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Vista aérea del fraccionamiento Las Haciendas, junto a Palmas del Sol, donde se encuentran varias maquilas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Casas abandonadas que se convirtieron en tapias, despojadas de puertas y ventanas; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. Hubo quienes llegaron sin nada, las ocuparon, las rescataron y las habitan de manera irregular. No hay institución que sepa con exactitud cuántas familias viven en estos contextos. Ante la recuperación de viviendas que busca el Infonavit, ¿qué pasará con sus habitantes? Esta historia forma parte del especial "Vivienda en crisis".
Una asistente graba con el celular una reunión, a finales de septiembre de 2021, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están presentes funcionarios, diputados y líderes vecinales de varios fraccionamientos de interés social. La reunión ocurre en una oficina: se ven luces de estrobo pegadas al techo, paredes blancas, mesas desplegadas con gente alrededor. No es posible identificar a todos en el video; sin embargo, el joven de camisa rosa es Román Alcántar, diputado suplente del partido Morena por el Distrito VII de Ciudad Juárez, quien representa ahí a un grupo de vecinos. El tema de la reunión son las 2 300 viviendas de interés social en este estado cuyos dueños originales abandonaron y que el Infonavit pretende revender, a bajo costo, a través del programa Renovación a tu Medida.
La mayoría de las casas candidatas se encuentran en el suroriente de la ciudad y, de acuerdo con las reglas de operación, ya se ha certificado que tengan todos los servicios: transporte, recolección de basura, escuelas. En agosto de 2020 una delegación local del Infonavit anunció que facilitaría procesos y trámites para ponerlas a disposición de las y los obreros que cotizaran; también para que, quienes estuvieran en posesión de una casa de forma irregular, pudieran comprarla. Esto excluye, por el momento, a los trabajadores informales: aquellos que preparan comida callejera, trabajan haciendo el aseo o se dedican al ambulantaje y que por eso no cotizan en el Infonavit.
Este es justo el tema que se discute en la reunión que se graba, en la que hablan de lo que sucederá con estos vecinos (entre ellos, adultos mayores del fraccionamiento Palmas del Sol), cuyo techo y cobijo están en riesgo. ¿Tendrán que abandonar sus viviendas para poner a alguien que sí cotice? Los desalojos, denuncian, ya están ocurriendo.
En el video, mientras un funcionario municipal pide a todos “esperar a las reglas de operación”, seguido de unas palabras apaciguadoras, “Sabemos que hay una gran necesidad de vivienda”, una líder vecinal levanta la voz respondiendo: “¡No es que no quieran regularizarse, sino que no pueden!” (por vivir de la informalidad); el diputado Alcántar ataja: “¿Y qué hacemos con las personas que sí tienen derecho, que han ido a trabajar a la maquila y quieren su vivienda? ¿Y las personas que tengan veinte o treinta años ahí y quieran iniciar un juicio de prescripción? Las puertas están abiertas...”. La reunión parece terminar sin llegar a buen puerto.
Ciudad Juárez es una metrópoli que consume insaciablemente mano de obra para las 413 maquiladoras que se cuentan aquí: farmacéuticas, vehículos, electrónicos. Se calcula que hay veinte mil casas de interés social abandonadas —que se construyeron para sus derechohabientes—, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor vivienda en esta situación; a nivel nacional se calculan seiscientas mil, lo que equivaldría a la zona conurbada de Puebla. Pero, de acuerdo con el último censo del Inegi, podríamos estar hablando de seis millones de viviendas deshabitadas en el país, incluidas aquellas que fueron construidas o adquiridas con otro tipo de financiamiento.
Pero que esos inmuebles estén abandonados no implica que estén deshabitados: en la mayoría se alojan familias que no tenían un lugar donde vivir, que los hallaron vacíos y los convirtieron en sus hogares. Fueron abandonados por diversas razones: por el desempleo, porque las hipotecas se volvieron impagables, por estar construidos en zonas de riesgo o por la violencia que sacude al país. Solo que nadie sabe con exactitud cuántas familias viven en estos contextos, el problema apenas se está estudiando.
A finales de 2021, Gatopardo entrevistó al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para hablar del abandono de vivienda, de los casos de posesión irregular como el que se habla en este video grabado con el celular, de familias que ocuparon estas viviendas y ahora pueden quedarse sin nada. Martínez Velázquez explica que el esquema impagable que generó el alud judicial que enfrenta el Infonavit se diseñó, durante la gestión de Vicente Fox, partiendo de una falsa premisa: que todo trabajador con acceso a crédito tendría una “carrera salarial”, que sus ingresos mejorarían con los años: “Se asumía que la gente iba a crecer su salario e iba a terminar su vivienda”, dice.
