Desde entonces, estos “prestadores de servicios”, como los definen las autoridades del Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA) basados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público –por la cual están contratados–, han emprendido una batalla en busca del reconocimiento de su trabajo y la correcta remuneración del mismo. Es así como el arduo camino que han comenzado, no se limita solo a un reclamo de pagos, sino a una llamada de auxilio que posicione la escasa atención del escenario laboral de las instituciones culturales en México dentro de la agenda social.
Desde que Felipe Calderón llegó a la presidencia de México en 2006, el sector cultural en el país ha resultado uno de los más lastimados por los recortes presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza año con año. Tan solo en 2006, el exmandatario envió a la Cámara de Diputados una cantidad para cultura de 2 mil millones de pesos por debajo de lo aprobado para el cierre de sexenio de Vicente Fox. Desde entonces la situación ha sido una constante que afecta a todos los trabajadores de la Secretaría, pero en especial al Capítulo 3000.
Tan solo en el reparto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, la dependencia se encuentra dentro de las cinco con menor porcentaje otorgado, al recibir únicamente 12 mil 916 millones, una cantidad mínima por encima de los 12 mil 428 millones de pesos asignados para 2017. Sin embargo, se muestra una gran reducción respecto a los 15 mil 255 millones otorgados en 2016. Esta situación afecta a las instituciones que dependen de la Secretaría, tal es el caso del INBA, Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios Churubusco, INAH y más.
Pese a tener un panorama desfavorable, curadores, investigadores, administradores, historiadores, museógrafos, artistas, entre otras labores fundamentales que son parte de los trabajadores contratados por el Capítulo 3000, continúan cumpliendo con las instituciones culturales a fin de sacar adelante cada una de las actividades y exposiciones a su cargo.
Sin embargo, el pasado mes de marzo, una gran parte de los contratados por el Capítulo 3000 decidieron evidenciar a las autoridades, no solo por la falta de pago de tres meses y la nulidad de prestaciones, sino por la escasa claridad y falta de respuestas respecto al estatus con el que cuentan dentro de la Secretaría.
Manifestación pública frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Fotografía: Cortesía Aysleth Corona.
El INBA mintió y los trabajadores reaccionaron
“Es un terreno pantanoso en el que nos movemos a nivel laboral”, señaló en entrevista con Gatopardo una de las curadoras contratadas por el Capítulo 3000. Ella es una de los tantos a quienes el INBA ofreció una alternativa de pago a finales del mes de febrero de este año. La opción consistía en la contratación a través de una empresa outsourcing, tomando en cuenta que de aceptar este método, ganarían “un poco menos de lo que perciben en la actualidad” pero a cambio, recibirían prestaciones básicas, una de sus principales exigencias a las autoridades.
La trabajadora que junto a sus compañeros decidió mantenerse en el anonimato, también señaló que la propuesta se hizo “sin nada escrito, solo de palabra” y pese a que muchos se ilusionaron, de un día para otro les dijeron que la opción se había cancelado.
La situación se replicó en la mayoría de los centros que actualmente conforman el grupo, como son Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), Coordinación Nacional de Artes Visuales, Coordinación Nacional de Teatro, Laboratorio Arte Alameda, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo de Arte Moderno, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo Mural Diego Rivera, Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de la Estampa, Museo Nacional de San Carlos, Museo Palacio de Bellas Artes, Museo Tamayo, Sala de Arte Público Siqueiros, Centro Cultural del Bosque y Extensión Cultural del INBA.
Comunicado del 27 de marzo.
“La situación explotó cuando el INBA aseguró que ya había pagado el 79% de los adeudos a principios de marzo, cosa que era una completa mentira”, enfatizó otro de los curadores de arte afectados. “Al menos en mi centro de trabajo, ninguno de los que está bajo este régimen habíamos recibido un solo peso, fue una grosería absoluta”.
