Sonora es tierra caliente: lo es por las altas temperaturas y por la falta de agua. También por la violencia que atraviesa la región, donde viven los pueblos yaquis, una ubicación estratégica en el trasiego de drogas. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Hoy sus voces se apagan.
A pesar del calor que supera los treinta grados, los paisajes de mezquites y cactáceas, donde viven los yaquis, refulgen bajo el cielo azulado. Los misioneros jesuitas que llegaron aquí en el siglo XVII, como Ignaz Pfefferkorn, hablaban en sus crónicas de una “fiebre inflamatoria”, que no es otra cosa que la insolación que contraían al caminar entre los ocho pueblos yaquis que hoy se encuentran en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, donde los rayos del sol más que bañar, laceran.
Pero quienes se enfermaban de sol eran los hombres yoris, los foráneos; no así los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, que llevan siglos acostumbrados a este clima. Sin embargo, lo que vemos hoy en la región tiene nuevas dimensiones: a la incomodidad de las altas temperaturas y la –más o menos– reciente falta de agua, se suma un horror que flota en el aire y se pega al cuerpo. La tasa de homicidios en Sonora es casi veinte puntos mayor que la media nacional, es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundo de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero, se le vio por última vez cuando salió de su casa, en Vícam, para dar una caminata muy temprano el 27 de mayo de 2021; tres semanas después encontraron su cuerpo en el desierto. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio. Es aquí donde se entiende lo inédito del calor. La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
El problema de la falta de agua no está resuelto: está relacionado a una mayor demanda por parte de la ciudad de Hermosillo, pero también de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, en la zona que la Conagua define como el distrito de riego 041. Y la sequía no da tregua. Sonora reporta los niveles más altos del país hasta el 31 de mayo de 2021: ha promediado de forma constante un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? No es fácil responder esa pregunta en tiempos tan álgidos. Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
Mario Luna es uno de esos voceros autorizados por su trayectoria como activista, uno de los opositores más visibles al Acueducto Independencia, una obra que el gobierno panista de Guillermo Padrés emprendió en 2010 para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo. Luna dio una entrevista a un medio local, Proyecto Puente, el 14 de junio de ese año en la que denunció más de veinte desapariciones de jóvenes yaquis, ligadas al crimen organizado. Tres días después, su hermana salió rumbo al trabajo, en Empalme, y fue devuelta a la familia hasta el 22 de junio. Algunos periodistas piensan que pudo haber sido una advertencia del narcotráfico en respuesta a dicha entrevista. Por esto las declaraciones son mucho más escasas que los rumores.
Entre lo poco que se ha publicado, hay una declaración en La Jornada del 13 de junio de 2021 que se atribuye a un hombre yaqui y se mantiene anónima: “Aquí está claro que la delincuencia organizada se ha inmiscuido en los intereses de la etnia, saben que en nuestra tierra no entran la policía ni la Guardia Nacional con los mismos derechos que en cualquier lugar, aquí vienen y quieren controlar. Luis Urbano era gente de Tomás [Rojo Valencia] y fue matado a balazos, ¡qué sospechoso!, ¿no?”, dice el artículo, que tampoco lleva firma.
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país. En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis y del cual eran originarios Urbano Rodríguez y Rojo Valencia.
Pero no es sólo por su trazo que las distintas bandas criminales se pelean esta carretera: la frontera sonorense es de las más permeables para cruzar drogas y traer armas a México; de acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora. “La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru a Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
“La violencia en Cajeme, por lo que yo investigué y lo que mencionan muchos de los narcomensajes en varias de las ejecuciones que se han dado en el último año y medio, es por el control del puerto de Guaymas”, concluye.
Una década de sed
Aunque en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que la mitad de las aguas de la presa La Angostura –que se llena gracias a un afluente del río Yaqui– serían para los pueblos yaquis, la construcción posterior de otras dos presas y del acueducto Independencia provocaron que el río se quedara sin el caudal mínimo ecológico necesario.
En los periódicos locales es común ver noticias sobre bloqueos de alguna carretera y las demandas son las mismas de siempre: que se respete el derecho de los yaquis al agua y a la tierra. El problema es que estas dos peticiones, aunque sensatas, chocan con los intereses de gobiernos locales, empresarios y grandes agricultores y quizás por eso parece que a nadie le importa demasiado que estos pueblos estén bajo asedio.
“El yori [hombre blanco] siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos. Y tiene razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los apellidos. Pero, en su cerrazón, no advierte que nuestras guerras han sido luchas sistemáticas contra los despojos”, escribió Mario Luna a mediados de 2015, desde el Cefereso 2 en Hermosillo. Lo apresaron en 2014 con una acusación de secuestro fabricada, porque sobre él pesaba la inconformidad del gobierno por los bloqueos a la Carretera Federal 15 que lideró desde mayo de 2013. Salió libre casi un año después.
En 2010 el gobierno de Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense. “Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo interpuesto por los yaquis en 2013, para cuando hubo una sentencia, el acueducto ya estaba construido y operando, por lo que se determinó una consulta posterior donde se evaluaría si la obra afectaba a estos pueblos o no, y se determinaría si seguiría operando. La comunidad interpretó este proceso como una mera simulación.
“No hay intención del gobierno federal y estatal de detener el acueducto, a pesar de la resolución del juez octavo. Hasta aquí llegamos. Ya no hay tregua unilateral. Les damos las gracias. Volvemos a la resistencia civil. Les agradecemos su presencia. Pueden retirarse”, dijo Mario Luna a las autoridades federales, relata Moreno, cuando intentó llevarse a cabo la consulta en Vícam. Este hecho detonó los bloqueos a la Carretera Federal 15 desde mediados del 2013 hasta mediados del 2014, en los que participaron Luna, Tomás Rojo, Luis Urbano y más miembros de la tribu yaqui.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo. El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
La deteriorada relación entre los yaquis y el gobierno estatal pudo empezar a reconstruirse hasta que hubo cambio de gobierno en 2015. Para el 2017, la priista Claudia Pavlovich –la primera mujer gobernadora del estado– logró pactar una tregua con ellos. Sin embargo, tras la experiencia con Padrés, la posición política de ellos sigue siendo de escepticismo.
La guerra no termina
La resistencia antes y después del acueducto Independencia le dio fama internacional al pueblo yaqui; la BBC los llamó, en un reportaje de 2015, “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Pero eso no ha servido para solucionar el conflicto. No sólo el agua sigue siendo escasa, sino que la que hay no es potable.
