Centro Prodh grita por la impunidad
Especial patrio
septiembre 13, 2019

La desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 es uno de los episodios de violencia más significativos de la historia actual de México. Los hechos ocasionaron una profunda herida en el tejido de la sociedad mexicana que incluso traspasó fronteras. La exigencia por respuestas al gobierno mexicano, no se limitó a los padres de los desaparecidos, México se unió al grito de desesperación por justicia. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades habían hecho caso omiso las solicitudes, incluso se atrevieron a crear una “verdad histórica” a base de mentiras y alteraciones en la evidencia.

Ahora, esas acciones comienzan a tener terribles consecuencias que han llegado incluso a la liberación de  Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’ , uno de los principales inculpados por lo ocurridos en Iguala, Guerrero. Un evidente caso de impunidad. Durante estos años, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha asesorado a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en su lucha por justicia en un país en donde la impunidad es una constante en los casos de violencia y ahora comparten con Gatopardo algunos puntos al respecto:

En un país en donde hay más de 40 mil desaparecidos ¿cuáles son las principales demandas al gobierno mexicano?

Desde la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas, la principal demanda que enarbolamos familias y organizaciones es su correcta implementación y que se dote al sistema de los recursos financieros, humanos y tecnológicos suficientes.

De forma particular, se hace énfasis en la creación y urgente puesta en marcha de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y del Protocolo Homologado de Búsqueda. Sobre lo primero, es indispensable entender que el rezago que hay en la identificación de restos y cuerpos humanos en los servicios médicos forenses estatales es de tal magnitud que, si no se diseña un mecanismo extraordinario, los estados de la República no podrán revertir por sí solos el retraso ni tendrán ningún incentivo para hacerlo.

Además de estas demandas, hay otra parte que siempre es reclamada: un trato humano y empático, donde las víctimas –directas e indirectas- sean el centro, evitando la revictimización y la criminalización, y tomando siempre en cuenta su participación activa en los procesos.

¿Qué opinión merecen las acciones que el gobierno actual ha puesto en marcha en materia de desaparecidos?

Hay elementos muy positivos, como el reconocimiento de la magnitud de la crisis que se enfrenta, reconocimiento que fue evitado por las anteriores administraciones y que muestra una disposición a cambiar el rumbo de las políticas en esta materia. Otro aspecto muy positivo es la indicación de aceptar la competencia del Comité CED para conocer de casos individuales y la aceptación de la visita al país de dicho comité de la ONU, aunque, como más abajo referimos, esto aún no ha ocurrido.

Además, fue relanzado el Sistema Nacional de Búsqueda y se iniciaron trabajos de registro que estaban pendientes; también se comisionaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exclusivamente a la Unidad de Búsqueda, lo cual fue un persistente e ignorado reclamo de las familias. Otro elemento positivo ha sido el nuevo impulso a la Comisión Nacional de Búsqueda por parte del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, con la designación de una titular que entiende la problemática.
Sin embargo, el reconocimiento de que este tema es prioritario por parte del Gobierno federal aún tiene que traducirse en una dotación presupuestal robusta para las instancias que intervienen frente a las desapariciones. Eso aún no ha ocurrido del todo.

En las entidades federativas persisten retrasos. A más de un año y medio de la entrada en vigor de la ley, siguen faltando siete estados por conformar su comisión de búsqueda. También en las distintas instituciones hay resistencias. Por ejemplo, el tema del Comité CED ya había sido ganado en litigio por doña María Herrera, con representación del Centro Prodh, pero la SRE se había negado a acatar la resolución del Poder Judicial. Quizá la parte que ha sido más resistente a los cambios es la relacionada con la investigación de los delitos. Hay enormes carencias e inercias que deben ser combatidas con fuerza para que los cambios institucionales y en el andamiaje jurídico sean efectivos. Lamentablemente, como refieren familias y organismos internacionales, seguimos viendo investigaciones hechas aisladamente, sin considerar y analizar el contexto en el que suceden las desapariciones; procesos en los que se da prioridad al formalismo y al volumen del expediente; la realización de diligencias sin sentido; la falta de responsabilización a la cadena de mando y enormes retrasos y fallas en la toma de muestras de ADN.

¿Cuál es el papel que juega la sociedad civil en la búsqueda de estas personas?

Sin el enorme trabajo de la sociedad civil –primordialmente el de las familias de personas desaparecidas y, en segundo lugar, el de organizaciones- la situación hoy sería radicalmente distinta. Durante todos estos años, y con contadísimas excepciones, ha sido solamente la sociedad civil la que ha buscado a las decenas de miles de personas desaparecidas.

