Pensar Ayotzinapa es un libro de la editorial Almadía en el que 11 escritores publican un análisis de la noche del 26 de septiembre del 2014 y lo sucedido desde entonces. Este es un extracto del texto de Griselda Gutiérrez en el que hace un análisis sobre la forma en que la tragedia en Iguala repercute en  la sociedad y en nuestro sistema político. 

La voz Ayotzinapa nos remite no sólo a los múltiples ángulos de la violencia estructural que confluyeron en la puesta en escena de la noche de terror del 26 de septiembre en Iguala, de cara al intento de explicarnos tales hechos; ante todo nos enfrenta a la dislocación, a la imposibilidad del propio proceso de significación ante la violencia radical ejercida en esas horas contra los 43 normalistas; una violencia prolongada contra las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto, mediante el clima de amenaza reinante en las inmediaciones, del cerrojazo institucional para darle cauce a las investigaciones, dar con el paradero de las víctimas, dirimir responsabilidades, sancionar a los culpables. Como también nos remite a una violencia simbólica prolongada por la vía del manejo oficial de los hechos.

En un primer intento de aproximación en el que queda en el registro el involucramiento de fuerzas del orden, se puede considerar que el ángulo de análisis habría que cifrarlo en la violencia del poder, dada la intervención de grupos policiales y autoridades locales, y de destacamentos del ejército que sostienen la versión de su papel de testigos mudos que “ven morir”, y autoridades federales omisas ante el estado de descomposición que se venía incubando, así como frente a los hechos mismos del 26 de septiembre.

La violencia del poder nos puede remitir desde la institución del orden político al papel fundante de la violencia, la hegemonía y legitimidad de su uso, pero también a los abusos de poder, por acción u omisión, que de espalda a los límites institucionales nos sitúan de lleno en el plano de la ilegalidad.

Pero reflexionar sobre escenarios que se antojan inabordables, al denotar la amenaza de quiebre institucional, en tanto el registro de los actores involucrados en los hechos de violencia en Iguala da cuenta del maridaje entre autoridades y fuerzas del orden con grupos de la delincuencia organizada, nos lleva a ampliar la mira más allá de la violencia del poder sobre el poder de la violencia, por cuanto enfrentamos niveles de desarreglo social e institucional, porque muchas de las expresiones de la violencia que hoy nos agobian desbordan los cauces políticos y tienen un estatuto diferente que el de la mera ilegalidad, ya que remiten a un orden paralelo que, por encima de los principios de un pacto social y las reglas institucionales, abren un espacio y unas prácticas de paralegalidad –como bien los denomina Rosario Reguillo–,[1] en tanto son prácticas que amenazan su necesario procesamiento político.

Pensar Ayotzinapa nos obliga a echar mano de recursos interpretativos que nos permitan comprender y evaluar los efectos que desencadena la violencia en términos de sufrimiento, en los costos que acarrea en la calidad de vida, el deterioro del orden social mismo, que nos permitan dar cuenta de la proliferación de la violencia y la especificidad de sus expresiones contemporáneas y en particular las que ocurren en México y, desde luego, que nos den luces para concebir formas de procesamiento político.

Avanzar en la comprensión de la violencia en sus distintos grados y modalidades, en su funcionalidad e inerradicabilidad requiere, políticamente hablando, además de considerar la veta institucionalizada regulada y calculada, la incorporación en la teoría y en la práctica de la dimensión subjetiva de la política. La política está urgida a hacerse cargo de las pasiones y las emociones, los deseos, las esperanzas y los miedos, cuyo peso perfila y sobrecarga las interacciones sociales; como contracara de la comunicación racional, el potencial de esa dimensión suele imprimir el sesgo de los procesos dialógicos cuando no obstruye su probabilidad, pero también le insufla la fuerza que las buenas razones por sí solas no alcanzan a tener, como bien lo comprendió el realismo político.

