Al recibir amenazas telefónicas después de preguntar por qué habían ejecutado a su esposo, Martin huyó a Suecia. Hasta el día de hoy, nadie ha sido sentenciado por su violación o el asesinato de su esposo. Muchas, como ella, se han enfrentado con inequidad de género al buscar la justicia en las corruptas cortes peruanas.  

Su caso es un recordatorio de que a pesar de que Perú dio por terminado el conflicto armado hace casi 20 años, ha crecido económicamente y se ha desarrollado como democracia, la justicia ha sido difícil de encontrar para innumerables víctimas que aún sufren las cicatrices de la guerra.

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Durante el verano de  2018, miles de peruanos indignados levantaron la voz en las principales calles de varias ciudades del país, protestando en contra de la corrupción en el sistema de justicia. El pasado julio, el portal IDL Reporteros publicó una serie de escándalos destapados por grabaciones de audio. En éstos, entre muchas acusaciones más, un juez federal discutió la reducción de la pena, o incluso absolución, del supuesto abusador de una niña de entre 8 y 10 años, a cambio de favores políticos en el futuro. Este evento develó una compleja estructura de corrupción que involucra a jueces de distintos niveles, e incluso alcanzó a la suprema corte y al Ministro de Justicia.

Este último escándalo tocó una fibra sensible. La idea de liberar a acusados de violencia sexual –incluso pederastas–  trajo recuerdos del uso indiscriminado de violaciones durante el conflicto armado. Para muchas mujeres como Raquel Martin, el acceso a la justicia ha sido “una causa perdida”.

“Hay una falta de comprensión sobre lo que realmente es la violencia sexual”, dice Gloria Cano, directora de APRODEH, una organización de defensa de derechos humanos en Perú,  y antigua representante legal de Raquel Martin.

De los 534 testimonios de violencia sexual identificados al final del conflicto armado , solamente uno ha sido resuelto en un tribunal peruano, en el cual la víctima fue violada en detención y resultó embarazada, con lo cual la evidencia fue innegable. El caso de Raquel Martin contribuyó a cambiar la percepción de la violencia sexual en tribunales internacionales de derechos humanos, sin embargo, como muchas,  la víctima aún busca la justicia.

Su caso fue el primero en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró la violación como una forma de tortura, lo cual constituye la “injerencia más grave contra la integridad física de una persona”, según Ariel Dulitzky, experto en derechos humanos, quien fungió como líder del grupo de trabajo de la ONU para las desapariciones forzadas en el Perú.

Él conoce bien el caso de Raquel, y considera que la decisión de la CIDH ante su caso es histórica, ya que “no es simplemente una conceptualización jurídica de llamarlo de una manera u otra, sino que es cambiar el entendimiento del impacto y la gravedad de una violación”, opina.

“La violación sexual es también un arma. Es una forma de subyugar”, dice en entrevista Gustavo Gorriti, un periodista que ha estudiado extensamente el conflicto. “¿Cómo puede este monstruo estar en las filas del ejército?” pregunta.

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Entre 1980 y 2000, Perú se encontró sumido en una profunda guerra civil. Sendero Luminoso, un grupo guerrillero liderado por Abimael Guzmán, un profesor universitario de filosofía, declaró una “guerra popular” dirigida en contra del presidente Fernando Belaúnde, un gobierno que Sendero consideraba revisionista y semi-feudal. El gobierno subestimó la amenaza del grupo comunista y los enfrentó con un ejército mal preparado para combatirlos.

La cifra total de víctimas mortales alcanzó casi 70,000 personas, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un grupo de expertos independientes creado por el gobierno para investigar los crímenes y abusos a los derechos humanos que cometieron los grupos terroristas y el mismo estado peruano.

Sin embargo, la crisis de violencia que vivió Perú durante durante la década de los 80 transcurrió la mayor parte del tiempo lejos de Raquel Martin. Su entorno en Oxapampa estaba a salvo, al menos ante sus ojos. Ella nunca fue testigo de ningún acto de violencia, ni tampoco vio ningún soldado en su pueblo, “hasta la noche que mataron a mi esposo”, recuerda.

Raquel Martin nació en 1946 en Lima, en una familia de clase media. Sus padres tenían “las preocupaciones normales de cualquier familia, de trabajo y dinero”, dice, pero siempre se aseguraron de que sus  hermanos y ella tuvieran “los mejores zapatos, ropa y educación”.