Actualmente, el Instituto cuenta con diferentes tipos de contratación: están los empleados de base, los de confianza y los de Capítulo 3000 que “como prestadores de servicio somos equiparables con un proveedor, una persona que le vende material o brinda algún servicio a las instituciones”, señaló una de las encargadas de lo relacionado con patronatos en uno de los museos que se unieron a las exigencias. Además explicó que los trabajadores contratados con alguna de las otras dos opciones, no se enfrentan a los mismos problemas pues “ellos están protegidos por su sindicato, a nosotros nadie nos protege”.
De acuerdo con el régimen por el que fueron contratados, efectivamente no cuentan con prestaciones básicas. Al respecto “los Capítulo 3000” destacan que entonces –según su estatus–, ninguno de ellos tendría que “cubrir estrictamente con un horario, ni utilizar las instalaciones de los centros de trabajo. Sin embargo, debido a las exigencias de las labores que desempeñan en realidad se desarrollan como cualquier otro empleado” y pese a todo “en muchos casos no tienen el equipo necesario para llevar a cabo sus actividades, muchos de ellos utilizan sus propias computadoras sin que puedan exigir más dado que, de manera estricta, ni siquiera trabajan para el Museo”, dijo una de las diseñadoras contratadas bajo dicha modalidad.
Días antes del estallido en redes sociales, a nivel interno, los trabajadores ya habían comenzado a movilizarse en museos como el de Arte Moderno (MAM) y el Tamayo de Arte Contemporáneo. Incluso en algunos centros de trabajo se colocaron pancartas y se distribuyeron panfletos explicando que los trabajadores contratados bajo el régimen del Capítulo 3000 “suspenderían actividades por falta de pago”.
Luego de una junta a la que llegaron aproximadamente 70 trabajadores de diferentes centros culturales –que gracias a que se corrió la voz pudieron darse cuenta que la situación se replicaba en todos los centros de trabajo–, decidieron suspender sus labores el 26 de marzo, a casi tres meses de no percibir pago, con una manifestación pacífica a las afueras del Palacio de Bellas Artes. La presencia de trabajadores en la explanada frente a Avenida Juárez se dio en el marco de la preinauguración de una de las exhibiciones del museo. “Queríamos que se dieran cuenta que nuestro papel en los museos es importante”.
Fotografía: Cortesía de Sofía Neri.
“Sabemos que éste no es el primer atraso en pagos y la razón que ellos nos dan, como todos los años, es que se debe al inicio del año fiscal y los recursos tardan en caer”, señaló otra de las entrevistadas. No obstante, algo inesperado sucedió, luego de la acciones emprendidas el 26 de marzo en menos de 48 horas, los pagos comenzaron a llegar.
El INBA, a través de un comunicado presentado el 28 del mismo mes, señaló que los pagos “ya estaban hechos”. Esto fue luego de que las autoridades buscaran a los trabajadores para dialogar. “Nosotros nos manifestamos y ellos llegaron, buscaron a los representantes de los museos y nos dijeron que ofrecían hablar con nosotros”.
El diálogo ocurrió el 27 de marzo en el Auditorio del Museo Tamayo, a este acudieron el Subdirector de Administración del INBA, Lic. Octavio Salazar; el Director de Personal del INBA, Lic. Alfredo Vargas, ; el Director de Jurídico del INBA, Lic. Héctor Domínguez; el Director de Presupuesto, Martín Palma; la Directora de Recursos Materiales, Norma Kim; y la Directora de Finanzas del INBA, Guadalupe Velarte.
Fue ahí cuando los trabajadores entregaron un pliego petitorio con siete puntos: 1. creación de plazas; 2. liquidación total de los salarios pendientes; 3. creación de un cronograma de pagos; 4. reconocimiento por parte de las autoridades del INBA al trabajo que ellos desempeñan; 5. aumento de salario con base en la experiencia profesional y formación de los trabajadores; 6. un fondo anual con aportación del 50% del INBA; 7. asegurar que no habrá represalias a los trabajadores que han alzado la voz con el movimiento y claro, una respuesta de la Directora General del INBA, Lidia Camacho y de la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda.