Por ello, no sólo es conveniente apelar a los recursos de la filosofía y la teoría política, de la sociología o la antropología, es necesario un diálogo con el psicoanálisis que nos permita interpretar lo que subyace a la adhesión de los sujetos a un orden, descifrar las profundidades de la “ligadura del sujeto con el conjunto”, de las “formaciones metapsíquicas que sostienen tanto las condiciones de la vida psíquica como las del conjunto transubjetivo”.[2]

Desde dichas premisas considero necesario trazar algunas líneas a fin de abordar la actual circunstancia por la que atraviesa México, y de encarar el desafío que representa el desarreglo social, económico, cultural e institucional en su dimensión política y jurídica, e intentar concebir y articular formas de intervención que lo frenen y recompongan. Pensar el desafío que plantea a la existencia de sus habitantes contender día a día con las carencias y la desesperanza, la desconfianza –de los otros, de los políticos, las autoridades e instituciones–, con la frustración y el agravio ante un orden social desigual e injusto, y con niveles inmanejables de inseguridad y miedo generados por la violencia social, delincuencial e institucional.

La primera y más radical justificación de las formas institucionalizadas de la política es que pueda proveer seguridad y confianza –en palabras de Zolo–, frente a “las experiencias de fragilidad e indefensión ante injusticias, escenarios complejos y desbordantes, formas y grados amenazantes de poder, como la de encarar niveles de temor o miedo cuya intensidad se antoja inmanejable”.[3]

Si los intentos de la moralización de la política son de suyo debatibles e improbables, lo que sí es una exigencia sustentada es que su institucionalización limite los excesos, la parcialidad, la arbitrariedad y el daño proveniente tanto de los gobernados como de los que nos gobiernan, mediante el recurso de principios y reglas jurídicas.

Si por algo son deseables los principios institucionales, procedimentales y normativos en la construcción política del orden y en el procesamiento de las decisiones, es porque lo que caracteriza a las sociedades es el conflicto, y porque la administración del conflicto requiere la intervención del poder, bajo la condición de ser un poder regulado.

Con el propósito de enunciar en forma escueta algunas líneas de interpretación de nuestro presente, es menester atender el desafío que representa que el poder político se autolímite y al mismo tiempo sea eficaz, lo cual exige considerar algunas de las transformaciones profundas que a nivel social y estructural estamos presenciando, mismas que resultan de las crecientes interdependencias propias a la globalización, específicamente de las condiciones de globalización subordinada de nuestro país, mismas que ponen en duda que el poder político cumpla con ese desafío.

Son transformaciones que se traducen en que: 1) las oportunidades económicas van acompañadas de desequilibrios profundos y riesgos, de manera que la pobreza y desigualdad endémica en nuestro país se acrecienta y desata nuevos conflictos; 2) el trastocamiento de los sistemas políticos cuyos marcos institucionales son sistemáticamente rebasados y debilitados, mismo que en México se ve agudizado al erosionar la fallida dinámica institucional; y 3) la incorporación de los individuos y los pueblos conforme a dinámicas funcionales que reclaman su adaptación, bloquean sus procesos identitarios individuales y colectivos al fracturar sus referentes de pertenencia, los cuales se ven acentuados, por cuanto el Estado mexicano ni media ni dosifica dichos efectos. Este más bien cancela oportunidades, agudiza los niveles de exclusión y expulsión, reflejados en los niveles de desempleo y de migración interna y externa, y en una combinación perversa de políticas que se pliegan a las presiones del sistema económico mundial y el sistemático descompromiso de nuestros políticos con sus gobernados, y da lugar a políticas que “insultan las necesidades básicas de sus gobernados”.[4]

[…]

La confluencia de estos factores con tendencias como la fragmentación y diversificación de fuentes de poder, flexibilización y relajamiento o abierta fractura de procedimientos reguladores, provoca la instauración de reformas legales altamente permisivas o la imposición de procedimientos de abierta ilegalidad, no como un fenómeno anómalo, sino como una tendencia sistémica, lo cual hace una combinación explosiva con las tradiciones locales de ilegalidad e impunidad por cuenta de autoridades y la sociedad en su conjunto.

Estas son condiciones que han contribuido a la proliferación de grupos de interés y grupos delincuenciales que hábilmente capitalizan las oportunidades que los nuevos escenarios les ofrecen, que retan a las autoridades y las instituciones, y lastiman a la sociedad, pero también en una proporción significativa son grupos que se nutren de las masas de expulsados del sistema social, fenómenos que como síntoma son expresión de los niveles de deterioro del orden social. Y, de nueva cuenta, son los jóvenes que desde la precariedad, la frustración y la exclusión, son reclutados e incrementan no sólo las filas de la economía subterránea, sino además las estadísticas de muerte violenta.