Con ello en mente, aquella administración ideó un modelo de construcción de vivienda. “Pies de casas” baratos que el trabajador podría pagar eventualmente y hasta le sobraría capital para ampliarlas. Los créditos se estructuraron en salarios mínimos, “como si los hicieras en otra moneda”, dice Martínez Velázquez, lo que ocasionó una doble actualización con la devaluación del peso o cada vez que el Gobierno aumentara el salario mínimo. En la práctica, aquella idea de la “carrera salarial” quedó hecha trizas. Años después se tienen mayores tasas de interés y atraso en los pagos. El problema se volvió grave en aquellas ciudades cuyo modelo económico está intrínsecamente ligado a la maquila. Tal es el caso de Ciudad Juárez, donde ocurre esta segunda historia, el municipio que acusa el mayor abandono de vivienda pública. Tan solo en la crisis de 2008-2009 se perdieron 116 000 plazas laborales, lo que se tradujo en una bola de nieve de cartera vencida que creció de manera exorbitante.
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Gabriel García —a quien llaman solo Gabo o, a veces, Garbo— es un estilista de 43 años. Delgado, lleva el cabello recogido en una coleta, unos jeans y una camisa perfectamente planchados, con uñas cortas y barniz negro. Se ve el empeño y pasión en arreglarse. Esta mañana de octubre de 2021, Gabriel camina sobre la acera de su casa, en la calle Respeto, en Palmas del Sol, y desentona con el escenario. Una calle que inicia en un terreno baldío sin mayor adorno que unos chamizos secos y bolsas de plástico apiladas que el sol ha decolorado. Es un barrio de calles polvorientas y sin árboles, desérticas; solo un recorrido de basura acumulada, algunas casas abandonadas y otras tapiadas con desechos de material de construcción y encharcamientos.
Hace años, no más de veinticinco, la tierra bajo la banqueta que pisamos formaba parte de una cuenca que se inundaba con las pocas lluvias del desierto y adonde llegaban bandadas de aves para nutrirse de anfibios y peces pequeños que nacían al amparo del verano. A ese remanso, al que los vecinos iban a pescar y cazar, lo bautizaron como Laguna de Patos y el nombre se le quedó. Era un oasis en los campos yermos, que se mantenía por meses gracias al suelo arcilloso que conservaba la humedad. Ahora, con todo y casas, “sigue siendo una laguna: siempre que llueve”, dice Gabriel.
Sobre ese terreno ahora se encuentra Palmas del Sol, un fraccionamiento de casas de interés social en el suroriente de Ciudad Juárez, justo donde se encuentra la mayoría de las viviendas que el Infonavit pretende recuperar y revender. Algunas, advierte Gabo, están en Palmas del Sol, que construyó Homex y que junto con otro puñado de colonias igualmente precarias forma El Barreal. Barreal, barrio, barro.
Desde 1994, el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial declaró inviable habitar El Barreal porque se trataba de la cuenca hidrológica más grande de la región, con once subcuencas y una extensión de 167 114 kilómetros cuadrados. Por eso se inunda, y su arcilla, su barro, funciona como una capa impermeable que impide que la tierra absorba el agua. Aunque sabían todo esto, constructoras y gobiernos permitieron hacer casas aquí.
Probablemente se escudaron alegando que habían hecho diques y zonas de contención: los pequeños parques hundidos que hay cada cierto número de cuadras y que están poco más de un metro por debajo del nivel de la calle. Ahí puede haber juegos infantiles y mesitas, pero en épocas de lluvias están designados para recibir y contener el agua. Al centro de estos hay una suerte de pozo muy hondo recubierto con piedras porosas; los llaman “ojos de aguja”: mecanismos para que el agua atraviese los metros de barro impermeable y llegue al subsuelo. Según estudios a los que Gabo tuvo acceso, para que sean efectivos les faltan al menos otros treinta metros de profundidad. En conclusión: los fraccionamientos no estaban equipados para reencauzar el agua y hasta la fecha siguen así, sin arreglar.
El Diario de Juárez publicaría, el 10 de marzo de 2020, que en este territorio que se inunda, que carece de infraestructura para amortiguar la lluvia, hay unas cinco mil viviendas que pertenecen al Infonavit y “están ocupadas por personas que no son sus dueños originales”.
