Trabajadoras sexuales, trans y migrantes durante la pandemia

La cuarentena más difícil: trabajadoras sexuales, trans y migrantes

Crudo, sensible y honesto, este trabajo, merecedor del 1er lugar del concurso de fotografía “Historias de un mundo distinto”, iluminó más que cualquier otro una de las caras más oscuras de la pandemia, la sombra en la que viven quienes, mucho antes de esto, ya sufrían discriminación, violencia y marginación. Este año vieron apagarse su única de fuente de ingresos para quedar en un completo abandono.

Todas las cosas que Coral compró a lo largo de siete años están a la vista en la habitación de este hotel de paredes descascaradas. Un lamparita solitaria que cuelga del techo, una mesa con un mazo de cartas desparramadas, algo de maquillaje, dos sillas, tres banquitos de plástico, una televisión, un viejo ventilador de pie, una pequeña heladera, dos estanterías con ropa medio desordenada. Aunque no le gustaría vender nada de eso, piensa que dentro de poco quizás no tenga otra opción. “Algunas teníamos algún ahorro, pero cuando dijeron 15 días de cuarentena, sabíamos que no alcanzaría para más que eso. La estamos pasando mal, ya no tenemos dinero”, dice al borde de la cama. Coral tiene 32 años y es una trabajadora sexual trans.

En 2013, Coral llegó de Perú a Buenos Aires para “trabajar por la legal, en una tienda”. Ya tenía experiencia como em­pleada en un casino y en un local de indumentaria, pero desde que llegó solo ha trabajado en la calle. Su caso no es una ex­cepción: de acuerdo con el último proyecto nacional de ley de cupo laboral trans presentado este año en el Congreso (en 2018 se presentaron dos proyectos similares, pero jamás fueron tratados), el 98% de las personas trans está excluido del mercado laboral formal por prejuicios, discriminación o porque ya antes las habían expulsado —por las mismas razones— del sistema educativo. Sin muchas alternativas, más del 70% trabaja o trabajó en la prostitución, una actividad no penalizada por la ley argentina, siempre que no involucre trata de personas y se ejerza de forma voluntaria.

Fotografía de Daniel Jayo

En junio de 2020 se reactivó la discusión entre regulacionistas (a favor de darle un marco legal a la prostitución) y abolicionistas (en contra de considerarla un trabajo) dentro del colectivo de mujeres. El regreso del tema al debate público se debió a que, durante un domingo de ese mes, en la página web del registro para trabajadores de la economía popular del Ministerio de Desarrollo Social, que lanzó días atrás el ministro Daniel Arroyo, existía la posibilidad de seleccionar  “trabajador sexual” como respuesta a la categoría “ocupación”. El formulario duró solo unas horas antes de que lo dieran de baja.

“Con el ministro Daniel Arroyo coincidimos en que, de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales, la prostitución no es trabajo”, escribió Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en su cuenta de Twitter, para explicar la rápida marcha atrás.

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