Es por eso que existen esfuerzos como el de Tierra de resistentes, en el que periodistas, desarrolladores web, fotógrafos y videógrafos recopilan información sobre las amenazas contra quienes defienden la naturaleza; también difunden la importancia de sus luchas. El proyecto está presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela.
De acuerdo con su registro, entre 2010 y 2019, en estos 10 países se han cometido 1,702 actos de violencia contra ambientalistas, que van desde amenazas, acoso judicial y desplazamiento hasta violencia sexual, además del asesinato de 348 defensores del ambiente; México concentra el 25% de estos homicidios. Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registra que entre 2012 y 2020 han asesinado a 101 defensores ambientales en nuestro país; de esos casos, 18 ocurrieron el año pasado.
La gravedad de la situación llevó a varios países de la región a integrarse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como el Acuerdo de Escazú.
Escazú es una zona de la provincia de San José, en Costa Rica. Ahí, en 2018, 24 de los 33 países de América Latina adoptaron el acuerdo. A la fecha ha sido ratificado por 12 de ellos; eso quiere decir que en Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Uruguay y Argentina este esfuerzo internacional fue aprobado también por sus poderes legislativos.
Hoy que es Día Internacional de la Tierra, el Acuerdo de Escazú por fin entra en vigor. Sus tres pilares son la protección de los defensores ambientales, el acceso a la información y la participación ciudadana, me explica la abogada Luz Coral Hernández, quien forma parte del Cemda. Aclara que los parámetros del tratado no dicen específicamente qué tiene que hacer el gobierno mexicano; funcionan, más bien, como una brújula. “Ningún tratado y ningún ordenamiento jurídico, por sí mismo, tiene todas las implicaciones de la protección de un derecho, sino que debe entenderse de manera sistémica para que el Estado cumpla cabalmente con sus obligaciones”.
Para entender mejor cómo funcionan los nuevos parámetros de acceso a la información y participación ciudadana, Luz Coral Hernández pone de ejemplo las manifestaciones de impacto ambiental (MIA). Las MIA son estudios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que evaluan el impacto en la naturaleza de un proyecto de construcción, una mina o la intervención en un bosque, por poner varios ejemplos. Después de hacer esta evaluación, la Semarnat aprueba o desaprueba dicho proyecto.
“Los ciudadanos tenemos muy poco margen de participación y de vinculación con la decisión que se emite a nivel institucional sobre los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana”, comenta la abogada del Cemda, pues no siempre se realizan consultas públicas en el marco de las MIA y, cuando se hacen, no tienen difusión suficiente. Con el acuerdo de Escazú, tendrían que modificarse mecanismos como las MIA para que, al momento de implementarse, las personas puedan ser parte de los procesos de evaluación y de las decisiones que toman las autoridades.
En el ámbito de la justicia, el Acuerdo de Escazú busca que los asesinatos de defensores ambientales no queden impunes; éste señala, en su artículo 9, que el Estado debe garantizar un entorno seguro para que las personas puedan defender el medio ambiente sin recibir amenazas. De nuevo, los cómos quedan a discreción de cada país, pero la obligación es explícita y, en el caso de México, una tarea urgente.
En 2020, de acuerdo con el último informe del Cemda, no se identificó al perpetrador en 40% de las agresiones, en el otro 40% se apunta al gobierno como el agresor y las demás fueron cometidas por empresas, paramilitares o gente de la misma comunidad. ¿Qué posibilidad de justicia tienen los defensores ambientales si en 4 de cada 10 casos el agresor es desconocido? Peor aún, ¿cómo escapar de este ciclo de impunidad, si quien te violenta es también el encargado de hacer valer tus derechos?
Garantizar la seguridad de estos defensores es aún más complicado si se toma en cuenta que el presupuesto para el sector ambiental ha disminuido de manera constante desde 2016.
La agenda ambiental ante las elecciones
El proceso electoral de 2020 abre las puertas para que la legislatura entrante asuma el Acuerdo de Escazú como prioridad y haga los cambios necesarios a las leyes para su implementación. Desgraciadamente, la apuesta por una legislatura que se tome en serio la protección de los defensores ambientales no parece ganadora.