A los 23 años se graduó de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde estudió para convertirse en maestra de educación primaria. Después de buscar trabajo por algunos meses, se enteró de una vacante en una escuela pública en Oxapampa, un pueblo 400 kilómetros al noreste de Lima, en una región conocida como la “ceja de selva”, en la que los Andes comienzan a descender, abriendo paso al Amazonas.

Al llegar, las condiciones de la comunidad la tomaron por sorpresa. Marcaron un fuerte contraste con lo que ella estaba acostumbrada a ver en Lima. Sus estudiantes eran “muy pobres. Muy, muy pobres”, recuerda, mientras se le escapan las lágrimas. “Me pongo tan triste de recordarlos”.

Sin embargo, estaba feliz de ser independiente y rápidamente hizo amigos en el pueblo.

“Yo era la limeña que llegó al pueblo”, dice riendo. “Me invitaban a reuniones, fiestas, bailes, todo. Muchos amigos tuve. Yo he dejado mi juventud ahí”, dice mientras fija su mirada en el vacío, desde su sala en su casa en Suecia.

Para ese momento, la “guerra popular” de Sendero Luminoso arrasaba con violencia comunidades campesinas en otras latitudes del país. La improvisada estrategia de recopilación de inteligencia por parte de las fuerzas armadas empeoró el conflicto, arrestando y ejecutando arbitrariamente a miles  de civiles sospechosos de pertenecer a la guerrilla. La población civil vivió un intenso fuego cruzado.

Raquel enseñó en una escuela primaria dirigida por monjas en Quillazú, una pequeña comunidad, por más de 10 años. Se inscribió para estudiar a distancia en un programa de educación especial y poco tiempo después abrió el primer colegio para niños con necesidades diferentes, el cual aún sigue en pie.

Al mismo tiempo, conoció al hombre que sería su esposo, un reconocido abogado y periodista llamado Fernando Mejía. Se conocieron a través de un amigo en común, Aladino Melgarejo, líder del sindicato de maestros en Oxapampa. Un día, pasó por ella en su moto a Quillazú y la llevó a Oxapampa.

“Desde el principio me enamoró”, dice con una sonrisa. “Me enamoraba, me prometía el oro y el moro”.

Salieron por unos meses hasta que se casaron frente un juez en Oxapampa y después por la iglesia tres meses después en Lima. Compraron una pequeña casa en Oxapampa y se mudaron juntos.

“Mi esposo era de izquierda”, dice Martin. Como abogado, normalmente defendía causas populares y muchas veces no cobraba por sus servicios. Junto con Melgarejo, su amigo, eran miembros de Izquierda Unida, un partido socialista, en oposición al gobierno del presidente Alan Garcia.

“Yo no me metía en política”, dice Martin.  “Pero me encantaba escucharlo hablar de política. Yo me quería casar con alguien a quien admirara, alguien mejor que yo”.

Su única hija, Luisa Fernanda, nació en 1985.

“Era tan linda, tan bien portadita”, dice Berta Uriol, amiga de Raquel.

Ahora, Luisa Fernanda, de 33 años, se sienta con su madre en su casa en Suecia. “Yo recuerdo a mi padre. Siempre que llegaba a casa se alegraba de verme”, dice Luisa, forzando  los pocos recuerdos que tiene de su padre.

Luisa Fernanda dormía en su  cuarto, al lado del de sus padres, en su casa en Oxapampa, cuando él fue asesinado y ella  violada.

Para este momento, el conflicto en Perú había escalado. Sendero Luminoso incrementó su campaña de terror en contra del ejército, la policía y cualquiera que se negara a unirse a sus filas. Las fuerzas del orden también jugaron un papel importante en el aumento de la violencia.

“Para el ’89, los manuales del ejército cambiaron”, dice Gloria Cano. “Había un nuevo manual antisubversivo que hablaba de la selección de blancos individuales.” Esta nueva estrategia de compilación de inteligencia hizo que la violencia se disparara de nuevo, en forma de ejecuciones, desapariciones forzadas y desplazamientos en diferentes regiones del país.

Al mismo tiempo que Sendero Luminoso, otro grupo guerrillero comenzó a crecer en Perú. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) atacó una estación policial en Pozuzo, un pueblo cercano a Oxapampa, y murieron cuatro policías. A raíz de esto, la presencia militar en la región aumentó. 