“Luego de la junta del 27 empezaron a caer depósitos pero algunas personas recibieron tan solo un mes de los tres que en adeudo y otras ya han recibido dos, enero y febrero pero marzo se sigue adeudando y ellos proponían que fuera prorrateado”, comentaron.
El prorrateo es un sistema que a falta de fluidez para cumplir con los pagos, propone dividir en partes pequeñas la cantidad adeudada y sumarla a la cantidad total de meses posteriores, opción que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de los trabajadores. Incluso, uno de ellos comentó irónicamente que a primera instancia se escucha bien, pues parece “un aumento” sin embargo “¿cómo puedo decirle a mi arrendador que le pagaré este mes?”.
Posterior a las quejas y peticiones, las autoridades se retiraron no sin antes acordar una segunda reunión el 4 de abril, en el mismo Auditorio del Museo Tamayo, para dar respuesta al pliego petitorio.
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Autoridades del INBA se declaran “legalmente incapaces”
“En este ejercicio fiscal, no tenemos la posibilidad de poder atender a la solicitud de creación de plazas”, señaló el Licenciado Octavio Salazar, Subdirector General de Administración del INBA, ante una de las principales solicitudes: la creación de plazas. Petición que no es para nada un capricho, sino en realidad una necesidad que más de 70 trabajadores reunidos el pasado 4 de abril, no dudaron en defender frente a las autoridades del INBA.
Debido al Capítulo 3000, ellos no están respaldados por la Ley Federal de Trabajo y para el INBA son “un prestador de servicio”, pero las exigencias en las que se desenvuelven no son equiparables a dicha definición. Ellos cumplen con presentar las exposiciones y proyectos en tiempo y forma, a pesar de que el INBA no cumpla con lo mínimo.
“Lo hacemos por amor al arte, aunque suene a cliché. Amo mi trabajo y lo hago con mucho gusto pero me gustaría que me pagaran”, señaló una de las entrevistadas. En México no existe una visión que fomente a que la gente se dedique al arte, es común escuchar que “el arte no da de comer”, los propios trabajadores reconocen este punto, incluso una de ellas comentó que hay casos en los que los encargados de contratación al hacerles saber su estatus de “Capítulo 3000” les dicen que “si no nos satisface, somos libres de irnos”.
“El mundo de la cultura es bastante reducido, no es tan sencillo que algunas profesiones que no tienen mucha movilidad dentro del mercado laboral, digan ‘sí, yo me salgo de trabajar’,” aseveró la trabajadora. Es por eso que el diálogo pactado con las autoridades del INBA para el 4 de abril les dio cierta esperanza de llegar a un acuerdo.
A la reunión acudieron Norma Kim, Héctor Domínguez, Alfredo Vargas y Octavio Salazar, que estuvieron presentes en la primera reunión, y estuvieron acompañados por la Licenciada Magdalena Zavala, Coordinadora Nacional de Artes Visuales del INBA y el Licenciado Sergio Carrión, Asesor de la Dirección General del INBA.
Reunión con autoridades en el Auditorio del Museo Tamayo, 4 de abril.
Sin embargo, un día antes las autoridades notificaron a los directores de los centros que no se presentarían al Auditorio del Museo Tamayo sino que sería en la administración del INBA, atrás del Auditorio Nacional, pero a los trabajadores “no les dijeron nada, fue a los directores pese a que ellos no son parte del Capítulo 3000, por lo tanto no son interlocutores”, comunicó una de las trabajadoras.
“Nos intentaron dividir, eso es claro pero haremos lo necesario, siempre de la mejor manera, por hacer cumplir lo que se pactó”, señaló uno de los trabajadores, momentos antes de que se cumpliera la hora del 4 de abril. Ante la inconformidad, “los Capítulo 300” enviaron un escrito a las autoridades en el que se pedía que cumplieran con lo pactado y que asistieran al lugar de reunión en el que entrarían todos los trabajadores pero solamente hablarían tres.
Comunicado del 4 de abril.