“La cuestión del agua sigue igual, en el sentido de que las comunidades yaquis siguen sin tenerla”, dice Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora, que las visita con frecuencia, por lo que ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, publicado en mayo del 2019, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas. “Las aportaciones de contaminantes provienen tanto de la actividad minera, agrícola, pecuaria como de asentamientos humanos”, señala el estudio.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
Trinidad Ruiz cuenta que en la mayoría de las comunidades no hay agua corriente, sino que usan pozos; la gente aporta treinta o cuarenta pesos para pagar la gasolina de la bomba con la que sacan el agua. En los pueblos de Cajeme, dice, hay agua entubada, pero no se le da el mantenimiento correcto, por lo que los habitantes terminan dependiendo de pipas de agua. “Entonces, las comunidades, pues sí la están pasando mal, la mera verdad”.
Los agricultores que fueron aliados de los yaquis en la defensa del agua, en el tema del territorio están encontrados, porque muchas de las tierras que utilizan se las rentan a los yaquis. “La tierra de los yaquis es una tierra comunal. Sí, son 485 mil hectáreas, pero sólo tienen agua para el cultivo de treinta mil. La gente vive de rentar la tierra porque ellos no pueden sembrar porque no tienen dinero y no son sujetos de crédito”, explica Trinidad Ruiz y narra cómo los yaquis después de rentar sus tierras, trabajan de jornaleros, campesinos a sueldo con horarios muy extenuantes que a veces van de cinco de la mañana a seis de la tarde. “¿A qué hora se espera que, además, les enseñen la lengua a sus hijos? Va a ser el acabose de la tradición”, dice Ruiz.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea. La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
La periodista Daliri Oropeza ha seguido la implementación del Plan de Justicia y a finales de abril de este año publicó un reportaje en Pie de Página donde revela que sólo participan siete de los ocho gobernadores –el de Lomas de Bácum no lo hace– y que no se está consultando al grueso de la población yaqui en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal. En cualquier caso, las acciones que traiga consigo seguirán por verse pues, hasta ahora y de acuerdo con lo reportado por Oropeza, sólo se han hecho reuniones.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
¡Gracias!
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Sonora es tierra caliente: lo es por las altas temperaturas y por la falta de agua. También por la violencia que atraviesa la región, donde viven los pueblos yaquis, una ubicación estratégica en el trasiego de drogas. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Hoy sus voces se apagan.
A pesar del calor que supera los treinta grados, los paisajes de mezquites y cactáceas, donde viven los yaquis, refulgen bajo el cielo azulado. Los misioneros jesuitas que llegaron aquí en el siglo XVII, como Ignaz Pfefferkorn, hablaban en sus crónicas de una “fiebre inflamatoria”, que no es otra cosa que la insolación que contraían al caminar entre los ocho pueblos yaquis que hoy se encuentran en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, donde los rayos del sol más que bañar, laceran.
Pero quienes se enfermaban de sol eran los hombres yoris, los foráneos; no así los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, que llevan siglos acostumbrados a este clima. Sin embargo, lo que vemos hoy en la región tiene nuevas dimensiones: a la incomodidad de las altas temperaturas y la –más o menos– reciente falta de agua, se suma un horror que flota en el aire y se pega al cuerpo. La tasa de homicidios en Sonora es casi veinte puntos mayor que la media nacional, es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundo de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero, se le vio por última vez cuando salió de su casa, en Vícam, para dar una caminata muy temprano el 27 de mayo de 2021; tres semanas después encontraron su cuerpo en el desierto. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio. Es aquí donde se entiende lo inédito del calor. La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
El problema de la falta de agua no está resuelto: está relacionado a una mayor demanda por parte de la ciudad de Hermosillo, pero también de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, en la zona que la Conagua define como el distrito de riego 041. Y la sequía no da tregua. Sonora reporta los niveles más altos del país hasta el 31 de mayo de 2021: ha promediado de forma constante un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? No es fácil responder esa pregunta en tiempos tan álgidos. Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
Mario Luna es uno de esos voceros autorizados por su trayectoria como activista, uno de los opositores más visibles al Acueducto Independencia, una obra que el gobierno panista de Guillermo Padrés emprendió en 2010 para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo. Luna dio una entrevista a un medio local, Proyecto Puente, el 14 de junio de ese año en la que denunció más de veinte desapariciones de jóvenes yaquis, ligadas al crimen organizado. Tres días después, su hermana salió rumbo al trabajo, en Empalme, y fue devuelta a la familia hasta el 22 de junio. Algunos periodistas piensan que pudo haber sido una advertencia del narcotráfico en respuesta a dicha entrevista. Por esto las declaraciones son mucho más escasas que los rumores.
Entre lo poco que se ha publicado, hay una declaración en La Jornada del 13 de junio de 2021 que se atribuye a un hombre yaqui y se mantiene anónima: “Aquí está claro que la delincuencia organizada se ha inmiscuido en los intereses de la etnia, saben que en nuestra tierra no entran la policía ni la Guardia Nacional con los mismos derechos que en cualquier lugar, aquí vienen y quieren controlar. Luis Urbano era gente de Tomás [Rojo Valencia] y fue matado a balazos, ¡qué sospechoso!, ¿no?”, dice el artículo, que tampoco lleva firma.
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país. En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis y del cual eran originarios Urbano Rodríguez y Rojo Valencia.
Pero no es sólo por su trazo que las distintas bandas criminales se pelean esta carretera: la frontera sonorense es de las más permeables para cruzar drogas y traer armas a México; de acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora. “La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru a Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
“La violencia en Cajeme, por lo que yo investigué y lo que mencionan muchos de los narcomensajes en varias de las ejecuciones que se han dado en el último año y medio, es por el control del puerto de Guaymas”, concluye.
Una década de sed
Aunque en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que la mitad de las aguas de la presa La Angostura –que se llena gracias a un afluente del río Yaqui– serían para los pueblos yaquis, la construcción posterior de otras dos presas y del acueducto Independencia provocaron que el río se quedara sin el caudal mínimo ecológico necesario.
En los periódicos locales es común ver noticias sobre bloqueos de alguna carretera y las demandas son las mismas de siempre: que se respete el derecho de los yaquis al agua y a la tierra. El problema es que estas dos peticiones, aunque sensatas, chocan con los intereses de gobiernos locales, empresarios y grandes agricultores y quizás por eso parece que a nadie le importa demasiado que estos pueblos estén bajo asedio.
