Este año se cumplen diez del surgimiento de los grupos armados que conmocionaron al país: las autodefensas. En Michoacán, donde hoy no hay paz sino una “tensa calma”, no erradicaron el crimen organizado, más bien, se volvieron actores indispensables para regular la violencia. El Estado mexicano ha dependido de las autodefensas, las usa y estos grupos lo usan a su vez. Aquí se expone cómo se lleva a cabo realmente la gobernanza a nivel local.
La extorsión se ha generalizado en Cancún, México. Las víctimas van desde comerciantes callejeros hasta empresarios. A quien no paga el “derecho de piso” le queman el negocio o lo matan. Obreros y pequeños comerciantes ya han sido asesinados. Los extorsionadores son miembros de peligrosos cárteles e incluso expolicías. Solo entre 2019 y 2021 hubo más de 13 mil denuncias por extorsión en el principal destino turístico del Caribe mexicano.
Cuando hablamos de la violencia “en México”, solemos obviar las dinámicas específicas que generan los asesinatos y las desapariciones a nivel local. El territorio nacional opera como una ilusión de continuidad, mientras se pierden de vista los arreglos y los engranes de una maquinaria que se cobra la vida de personas de distintos oficios, no solo periodistas y defensores de la tierra, sino también taxistas y transportistas, como se muestra en esta radiografía de Nayarit.
La explicación más común de la violencia contra activistas, periodistas y funcionarios reitera que el responsable es “el narco” o “el crimen organizado”, cuando hay actores privados y públicos que trabajan de la mano con los grupos violentos para lograr sus objetivos: controlar una mina, extender la frontera del aguacate o ganar unas elecciones. La violencia no pone en riesgo al sistema político y económico, en realidad, este la usa como un poderoso recurso.
Personas desplazadas por la violencia, en el sur de la sierra de Sinaloa, han logrado algo inédito: que un gobierno local les proporcione una vivienda, ante la imposibilidad de retornar a sus comunidades. Pero las condiciones en las que les fueron entregadas 55 viviendas, en la periferia de Mazatlán, distan mucho de ser dignas, y arrojan a sus habitantes nuevamente a la marginalidad. Nuevos fraccionamientos replican los mismos errores de la vivienda social. Esta es la segunda historia del especial “Vivienda en crisis”.
A raíz de la violencia en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, la población se pregunta si las cosas empeorarán. Pero seguimos aceptando la versión de las autoridades y estamos atascados en la narrativa del narco, que ya define todo y nada. Necesitamos espabilarnos y comprender las particularidades de la violencia a nivel local, trasnacional y las dinámicas que comparten.
“No queremos ir solos”, dice el padre Jorge Atilano González, coordinador de programas sociales de los jesuitas. Desde el asesinato de dos sacerdotes en Cerocahui, Chihuahua, las agresiones que viven los miembros de la iglesia en México han pasado a la primera plana.
¿Qué tienen que ver las elecciones en los estados con el aumento de la violencia? ¿Por qué México transitó a la democracia manteniendo a las fuerzas armadas y de seguridad pública como instituciones autoritarias? Carlos Bravo Regidor conversa con los investigadores Sandra Ley y Guillermo Trejo, autores de Votos, drogas y violencia (Debate, 2022).