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El 15 de junio fue un día nublado en Oxapampa. El esposo de Martin pasó a buscarla en su moto a la escuela donde ella trabajaba. A ella le llamó la atención ver tantos soldados en la calle y sintió miedo. Su esposo le dijo, “¿De qué vas a tener miedo? ¿Hemos hecho algo malo?”.

Los militares provenían de una misión en Pozuzo, lugar donde no habían encontrado a ningún culpable de los ataques en la estación de policía. Ese día el grupo de soldados se reunió con el alcalde en un bar. El alcalde de Oxapampa tenía una rencilla con Fernando y su amigo Aladino Melgarejo, por ser miembros del partido de oposición y haber organizado una protesta en el pueblo.

“Ellos necesitaban un trofeo. No se podían ir con las manos vacías”, dice Raquel.

Alrededor de las 10 de la noche, Raquel y su esposo estaban en la cama. Se preparaban para dormir, cuando la tranquilidad se vio suspendida por fuertes golpes en la puerta y un grito desde la calle.

“¡Mejía!” llamaba una voz grave, amenazante. Él, asustado, y aún en pijama, se dirigió hacia la entrada y abrió la puerta. Un grupo de entre seis y ocho soldados con la cara cubierta lo sacaron a la calle. Martin salió de su habitación a ver qué sucedía, pero el comandante le gritó que volviera a entrar.

“Este hombre es un terrorista”, le dijeron.

“Él no es ningún terrorista, es un hombre respetable, pregúntenle a quien quieran”, les contestó Martin.

Ella vio como le ataron las manos con una cuerda a su esposo y lo subieron a la parte de atrás de una camioneta amarilla. Martin vio que había otro hombre atado ahí. “Ese fue el último momento que vi a mi esposo con vida”, dice Raquel.

Después de unos veinte minutos, el mismo grupo de soldados regresó a su casa. Ella abrió la puerta y el general, oliendo a alcohol, le pidió los documentos de su esposo.

“Y ahí me violó”, recuerda Raquel.

Dos horas después, el mismo escuadrón entró a su casa por tercera vez.

“Venía de nuevo el jefe, alto, grandazo, forzudo, con uniforme verde, con correa de armas, un gorro en la cara y solamente se le veían los ojos”, dice Martin, temblando y abriendo sus propios ojos con los dedos.

El comandante le presentó una lista de nombres en una hoja de papel y le preguntó si conocía a alguien. Después, se roció con la loción de su esposo y violó a Martin por segunda vez. Ella no podía dejar de pensar en su hija Luisa Fernanda, quien dormía tranquilamente en la habitación de al lado.

“Me dije, ‘tú no puedes hacer nada. Tú estás crucificada’”, dice Martin. Ciertamente no pudo hacer nada para detenerlo. “Que hagan lo que quieran, que yo salgo viva”, pensó.

Después de esto, el escuadrón se fue de la casa, y Martin quedó traumatizada.

“Me sentí como una niña, arrinconada, desvalida”,  dice.

A partir de esta experiencia, no quiso volver a Oxapampa nunca más. Aún hoy, siente vergüenza de ser señalada.

Acudió a la policía, a la biblioteca donde estaban los militares y a la fiscalía, intentando dar con el paradero de su esposo.  Un hombre que conocía del mercado le dio malas noticias. Le dijo que habían encontrado dos cuerpos en la orilla del Río Santa Clara. Acudió al río con un fiscal, donde encontró lo que más temía. Ahí estaban los cuerpos de su esposo y su amigo Aladino Melgarejo, severamente torturados y desmembrados, medio enterrados a la orilla del río, debajo de un puente que solía cruzar regularmente.

“Yo decía: ‘Raquel, tranquila. Aguanta todo. Soporta todo. Sal adelante’”, recuerda.

Ella sabía que su vida y la de su hija de tres años también corrían peligro. Sentía que debía msalir de Oxapampa y rápido. Su hermano acudió por ella y la llevó de regreso a Lima.

Al llegar a la capital con su hija, no podía salir de casa de sus padres. Estaba aterrada y angustiada, con la sensación constante de que alguien estaba tras de ella. Recibió llamadas telefónicas extrañas y amenazantes. “Mi hija y yo pasamos por lo peor. Todo el tiempo pensaba ‘¿qué voy a hacer con mi vida?’ pero sabía que no me podía quedar en el Perú”, recuerda.