“El yori [hombre blanco] siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos. Y tiene razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los apellidos. Pero, en su cerrazón, no advierte que nuestras guerras han sido luchas sistemáticas contra los despojos”, escribió Mario Luna a mediados de 2015, desde el Cefereso 2 en Hermosillo. Lo apresaron en 2014 con una acusación de secuestro fabricada, porque sobre él pesaba la inconformidad del gobierno por los bloqueos a la Carretera Federal 15 que lideró desde mayo de 2013. Salió libre casi un año después.
En 2010 el gobierno de Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense. “Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo interpuesto por los yaquis en 2013, para cuando hubo una sentencia, el acueducto ya estaba construido y operando, por lo que se determinó una consulta posterior donde se evaluaría si la obra afectaba a estos pueblos o no, y se determinaría si seguiría operando. La comunidad interpretó este proceso como una mera simulación.
“No hay intención del gobierno federal y estatal de detener el acueducto, a pesar de la resolución del juez octavo. Hasta aquí llegamos. Ya no hay tregua unilateral. Les damos las gracias. Volvemos a la resistencia civil. Les agradecemos su presencia. Pueden retirarse”, dijo Mario Luna a las autoridades federales, relata Moreno, cuando intentó llevarse a cabo la consulta en Vícam. Este hecho detonó los bloqueos a la Carretera Federal 15 desde mediados del 2013 hasta mediados del 2014, en los que participaron Luna, Tomás Rojo, Luis Urbano y más miembros de la tribu yaqui.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo. El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
La deteriorada relación entre los yaquis y el gobierno estatal pudo empezar a reconstruirse hasta que hubo cambio de gobierno en 2015. Para el 2017, la priista Claudia Pavlovich –la primera mujer gobernadora del estado– logró pactar una tregua con ellos. Sin embargo, tras la experiencia con Padrés, la posición política de ellos sigue siendo de escepticismo.
La guerra no termina
La resistencia antes y después del acueducto Independencia le dio fama internacional al pueblo yaqui; la BBC los llamó, en un reportaje de 2015, “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Pero eso no ha servido para solucionar el conflicto. No sólo el agua sigue siendo escasa, sino que la que hay no es potable.
“La cuestión del agua sigue igual, en el sentido de que las comunidades yaquis siguen sin tenerla”, dice Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora, que las visita con frecuencia, por lo que ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, publicado en mayo del 2019, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas. “Las aportaciones de contaminantes provienen tanto de la actividad minera, agrícola, pecuaria como de asentamientos humanos”, señala el estudio.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
Trinidad Ruiz cuenta que en la mayoría de las comunidades no hay agua corriente, sino que usan pozos; la gente aporta treinta o cuarenta pesos para pagar la gasolina de la bomba con la que sacan el agua. En los pueblos de Cajeme, dice, hay agua entubada, pero no se le da el mantenimiento correcto, por lo que los habitantes terminan dependiendo de pipas de agua. “Entonces, las comunidades, pues sí la están pasando mal, la mera verdad”.
Los agricultores que fueron aliados de los yaquis en la defensa del agua, en el tema del territorio están encontrados, porque muchas de las tierras que utilizan se las rentan a los yaquis. “La tierra de los yaquis es una tierra comunal. Sí, son 485 mil hectáreas, pero sólo tienen agua para el cultivo de treinta mil. La gente vive de rentar la tierra porque ellos no pueden sembrar porque no tienen dinero y no son sujetos de crédito”, explica Trinidad Ruiz y narra cómo los yaquis después de rentar sus tierras, trabajan de jornaleros, campesinos a sueldo con horarios muy extenuantes que a veces van de cinco de la mañana a seis de la tarde. “¿A qué hora se espera que, además, les enseñen la lengua a sus hijos? Va a ser el acabose de la tradición”, dice Ruiz.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea. La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
La periodista Daliri Oropeza ha seguido la implementación del Plan de Justicia y a finales de abril de este año publicó un reportaje en Pie de Página donde revela que sólo participan siete de los ocho gobernadores –el de Lomas de Bácum no lo hace– y que no se está consultando al grueso de la población yaqui en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal. En cualquier caso, las acciones que traiga consigo seguirán por verse pues, hasta ahora y de acuerdo con lo reportado por Oropeza, sólo se han hecho reuniones.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
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Sonora es tierra caliente: lo es por las altas temperaturas y por la falta de agua. También por la violencia que atraviesa la región, donde viven los pueblos yaquis, una ubicación estratégica en el trasiego de drogas. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Hoy sus voces se apagan.
A pesar del calor que supera los treinta grados, los paisajes de mezquites y cactáceas, donde viven los yaquis, refulgen bajo el cielo azulado. Los misioneros jesuitas que llegaron aquí en el siglo XVII, como Ignaz Pfefferkorn, hablaban en sus crónicas de una “fiebre inflamatoria”, que no es otra cosa que la insolación que contraían al caminar entre los ocho pueblos yaquis que hoy se encuentran en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, donde los rayos del sol más que bañar, laceran.
Pero quienes se enfermaban de sol eran los hombres yoris, los foráneos; no así los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, que llevan siglos acostumbrados a este clima. Sin embargo, lo que vemos hoy en la región tiene nuevas dimensiones: a la incomodidad de las altas temperaturas y la –más o menos– reciente falta de agua, se suma un horror que flota en el aire y se pega al cuerpo. La tasa de homicidios en Sonora es casi veinte puntos mayor que la media nacional, es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundo de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero, se le vio por última vez cuando salió de su casa, en Vícam, para dar una caminata muy temprano el 27 de mayo de 2021; tres semanas después encontraron su cuerpo en el desierto. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio. Es aquí donde se entiende lo inédito del calor. La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
El problema de la falta de agua no está resuelto: está relacionado a una mayor demanda por parte de la ciudad de Hermosillo, pero también de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, en la zona que la Conagua define como el distrito de riego 041. Y la sequía no da tregua. Sonora reporta los niveles más altos del país hasta el 31 de mayo de 2021: ha promediado de forma constante un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? No es fácil responder esa pregunta en tiempos tan álgidos. Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
Mario Luna es uno de esos voceros autorizados por su trayectoria como activista, uno de los opositores más visibles al Acueducto Independencia, una obra que el gobierno panista de Guillermo Padrés emprendió en 2010 para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo. Luna dio una entrevista a un medio local, Proyecto Puente, el 14 de junio de ese año en la que denunció más de veinte desapariciones de jóvenes yaquis, ligadas al crimen organizado. Tres días después, su hermana salió rumbo al trabajo, en Empalme, y fue devuelta a la familia hasta el 22 de junio. Algunos periodistas piensan que pudo haber sido una advertencia del narcotráfico en respuesta a dicha entrevista. Por esto las declaraciones son mucho más escasas que los rumores.