La insistencia funcionó y las autoridades llegaron al Tamayo con una actitud de apertura al diálogo, pero resaltó la ausencia de Lidia Camacho. Por su parte, las autoridades aseguraron que trabajaban en encontrar “soluciones creativas” a la situación actual. Sin embargo, ofrecieron un panorama desalentador al dar respuesta positiva a solo dos de los siete puntos del pliego: supuesto reconocimiento a su trabajo y un calendario de pagos.
En una hoja impresa sin ninguna evidencia de oficialidad –firma o sello del INBA–, las autoridades aseguraron como fecha límite de pago el día 20 de cada mes. Al ser cuestionados sobre los que ya habían firmado prorrateo para marzo, aseguraron que Carrión, Asesor de la Dirección General del INBA, estaba haciendo todo lo posible para que “pudieran brindar una solución y prontitud de pagos”. Para este día, las autoridades sostenían que la mayoría de los pagos ya se habían realizado, a lo que los trabajadores respondieron con la entrega de bitácoras de pago en las que mostraban uno a uno los casos que seguían sin percibir la totalidad de su dinero.
Por otro lado, aceptaron reconocer “lo valioso e importante que es el trabajo de los Capítulo 3000 para el INBA” pero que no estaba en sus manos la oferta de plazas. En pocas palabras, aseguraron que era algo imposible, pues todo se deriva del presupuesto otorgado por Hacienda y que como Institución no tenían la capacidad legal para crear nuevas plazas.
En última instancia los trabajadores propusieron crear un nuevo mecanismo de contratación que les permitiera tener acceso a prestaciones básicas “sin llamarse plaza, llámenlo de otra manera si es necesario”, sugirió una de las representantes del grupo. Las autoridades pospusieron una respuesta clara y en su lugar propusieron dialogar con los administrativos en un lapso de 15 días para ofrecer una respuesta el martes 17 de abril.
Una vez más los trabajadores se retiraron sin ninguna seguridad o documento que les permitiera confiar en el INBA. Desalentados y un tanto frustrados, los “Capítulo 3000” acordaron seguir unidos y continuar con la presión para obtener respuestas claras y “en escrito, necesitamos algo que asegure lo que nos están prometiendo”.
Pese a promesas, INBA aplaza acciones para 2019
Con el fin del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las autoridades del INBA se han escudado de brindar un compromiso vía un “documento oficial” a los trabajadores. Sin embargo, en una reunión celebrada el pasado 17 de abril, como se había pactado en la reunión del 4 en el Auditorio del Museo Tamayo, los directivos declararon estar “haciendo su mejor esfuerzo para solucionar la situación”.
“Ellos proponen ahora soluciones a mediano y largo plazo, pero este año ya no”, señala una de las curadoras entrevistadas por Gatopardo. Cada día que pasa, los trabajadores comienzan a sentirse más impotentes pues con el cambio de sexenio, se cumple un cambio también en las autoridades encargadas de la Institución y al no tener un documento avalado por la actual dirección general, ven “muy poco probable que exista un cambio significativo”.
Pese a que en un inicio su persistencia había dado señales positivas al lograr que la Directora General del INBA, Lidia Camacho, buscara a los representantes para una reunión el pasado 11 de abril, todo indica que poco podrán conseguir para este 2018 los trabajadores contratados por el Capítulo 3000. En dicha reunión, como en las dos anteriores con autoridades del INBA, los trabajadores han solicitado compromiso real plasmado por escrito, sin embargo esto ahora se percibe bastante lejano.
A casi un mes de haber explotado en redes sociales #YaPágameINBA comienza a convertirse en una queja más que poco a poco las audiencias, externas a los afectados, comienzan a olvidar y borrar de la agenda. Son muy pocos medios como el periódico Reforma, GasTV, El Universal y Huffington Post que todavía dan seguimiento. Sin embargo, los “Capítulo 3000” han decidido no quitar el dedo del renglón y “seguir luchando por sus derechos como trabajadores” con el fin de proteger su labor dedicada a la cultura en México.
