El sargento dice no recordar la fecha exacta de los enfrentamientos, solo sabe que vivió “múltiples agresiones de [parte de] población civil contra su base de operaciones”, en Michoacán, “[hace] aproximadamente 2.5 meses”. También hace referencia a su historial de eventos en el Ejército ocurridos en años anteriores y “potencialmente traumantes”, según se lee en su testimonio. El diagnóstico sobre la salud de este soldado, emitido en agosto de 2021, es sencillo y concreto: “trastorno de estrés postraumático”.

En el marco de la guerra contra el crimen organizado, entre 2007 y 2022 el Ejército mexicano ha reportado al menos 5,481 enfrentamientos con grupos armados, en los que ha dado muerte a 5,369 “agresores”; el saldo de bajas oficiales es comparativamente menor: 309 soldados fallecidos en combate, lo que equivale a uno por cada 17 presuntos delincuentes muertos. Estos son los resultados de la guerra que se han difundido de forma prioritaria.

Sin embargo, existe otro saldo del conflicto armado interno que, intencionalmente, las autoridades han mantenido oculto hasta la fecha, y es el impacto de la guerra en la salud mental del “pueblo uniformado”, como al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta llamar a los integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Hoy algunos casos e indicios de este problema oculto pueden ser conocidos gracias a los expedientes secretos del Ejército filtrados por el colectivo de hacktivistas Guacamaya, según los cuales tan solo en 2022 un número no conocido de integrantes de las Fuerzas Armadas debieron recibir atención especializada por padecimientos como “trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta”, “personalidad emocionalmente inestable”, “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, “ansiedad generalizada”, “trastorno depresivo persistente”, “episodio depresivo”, “estrés postraumático”, “estrés agudo” y “reacción al estrés grave”, entre otros. Además, se reporta personal militar atendido por “problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar” y “problemas relacionados con la muerte o desaparición de un miembro de la familia”.

Entre los documentos filtrados por Guacamaya está su “Directiva para mantener el bienestar del personal que participa en las operaciones militares”, según la cual en los últimos cincuenta años el Ejército ha llevado a cabo solo dos estudios sobre salud mental entre sus miembros. El primero fue realizado en 1996 entre militares que participaron en el Plan Canador y en la Operación Cóndor, las dos primeras estrategias militares contra el narcotráfico mexicano, puestas en marcha en los años setenta. Entre los soldados que estuvieron expuestos a enfrentamientos y a otros factores relacionados con estas operaciones la prevalencia del estrés postraumático fue de 4.3%.

El segundo estudio fue realizado por el Ejército en 2011 (cuatro años después de que el expresidente Felipe Calderón le declarara la guerra al crimen organizado, en diciembre de 2006) y se practicó entre militares internados en el Hospital Central Militar por heridas sufridas en hechos de alto impacto. Este segundo estudio concluyó que 19.51% de los pacientes evaluados presentó trastorno de adaptación con “reacción depresiva prolongada”, 12.9% tenía estrés postraumático y 2.44%, reacción aguda al estrés.

Detectar el inicio del estrés postraumático en los soldados es clave para prevenir el desarrollo de otros trastornos. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser irreparables. “En otros países hay registros de personal militar que, por esta situación, perdió el control de las armas que manejaba y eso puso en riesgo la seguridad de las personas a su alrededor. Pero en México no podemos dimensionar el problema porque no hay información”, explica la psicóloga Ximena Durán, quien ha trabajado de manera independiente con elementos de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

El trastorno de estrés postraumático, recuerda Durán, está presente en personas que vivieron un evento traumático, como un accidente, o un hecho de alto impacto, como un enfrentamiento armado en el caso de los militares. También se ha detectado entre militares mexicanos una alta incidencia de “duelo patológico”, explica la especialista. “Es un duelo prolongado, se vuelve más complejo” y se diagnostica en los soldados porque les toca ver cómo sus compañeros mueren durante enfrentamientos o ellos mismos son sobrevivientes de eventos traumáticos.