Entre lo poco que se ha publicado, hay una declaración en La Jornada del 13 de junio de 2021 que se atribuye a un hombre yaqui y se mantiene anónima: “Aquí está claro que la delincuencia organizada se ha inmiscuido en los intereses de la etnia, saben que en nuestra tierra no entran la policía ni la Guardia Nacional con los mismos derechos que en cualquier lugar, aquí vienen y quieren controlar. Luis Urbano era gente de Tomás [Rojo Valencia] y fue matado a balazos, ¡qué sospechoso!, ¿no?”, dice el artículo, que tampoco lleva firma.
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país. En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis y del cual eran originarios Urbano Rodríguez y Rojo Valencia.
Pero no es sólo por su trazo que las distintas bandas criminales se pelean esta carretera: la frontera sonorense es de las más permeables para cruzar drogas y traer armas a México; de acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora. “La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru a Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
“La violencia en Cajeme, por lo que yo investigué y lo que mencionan muchos de los narcomensajes en varias de las ejecuciones que se han dado en el último año y medio, es por el control del puerto de Guaymas”, concluye.
Una década de sed
Aunque en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que la mitad de las aguas de la presa La Angostura –que se llena gracias a un afluente del río Yaqui– serían para los pueblos yaquis, la construcción posterior de otras dos presas y del acueducto Independencia provocaron que el río se quedara sin el caudal mínimo ecológico necesario.
En los periódicos locales es común ver noticias sobre bloqueos de alguna carretera y las demandas son las mismas de siempre: que se respete el derecho de los yaquis al agua y a la tierra. El problema es que estas dos peticiones, aunque sensatas, chocan con los intereses de gobiernos locales, empresarios y grandes agricultores y quizás por eso parece que a nadie le importa demasiado que estos pueblos estén bajo asedio.
“El yori [hombre blanco] siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos. Y tiene razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los apellidos. Pero, en su cerrazón, no advierte que nuestras guerras han sido luchas sistemáticas contra los despojos”, escribió Mario Luna a mediados de 2015, desde el Cefereso 2 en Hermosillo. Lo apresaron en 2014 con una acusación de secuestro fabricada, porque sobre él pesaba la inconformidad del gobierno por los bloqueos a la Carretera Federal 15 que lideró desde mayo de 2013. Salió libre casi un año después.
En 2010 el gobierno de Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense. “Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo interpuesto por los yaquis en 2013, para cuando hubo una sentencia, el acueducto ya estaba construido y operando, por lo que se determinó una consulta posterior donde se evaluaría si la obra afectaba a estos pueblos o no, y se determinaría si seguiría operando. La comunidad interpretó este proceso como una mera simulación.
“No hay intención del gobierno federal y estatal de detener el acueducto, a pesar de la resolución del juez octavo. Hasta aquí llegamos. Ya no hay tregua unilateral. Les damos las gracias. Volvemos a la resistencia civil. Les agradecemos su presencia. Pueden retirarse”, dijo Mario Luna a las autoridades federales, relata Moreno, cuando intentó llevarse a cabo la consulta en Vícam. Este hecho detonó los bloqueos a la Carretera Federal 15 desde mediados del 2013 hasta mediados del 2014, en los que participaron Luna, Tomás Rojo, Luis Urbano y más miembros de la tribu yaqui.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo. El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
La deteriorada relación entre los yaquis y el gobierno estatal pudo empezar a reconstruirse hasta que hubo cambio de gobierno en 2015. Para el 2017, la priista Claudia Pavlovich –la primera mujer gobernadora del estado– logró pactar una tregua con ellos. Sin embargo, tras la experiencia con Padrés, la posición política de ellos sigue siendo de escepticismo.
La guerra no termina
La resistencia antes y después del acueducto Independencia le dio fama internacional al pueblo yaqui; la BBC los llamó, en un reportaje de 2015, “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Pero eso no ha servido para solucionar el conflicto. No sólo el agua sigue siendo escasa, sino que la que hay no es potable.
“La cuestión del agua sigue igual, en el sentido de que las comunidades yaquis siguen sin tenerla”, dice Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora, que las visita con frecuencia, por lo que ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, publicado en mayo del 2019, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas. “Las aportaciones de contaminantes provienen tanto de la actividad minera, agrícola, pecuaria como de asentamientos humanos”, señala el estudio.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
Trinidad Ruiz cuenta que en la mayoría de las comunidades no hay agua corriente, sino que usan pozos; la gente aporta treinta o cuarenta pesos para pagar la gasolina de la bomba con la que sacan el agua. En los pueblos de Cajeme, dice, hay agua entubada, pero no se le da el mantenimiento correcto, por lo que los habitantes terminan dependiendo de pipas de agua. “Entonces, las comunidades, pues sí la están pasando mal, la mera verdad”.
Los agricultores que fueron aliados de los yaquis en la defensa del agua, en el tema del territorio están encontrados, porque muchas de las tierras que utilizan se las rentan a los yaquis. “La tierra de los yaquis es una tierra comunal. Sí, son 485 mil hectáreas, pero sólo tienen agua para el cultivo de treinta mil. La gente vive de rentar la tierra porque ellos no pueden sembrar porque no tienen dinero y no son sujetos de crédito”, explica Trinidad Ruiz y narra cómo los yaquis después de rentar sus tierras, trabajan de jornaleros, campesinos a sueldo con horarios muy extenuantes que a veces van de cinco de la mañana a seis de la tarde. “¿A qué hora se espera que, además, les enseñen la lengua a sus hijos? Va a ser el acabose de la tradición”, dice Ruiz.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea. La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
La periodista Daliri Oropeza ha seguido la implementación del Plan de Justicia y a finales de abril de este año publicó un reportaje en Pie de Página donde revela que sólo participan siete de los ocho gobernadores –el de Lomas de Bácum no lo hace– y que no se está consultando al grueso de la población yaqui en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal. En cualquier caso, las acciones que traiga consigo seguirán por verse pues, hasta ahora y de acuerdo con lo reportado por Oropeza, sólo se han hecho reuniones.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
¡Gracias!
