Esta semana Italia Candelaria y su hija, Italia Mariscal, tendrán que viajar cerca de 110 kilómetros en un automóvil, que ella describe como “viejito”, para ir de Venado, en San Luis Potosí, a la capital del estado, donde está el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, para que la niña de once años pueda seguir su tratamiento contra el cáncer. Desde noviembre, cuando recibió su primera quimioterapia para curar el sarcoma de Ewing que padece, han hecho este trayecto mes a mes y, para cada sesión, deben quedarse entre cuatro y seis días.
El sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que da en los huesos. En el caso de Italia, se desarrolló un tumor en el isquion, entre la pelvis y el fémur, por lo que le cuesta mucho sentarse, caminar, acostarse; el dolor es constante y no hay posición del cuerpo que lo calme. Con todo, su madre ve que ella mejora. “Desde la primera vez que salimos del hospital con quimio, ya no tuvo que usar las muletas porque pudo extender su pie derecho. No soy doctora, pero yo le veo un gran avance”. La precisión es curiosa porque su situación la obligó a volverse experta: describe a detalle el padecimiento de su hija y recuerda con exactitud cada uno de los nombres –realmente impronunciables– de sus medicamentos. Lo último no es fortuito: su hija no sólo ha tenido que enfrentar el cáncer, sino también el hecho de que, en más de una ocasión, en el hospital central no han contado con los medicamentos para su quimioterapia.
Italia Candelaria está registrada en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) desde que era el Seguro Popular. Era una de sus prestaciones cuando trabajaba como intendente en una preparatoria en Venado, un trabajo que dejó cuando enfermó su hija, pero pudo seguir haciendo cobranza por teléfono para una financiera en San Luis. Este empleo es lo que la ha ayudado a mantenerse durante el 2021. Gana por comisiones, pero no es mucho dinero. Estira los pesos hasta donde puede porque, desde que empezó el cáncer de su hija, ha tenido que poner dinero para que ella se cure.
Cuando estaba por ingresar al tratamiento oncológico en el hospital central, Italia pagó en laboratorios privados los estudios que necesitaba su hija “para ganar tiempo”. A esos costos extras, hay que sumar los de trasladarse y quedarse en la ciudad de San Luis Potosí. Italia es el único sostén de su familia; el padre de sus dos hijos, Aarón e Italia, los dejó.
“En febrero, cuando ella iba a tomar su cuarto ciclo, comenzó en el hospital el desabasto”, recuerda Italia Candelaria. Desde entonces hasta la fecha, ha sido difícil conseguir tres medicinas: cardioxane, un protector del corazón; vincristina, que se utiliza en las quimioterapias; y filgrastim, para elevar las defensas de los niños, pues quedan muy reducidas después de los ciclos.
En los últimos cuatro meses, Italia ha tenido que conseguir 44,300 pesos para pagar los medicamentos faltantes, a pesar de que la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer le ha ayudado con algunos y que la gente en Venado ha organizado rifas, loterías y boteos para aportar a los gastos. “No sé ni cuánto debo, no quiero ni hacer cuentas. Lo que debo son más de cien mil pesos, pero no quiero ni saber”.
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De acuerdo con la organización Renace, en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, 120 niños con cáncer sufren el desabasto de medicamentos. Sin embargo, a nivel nacional, no existe ese dato; en los medios de comunicación sólo circulan las cifras de los padres que protestan en distintos puntos del país.
El problema del desabasto de medicamentos no es nuevo. En 2016 la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en los recursos asignados al Seguro Popular por 6 mil millones de pesos. En aquellos años, uno de los grandes malversadores de recursos del Seguro Popular fue el estado de Veracruz, gobernado por Javier Duarte. La fiscalía estatal dio a conocer que en su gestión se suministraron quimioterapias falsas a los niños.
Con el gobierno de López Obrador, el problema del desabasto no se detuvo. Desde septiembre de 2018, hubo protestas por la carencia de ciclofosfamida, para atender el cáncer. En diciembre los medios de comunicación documentaron protestas por la falta de antirretrovirales –que continúan– y, a mediados de enero de 2019, se dio a conocer que hacían falta otros medicamentos oncológicos –en particular, vincristina– en el Hospital del Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. A partir de entonces, la carencia de medicamentos contra el cáncer se multiplicaría en todo el país.
