«Cada vez es más difícil hacer periodismo, son tiempos convulsos y violentos, de una decadencia galopante y una descomposición espantosa que no permite una vida digna y si en el país no hay condiciones para una vida digna, menos para hacer periodismo». 

Javier Valdez, especialista en coberturas de narcotráfico y el crimen organizado, tenía planeadas estas líneas como parte de su intervención en un foro en el que hablaría sobre periodismo en tiempos violentos. Sin embargo, no pudo leerlas, fue asesinado tres semanas antes, el 15 de mayo de 2017, a pocos metros de la redacción del semanario Riodoce, que fundó en Culiacán, Sinaloa. A casi dos años, su esposa, la periodista Griselda Triana dio voz a su discurso durante la presentación de “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, el informe anual de Artículo 19, que una vez más está cargado de evidencias de que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.

El homicidio de Valdez se cometió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al igual que el de 46 comunicadores más. Incluso, fue en aquel periodo, del 1º de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, en el que se registró una creciente ola de violencia contra periodistas en todo el país. Artículo 19 registro 2,502 agresiones contra la prensa durante el pasado gobierno, de esas, 544 se ejercieron tan solo durante 2018. También en ese año hubo un aumento de 512% en agresiones a mujeres periodistas, pues de registrar 32 casos al inicio de la administración peñista, se cerró el sexenio con 164, 13 fueron ataques con connotación de género y 10 con un componente sexual.

“Los últimos seis años se llevaron las palabras de cientos de periodistas que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera; los y las periodistas decidieron renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informando o amordazarse”, se lee en el informe 2018. El clima de miedo le abrió camino al silencio, que se fue apoderando de diferentes esferas en México. Para quienes, a pesar del escenario, siguieron haciendo su trabajo, tarea ha sido informar sobre desapariciones, feminicidios y corrupción.

Artículo 19 destacó que los servidores públicos son los principales agresores de la prensa, una constante que se mantiene desde hace años. De la totalidad de 544 agresiones, 230 fueron cometidas por funcionarios, el 42.2%. De éstas, el mayor número de agresiones estuvo encabezado por autoridades estatales, con un total de 95, seguidas por autoridades municipales, de quienes se registraron 92 agresiones y, finalmente, las federales, con un total de 43 agresiones documentadas. Veracruz reportó 57 agresiones; Coahuila, 47; Puebla, 45; Ciudad de México, 40, y Oaxaca, con 39, esas fueron las entidades con mayor número de agresiones entre 2012 y 2017. No obstante, hubo regiones que habían sido relativamente pacíficas, hasta 2018, tal fue el caso de estados como Quintana Roo con 26 casos, Guanajuato con 25, Campeche con 22, Baja California con 20 y Jalisco, también con 20.

En un llamado al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López obrador, María Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, detalló que “una transformación verdadera será aquella que reconozca y se haga cargo del pasado, una nueva forma de gobierno debe dar pauta al ejercicio de las libertades”. Artículo 19 pidió aprovechar este periodo de transición en el gobierno para impulsar una transformación que combata la impunidad en el sistema político mexicano.

El estado de emergencia se mantiene, pues en los primeros 100 días de la administración de AMLO, ya fueron asesinados seis periodistas en el país. López Obrador se ha comprometido a revertir los patrones nocivos de los pasados gobiernos con el fin de construir una verdadera gobernabilidad democrática, sin embargo no ha dado a conocer las medidas que implementará para atender la crisis de violencia a la que se enfrenta este grupo poblacional, así como la reestructuración que tiene en mente para el Mecanismo de protección a periodistas.

Al respecto, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, quien también participó en el panel que presentó el informe, enfatizó que gran parte de la responsabilidad de este paupérrimo sistema político, esta en la falta de profesionalización de los funcionarios. «Hay gente que no sabe hacer lo que tendría que hacer», resaltó. Por lo tanto, dijo, que es fundamental reconocer los mecanismos de silencio que el estado ha normalizado, para actuar contra ellos y salir de la tremenda crisis que enfrenta nuestro país.