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Sonora es tierra caliente: lo es por las altas temperaturas y por la falta de agua. También por la violencia que atraviesa la región, donde viven los pueblos yaquis, una ubicación estratégica en el trasiego de drogas. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Hoy sus voces se apagan.
A pesar del calor que supera los treinta grados, los paisajes de mezquites y cactáceas, donde viven los yaquis, refulgen bajo el cielo azulado. Los misioneros jesuitas que llegaron aquí en el siglo XVII, como Ignaz Pfefferkorn, hablaban en sus crónicas de una “fiebre inflamatoria”, que no es otra cosa que la insolación que contraían al caminar entre los ocho pueblos yaquis que hoy se encuentran en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, donde los rayos del sol más que bañar, laceran.
Pero quienes se enfermaban de sol eran los hombres yoris, los foráneos; no así los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, que llevan siglos acostumbrados a este clima. Sin embargo, lo que vemos hoy en la región tiene nuevas dimensiones: a la incomodidad de las altas temperaturas y la –más o menos– reciente falta de agua, se suma un horror que flota en el aire y se pega al cuerpo. La tasa de homicidios en Sonora es casi veinte puntos mayor que la media nacional, es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundo de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero, se le vio por última vez cuando salió de su casa, en Vícam, para dar una caminata muy temprano el 27 de mayo de 2021; tres semanas después encontraron su cuerpo en el desierto. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio. Es aquí donde se entiende lo inédito del calor. La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
El problema de la falta de agua no está resuelto: está relacionado a una mayor demanda por parte de la ciudad de Hermosillo, pero también de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, en la zona que la Conagua define como el distrito de riego 041. Y la sequía no da tregua. Sonora reporta los niveles más altos del país hasta el 31 de mayo de 2021: ha promediado de forma constante un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? No es fácil responder esa pregunta en tiempos tan álgidos. Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
Mario Luna es uno de esos voceros autorizados por su trayectoria como activista, uno de los opositores más visibles al Acueducto Independencia, una obra que el gobierno panista de Guillermo Padrés emprendió en 2010 para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo. Luna dio una entrevista a un medio local, Proyecto Puente, el 14 de junio de ese año en la que denunció más de veinte desapariciones de jóvenes yaquis, ligadas al crimen organizado. Tres días después, su hermana salió rumbo al trabajo, en Empalme, y fue devuelta a la familia hasta el 22 de junio. Algunos periodistas piensan que pudo haber sido una advertencia del narcotráfico en respuesta a dicha entrevista. Por esto las declaraciones son mucho más escasas que los rumores.
Entre lo poco que se ha publicado, hay una declaración en La Jornada del 13 de junio de 2021 que se atribuye a un hombre yaqui y se mantiene anónima: “Aquí está claro que la delincuencia organizada se ha inmiscuido en los intereses de la etnia, saben que en nuestra tierra no entran la policía ni la Guardia Nacional con los mismos derechos que en cualquier lugar, aquí vienen y quieren controlar. Luis Urbano era gente de Tomás [Rojo Valencia] y fue matado a balazos, ¡qué sospechoso!, ¿no?”, dice el artículo, que tampoco lleva firma.
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país. En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis y del cual eran originarios Urbano Rodríguez y Rojo Valencia.
Pero no es sólo por su trazo que las distintas bandas criminales se pelean esta carretera: la frontera sonorense es de las más permeables para cruzar drogas y traer armas a México; de acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora. “La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru a Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
“La violencia en Cajeme, por lo que yo investigué y lo que mencionan muchos de los narcomensajes en varias de las ejecuciones que se han dado en el último año y medio, es por el control del puerto de Guaymas”, concluye.
Una década de sed
Aunque en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que la mitad de las aguas de la presa La Angostura –que se llena gracias a un afluente del río Yaqui– serían para los pueblos yaquis, la construcción posterior de otras dos presas y del acueducto Independencia provocaron que el río se quedara sin el caudal mínimo ecológico necesario.
En los periódicos locales es común ver noticias sobre bloqueos de alguna carretera y las demandas son las mismas de siempre: que se respete el derecho de los yaquis al agua y a la tierra. El problema es que estas dos peticiones, aunque sensatas, chocan con los intereses de gobiernos locales, empresarios y grandes agricultores y quizás por eso parece que a nadie le importa demasiado que estos pueblos estén bajo asedio.
“El yori [hombre blanco] siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos. Y tiene razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los apellidos. Pero, en su cerrazón, no advierte que nuestras guerras han sido luchas sistemáticas contra los despojos”, escribió Mario Luna a mediados de 2015, desde el Cefereso 2 en Hermosillo. Lo apresaron en 2014 con una acusación de secuestro fabricada, porque sobre él pesaba la inconformidad del gobierno por los bloqueos a la Carretera Federal 15 que lideró desde mayo de 2013. Salió libre casi un año después.
En 2010 el gobierno de Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense. “Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo interpuesto por los yaquis en 2013, para cuando hubo una sentencia, el acueducto ya estaba construido y operando, por lo que se determinó una consulta posterior donde se evaluaría si la obra afectaba a estos pueblos o no, y se determinaría si seguiría operando. La comunidad interpretó este proceso como una mera simulación.
“No hay intención del gobierno federal y estatal de detener el acueducto, a pesar de la resolución del juez octavo. Hasta aquí llegamos. Ya no hay tregua unilateral. Les damos las gracias. Volvemos a la resistencia civil. Les agradecemos su presencia. Pueden retirarse”, dijo Mario Luna a las autoridades federales, relata Moreno, cuando intentó llevarse a cabo la consulta en Vícam. Este hecho detonó los bloqueos a la Carretera Federal 15 desde mediados del 2013 hasta mediados del 2014, en los que participaron Luna, Tomás Rojo, Luis Urbano y más miembros de la tribu yaqui.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo. El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
La deteriorada relación entre los yaquis y el gobierno estatal pudo empezar a reconstruirse hasta que hubo cambio de gobierno en 2015. Para el 2017, la priista Claudia Pavlovich –la primera mujer gobernadora del estado– logró pactar una tregua con ellos. Sin embargo, tras la experiencia con Padrés, la posición política de ellos sigue siendo de escepticismo.
La guerra no termina
La resistencia antes y después del acueducto Independencia le dio fama internacional al pueblo yaqui; la BBC los llamó, en un reportaje de 2015, “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Pero eso no ha servido para solucionar el conflicto. No sólo el agua sigue siendo escasa, sino que la que hay no es potable.
