Un anteproyecto constitucional aprobado por la Asamblea Nacional de Cuba podría ser el primer paso rumbo al reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, saldando una larga deuda que las autoridades de la isla mantenían con la comunidad LGBTIQ, uno de los sectores más perjudicados después de la Revolución Cubana.

La reforma constitucional al artículo 68, votada y aceptada por la Asamblea a principios de esta semana, redefiniría al matrimonio como la unión legal entre dos personas, sin especificar su sexo. Otro de los artículos, también garantizaría el derecho a la no discriminación por razones religiosas, étnicas y de identidad de género. El texto, de ser aprobado por el Parlamento en noviembre de este año, sería un importante primer paso rumbo a la legalización de las uniones igualitarias y abriría la puerta incluso a asuntos como la adopción homoparental.

“Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos”, afirmó la diputada designada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y autoerigida como una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI en la isla. Castro ha sido señalada por sus constantes críticas al régimen castrista desde su posición como directora del Centro Nacional de Educación Sexual, sin fijar una postura clara respecto a las prácticas cometidas por su tío, Fidel Castro, en la década de los sesenta, cuando los homosexuales, entre otros grupos vulnerables, eran encerrados en campos de concentración de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción (UMAP).

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Sin embargo, el anteproyecto de reforma constitucional -el más importante desde la proclamación de la Carta Magna vigente en febrero de 1976- aún tendrá que ser validado en una consulta popular a celebrarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de este año. De ser aceptada por una mayoría, aún considerando el rechazo que grupos evangélicos han manifestado, el proyecto pasaría a la Asamblea Nacional, provista de facultades constituyentes, para su estudio, redacción y ratificación.

El borrador de la nueva Constitución de la República de Cuba también estipula otros cambios en sus 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones, incluyendo la eliminación del término “comunismo” como política de Estado, el reconocimiento de la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada como otras formas de propiedad y admite la inversión extranjera como “una necesidad y un elemento importante para desarrollo”.

Además, el texto incorpora algunas de las reformas políticas propuestas por el gobierno de Raúl Castro en la última década, donde, además de mantener el carácter socialista del sistema político y social bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, se detalla la formación de tres figuras de gobierno: el presidente de la República, que deberá tener al menos 60 años al momento de asumir el cargo y limitarse a un mandato de 10 años, el vicepresidente y el primer ministro, encargado de liderar el Consejo de ministros, el máximo órgano ejecutivo del Estado.

Tras la consulta popular y el referendo que autorizaría el anteproyecto constitucional, Cuba modernizaría su sistema de leyes por primera vez en cuarenta años.