El trastorno de ansiedad generalizada es otro de los padecimientos comunes entre el personal militar, concluye Durán, y se alimenta del alto nivel de incertidumbre con el que viven los soldados, porque nunca saben a dónde los están mandando o qué va a ocurrir “y esto hace que tengan una mayor tendencia a la agresividad y menos control de sus impulsos”.

Datos de la Sedena obtenidos vía transparencia revelan que, desde enero de 2016 hasta noviembre de 2022, un total de 237 militares se han suicidado.

Aunque los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya no revelan cuál es el número total de integrantes del Ejército que han requerido atención por enfermedades de salud mental durante la guerra contra la delincuencia, los registros públicos de la Secretaría de Salud federal sí permiten dar cuenta de ello en otra institución integrante de las Fuerzas Armadas: la Marina.

Según estos registros oficiales, durante 2021 en las instalaciones de salud de la Marina Armada se atendió a 192 pacientes con cuadros clínicos relacionados con la salud mental.

Además del estrés postraumático, el duelo patológico y la ansiedad, en los registros de la Marina se mencionan casos de “delirio”, “psicosis de origen no orgánico”, “esquizofrenia paranoide”, “trastorno psicótico” (tanto “agudo” como “transitorio”), “cefalea debida a la tensión” y “episodio depresivo grave con síntomas psicóticos”. Se reportan igualmente casos de “trastorno paranoide de la personalidad”, “trastorno disociativo”, “rituales obsesivos”, “predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas”, “demencia” e “historial personal de lesión autoinfligida intencionalmente”.

Para atender esos 192 casos de 2021, la Marina solo contó con diez médicos psiquiatras.

Si a ellos se suman los 24 psiquiatras adscritos a las instalaciones de salud del Ejército, entonces, en total, México cuenta con 34 especialistas para atender las secuelas que la guerra ha dejado y que seguirán acumulándose en la salud mental de quienes, en nombre de las autoridades, van y vuelven del frente de batalla.

Omisiones y discriminación
Los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya también dejan ver los prejuicios con los que la salud mental se aborda al interior del Ejército mexicano. Durante 2022, por ejemplo, se registró la “atención psiquiátrica” de una mujer militar que es víctima de violencia familiar por usar ropa que se considera masculina.

El Ejército no reporta haber llevado a cabo ninguna acción para garantizar la seguridad de esta militar. Por el contrario, los psiquiatras de la institución le diagnosticaron “travestismo” como padecimiento clínico. El reporte no explica qué tipo de acciones se aplicaron contra el “travestismo” de esta mujer, pero los médicos militares informaron que tuvo un “buen apego al tratamiento”.

Otro ejemplo es el de un militar que, en julio de 2020, dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pide su ayuda “para subsanar problemas de carácter psicológico, [como] estrés postraumático”, derivados de “operaciones de alto impacto”.

En la carta, el soldado le explica al titular del Poder Ejecutivo que ha solicitado atención desde por lo menos el año 2018, cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto, sin recibirla. Dice también que sus padecimientos son resultado de su participación “en diferentes eventos”, es decir, en enfrentamientos armados, como aquel “donde fuimos emboscados” o “como el evento del rancho Las Águilas” que dejó “un saldo aproximado de 23 muertos. Yo vi [que] eran más, pero [eso] se dice”.

Este militar no obtuvo ninguna atención, al menos por parte del Ejército, según los registros digitales hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La razón por la que las Fuerzas Armadas de México no profundizan en este tema se aclara en otro de los documentos filtrados por Guacamaya, el cual asienta que la salud mental del personal es información de “seguridad nacional” y está vedada incluso para los propios soldados que desarrollan padecimientos psiquiátricos o psicológicos. Así se establece en un documento confidencial de la Dirección General de Sanidad del Ejército, Sección de Salud Mental, fechado en 2018, que reconoce que el diagnóstico clínico de sus integrantes es “información de seguridad nacional”, por lo que no debe ser revelada ni siquiera a los pacientes atendidos.

La poca información que hay al respecto, reunida en este texto, ilustra los impactos de la violencia en la salud de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero de una forma limitada, ya que solo se mencionan dos intentos, por parte de la institución, para comprender el problema, en medio siglo de operaciones militares.