Uno de los aspectos más perniciosos de la reforma eléctrica de López Obrador es la destrucción institucional que afectaría la regulación de actores públicos y privados en el sector. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son órganos técnicos y su participación es crucial para mejorar las decisiones que se toman.