“La cuestión del agua sigue igual, en el sentido de que las comunidades yaquis siguen sin tenerla”, dice Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora, que las visita con frecuencia, por lo que ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, publicado en mayo del 2019, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas. “Las aportaciones de contaminantes provienen tanto de la actividad minera, agrícola, pecuaria como de asentamientos humanos”, señala el estudio.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
Trinidad Ruiz cuenta que en la mayoría de las comunidades no hay agua corriente, sino que usan pozos; la gente aporta treinta o cuarenta pesos para pagar la gasolina de la bomba con la que sacan el agua. En los pueblos de Cajeme, dice, hay agua entubada, pero no se le da el mantenimiento correcto, por lo que los habitantes terminan dependiendo de pipas de agua. “Entonces, las comunidades, pues sí la están pasando mal, la mera verdad”.
Los agricultores que fueron aliados de los yaquis en la defensa del agua, en el tema del territorio están encontrados, porque muchas de las tierras que utilizan se las rentan a los yaquis. “La tierra de los yaquis es una tierra comunal. Sí, son 485 mil hectáreas, pero sólo tienen agua para el cultivo de treinta mil. La gente vive de rentar la tierra porque ellos no pueden sembrar porque no tienen dinero y no son sujetos de crédito”, explica Trinidad Ruiz y narra cómo los yaquis después de rentar sus tierras, trabajan de jornaleros, campesinos a sueldo con horarios muy extenuantes que a veces van de cinco de la mañana a seis de la tarde. “¿A qué hora se espera que, además, les enseñen la lengua a sus hijos? Va a ser el acabose de la tradición”, dice Ruiz.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea. La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
La periodista Daliri Oropeza ha seguido la implementación del Plan de Justicia y a finales de abril de este año publicó un reportaje en Pie de Página donde revela que sólo participan siete de los ocho gobernadores –el de Lomas de Bácum no lo hace– y que no se está consultando al grueso de la población yaqui en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal. En cualquier caso, las acciones que traiga consigo seguirán por verse pues, hasta ahora y de acuerdo con lo reportado por Oropeza, sólo se han hecho reuniones.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
¡Gracias!
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Sonora es tierra caliente: lo es por las altas temperaturas y por la falta de agua. También por la violencia que atraviesa la región, donde viven los pueblos yaquis, una ubicación estratégica en el trasiego de drogas. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Hoy sus voces se apagan.
A pesar del calor que supera los treinta grados, los paisajes de mezquites y cactáceas, donde viven los yaquis, refulgen bajo el cielo azulado. Los misioneros jesuitas que llegaron aquí en el siglo XVII, como Ignaz Pfefferkorn, hablaban en sus crónicas de una “fiebre inflamatoria”, que no es otra cosa que la insolación que contraían al caminar entre los ocho pueblos yaquis que hoy se encuentran en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, donde los rayos del sol más que bañar, laceran.
Pero quienes se enfermaban de sol eran los hombres yoris, los foráneos; no así los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, que llevan siglos acostumbrados a este clima. Sin embargo, lo que vemos hoy en la región tiene nuevas dimensiones: a la incomodidad de las altas temperaturas y la –más o menos– reciente falta de agua, se suma un horror que flota en el aire y se pega al cuerpo. La tasa de homicidios en Sonora es casi veinte puntos mayor que la media nacional, es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundo de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero, se le vio por última vez cuando salió de su casa, en Vícam, para dar una caminata muy temprano el 27 de mayo de 2021; tres semanas después encontraron su cuerpo en el desierto. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio. Es aquí donde se entiende lo inédito del calor. La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
El problema de la falta de agua no está resuelto: está relacionado a una mayor demanda por parte de la ciudad de Hermosillo, pero también de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, en la zona que la Conagua define como el distrito de riego 041. Y la sequía no da tregua. Sonora reporta los niveles más altos del país hasta el 31 de mayo de 2021: ha promediado de forma constante un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? No es fácil responder esa pregunta en tiempos tan álgidos. Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
Mario Luna es uno de esos voceros autorizados por su trayectoria como activista, uno de los opositores más visibles al Acueducto Independencia, una obra que el gobierno panista de Guillermo Padrés emprendió en 2010 para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo. Luna dio una entrevista a un medio local, Proyecto Puente, el 14 de junio de ese año en la que denunció más de veinte desapariciones de jóvenes yaquis, ligadas al crimen organizado. Tres días después, su hermana salió rumbo al trabajo, en Empalme, y fue devuelta a la familia hasta el 22 de junio. Algunos periodistas piensan que pudo haber sido una advertencia del narcotráfico en respuesta a dicha entrevista. Por esto las declaraciones son mucho más escasas que los rumores.
Entre lo poco que se ha publicado, hay una declaración en La Jornada del 13 de junio de 2021 que se atribuye a un hombre yaqui y se mantiene anónima: “Aquí está claro que la delincuencia organizada se ha inmiscuido en los intereses de la etnia, saben que en nuestra tierra no entran la policía ni la Guardia Nacional con los mismos derechos que en cualquier lugar, aquí vienen y quieren controlar. Luis Urbano era gente de Tomás [Rojo Valencia] y fue matado a balazos, ¡qué sospechoso!, ¿no?”, dice el artículo, que tampoco lleva firma.
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país. En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis y del cual eran originarios Urbano Rodríguez y Rojo Valencia.
Pero no es sólo por su trazo que las distintas bandas criminales se pelean esta carretera: la frontera sonorense es de las más permeables para cruzar drogas y traer armas a México; de acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora. “La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru a Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
“La violencia en Cajeme, por lo que yo investigué y lo que mencionan muchos de los narcomensajes en varias de las ejecuciones que se han dado en el último año y medio, es por el control del puerto de Guaymas”, concluye.
Una década de sed
Aunque en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que la mitad de las aguas de la presa La Angostura –que se llena gracias a un afluente del río Yaqui– serían para los pueblos yaquis, la construcción posterior de otras dos presas y del acueducto Independencia provocaron que el río se quedara sin el caudal mínimo ecológico necesario.
En los periódicos locales es común ver noticias sobre bloqueos de alguna carretera y las demandas son las mismas de siempre: que se respete el derecho de los yaquis al agua y a la tierra. El problema es que estas dos peticiones, aunque sensatas, chocan con los intereses de gobiernos locales, empresarios y grandes agricultores y quizás por eso parece que a nadie le importa demasiado que estos pueblos estén bajo asedio.