De entrada, el Acuerdo de Escazú no se menciona en casi ninguna de las plataformas electorales y no hay propuestas de protección para los defensores del ambiente por parte de los partidos políticos. De todos los que compiten en esta elección intermedia, sólo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incluyó este tipo de asesinatos como un problema por atender.
“Construir un marco jurídico especializado que establezca mecanismos para proteger de modo más efectivo la vida y la integridad de ambientalistas, tal y como sucedió en su momento con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Ésa es la propuesta del Verde, pero el mecanismo ya existía. Se financiaba con un fideicomiso que se eliminó a finales de octubre de 2020.
Precisamente esa votación muestra lo errático del comportamiento del Partido Verde. Su bancada en la Cámara de Diputados votó a favor del proyecto general de extinción de los fideicomisos, pero en las votaciones particulares sobre los que causaron más polémica –los fideicomisos de cine, deporte, ciencia o defensa de periodistas y activistas–, sus integrantes votaron en contra.
Un mes más tarde, el Verde votó a favor de la iniciativa de presupuesto para el 2021 enviada por el presidente, que continúa disminuyendo los recursos para el sector ambiental, y formalizó su alianza con Morena para contender en estas elecciones.
Con esos antecedentes, parece difícil que el Verde logre filtrar la agenda ambiental de su plataforma en la de Morena. El partido en el poder no la tiene como prioridad. En sus 44 páginas de propuestas, sólo hace una mención del medio ambiente y la hace en el marco del Tren Maya, un proyecto que el propio Cemda calificó como negativo.
La coalición Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, tampoco tiene una plataforma electoral ambiental sólida. De entrada, todas parten de lo que se está haciendo mal en este gobierno, pero no terminan por definir cómo podría arreglarse.
Las coincidencias entre los partidos de esta alianza son: impulsar las energías renovables, crear una ley de residuos, impulsar el saneamiento de cuencas y aumentar el presupuesto de las instituciones ambientales. Este último punto es notable en el caso del PRI, porque admite que la reducción presupuestal inició en 2015, año en que el partido gobernaba el país.
Con todo, el problema fundamental de las propuestas de Va por México es que no hablan de la conexión entre la política energética, de aguas y de residuos, sino que las ubican como esfuerzos aislados. Y en ningún momento proponen involucrar a las comunidades en estas medidas de protección de la naturaleza –el PRD menciona vagamente esa labor comunitaria, pero la plantea más como un proceso que hay que permitir que ocurra, sin comprometerse a fortalecerlo.
Entender que el medio ambiente atraviesa las demás políticas públicas puede ayudar a prevenir ataques contra los defensores ambientales. El informe del Cemda, publicado el 13 de abril de 2021, advierte que la defensa de los bosques –principalmente, ante la tala– y la resistencia a los proyectos de vías de transporte, como el Tren Maya, fueron los blancos principales de las amenazas. Sus datos son consistentes con los del colectivo Tierra de resistentes que, en su propia base de datos, muestra que la tala y la minería son las actividades económicas legales vinculadas a más asesinatos de defensores ambientales. ¿Por qué, entonces, las propuestas de los partidos políticos se limitan a incidir en agua, desechos y energía?
Le pregunto a Luz Coral Hernández qué tan optimista se siente respecto a la implementación del Acuerdo de Escazú en este contexto político. Me responde con un suspiro largo: “Creo que en el mundo de los derechos humanos el optimismo vive como en un tintineo permanente por la dura realidad a la que se enfrentan cada una de estas agendas”.
Después, insiste en que los diputados y senadores, independientemente de que como candidatos consideren o no el Acuerdo de Escazú, tienen la obligación de legislar para que éste funcione porque el artículo 1 de la Constitución los obliga a cumplir los tratados internacionales.
En su mensaje para este día, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió: “Es una actitud suicida. Debemos poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza y cuidar de ella para que recobre la salud […]. En el Día Internacional de la Madre Tierra, comprometámonos todos a trabajar con ahínco para restaurar nuestro planeta y hacer las paces con la naturaleza”.
Trabajar con ahínco por la paz, como lo hicieron Carlos y el centenar de defensores y defensoras asesinadas por proteger nuestro hogar compartido. Este Día de la Tierra, y con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, no podemos olvidar que la insistencia en esa “actitud suicida” no sólo nos va a costar a futuro: ya está cobrando vidas en el presente.
