Red Nacional de Refugios (RNR), una organización de la sociedad civil con más de 20 años de existencia en México, se ha convertido en un jugador clave para la protección de las mujeres que sufren violencia doméstica.
Desde la primera quincena de marzo de 2020, cuando comenzaba la pandemia, veía que las organizaciones sociales feministas se habían empezado a mover en redes sociales. En particular, la RNR lanzó la campaña Aislamiento Sin Violencia. ¡No Estás Sola!, que tiene perspectiva de género y busca ser incluyente (su información también está en náhuatl y en lengua de señas). Esta campaña habla de las medidas de seguridad que pueden seguir las mujeres que se sienten en peligro en sus casas, como no minimizar ningún tipo de maltrato; tener preparada una mochila con documentos oficiales, medicinas y números de emergencia; tener dinero en efectivo; o crear redes de apoyo en WhatsApp con tres personas de confianza. Durante esa primera semana de la campaña, Wendy vio un aumento de 40% de llamadas y mensajes de mujeres que solicitaban ayuda.
En abril, el gobierno lanzó la campaña Cuenta Hasta 10 y provocó la indignación de las organizaciones feministas. “Creer que ayuda contar hasta diez es un pensamiento de alguien que no ha sido agredida”, dijo una mujer de 31 años, usuaria de uno de estos refugios en el país. Wendy circuló este mensaje en sus redes sociales, junto con otros testimonios, por ejemplo: “Una bandera blanca no detendrá la violencia; al contrario, me mandarían con mi banderita blanca con golpes y jalones”.
Uno de los problemas que tuvieron que enfrentar los refugios fue la política de austeridad republicana. Un decreto del 23 de abril señaló que se posponían las acciones y el gasto de gobierno, con excepción de los programas prioritarios, incluidos los derechos humanos. Pero no se explicitaba si los refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia estaban dentro de la categoría de prioritarios.
“A principios de marzo, Wendy Figueroa, quien dirige la red, se enfrentó a un dilema: o cerraban sus operaciones por la Covid-19 o continuaban dando atención a las mujeres”.
Por lo demás, la Covid-19 retrasó todos los procesos jurídicos debido a que los juzgados estuvieron cerrados durante toda la primera etapa del confinamiento. Por ejemplo, una organización civil de Coahuila declaró que “el cierre de las instancias del gobierno, desde el Registro Civil, han llevado a que las audiencias se hayan diferido por no haber condiciones: no hay médicos legistas ni Ministerios Públicos ni policías que puedan acompañarnos en la recuperación de menores, pertenencias, o acudir a emergencias”.
Según un informe que presentó Wendy a principios de septiembre, la mayoría de las acciones de la red se llevaron a cabo por medio de recursos propios, donaciones de la iniciativa privada y apoyo monetario que consiguió por su cuenta con organizaciones internacionales. Si bien, finalmente, se conservó el presupuesto de 2020 luego de mucha presión de organizaciones de la sociedad civil, éste sigue siendo insuficiente por las condiciones extraordinarias.
Los efectos del confinamiento en la violencia doméstica fueron devastadores. Según cifras de la propia RNR, aumentaron en un 81% los casos de mujeres, niñas y niños atendidos y en un 55% las solicitudes de auxilio. Cuatro de cada 10 mujeres que se comunicaron a la red refirieron sufrir violencia física y 51% de las hijas e hijos fueron víctimas de agresiones en casa, mientras se protegían de la pandemia.
La Covid-19 retrasó todos los procesos jurídicos debido a que los juzgados estuvieron cerrados durante toda la primera etapa del confinamiento.
En todos estos meses, Wendy tuvo que disminuir el tráfico de colaboradores en los refugios y aumentar las atenciones a distancia por medio de Skype o Zoom, además de extender las capacidades de internet y los horarios de todos los trabajadores. “Estuvimos poco más de cuatro meses sin ningún caso de Covid. Las dos personas que se infectaron fueron las profesionales de los refugios que tenían que moverse de un lado a otro”, dice. Incluso hicieron un acuerdo con Uber, por ejemplo, para ir por mujeres, llevarlas a los centros y regresarlas después de manera segura.