Uno de sus cuñados le recomendó levantar una queja ante una organización defensora de derechos humanos. Él había escuchado de un grupo llamado Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) que tal vez la podría ayudar, así que decidió ir a visitarlos. Ahí le informaron de un grupo llamado Amnistía Internacional que iba a visitar el Perú en los próximos días, y que ellos le podrían ayudar a salir del país.  

La situación se movió rápidamente después de esto. Se reunió con Amnistia Internacional, quienes le dijeron que acudiera a la embajada sueca y les contara lo que le había sucedido. Ahí le dijeron que podía huir del país en tres días. Martin volvió a Oxapampa, vendió todo lo que pudo y regresó a Lima. Con su hija, se fue al aeropuerto para abandonar el Perú.  

“Llegué al aeropuerto de Estocolmo con mi hija de tres años y una visa. Ahí comienza mi odisea”, dice.

Después de llegar a Suecia, APRODEH accedió a representar el caso de la violación de Raquel Martin y el asesinato de Fernando Mejía. Su historia fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta organización, quienes representaron otros casos de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado, de acuerdo con la abogada Gloria Cano.

“Ese es un típico ejemplo de por qué no pasa nada desde hace 30 años. Todos se concentraban en el asesinato del esposo y no en la violación. Invisibilizar la violencia sexual era algo típico”, dice Ariel Dulitzky, abogado especialista en derechos humanos.

La CIDH resolvió a favor de la víctima. Este organismo urgió al estado peruano a resolver el caso de Raquel Martin en una corte penal nacional, pero poco se ha logrado desde entonces. El caso sigue estancado por una cuestión política e institucional, de acuerdo con Dulitzky.

Además, las salas penales han hecho que comprobar la evidencia sea complicado. “Hay un problema probatorio”, Dice Dulitzky. “Para establecer responsabilidades penales uno tiene que tener evidencia directa, más allá de toda duda razonable, que esa fue la persona que violó y esto es mucho más desafiante”, agrega Dulitzky.

Otro grave problema es que la resolución del caso de Raquel Martin recae en una problemática de naturaleza política en el sistema judicial peruano. Hasta hoy, el Ministerio de Defensa no está obligado bajo ninguna ley a aportar información que pueda hacer la diferencia en un caso como este, como los nombres de las personas que estaban en la base o quiénes conformaron esa patrulla.

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A Raquel no le fue fácil adaptarse a su nueva, inesperada y solitaria vida en Suecia. El gobierno le proporcionó un apartamento con el refrigerador lleno de comida, un apoyo económico mensual, seguro médico, asistencia psicológica, educación para su hija y clases del idioma sueco. Sin embargo, ella se sentía perseguida, amenazada, como si alguien estuviera siguiendo sus pasos.

Su paranoia se incrementó tras los cambios drásticos en la política y sociedad peruana. Para 1989, la inflación se había convertido en un problema nacional. Los problemas de seguridad causados por las organizaciones terroristas se habían disparado y no solamente en regiones aisladas.

“Para 1989 ya había señales de que Sendero Luminoso estaba cada vez más cerca de Lima.” dice Henry Dietz, profesor de política latinoamericana de la Universidad de Texas. “Intentaban sofocar el abastecimiento de productos hacia la ciudad bloqueando las carreteras y con cortes a la luz”,

Un candidato relativamente desconocido, Alberto Fujimori, ganó las elecciones de 1990, unos meses después de que Raquel huyera del país. Al iniciar su administración, aprobó reformas que se alineaban con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Atrajo inversión extranjera y creó una nueva moneda. Asimismo, su estrategia contra el terrorismo fue distinta. El nuevo presidente hizo pasar la “Ley de Amnistía”, que protegía a miembros del ejército contra acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Fujimori fue presidente del Perú desde 1990 al 2000, un período que algunos peruanos recuerdan con nostalgia, pero muchos otros lo denuncian como autoritario y represivo. El crecimiento económico del país significó un apoyo al ejército y a la policía, con lo cual fue posible la derrota de Sendero Luminoso. En 1992, un grupo de élite de la policía arrestó a Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo, en un apartamento en Lima, sin disparar un solo tiro. Asimismo, el presidente comenzó a perseguir a los familiares del grupo subversivo, ya que algunos habían huido al extranjero.

Paralelamente, Amnistía Internacional vio en Raquel Martin una oportunidad para denunciar los abusos a los derechos humanos que ocurrían en el contexto de la administración de Fujimori.Tras comenzar su trabajo como maestra en Suecia, Raquel Martin fue invitada por este grupo de activistas a Estados Unidos a dar presentaciones públicas para contar su historia y acusar al estado peruano como culpable.