¿Por qué empezaron a escasear estas medicinas? La respuesta puede resumirse en que el gobierno federal improvisó cambios radicales al sistema de compras de medicamentos en un contexto global complicado.
En octubre de 2019 Roni Caryn Rabin publicó en el New York Times un reportaje sobre la escasez de vincristina en los hospitales de los Estados Unidos. La carencia se explicaba porque sólo dos grandes farmacéuticas, Pfizer y Teva, lo producen. Esta última «decidió, en julio de 2019, dejar de hacerlo» porque su producción seguía siendo muy compleja y sus costos de venta eran cada vez más bajos. Fabricar vincristina ya no era buen negocio.
Por si fuera poco, la pandemia de covid agravó la crisis de medicamentos oncológicos a nivel mundial. El European Journal of Oncology Pharmacy publicó, en los primeros meses de 2021, un estudio que indica que «más del 80% de los ingredientes activos farmacéuticos se producen en China, y de éstos, el 80% de la fabricación de medicinas comerciales ocurre en la India». Ambos países fueron severamente afectados por la pandemia, lo que impidió que las empresas pudieran trabajar con normalidad.
En ese contexto internacional, el gobierno mexicano decidió replantear por completo su sistema de compras.
El 24 de mayo del 2019 Raquel Buenrostro, entonces titular de la Oficialía Mayor de Hacienda y ahora directora del Servicio de Administración Tributaria, presentó la Estrategia Integral del Nuevo Sistema de Contrataciones Públicas, producto de la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Federal, aprobada a finales de febrero de ese año. Este nuevo sistema pretendía empezar a hacer compras consolidadas de medicamentos: la Oficialía Mayor de Hacienda concentraría todos los pedidos del sector salud y haría las compras correspondientes. Se buscaba, con un solo negociador, conseguir mejores precios.
No es que el sistema de compras consolidadas sea una mala idea, de hecho, ya se hacía de ese modo en el sector salud. “El IMSS era el encargado. No todos los estados y no todas las instituciones de salud entraban a la compra consolidada, pero quien quisiera podía sumarse”, explica Janet Oropeza, investigadora de Fundar. De acuerdo con la investigación “Operación desabasto”, realizada por Alejandro Melgoza y Denise Tron, de Impunidad Cero, el IMSS realizó compras consolidadas desde 2013 hasta 2018 y, con ello, logró ahorros por más de 21 mil millones de pesos.
“Obviamente, la Oficialía Mayor Hacienda no tenía el conocimiento que ya había desarrollado el IMSS con la compra consolidada”, advierte Janet Oropeza. “Por ejemplo, en la primera compra que se realiza en 2019 hubo muchísimas claves que fueron desiertas, es decir, nadie las quiso concursar porque, en muchos casos, las farmacéuticas tampoco estaban acostumbradas a participar en las licitaciones del gobierno, pues quienes siempre habían participado eran las distribuidoras”.
En las empresas distribuidoras está una de las claves para entender por qué se volvió una urgencia para el gobierno de López Obrador cambiar el sistema de compra de medicamentos y por qué no funcionó el sistema nuevo.
Las empresas distribuidoras fungían como proveedoras de medicamentos para el gobierno, aunque ellas no los fabricaban: las distribuidoras compraban las medicinas a las farmacéuticas y se comprometían con el gobierno a llevarlas a los lugares que especificaran los contratos. En otras palabras, no tenían el control de la producción de medicamentos, pero sí de toda la logística que existe alrededor. “Ahí sí había un grado de concentración muy grande, porque eran tres o cuatro empresas distribuidoras las que acaparaban todo el mercado”, explica Janet Oropeza.
Cuando el gobierno quiso separar los contratos de medicamentos de los contratos de distribución, muchas farmacéuticas no participaron en las licitaciones porque no tenían experiencia haciéndolo. Con todo, las empresas distribuidoras funcionan como conglomerados empresariales que contienen fábricas de medicamentos, por lo que algunas podían seguir participando.
En abril del 2019 la Presidencia de la República vetó la compra de medicamentos a Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Farmacéuticos Maypo, porque su concentración de licitaciones era “inmoral”. Sin embargo, en 2020 las tres compañías recibieron contratos. Las dos primeras firmaron contratos por menos de 150 mil pesos, pero Farmacéuticos Maypo facturó más 1,200 millones al gobierno. Además, a Laboratorios Solfran –ligada al morenista Carlos Lomelí– le retiraron en tribunales las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública, que la empresa debía pagar por entregar información falsa en una licitación internacional. El año pasado este laboratorio recibió por contratos por 13 millones 400 mil pesos.