“El yori [hombre blanco] siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos. Y tiene razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los apellidos. Pero, en su cerrazón, no advierte que nuestras guerras han sido luchas sistemáticas contra los despojos”, escribió Mario Luna a mediados de 2015, desde el Cefereso 2 en Hermosillo. Lo apresaron en 2014 con una acusación de secuestro fabricada, porque sobre él pesaba la inconformidad del gobierno por los bloqueos a la Carretera Federal 15 que lideró desde mayo de 2013. Salió libre casi un año después.
En 2010 el gobierno de Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense. “Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo interpuesto por los yaquis en 2013, para cuando hubo una sentencia, el acueducto ya estaba construido y operando, por lo que se determinó una consulta posterior donde se evaluaría si la obra afectaba a estos pueblos o no, y se determinaría si seguiría operando. La comunidad interpretó este proceso como una mera simulación.
“No hay intención del gobierno federal y estatal de detener el acueducto, a pesar de la resolución del juez octavo. Hasta aquí llegamos. Ya no hay tregua unilateral. Les damos las gracias. Volvemos a la resistencia civil. Les agradecemos su presencia. Pueden retirarse”, dijo Mario Luna a las autoridades federales, relata Moreno, cuando intentó llevarse a cabo la consulta en Vícam. Este hecho detonó los bloqueos a la Carretera Federal 15 desde mediados del 2013 hasta mediados del 2014, en los que participaron Luna, Tomás Rojo, Luis Urbano y más miembros de la tribu yaqui.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo. El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
La deteriorada relación entre los yaquis y el gobierno estatal pudo empezar a reconstruirse hasta que hubo cambio de gobierno en 2015. Para el 2017, la priista Claudia Pavlovich –la primera mujer gobernadora del estado– logró pactar una tregua con ellos. Sin embargo, tras la experiencia con Padrés, la posición política de ellos sigue siendo de escepticismo.
La guerra no termina
La resistencia antes y después del acueducto Independencia le dio fama internacional al pueblo yaqui; la BBC los llamó, en un reportaje de 2015, “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Pero eso no ha servido para solucionar el conflicto. No sólo el agua sigue siendo escasa, sino que la que hay no es potable.
“La cuestión del agua sigue igual, en el sentido de que las comunidades yaquis siguen sin tenerla”, dice Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora, que las visita con frecuencia, por lo que ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, publicado en mayo del 2019, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas. “Las aportaciones de contaminantes provienen tanto de la actividad minera, agrícola, pecuaria como de asentamientos humanos”, señala el estudio.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
Trinidad Ruiz cuenta que en la mayoría de las comunidades no hay agua corriente, sino que usan pozos; la gente aporta treinta o cuarenta pesos para pagar la gasolina de la bomba con la que sacan el agua. En los pueblos de Cajeme, dice, hay agua entubada, pero no se le da el mantenimiento correcto, por lo que los habitantes terminan dependiendo de pipas de agua. “Entonces, las comunidades, pues sí la están pasando mal, la mera verdad”.
Los agricultores que fueron aliados de los yaquis en la defensa del agua, en el tema del territorio están encontrados, porque muchas de las tierras que utilizan se las rentan a los yaquis. “La tierra de los yaquis es una tierra comunal. Sí, son 485 mil hectáreas, pero sólo tienen agua para el cultivo de treinta mil. La gente vive de rentar la tierra porque ellos no pueden sembrar porque no tienen dinero y no son sujetos de crédito”, explica Trinidad Ruiz y narra cómo los yaquis después de rentar sus tierras, trabajan de jornaleros, campesinos a sueldo con horarios muy extenuantes que a veces van de cinco de la mañana a seis de la tarde. “¿A qué hora se espera que, además, les enseñen la lengua a sus hijos? Va a ser el acabose de la tradición”, dice Ruiz.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea. La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
La periodista Daliri Oropeza ha seguido la implementación del Plan de Justicia y a finales de abril de este año publicó un reportaje en Pie de Página donde revela que sólo participan siete de los ocho gobernadores –el de Lomas de Bácum no lo hace– y que no se está consultando al grueso de la población yaqui en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal. En cualquier caso, las acciones que traiga consigo seguirán por verse pues, hasta ahora y de acuerdo con lo reportado por Oropeza, sólo se han hecho reuniones.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
¡Gracias!
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Sonora es tierra caliente: lo es por las altas temperaturas y por la falta de agua. También por la violencia que atraviesa la región, donde viven los pueblos yaquis, una ubicación estratégica en el trasiego de drogas. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Hoy sus voces se apagan.
A pesar del calor que supera los treinta grados, los paisajes de mezquites y cactáceas, donde viven los yaquis, refulgen bajo el cielo azulado. Los misioneros jesuitas que llegaron aquí en el siglo XVII, como Ignaz Pfefferkorn, hablaban en sus crónicas de una “fiebre inflamatoria”, que no es otra cosa que la insolación que contraían al caminar entre los ocho pueblos yaquis que hoy se encuentran en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, donde los rayos del sol más que bañar, laceran.
Pero quienes se enfermaban de sol eran los hombres yoris, los foráneos; no así los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, que llevan siglos acostumbrados a este clima. Sin embargo, lo que vemos hoy en la región tiene nuevas dimensiones: a la incomodidad de las altas temperaturas y la –más o menos– reciente falta de agua, se suma un horror que flota en el aire y se pega al cuerpo. La tasa de homicidios en Sonora es casi veinte puntos mayor que la media nacional, es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.
Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundo de acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero, se le vio por última vez cuando salió de su casa, en Vícam, para dar una caminata muy temprano el 27 de mayo de 2021; tres semanas después encontraron su cuerpo en el desierto. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio. Es aquí donde se entiende lo inédito del calor. La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.
El problema de la falta de agua no está resuelto: está relacionado a una mayor demanda por parte de la ciudad de Hermosillo, pero también de los grandes agricultores del Valle del Yaqui, en la zona que la Conagua define como el distrito de riego 041. Y la sequía no da tregua. Sonora reporta los niveles más altos del país hasta el 31 de mayo de 2021: ha promediado de forma constante un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.
Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? No es fácil responder esa pregunta en tiempos tan álgidos. Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.
Mario Luna es uno de esos voceros autorizados por su trayectoria como activista, uno de los opositores más visibles al Acueducto Independencia, una obra que el gobierno panista de Guillermo Padrés emprendió en 2010 para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo. Luna dio una entrevista a un medio local, Proyecto Puente, el 14 de junio de ese año en la que denunció más de veinte desapariciones de jóvenes yaquis, ligadas al crimen organizado. Tres días después, su hermana salió rumbo al trabajo, en Empalme, y fue devuelta a la familia hasta el 22 de junio. Algunos periodistas piensan que pudo haber sido una advertencia del narcotráfico en respuesta a dicha entrevista. Por esto las declaraciones son mucho más escasas que los rumores.