La historia de Martin, así como otras acusaciones hechas por víctimas del conflicto, fueron difundidas por Amnistía Internacional y otros medios en el Perú, y representadas legalmente por organizaciones como APRODEH. Muchos culparon la política de Fujimori.  

“Es cierto que [entre los exiliados en Europa] había quienes habían hecho actividades económicas y proselitistas de Sendero Luminoso”. Explica Gloria Cano. “Pero incluyeron el nombre de la señora Raquel [Martin] en una lista de ‘“embajadores del terror’”.  

El gobierno de Fujimori acusó a Raquel Martin de pertenecer a un grupo terrorista, por acusar al ejército peruano de haberla violado y haber asesinado a su esposo.

“Ellos lo llamaban apología, nosotros dijimos que no, que solamente hablaba de lo que había pasado en el Perú”, explica Gloria Cano.

Añadiendo al trauma que vivió en Oxapampa, Martin fue juzgada in absentia en su país, donde fue encontrada culpable de terrorismo.

“Me sentí tan humillada. Mi nombre estaba en los periódicos. Sentí como si mi familia estuviera avergonzada de mí y de estos cargos”, dice Raquel.

Para el fin de la década de los 90, Fujimori fue acusado de corrupción y huyó a Japón. El fin de su mandato vio una nueva era de derechos humanos en el Perú. El nuevo presidente, Valentín Paniagua, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar los eventos del conflicto armado, el cual había iniciado 20 años atrás. Este gesto simbólico marcó oficialmente el fin del conflicto más brutal que Perú ha visto en los últimos años.

Con la ayuda de APRODEH, el cargo de terrorismo que había sido impuesto a Martin fue retirado después de que se presentara evidencia de su inocencia en una corte. El nuevo gobierno le ofreció una disculpa simbólica y una reparación del daño en forma de un pequeño terreno en las afueras de Lima. Sin embargo, el caso de su violación y el asesinato de su esposo siguen paralizados en una corte en la ciudad de Huancayo.

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Ahora, Raquel Martin está jubilada de su trabajo como maestra de educación especial en Märsta, Suecia. Recientemente comenzó un negocio propio como comercializadora de flores, una de sus grandes pasiones.

Luisa, su hija, vive en un apartamento cercano. Después de haber estudiado trabajo social en una universidad en Estocolmo, trabaja en una de las agencias de seguridad social del estado sueco. Apoya una red de protección a migrantes que viven en comunidades con altos índices de criminalidad y abuso de drogas, algunos de los cuales han sido abusados sexualmente.  

“Este trabajo me hace sentir cerca de lo que vivió mi madre, pero trato de no involucrarme mucho con eso, porque es muy doloroso para mí”, dice Luisa.

El dolor emocional ha sido una constante en la vida en exilio de Martin. Aún va a terapia psiquiátrica y recibe medicamentos desde que fue diagnosticada con síndrome de estrés post traumático, hace más de 15 años. Ella dice que parte de estos síntomas se deben a que los culpables nunca fueron castigados.

“Yo solo quiero que el responsable de esto enfrente la justicia”, dice Martin.  “Yo quiero que mi nombre quede limpio y que el nombre de mi esposo sea reivindicado”, dice sentada en la sala de  su apartamento.

Sin embargo, eventos recientes revelan que las cortes judiciales en Perú aún conservan la vieja estructura de corrupción que hace que el caso de Raquel sea difícil de resolver.

“Es una lucha constante, permanente, en todos los niveles. Dentro del poder judicial hay un nivel de corrupción muy alto”, dice el periodista Gustavo Gorriti en entrevista. “Hay grupos que buscan influenciar, buscan cambiar a los jueces, para poner los suyos propios”, agrega.

El caso de Raquel Martin sigue a espera de justicia, junto al de otros miles de casos abiertos como el suyo, en una corte en Huancayo. Los recientes escándalos en el Perú no ofrecen mucha esperanza para su caso. El año pasado fue uno marcado por la turbulencia en la estructura política: hubieron dos presidentes, tres procesos electorales y 45 cambios en ministerios, la mayoría en el sistema de justicia.

“Yo merezco una disculpa pública del presidente de la república”, dice Raquel Martin. “Que el caso encuentre justicia. Eso es lo que yo quiero”.

“Quiero regresar a Perú con la frente en alto”.