Lorena Flores Torres es vecina de Gabo, vive a dos puertas de su domicilio. Es una mujer de unos cuarenta años, alta y seria, que viste jeans y una blusa sencilla cuando la entrevistamos. Vive en una casa color mostaza: los consabidos cuarenta metros cuadrados de construcción con un pequeño patio al frente y su cochera. Llegó en 2007, cuando su esposo compró la casa. “Cuando llegamos, todo estaba vacío. Yo pensé que porque era nuevo. Pero a los pocos meses más vecinos se fueron”, advierte Lorena. En otras palabras, en vez que de que la nueva colonia se fuera poblando, se quedaba aún más vacía. Poco después supo la razón.
Meses antes de que su familia se mudara aquí, Palmas del Sol había sufrido la primera gran inundación. Lluvias “atípicas” reclamaron la Laguna de Patos y el agua llegó hasta el metro de altura. La gente subió el colchón, la televisión, lo que pudiera, a la azotea. Ya había sospechas de que algo andaba mal con el fraccionamiento, pero cuando Lorena y su esposo firmaron con el Infonavit, ninguna autoridad ni empresa les advirtió. Para la segunda inundación, en octubre de 2008, el Infonavit vetó el área: ni el Infonavit ni las constructoras podían seguir vendiendo casas, y a los que ya habían adquirido una vivienda se les ofreció reubicarlos en otra colonia, todavía más lejana y peligrosa. La familia se negó. De por sí, esta ya se encontraba lejos de todo: para llegar al centro de Juárez, en camiones del transporte público, el trayecto implica hasta dos horas. Así que se quedaron.
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Marina Contreras es juarense. Ella dedicó su tesis de doctorado en Urbanismo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a tratar de explicar las múltiples causas de este lado de la frontera por las que las personas dejan de pagar sus casas de interés social o, de plano, las abandonan. Lo hizo sobre todo para entender quiénes habitan estos territorios. Contreras identifica tres factores para que se diera este fenómeno: primero, la inseguridad, que no se ha detenido desde que llegó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La violencia, desde entonces, ha estado ahí, con fluctuaciones, pero no se va; tan solo en 2021, Ciudad Juárez fue el tercer municipio más inseguro y el número trece en pobreza. Segundo, las condiciones periféricas. Habitar la periferia resulta bastante más costoso, más difícil, más violento. En otras palabras, sale caro ser pobre. Y tercero, la precarización laboral: las crisis económicas afectaron la frontera, que es totalmente dependiente de las fluctuaciones internacionales. Por ejemplo, durante 2020, el año de entrada de la pandemia, la maquila mexicana, a nivel nacional, perdió 25% de empleos.
Sobre este último punto, la doctora Contreras se extiende un poco más en entrevista: “No es fácil pagar un crédito de vivienda en este contexto; a pesar de que haya un contrato de por medio, es muy fácil que un obrero pueda ser despedido o ‘mandado a descansar’ si existe el menor percance en la economía internacional. Incluso te pueden necesitar solo dos días a la semana en vez de seis. Esto implica un atraso en los pagos que, como bola de nieve, aumenta la deuda a tamaños insospechados”. Y esta volatilidad, acusa Contreras, “suelen pasarla de lado los responsables de los diseños institucionales y prefieren culpar al trabajador”, decir que los trabajadores no pagan.
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En Palmas del Sol no solo fue la inundación. Para toda la ciudad llegaron tiempos difíciles. Muchos señalan 2008 como el año cero, cuando Juárez se desplomó; los años de la violencia por el narcotráfico. La ciudad fue campo de guerra. Trabajadores migrantes recién llegados, que apenas habían comprado una casa, decidieron abandonarlo todo con las balaceras y regresar a sus pueblos de origen. Si con las inundaciones se fueron muchos, en la época de gran violencia, entre 2008 y 2013, el fraccionamiento se vació. Según una nota de La Verdad, para marzo de 2020 solo quedaba 5% de los habitantes originales. Ahora en la calle Respeto, por ejemplo, hay apenas tres familias: la de Lorena Flores, la de Gabriel García y la de una mujer que no acepto esta entrevista.