Esos efectos desestabilizadores coexisten con políticas que parecen ajenas a la comprensión del papel disruptor que representa no hacerse cargo de las necesidades básicas, ya que como bien señala Galtung, no elegimos nuestras necesidades básicas (fundamentales para la sobrevivencia, bienestar, libertad, identidad), de manera que “la negociación es posible cuando se trata de objetivos y valores, pero no cuando se trata de necesidades básicas”,[5] con lo cual “insultarlas”, no atenderlas, es instrumentar una bomba de tiempo.

El desgarramiento de la vida social e institucional que hoy estamos enfrentando agudiza el carácter refractario de la violencia, porque la forma en que se está interpretando y tratando de enfrentar la manera de la aplicación del agente químico equivocado está produciendo efectos de resistencia y repunte, y de expresiones paroxísticas. El lenguaje no nos alcanza para describir las formas de violencia que estamos presenciando, como tampoco para expresar los procesos vivenciales que nos generan casos como la tortura, la ejecución extralegal y la desaparición forzada, prácticas generalizadas en nuestro país, y de las que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas.

En el plano institucional se constata cómo la mayoría de los dominios de autoridad se fragmenta y con ello se acrecientan los riesgos de desestibilización política y social de distinta envergadura; el debilitamiento de las instituciones y de su autoridad invita a que prosperen conductas de desapego a las normas y el repunte de niveles de impunidad al constatar que la ilegalidad, e incluso el delito, “paga”, lo cual contribuye a acrecentar desconfianza, así como inseguridad; son tendencias que derivan en escepticismo y apatía respecto a conducirse por los cauces institucionales, pero también deriva en formas extremas como son los fenómenos desbordados de delincuencia y violencia que nos asuelan, por cuanto la experiencia de la exclusión, de ser prescindibles y la ineficacia o ruptura de los marcos y las reglas que nos contienen y nos limitan, no puede más que traducirse en violencia.

[…]

De cara a dicho criterio funcional uno no puede dejar de incorporar al análisis la manera en que operan las instancias de autoridad en México, el gran problema es que el “otro” puede no ser solamente el delincuente sino la autoridad misma, que como “otro” se colude con la delincuencia en sus formas improvisadas u organizadas, lo que a su vez contribuye a que las anchas franjas de la sociedad que han sido expulsadas del sistema, y que en proporciones cada vez mayores nutren la descomposición social al incorporarse a los circuitos delincuenciales, se vean estimuladas a incrementar las actividades correlativas, y que el resto de la sociedad acreciente sus miedos. En pocas palabras, se podría interpretar que el debilitamiento de los referentes de autoridad institucionales y legales, que ya de suyo es un problema, se ve radicalizado y se vuelve una suerte de patología o aberración cuando se diluye la función del “otro”, porque la autoridad se vuelve el “otro”.

El segundo criterio funcional es la relación entre poder y subordinación; la concentración institucional del poder permite afianzar la asimetría que fortalece su autoridad, produce decisiones vinculantes y más altas probabilidades de obediencia. Se trata de una dinámica que, en el caso de dar lugar a la ambigüedad, produce efectos contraproducentes. Nos sobran ejemplos que demuestran cómo el aparato institucional y quienes lo dirigen no sólo dan muestras de ambigüedad sino de pérdida de control, así tenemos que “cuanto más aguda sea la percepción colectiva de la escasez de la mercancía ‘seguridad’, más conflictiva será la competencia entre los grupos, porque niveles más elevados de ‘miedo social’ tenderán a conducirse a niveles más elevados de agresividad”.[6]

Sin duda, uno de los factores de la crisis de concentración y centralización del poder por parte del Estado mexicano se refleja en la disputa violenta de los grupos de interés y los grupos delincuenciales, en sus erráticas estrategias que patentizan su debilidad y dan puerta abierta a la violencia espectacular; el otro factor es que en muchos casos las autoridades y estos otros grupos son uno mismo.