Sin embargo, al momento de planear en 2020 las compras de medicamentos para el 2021, el gobierno volvió a cambiar el sistema. “Cuando se estaba armando la segunda compra consolidada, se llevan a Raquel Buenrostro y llega Thalía Lagunas, y otra vez viene la curva de aprendizaje”, explica Andrés Castañeda, coordinador de causas de salud y bienestar en Nosotrxs, la organización que hizo el estudio “Cero desabasto” para saber en qué estados de se estaba concentrando la escasez de medicinas. Según Castañeda, en el momento en que salió Buenrostro y entró Lagunas, el gobierno federal decidió hacer un nuevo ajuste y encargar el proceso de compra a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
La UNOPS tiene experiencia en este tipo de diligencias. Desde el 2016 trabaja con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, recientemente, El Periódico, de Guatemala, dio a conocer que la UNOPS ha conseguido disminuir el gasto de medicamentos en 54%, un ahorro de casi 140 millones de dólares en las cuatro compras que ha organizado.
En México, sin embargo, “la UNOPS no tuvo tan buenos resultados porque terminaron comprando mucho menos”, sentencia Castañeda y el desabasto le da la razón. Él identifica dos fallas: por un lado, el cambio en el sistema de compras; por el otro, que el Insabi tuvo que recopilar todo el pedido de medicamentos del sistema de salud sin tener nada de experiencia.
“El organigrama actual del Insabi es el doble de grande que el año pasado y siguen siendo muy poquitas personas que hacen muchísimas funciones. Estas personas no tienen antecedentes en el tema de la salud y, aunque esto no es necesariamente malo, tampoco sabemos si han contratado expertos o consultores”. Es, por ejemplo, el caso del titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, administrador de empresas, cuya experiencia profesional está en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no en la salud pública. Castañeda insiste en que integrarse a esta nueva curva de aprendizaje fue un error y que pudo haberse evitado porque ya había gente con experiencia en el IMSS y en el Seguro Popular.
Sin embargo, es posible resolver la situación. “Primero, hay que reconocer que hay un problema y, luego, dejar de cambiar el modelo de compras; también tiene que haber buena comunicación con los actores, como con la industria, que son los que producen los medicamentos”, explica Castañeda.
Mientras tanto, de acuerdo con el último informe de «Cero desabasto», elaborado por Nosotrxs, las quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos porque el Insabi no suministra medicamentos crecieron en 500% de 2019 a 2020. En el IMSS las recetas surtidas cayeron de 98% a 92%; aunque el porcentaje sea alto, es importante recordar que las variaciones esconden dramas como el que han vivido Italia Candelaria y su hija en los últimos meses.
La desesperación de conseguir medicinas las acercó a la organización Renace, que interpone amparos frente al Insabi, la Oficialía Mayor de la SHCP y la Secretaría de Salud de San Luis Potosí para ayudar a las familias. La resolución de un juez no hará que aparezcan las medicinas, pero este recurso ha servido para que se les brinde información sobre qué medicinas están llegando a San Luis Potosí. “Las familias me han comentado que, si bien no llegan todos los medicamentos, el amparo sí ha funcionado para que se esfuercen, aunque sea un poco más, las autoridades. La realidad es que el problema es muy complejo y no lo están pudiendo resolver como quisiéramos”, comenta Raquel Charqueño, coordinadora del área de litigio estratégico.
Italia Candelaria ya está amparada. Empezó el proceso judicial por recomendación del doctor de su hija, pero se sorprendió al saber que sólo se ampararon los papás de doce niños del Hospital General, cuando en total son 120. Sobre las reacciones del gobierno, sus simpatizantes y el público en general, dice: “La empatía sólo la podemos tener entre los papás que tenemos este problema y, bendito Dios, que no sea algo que le pase a toda la gente”.
Insiste en decirles a quienes están pasando por lo mismo que no se culpen, que no están haciendo nada malo al cuidar de sus hijos. Tampoco culpa de todo al presidente López Obrador por la mala administración del gobierno. “Pienso que quería hacer una limpia, pero no lo pensó bien. Sí está bien que agarre a la gente que está robando, pero con una buena estrategia y no poniendo en problemas a los niños, porque el cáncer corre y va de volada”.
