por no firmar los artículos comprometedores y otros no dan seguimiento a noticias de crimen organizado ni reportan sobre las actividades económicas surgidas del narco. Pero esas formas de protección resultan contraproducentes, porque “es en el silencio cuando más abusos se cometen”, explica Shaw.

La misión ha propuesto brindar herramientas de seguridad a los periodistas, y un fondo de seguridad al que aporten todos los medios de comunicación.

Por ahora se dedicarán a crear conciencia en foros internacionales de lo que ocurre en México, dice Darío Ramírez, director para México de la organización Article 19, y estudian el sistema de protección a periodistas que opera en Colombia. El próximo año, la misión volverá a México esperando ver cambios reales y de actitud en autoridades y periodistas.