Aliplay Health Code es un proyecto hecho por el gobierno de la ciudad de Hangzhou junto con Ant Financial, compañía hermana del gigante del e-commerce, Alibaba.
En Corea del Sur se utilizó un programa similar, que manda notificaciones con detalles sobre las personas que han estado en riesgo. Ha sido muy criticado pues se han expuesto aspectos privados de una gran cantidad de personas, tanto que gracias a ello se pusieron en evidencia las relaciones extramatrimoniales de un par de personas. También se ha reportado que esto está causando un estrés social grave. Según un estudio hecho por el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Seúl, la gente tiene más miedo a ser criticada y a que su vida personal se vea afectada, que a contagiarse de coronavirus.
Aunque no está comprobado que la vigilancia de datos sirva realmente para controlar la pandemia, en las últimas semanas más de treinta países se han unido a esta tendencia, con la justificación de ser necesaria para estudiar y controlar la expansión del virus.
La identificación de contactos, tradicionalmente, se hace a partir de entrevistas: una persona capacitada (especialista en salud o parte del sistema de seguridad gubernamental) hace una entrevista a una persona contagiada para definir la posible red de contagio. El rastreo de personas hace que este mapeo sea mucho más fácil, pues los datos se almacenan instantáneamente en los celulares, que son la herramienta más útil para implementar estas medidas de vigilancia, ya que buena parte de la población lo lleva consigo a todas partes.
“El brote de coronavirus está probando ser uno de esos momentos en la historia en los que se expande la vigilancia masificada en China”, dijo en entrevista Maya Wang, investigadora para Human Rights Watch.
Hay naciones que están haciendo el rastreo desde una aplicación, como el caso de Argentina, que hizo obligatorio que cualquier persona que llegue al país instale una app para conocer todos sus movimientos durante 14 días.
Otra opción el rastreo por geolocalización a través de información satelital. Recientemente Google y Apple anunciaron una serie de herramientas para brindar información a los gobiernos sobre el desplazamiento de sus ciudadanos y se planea aplicarlo en todo el mundo. Este desarrollo tecnológico tiene dos pasos: el primero es desarrollar una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para que ambas plataformas (iOS y Android) sean compatibles para rastreo. Después, a través de Bluetooth, se registra la cercanía de un aparato con otro, así como los movimientos en tiempo real del usuario. Así, por ejemplo, si una persona con sospecha de infección sale de su casa, se registra con cuántas más se encontró y se puede construir un mapa de posibles casos.
Esta propuesta digital ha tenido muchos ecos negativos, pues mientras la justificación es la de protección y minimización de contagios, muchas organizaciones están preocupadas por lo que puede suceder si se permite el uso de esos datos. El mismo Edward Snowden se proclamó preocupado por la herramienta que quieren instaurar Apple y Google.
Entre las muchas preocupaciones hay dos principales. La primera, que la aplicación de este software sea obligatoria y no consensuada, es decir, que se aplique sin la autorización del usuario o que se vuelva obligatoria, por ejemplo, para ir a estudiar o para regresar a la oficina. La segunda es el uso que se le dé a los datos recabados, pues además de brindar información de geolocalización, esta herramienta recabará detalles de la vida privada de las personas, como ha sido en el caso de Corea del Sur.
“Parte del negocio de Apple y Google es el modelo de la publicidad, entonces, cómo evitamos que esa información salte, de pronto, a las plataformas de publicidad”, dice José Flores Sosa, director de comunicación de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, en entrevista con Gatopardo. “Es importante que solamente se recolecte la información estrictamente necesaria, la mínima posible y que se prohíba que esta información se comparta con cualquier persona fuera de lo necesario en términos de salud pública”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) publicó un artículo en el que se enlistan las características necesarias para que el programa de Google y Apple sea beneficioso y no peligroso para los derechos humanos. “Una herramienta bien diseñada podría ofrecer beneficios a la salud pública, pero una que esté pobremente diseñada podría imponer riesgos innecesarios y significativos a la privacidad, los derechos y libertades civiles”, se lee en la declaración.
«Hay naciones que están haciendo el rastreo desde una aplicación, como el caso de Argentina, que hizo obligatorio que cualquier persona que llegue al país instale una app para conocer todos sus movimientos durante 14 días.»
La ACLU pide que estos programas sean voluntarios, que los datos no se usen para nada más que temas de salud pública; que se recolecte la información mínima necesaria y que una vez que haya pasado la crisis de salud, todos esos datos sean destruidos. Pide tambien que si los gobiernos tienen acceso a esta información, se transparente completamente su uso y obtención; y que estos esfuerzos y programas no sigan vigentes después de que se haya controlado la crisis.
“El aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera tal que se podrían violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas a temas de salud pública”, publicó R3D en una declaración conjunta de la sociedad civil, pidiendo que los Estados respeten los derechos humanos al implementar tecnología de vigilancia digital.
Los defensores de derechos digitales han expresado que, aunque estas herramientas pueden ser de gran utilidad estadística y de control al virus, pero es importante que estos datos se mantengan anónimos. “Cuando yo identifico una persona por sus hábitos, por los patrones de los lugares a los que acude, la estoy poniendo en riesgo, porque no se sabe si de pronto esos datos pueden ser usados para una persecusión política, para, a posteriori, limitar el ejercicio de libertad de expresión, para limitar el ejercicio de la manifestación,etc. Hay muchas posibilidades de malversación si no existen los controles mínimos indispensables para garantizar esta integridad de la información”, subraya Flores. De esta forma, una herramienta positiva puede con facilidad transformarse en una completamente antidemocrática.
Fotografía de Carlos Garcia Rawlins / Reuters.
“Y estamos hablando ahí solamente de lo que puede pasar con esos datos en manos de un gobierno corrupto, pero qué pasa si acumulo todos esos datos y no los alojo apropiadamente, de forma segura, y de pronto se sufre un ataque informático, una sustracción de datos: esa información puede terminar en manos equivocadas, y ahí son mucho más obvias las afectaciones”, advierte Flores. En los últimos años se han dado múltiples casos de robo de datos a agencias privadas y gobiernos, que resultan en la exposición de cientos de ciudadanos.
A Flores le preocupa también que esta herramienta, en caso de no ser utilizada adecuadamente, podría afectar especialmente a sectores vulnerables, como personas con un estatus migratorio poco claro, a minorías étnicas, mujeres en estado de violencia, etc. “Lo que hay que entender es que la privacidad es un derecho y las personas deben de poder elegir decirle o no al Estado qué están haciendo”, dijo el experto en derechos digitales.
La vigilancia constante puede ser, tal como lo expuso el sociólogo Michel Foucault en los años 70, una herramienta de control y tortura para las sociedades. Este nuevo monitoreo puede convertirse en el nuevo panóptico, que observa sin ser observado y mal uso de estos datos digitales, además de ser violento física, legal y psicológicamente. Puede, incluso, significar el fin de la democracia y de las libertades personales como las conocemos.