[…]

Quienes a partir de la experiencia de catástrofe social producida por las dictaduras militares se han dado a la tarea de interpretar la lógica del terrorismo de Estado desde la sociología política y desde el psicoanálisis dan cuenta de la operación de colusión entre la dimensión jurídica de la ley y la textura de la ley primordial, operación en la que mediante una impostura se pervierte la interpretación jurídica y a la vez se pretende “la apropiación de [las] instancias internas de control y vigilancia”,[7] se inoculan mensajes contradictorios de supuesta normalidad ante las evidencias incontestables de secuestro, tortura, desaparición forzada; mediante esa operación de colisión, como analiza Kaës, se genera una interiorización de la instancia autoritaria, del abuso de poder, lo que produce un doble efecto que primeramente “destruye las formaciones y procesos de la vida psíquica que se apuntalan sobre el conjunto social”,[8] a la par que daña al conjunto social.

Internamente los efectos de esta operación bloquean la posibilidad de verificar la propia subjetividad, el distinguir la realidad interna y la externa, y a través de “ miedos ocultos, que cada uno tuvo que pagar para seguir viviendo” se le da sostén al poder autoritario,[11] la promesa de orden que éste oferta hace que psíquicamente se justifique al poder en su impostura, al miedo se suma la culpa de sentir miedo, la diversidad social se experimenta como amenazante, como fuente de sospecha, de desconfianza, en tanto se introyecta el discurso del poder que aplasta la diversidad, sanciona el pluralismo y culpabiliza a las víctimas.

[…]

El referente de esta catástrofe social experimentada en los países del Cono Sur puede darnos indicios para interpretar la especificidad del desarreglo jurídico-político y social que vivimos en México. Sin duda, las características de la catástrofe social provocada por la violencia que las dictaduras militares ejercieron, que dañó el arraigo social y la posibilidad de reconocerse en los referentes colectivos, que desestructuró el espacio público y sistematizó una violencia destructiva a nivel psíquico y físico mediante la represión, la censura, la tortura y la desaparición forzada, nos sitúan ante la pregunta de cuáles son las notas distintivas del poder de la violencia en México.

A diferencia del ejercicio monolítico del poder de las dictaduras militares, en el país estamos frente a un régimen que ha perdido el control de anchas franjas territoriales, que más que remediar prohíja una dinámica de desarreglo social e institucional, que hace un manejo perverso y ambiguo del poder, y que se ve rebasado y coexiste y se colude con la delincuencia.

Si consideramos la estrategia aplicada al combate del crimen, lo que se aprecia es cómo su matriz es la cultura del conflicto, que además de potenciar el odio y el miedo social contra el enemigo, acaba incentivando la barbarie de quienes a nivel social toman la justicia por propia mano. Se trata de una política que ni se hace cargo ni parece sensible a comprender el carácter estructural de la violencia en que estamos inmersos, como tampoco se responsabiliza de que su ineficacia resulta de la crisis de legitimidad por los grados exacerbados, diríamos estructurales, de corrupción e impunidad que le atraviesan.

Cuando afirmamos que el Estado mexicano no parece sensible a reconocer el carácter estructural de los problemas que pretende remediar es, por una parte, porque no se integra a cabalidad que la miseria puede producir efectos que se proyecten más allá de las carencias que se padecen, que el daño provocado por la exclusión, el desconocimiento y la humillación puede ser tan destructivo o más que la violencia directa. Y, por otra, que al actualizarse y concursar distintos tipos de violencia, pretender remediarla identificando lo que parece ser más obvio, es decir, las experiencias de violencia física y ruptura de la legalidad, mediante el uso de la violencia directa, son intervenciones que representan intentos pobres además de fallidos; pero cuando el uso de la violencia es extralegal y represivo lo que hace es escalarla, además de acentuar la descomposición social e institucional.

Frente a la tarea de dar cuenta de la complejidad de este escenario, vemos sucumbir la pertinencia del léxico político.

[…]

1. Reguillo, R.: 2012, p. 44.

2. Kaës, R.: 2006, p. 167.

3. Zolo, D.: 1994, pp. 61-62.

4. Galtung, J.: 1994, p. 13-14.

5. Galtung, J.: 1994, p. 13-14.

6. Zolo, D.: 1994, pp. 63-64.

7. Viñar, M.: 2016, p. 69.

8. Kaës, R.: 2006, pp. 167-168.

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