El año comenzó con una noticia que ha marcado un precedente en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 2 de enero la ministra Norma Piña fue nombrada presidenta de este importante órgano gubernamental, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este cargo en los 150 años de funcionamiento que tiene la Corte.

En medio del escándalo que provocó la noticia de que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura, luego de tres rondas de votación y con seis votos a favor, la ministra Piña se convirtió en la presidenta electa ganándole únicamente por un voto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Su nombramiento recibió, en su mayoría, respuestas positivas, no solo entre la opinión pública sino también de funcionarios del gobierno y hasta del propio presidente, a pesar de que Piña votó a favor solo en tres de las 18 propuestas que ha impulsado López Obrador.

Sin duda, el que una mujer encabece el poder judicial trae consigo un mensaje inspirador, pero también grandes expectativas. Así que es pertinente analizar, ¿quién es Norma Piña?, ¿cuál es su trayectoria?, ¿qué causas ha respaldado?  y ¿qué retos enfrentará al encabezar el máximo tribunal del país?

En la Corte suele haber dos grupos de ministros: los de carrera judicial, es decir, quienes han sido jueces o magistrados antes de llegar a la Corte, y aquellos que han hecho su carrera fuera del sistema judicial, ya sea como funcionarios o académicos. La ministra Norma Piña proviene del ámbito judicial, a diferencia de su antecesor, Arturo Zaldívar.

Con más de 25 años de carrera, Norma Piña estudió para ser profesora de educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, incluso fue  maestra en una escuela pública de la Ciudad de México; sin embargo, el derecho era algo que tenía pendiente, por lo que a los 24 años se graduó en Derecho por la UNAM y más tarde estudió un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España, posteriormente realizó más estudios de posgrado en la UNAM hasta que finalmente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue propuesta para ser una de las ministras de la Corte, cargo que logró en 2015 después de dos intentos y en el que se ha distinguido por ser una abogada formalista, es decir, que se ciñe estrictamente a lo que la ley establece, cuidando minuciosamente los procesos que deben llevarse a cabo para cualquier determinación.

Pero, ¿por qué es tan relevante la presidencia de la Corte?, ¿en qué consisten sus funciones?

La Suprema Corte de Justicia es el lugar donde se discuten amparos, acciones, controversias constitucionales y las leyes promovidas por legisladores, además de que es ahí donde se analiza si algún acto del poder ejecutivo viola la constitución, por lo que la imparcialidad es fundamental. Entre las responsabilidades de quien ocupa la presidencia está la administración de la Corte, es decir, organizar cómo y cuándo se discuten los asuntos de relevancia. Además, un presidente o presidenta tiene un doble rol jurisdiccional al ser también la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, la estructura encargada de organizar a todos los jueces y empleados del poder judicial federal del país, por lo que, quien está al mando, decide dónde trabaja cada uno, hace las convocatorias y concursos para nuevos jueces, sanciona a quienes cometen faltas y arropa a los jueces que sufren amenazas.

“Quien preside la Corte encabeza por cuatro años uno de los tres poderes del Estado y en ese sentido forma parte de las autoridades más relevantes en el diseño del Estado constitucional y en cierta medida, la más relevante, porque es quien preside al poder que tiene la última palabra en muchas disputas”, explica Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Puede ser un poder determinante en cómo se conducen las discusiones y se construyen los acuerdos, pero, además, también tiene la potestad de determinar cuál es el orden y el listado con el que se van tratando los asuntos en el pleno de la Corte, lo cual también supone una fuerte incidencia en la agenda jurisdiccional”.

La ministra Norma Piña tiene a su cargo enormes responsabilidades que pueden cambiar el rumbo del país, por lo que la postura que tenga sobre distintos temas será determinante. En sus años como ministra se ha inclinado, casi siempre, a favor de los derechos humanos, ya que ha promovido temas como el aborto legal, seguro y gratuito, y la legalización de la marihuana, además de que ha sido una firme oponente a la prisión preventiva oficiosa.

A través de algunas de sus sentencias ha dejado claro su compromiso con la perspectiva de género para contribuir a un país más justo e incluyente; por ejemplo, entre 2015 y 2016 promovió una sentencia para que los hombres derechohabientes del IMSS pudieran tener acceso a estancias infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación, lo que sentó un precedente histórico.

“Hasta hace poco los hombres no tenían acceso a las estancias infantiles, únicamente podían acceder, de acuerdo con la ley del Seguro Social, si eran viudos, divorciados o tenían la guardia y custodia completa a su favor. Y detrás de eso, si uno lo analiza, había un estereotipo, ¿cuál era este estereotipo? que si no eres viudo siempre hay una mujer o una persona encargada del cuidado de los hijos”, comenta Melissa Ayala, coordinadora del área de documentación y litigio de caso en la organización GIRE. “Entonces, cuando se aplica la perspectiva de género y llega este asunto ante la Suprema Corte, las y los ministros dicen ‘este es un caso evidente de estereotipo de género que está afectando tanto a hombres como a mujeres’, ¿por qué?, porque sabemos que la mayoría de las personas que se encuentran en la economía informal son mujeres, entonces  no tenían seguridad social”.

La nueva ministra presidenta ha demostrado una inclinación progresista en varios temas, pero ahora tendrá que enfrentar retos más grandes, por lo que ha arrancado su mandato con propuestas que incluyen asegurar la integridad física de jueces y juezas, así como de sus familias, y mejorar los procesos para que la organización de los jueces tenga criterios más claros y objetivos; además de desarrollar una plataforma electrónica donde todo el público interesado pueda consultar en qué van los asuntos de la Suprema Corte; y, finalmente, establecer reglas para agilizar y simplificar los procesos disciplinarios de los integrantes del poder judicial.

Cuidar el rol de la Suprema Corte, no como oposición sino como contrapeso a los otros poderes de la nación, será una de las funciones primordiales de la presidenta ante asuntos tan relevantes como la militarización del país y las impugnaciones sobre la reforma electoral.

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