Al enfrentarse a autoridades indolentes en todos los niveles de gobierno, como ya muchas veces se ha señalado, las familias se han convertido en investigadoras, abogadas, buscadoras de fosas y forenses; son las familias organizadas quienes han desarrollado conocimiento de los contextos y de los patrones de desaparición, de lugares y nuevas formas de búsqueda, de fallas de las leyes y del funcionamiento de las instituciones, etcétera. Además de esto, han tejido redes que le han permitido a más familias aprovechar los conocimientos construidos con tanto sufrimiento para hacer sus propias búsquedas, organizarse regionalmente y demandar sus derechos, manteniendo la esperanza. Acompañándoles, organizaciones de la sociedad civil han dedicado enormes esfuerzos a trabajar directamente con las víctimas y a realizar incidencia y propuestas de cambios estructurales.

Respecto a la Ley en Materia de Desaparición Forzada, ¿cómo es que desde la sociedad civil se puede impulsar su aplicación?

La sociedad civil puede seguir impulsando la ley conociendo sus contenidos y sus aportes; teniendo claros los retos que seguiremos enfrentando frente a su implementación y, principalmente, manteniendo y fortaleciendo la organización de familiares y sociedad civil que impulsaron la ley.

En el pasado y en otras latitudes, la obtención de avances en las leyes ha llevado a la desmovilización de los sectores sociales; por ello, es importante recordar que los cambios legales sólo influirán en la realidad si existe la exigencia de justicia, verdad y memoria. Para que las desapariciones dejen de ocurrir y para que los desaparecidos sean buscados, la organización de las y los familiares ha mostrado ser el factor más relevante. Cada uno de los colectivos de familiares que han surgido en toda la República han mostrado el camino que hay que seguir para continuar exigiendo justicia y verdad.

Por otra parte, es relevante que la sociedad civil impulse la aplicación de la ley en los procesos legales de las víctimas a las que acompañe.
Finalmente, seguirá siendo de suma importancia ocupar los espacios de participación ciudadana y vigilar el proceso de creación de las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda en el ámbito local.

¿Cuáles son los principales retos que la Ley en materia de Desaparición Forzada, enfrenta para su correcta aplicación?

Es claro que ninguna ley cambiará por sí misma una realidad marcada por la violencia y las violaciones a derechos humanos. La reversión de la impunidad y la concreción del Sistema Nacional de Búsqueda son dos de los retos más relevantes para que la ley pueda comenzar a implementarse correctamente.

La impunidad en las desapariciones, además de perpetuar el dolor de las familias, alienta su repetición. Al definir mejor el delito de desaparición y al regular mejor los procesos de investigación, reduciendo la discrecionalidad del Ministerio Público, la ley puede contribuir a que avance el esclarecimiento de las desapariciones y a que los responsables sean sancionados. Esto se acreditará si aumentan las sentencias dictadas por el delito de desaparición –hoy prácticamente inexistentes– y si se incrementa el número de casos en los que se aclara el paradero de personas desaparecidas.

Hoy en día no hay esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo que se enfoquen en la búsqueda de desaparecidos mediante esquemas que superen el caso por caso propio de las averiguaciones previas que se integran en las procuradurías. Para cambiar esta irresponsable y negligente práctica, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda pueden hacer importantes contribuciones. Lamentablemente este reto no es sencillo, pues son abundantes las experiencias en México en las que instituciones nuevas, diseñadas con objetivos nobles, se implementan de forma precipitada y se dejan secuestrar por las lógicas burocráticas

Además del tema de desaparecidos ¿cuáles son los otros tres temas que urge atender en México?

Como ya hemos mencionado, el combate a la impunidad es central para evitar que la desaparición –y otras violaciones a derechos humanos- se sigan reproduciendo. Aquí toca trabajar por la profesionalización e independencia de las fiscalías y por la erradicación del uso de la tortura en las investigaciones. Como hemos visto recientemente en el caso Ayotzinapa, las investigaciones sostenidas en violaciones a derechos humanos y marcadas por intereses políticos están destinadas a dejar impunes a los perpetradores y en el desamparo a las víctimas y sus familias.

Para superar este reto de la impunidad, México tiene que seguir abriéndose a la asistencia técnica internacional. Nuevamente tomando como ejemplo el caso Ayotzinapa, debemos recordar el papel central que desempeñó el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) para supervisar tanto el caso como diagnosticar falencias estructurales y hacer recomendaciones en estos ámbitos. En ese sentido, toca imaginar tipos de asistencia novedosos, profundos y extendidos, aprovechando al máximo las potencialidades de los sistemas internacionales de derechos humanos.


 

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