En marzo de 2022 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ordenó la destitución de su director regional en México, Nicholas Palmeri, luego de que su oficina de asuntos internos descubriera los vínculos que sostenía con abogados defensores de narcotraficantes. Se encontró evidencia de que visitó la casa de uno de ellos en los Cayos de Florida sin ningún objetivo laboral, trasgrediendo las reglas de la institución.

A pesar de que la destitución sucedió hace casi un año, la noticia se hizo pública hace apenas unas semanas a través de The Washington Post y la agencia Associated Press, en un contexto de altas tensiones entre el gobierno de López Obrador y la Agencia Antidrogas estadounidense. Por alarmante que suene, esta destitución no es un caso aislado, la historia de la DEA en México ha tenido varias crisis de corrupción, vínculos con el narcotráfico y desacuerdos con el gobierno mexicano.

¿Cómo y cuándo comenzó la DEA a trabajar en México?, ¿en qué consisten sus funciones en nuestro país?, ¿qué papel han jugado sus agentes en la estrategia de seguridad de los últimos presidentes mexicanos? y ¿qué hay detrás de su crisis interna?

Empecemos por revisar la historia. Hasta finales de los años sesenta, el tráfico de drogas se hacía mediante redes comerciales relativamente toleradas y basadas en negociaciones ilícitas con autoridades de ambos lados de la frontera. Hasta ese momento, la droga aún no era vista como un asunto de seguridad nacional, pero cuando el expresidente estadounidense Richard Nixon llegó al poder en 1969, la crisis en el país por consumo de drogas comenzaba. A partir de entonces, el discurso oficial cambió de manera radical y arrancó una agresiva estrategia de combate a las drogas. En 1973 se fundó la DEA, diseñada como parte de una política pública interna de control social y administración de la violencia para combatir el problema, lo que afectó principalmente y de manera directa a la población negra y latina, y que después comenzó a extenderse a otros países.

El periodista y autor del libro La guerra en las palabras: una historia intelectual del ‘narco’ en México, Oswaldo Zavala, lo explica: “desde el principio la agencia tenía un enorme dimensión racista y xenofóbica, y por supuesto que se hablaba de los mexicanos y de los traficantes mexicanos con muchísima violencia y desprecio.  En la célebre declaración de guerra contra el narco que hizo el presidente Nixon en 1971, se enfatiza la idea de una guerra global y violenta que ya no se libraría solamente en contra de los vendedores de droga en las calles estadounidenses, sino que se llevaría hacia el exterior”.

Más tarde, cuando en los ochenta el presidente Ronald Reagan catalogó a los traficantes como la principal amenaza a la seguridad nacional, se construyó una política de guerra contra el narcotráfico vastamente financiada. Para los años noventa, la sobremilitarización de instituciones y cuerpos federales ya era una realidad, y todo acuerdo de cooperación internacional con nuestro país giró en torno al combate a las drogas.

“Aparece una nueva era de militarización donde nuestra idea de seguridad se ata para siempre con el militarismo que estamos ahora experimentando. Entonces, para cuando llegamos al gobierno de Felipe Calderón nuestro aparato de seguridad había crecido casi al doble, sobre todo del año 2000 en adelante. El gobierno de Calderón, después de la elección de 2006, recibió todo tipo de información que le aseguraba que el narcotráfico estaba tomando territorios en el país y esta información venía de reportes de inteligencia estadounidenses que le fueron entregados personalmente”, continúa Oswaldo Zavala.

Esto es clave para entender la relación de la DEA con México: independientemente de qué presidente se encuentre en el poder, la agencia cuenta con tecnología y redes tan avanzadas que, hoy por hoy, la estrategia de seguridad interna de nuestro país depende en buena medida de los informes provenientes de Estados Unidos. “Es lo que el periodista colombiano, Germán Castro Caicedo, llama ‘nuestra guerra ajena’, es decir, una guerra que nosotros experimentamos, pero que fue concebida desde Estados Unidos y que a la fecha sigue siendo narrada principalmente por sus agentes”, finaliza Oswaldo.

Actualmente la DEA tiene unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 68 países de todo el mundo. Tan solo en México cuenta con oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México. Pero como toda intervención extranjera, siempre ha priorizado los intereses estadounidenses, antes de los mexicanos.