Entre lo poco que se ha publicado, hay una declaración en La Jornada del 13 de junio de 2021 que se atribuye a un hombre yaqui y se mantiene anónima: “Aquí está claro que la delincuencia organizada se ha inmiscuido en los intereses de la etnia, saben que en nuestra tierra no entran la policía ni la Guardia Nacional con los mismos derechos que en cualquier lugar, aquí vienen y quieren controlar. Luis Urbano era gente de Tomás [Rojo Valencia] y fue matado a balazos, ¡qué sospechoso!, ¿no?”, dice el artículo, que tampoco lleva firma.
Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país. En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis y del cual eran originarios Urbano Rodríguez y Rojo Valencia.
Pero no es sólo por su trazo que las distintas bandas criminales se pelean esta carretera: la frontera sonorense es de las más permeables para cruzar drogas y traer armas a México; de acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora. “La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru a Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.
“La violencia en Cajeme, por lo que yo investigué y lo que mencionan muchos de los narcomensajes en varias de las ejecuciones que se han dado en el último año y medio, es por el control del puerto de Guaymas”, concluye.
Una década de sed
Aunque en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que la mitad de las aguas de la presa La Angostura –que se llena gracias a un afluente del río Yaqui– serían para los pueblos yaquis, la construcción posterior de otras dos presas y del acueducto Independencia provocaron que el río se quedara sin el caudal mínimo ecológico necesario.
En los periódicos locales es común ver noticias sobre bloqueos de alguna carretera y las demandas son las mismas de siempre: que se respete el derecho de los yaquis al agua y a la tierra. El problema es que estas dos peticiones, aunque sensatas, chocan con los intereses de gobiernos locales, empresarios y grandes agricultores y quizás por eso parece que a nadie le importa demasiado que estos pueblos estén bajo asedio.
“El yori [hombre blanco] siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos. Y tiene razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los apellidos. Pero, en su cerrazón, no advierte que nuestras guerras han sido luchas sistemáticas contra los despojos”, escribió Mario Luna a mediados de 2015, desde el Cefereso 2 en Hermosillo. Lo apresaron en 2014 con una acusación de secuestro fabricada, porque sobre él pesaba la inconformidad del gobierno por los bloqueos a la Carretera Federal 15 que lideró desde mayo de 2013. Salió libre casi un año después.
En 2010 el gobierno de Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense. “Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo interpuesto por los yaquis en 2013, para cuando hubo una sentencia, el acueducto ya estaba construido y operando, por lo que se determinó una consulta posterior donde se evaluaría si la obra afectaba a estos pueblos o no, y se determinaría si seguiría operando. La comunidad interpretó este proceso como una mera simulación.
“No hay intención del gobierno federal y estatal de detener el acueducto, a pesar de la resolución del juez octavo. Hasta aquí llegamos. Ya no hay tregua unilateral. Les damos las gracias. Volvemos a la resistencia civil. Les agradecemos su presencia. Pueden retirarse”, dijo Mario Luna a las autoridades federales, relata Moreno, cuando intentó llevarse a cabo la consulta en Vícam. Este hecho detonó los bloqueos a la Carretera Federal 15 desde mediados del 2013 hasta mediados del 2014, en los que participaron Luna, Tomás Rojo, Luis Urbano y más miembros de la tribu yaqui.
Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo. El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.
La deteriorada relación entre los yaquis y el gobierno estatal pudo empezar a reconstruirse hasta que hubo cambio de gobierno en 2015. Para el 2017, la priista Claudia Pavlovich –la primera mujer gobernadora del estado– logró pactar una tregua con ellos. Sin embargo, tras la experiencia con Padrés, la posición política de ellos sigue siendo de escepticismo.
La guerra no termina
La resistencia antes y después del acueducto Independencia le dio fama internacional al pueblo yaqui; la BBC los llamó, en un reportaje de 2015, “los combatientes de la primera guerra por el agua”. Pero eso no ha servido para solucionar el conflicto. No sólo el agua sigue siendo escasa, sino que la que hay no es potable.
“La cuestión del agua sigue igual, en el sentido de que las comunidades yaquis siguen sin tenerla”, dice Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora, que las visita con frecuencia, por lo que ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, publicado en mayo del 2019, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas. “Las aportaciones de contaminantes provienen tanto de la actividad minera, agrícola, pecuaria como de asentamientos humanos”, señala el estudio.
El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.
Trinidad Ruiz cuenta que en la mayoría de las comunidades no hay agua corriente, sino que usan pozos; la gente aporta treinta o cuarenta pesos para pagar la gasolina de la bomba con la que sacan el agua. En los pueblos de Cajeme, dice, hay agua entubada, pero no se le da el mantenimiento correcto, por lo que los habitantes terminan dependiendo de pipas de agua. “Entonces, las comunidades, pues sí la están pasando mal, la mera verdad”.
Los agricultores que fueron aliados de los yaquis en la defensa del agua, en el tema del territorio están encontrados, porque muchas de las tierras que utilizan se las rentan a los yaquis. “La tierra de los yaquis es una tierra comunal. Sí, son 485 mil hectáreas, pero sólo tienen agua para el cultivo de treinta mil. La gente vive de rentar la tierra porque ellos no pueden sembrar porque no tienen dinero y no son sujetos de crédito”, explica Trinidad Ruiz y narra cómo los yaquis después de rentar sus tierras, trabajan de jornaleros, campesinos a sueldo con horarios muy extenuantes que a veces van de cinco de la mañana a seis de la tarde. “¿A qué hora se espera que, además, les enseñen la lengua a sus hijos? Va a ser el acabose de la tradición”, dice Ruiz.
De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea. La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.
La periodista Daliri Oropeza ha seguido la implementación del Plan de Justicia y a finales de abril de este año publicó un reportaje en Pie de Página donde revela que sólo participan siete de los ocho gobernadores –el de Lomas de Bácum no lo hace– y que no se está consultando al grueso de la población yaqui en la toma de decisiones. Sin embargo, se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.
El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal. En cualquier caso, las acciones que traiga consigo seguirán por verse pues, hasta ahora y de acuerdo con lo reportado por Oropeza, sólo se han hecho reuniones.
Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.
En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.
El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.
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