Es oficial, el Poder Ejecutivo está a un paso de ampliar, formalmente, el catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa. Es decir, que ahora los presuntos responsables serán encarcelados de manera automática y obligatoria sin la necesidad de que el Ministerio Público (MP) demuestre al juez encargado, que el acusado no puede cumplir el proceso en libertad, hasta que el caso se esclarezca. La reforma ha sido calificada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) como una decisión precipitada, regresiva y contraria a los derechos humanos.

Con 377 votos a favor, cinco abstenciones y 96 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el pasado 19 de febrero la reforma al artículo 19º constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Debido a que la lista de delitos había sido respaldada por el Senado de la República, al sumar el aval de Diputados, la reforma sólo debe pasar a los Congresos locales para que al menos la mitad más uno la acojan y pueda ser enviada al Ejecutivo.

Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones se aprueba en lo general y particular, el dictamen que reforma el artículo 19 constitucional, a fin de ampliar el catálogo de delitos que ameritan #PrisiónPreventivaOficiosa. pic.twitter.com/X083pup9Qf

— Dolores Padierna (@Dolores_PL) 20 de febrero de 2019

“Por desgracia, sí existen condiciones para que la reforma se apruebe por la mayoría. Basta ver la fiesta punitiva que dieron los partidos, encabezados por Morena, para darse cuenta”, señaló en entrevista para Gatopardo, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “Parece que Andrés Manuel López Obrador está emulando las acciones de Felipe Calderón y en su intención por endurecer el proceso penal, de una manera antidemocrática está incluyendo tres delitos prioritarios para su administración”. Todo a pesar de que  el derecho penal moderno hace énfasis en dos derechos: libertad personal y presunción de inocencia.

Hasta ahora el texto constitucional señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Con el dictamen recién aprobado se sumaría el enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso de programas sociales con fines electorales, delitos en materia de hidrocarburos (conocido como huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Andrés Manuel López Obrador en conferencia. Fotografía vía Twitter/ @lopezobrador_

Aunque aparentemente la suma de delitos atiende a las problemáticas actuales, Guevara urgió a tomar en cuenta el hecho de que en México, los juicios están plagados de irregularidades, en muchos casos se delibera sin tener pruebas, e incluso en un intento de la Fiscalía por quedar bien colocan a las personas en un estado de vulnerabilidad mayúsculo, menoscabando cualquier posibilidad de defenderse. Señaló que lo que va a suceder es que “los más afectados serán las personas que no se puedan defender, que tengan pocos recursos económicos para contar con abogados penalistas de calidad. Serán ellos los que pasen en prisión preventiva oficiosa periodos indefinidos”.

Un mecanismo anormal para la democracia

El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, explicó en su columna Seis mitos sobre la prisión preventiva oficiosa, que la prisión preventiva oficiosa es una figura normal en regímenes autoritarios donde no hay diferencia entre las autoridades que investigan y las autoridades que sentencian. Razón por la que no corresponde con la realidad en México, pues al ser “un país auténticamente democrático, la prisión preventiva oficiosa es una aberración”.

José Antonio Guevara señaló que en realidad lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es generar una salida falsa que con falsas premisas busca echar a andar un mecanismo que vulnerará los derechos humanos. Las autoridades han señalado que la prisión preventiva oficiosa es necesaria debido a que “casi siempre dejan a los delincuentes en libertad”, argumento que Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos logró refutar en su reporte Prisión preventiva y de defensa de calidad. 

El escrito señala que desde 2008, el país atraviesa un periodo de consolidación de la reforma al proceso penal implementada en ese año a nivel nacional, bajo el gobierno de Felipe Calderón. Todo con el fin de desarticular el viejo sistema inquisitivo que no contemplaba prisión preventiva oficiosa en una lista de delitos que se han ido ampliando desde entonces.

Tomaron como un indicador la alta frecuencia con la que la petición de prisión preventiva por parte del MP, es aceptada por los jueces.  La Ciudad de México (97.6%); Cuernavaca, Morelos (100%); y Ecatepec, Estado de México (96%), fueron los sitios en donde se registraron más de estos mecanismos. Estas cifras, refutan de forma casi absoluta las premisas que el gobierno actual ha utilizado para justificar su decisión. ƒ

En México, 4 de cada 10 reos permanecen en la cárcel sin haber recibido una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad o inocencia. Así lo da a conocer en un boletín estadístico la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Adaptación Social.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en México se contabiliza a la fecha un total de 257 mil 291 personas encarceladas, de las cuales 148 mil 2015 (58%) ya recibieron una sentencia condenatoria, mientras que 109 mil 086 (42%) están presos sin la sentencia de un juez.

Respecto a las comparaciones entre López Obrador y el expresidente Felipe Calderón, que este y otros temas han desencadenado en la opinión pública, Guevara señaló una preocupante semejanza, tanto de gobernar como de observar la Constitución. “Felipe Calderón consideró como meritorios de prisión preventiva oficiosa aquellos delitos que se relacionaban con la Guerra contra el narcotráfico, ahora el presidente se enfoca en el huachicol, los delitos de corrupción y los delitos electorales». Además, este tema se cruza con el proyecto de Guardia Nacional del presidente actual, «que quiere constitucionalizar la participación de militares en tareas de seguridad pública lo cual ni siquiera Calderón logró debido a la oposición”. Sin embargo, es justamente esa oposición la que el gobierno actual no tiene actualmente.