La DEA ha tenido la ventaja de construir sobre cimientos blandos la imagen que ha querido mostrar ante el mundo: combatiente, comprometida e incorruptible, pero esta idealización se ha ido desvaneciendo. El despido del director regional Nicholas Palmeri es tan solo la punta del iceberg de los problemas internos por los que atraviesa: el año pasado, fiscales federales estadounidenses acusaron a un agente y a un antiguo supervisor de filtrar información confidencial a dos abogados defensores de narcotraficantes en Miami a cambio de 70.000 dólares en efectivo. Tan solo en los últimos tres años, especialistas han identificado al menos doce casos de agentes en colusión con el crimen organizado en México.

Esto ha provocado que, con el paso de los años, la relación de la DEA con nuestro país se haya acotado, principalmente a partir de la segunda parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, y ya más claramente en el de Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando Calderón llegó a la presidencia en 2006, estos conflictos aún no eran tan evidentes, y ambos países junto con Centroamérica firmaron la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que buscaba atajar la ruta principal por la que transitaba la cocaína y otras drogas.  Años después, en 2021, el canciller Marcelo Ebrard declaró el fin de la Iniciativa.

Desde el comienzo de su mandato, el presidente López Obrador ha mostrado poco interés en colaborar con la DEA, pero lo que lo llevó a terminar con la Iniciativa Mérida de manera definitiva, fue la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aprehendido por la Agencia en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en octubre de 2020, mientras viajaba con su familia. Dicho acto fue visto como una traición a la cooperación bilateral.

“Para el gobierno de México la detención de Cienfuegos fue cruzar una línea roja, menos por el personaje en sí y más porque no se avisó a las autoridades mexicanas. Ebrard todavía le dijo al director de la DEA y al anterior fiscal ‘¿cómo es posible?, esto no lo harían con Francia, ¿no somos socios comerciales?, ¿cómo es que no nos comparten esa información?’”, explica Carlos Pérez Ricart, doctor por la Universidad de Berlín y autor del libro 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. “La interpretación del gobierno mexicano fue que esto no era una relación de cooperación, sino más bien de subordinación”.

Después de este suceso, el gobierno de AMLO creó una serie de lineamientos de operación para la Agencia Antinarcóticos en México, limitando sus métodos de investigación para evitar que cualquier acción escape al conocimiento del gobierno mexicano, y que pidió que le comunicaran inmediatamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores cualquier nuevo hallazgo. Pero la poca comunicación que la DEA ha estado dispuesta a tener, sumada a los problemas internos con sus agentes, ha incrementado los roces y aumentado las dudas sobre la forma en que opera en nuestro país

Por ejemplo, ellos tienen registrados alrededor de 50 agentes antinarcóticos en México, pero también tienen agentes en Estados Unidos que trabajan con México y sobre ellos el gobierno mexicano no tiene registro, por lo que en muchas ocasiones entran al país sin identificarse como tales para obtener información de manera discrecional. “Esto la convierte en una operación en red súper fragmentada y no podemos saber cuántos agentes de la DEA realmente hay operando en acciones concretas, que a veces son contradictorias entre sí y eso es lo que hace que sea un absurdo, porque no hay una política controlada y bien dirigida de Estados Unidos, sino un montón de operaciones pasando al mismo tiempo y sin registro”, señala Carlos Pérez Ricart.

En consecuencia, México sigue siendo el campo de batalla de investigaciones estadounidenses que muchas veces no están alineadas con los problemas internos. “A México le interesa más enfocarse en intentar eliminar a aquellos narcotraficantes que son sumamente violentos, y eso no les interesa a los gringos, sino más bien detectar a la gente que está metida en el tráfico de fentanilo o de metanfetaminas, pero que no son nada violentos”, añade Pérez Ricart.

Es claro que la cooperación bilateral es fundamental para un combate eficiente al tráfico de drogas, pero todo esto deja claro que no hay estrategias conjuntas y que los desacuerdos entre gobiernos están haciendo muy complicado que haya avances concretos.

Si quieres conocer más sobre los problemas por los que atraviesa el interior de la DEA, escucha el episodio completo de Semanario Gatopardo.