“Hubo que implementar 28 rescates en cinco meses, cuando al año teníamos más o menos 12. Nos pusimos en primera fila frente al Covid”, dice.
Wendy lleva toda su vida profesional trabajando con el tema de las violencias contra las mujeres. Egresada de la carrera de Psicología de la UNAM, trabajó cinco años para Locatel, cuando este servicio era una asociación civil que daba atención psicológica, entre otros auxilios. Laboraba en el horario nocturno, de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, en el que la mayoría de los casos que atendía eran de violencia doméstica o de personas con impulsos suicidas. “Era un espacio fundamental al que acudían personas que no podían pagar un proceso terapéutico”, dijo.
“Los efectos del confinamiento en la violencia doméstica fueron devastadores. Según cifras de la propia RNR, aumentaron en un 81% los casos de mujeres, niñas y niños atendidos y en un 55% las solicitudes de auxilio”.
Cuando en 2001 el gobierno se hizo cargo de Locatel, las políticas cambiaron. Ya no se iba a tratar de llevar procesos terapéuticos por vía telefónica, sino que las personas que, como ella, atendían las llamadas, se limitarían solamente a referir los casos a otros profesionales. Figueroa decidió renunciar.
Estuvo apenas un mes de descanso, preparando su consulta privada, cuando recibió una llamada de uno de los refugios para mujeres de la Ciudad de México. “Me comenzaron a explicar lo que era, fue un choque para mí muy fuerte. Antes acompañaba a las mujeres por teléfono; ahora me estaban proponiendo hacerlo físicamente”, dice. El refugio estaba comenzando, no había área de psicología y le pidieron que la creara y coordinara. Le ofrecieron 90% menos de lo que ganaba. Con todo, entendió que allí podría llevar a cabo lo que siempre había pensado sobre cómo tratar los casos de violencia a mujeres.
Empezó como coordinadora del área de psicología y a los seis meses le ofrecieron la dirección del refugio. Más tarde, le ofrecieron una coordinación de la región centro, que juntaba siete estados. Allí se quedó durante 12 años. Su gestión estuvo marcada por poner en el centro a las mujeres; es decir, por una perspectiva feminista, de derechos humanos, y por la profesionalización y fortalecimiento de los liderazgos. Según Wendy, el tema del autocuidado estaba abandonado. El asunto es asegurarse de que las líderes estén bien consigo mismas para acompañar mejor a las mujeres violentadas en su proceso de empoderamiento.
Según cifras de la propia RNR, aumentaron en un 81% los casos de mujeres, niñas y niños atendidos y en un 55% las solicitudes de auxilio.
En 2013 se abrió la posibilidad de competir para la dirección nacional y la escogieron en un proceso abierto en el que participaron otras cinco candidatas. Desde la dirección, pudo llevar al ámbito nacional las prácticas que había implementado en lo regional, además de fortalecer la presencia internacional de la red y la incidencia en políticas públicas, y asegurarse de poder amplificar su mensaje a través de los medios. Pero lo más importante fue hacer una organización cercana a las personas; realmente asegurarse de ofrecer una atención efectiva y rápida a las mujeres, poder rescatarlas de situaciones de peligro y acompañarlas en su proceso de reconstrucción.
Con el actual gobierno, las luchas no han disminuido. Las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaron con algo inédito: un presidente que las trataba con desdén e, incluso, las hostilizaba por ser, supuestamente, una forma de disfrazar intereses particulares. Recuerda que un día de 2019, a las 11 de la noche, comenzó a sonar insistentemente su teléfono: vio que la Secretaría de Salud había cancelado el programa de refugios. Las llamadas eran de apoyo de otras colectivas, como les llama, así como de la prensa. Wendy salió a la luz pública y en menos de tres días se volvió a restablecer la convocatoria para los refugios.
Desde entonces y hasta ahora, ha estado en campaña para darle voz a las mujeres. “El gobierno ha invisibilizado la situación de las violencias y desigualdades que persisten en el país y que obstaculizan el desarrollo y la participación de las mujeres y niñas durante y después de la pandemia”.
“Hay que escuchar a las mujeres y a los niños”, concluye Wendy Figueroa. “Es la mejor manera de plasmar sus necesidades en política pública”.