Las casas se convirtieron en tapias, despojadas de puertas, ventanas, inodoros, cableado: cascarones de cuencas vacías; cavernas que usaba cualquiera que se dispusiera; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. “Era bastante tétrico, en verdad. Daba miedo vivir aquí”, recuerda Gabo. Y los servicios escaseaban. Con el veto del Infonavit, el transporte público dejó de llegar; hasta la fecha, para ir al supermercado la gente debe contemplar entre sus gastos el pago del Uber u otro servicio similar. En la ciudad no existen taxis públicos como tal. Nunca han existido, solo “carros de sitio”. Sus bases se encuentran en plazas comerciales, zonas turísticas y hoteles. Son, por lo menos, cuatro veces más caros que un Uber. El de recolección de basura también dejó de venir y, de hecho, acusan, todavía no lo hace con periodicidad. Entonces los vecinos designaron una de las tapias como tiradero y, hasta estos días, hay una o dos viviendas que siguen siendo el basurero del barrio.
Pero no hay mal que dure cien años. Con el tiempo, el clima de violencia parecía que podría terminar. “Después de 2011 comenzaría a bajar la violencia y aumentaría la contratación en la maquila y, entonces, comienzan a llegar otras familias migrantes que se encuentran con una ciudad fantasma, con casas destruidas”, dice en entrevista el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Como la maquila requiere nueva mano de obra, los migrantes vuelven a llegar. Los territorios de expulsión volvieron a ser codiciados, a ser negocio. Por ejemplo, la casa junto a la de Gabo solían usarla desconocidos para drogarse y encender fogatas; entonces una amiga le sugirió que mejor la ocupara él. Y Gabo así lo hizo: cerró puertas y ventanas, comenzó a reconstruirla poco a poco. Tras dos años y cincuenta mil pesos de inversión, hoy tiene ahí una estética, que anuncia con un vistoso inflable azul y rojo.
Hasta la fecha, Palmas del Sol sigue sin tener alumbrado público, así que, por seguridad, los vecinos mejor se encierran al caer el sol. Una o dos veces ha entrado gente a robar. Revisando la prensa de los últimos años, la violencia sigue presente: el periódico digital Omnia reportó, el 31 de mayo de 2019, a un hombre ejecutado dentro de su casa en las calles de Unidad y Fortaleza; El Diario de Juárez reportó el 27 de diciembre de 2020, a un hombre asesinado a balazos en las calles Paseo Nobleza y Primero Congreso Local, junto a un vehículo Nissan, y El Heraldo de Chihuahua, el 18 de mayo de 2021, el hallazgo de tres mujeres sin vida, envueltas en cobijas, entre Nardos y Paseo de las Palmas. Así han pasado los peores años de Ciudad Juárez.
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Cuando los mismos ideólogos del modelo de vivienda social ofrecieron reducir el Infonavit, que albergaba el fondo para la vivienda, a un aval hipotecario, dejaron el campo libre para empresas constructoras e inmobiliarias que, con el tiempo, terminarían también acaparando los remates de viviendas abandonadas, por resultar impagables o haberse edificado en zonas de alto riesgo.
En 2019, el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson comenzó a recibir denuncias y peticiones de ayuda por parte de varios habitantes de fraccionamientos del suroriente de la ciudad: Palmas del Sol, Las Almeras, Villas del Sur, Praderas del Sol, Los Arcos. Acudieron a él por ser el congresista local. Él cuenta que eran tantas las personas que decidió involucrarse en la organización de varios grupos dispuestos a dar batalla legal ante las inmobiliarias. Las asociaciones de ciudadanos ocurrían en dos variables: aquellas conformadas por antiguos derechohabientes cuyas deudas se volvieron impagables y por quienes llegaron a ocupar las viviendas abandonadas y completamente destruidas y vivían en ellas de manera irregular.
“Hablamos de casas que se hallaban vandalizadas, sin luz, sin cables, sin ventanas ni puertas ni marcos; sin baños, muchas de ellas, sin piso. Entonces, miles de personas lo que hacen propiamente dicho es recuperarlas, no invadirlas. Hay que tener cuidado con los términos”, dice el diputado, quien ha sido abogado laborista por cuatro décadas. “Muchas de las hipotecas se volvieron impagables durante la crisis de 2008-2013, así que se abandonan las propiedades, y una vez que se recuperan y se restauran por estas personas, el Infonavit las pone en remate ante inmobiliarias entre quince mil y treinta mil pesos”.
Estos paquetes de venta a granel, efectuados por el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, estuvieron vigentes hasta 2017. Desde la Ciudad de México, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, lo confirma: hasta esa fecha, la institución remató a las “vivienderas” unas veinte mil casas por año. Y en esto participaron empresas chicas, grandes; algunas muy favorecidas por las autoridades, como Homex o Geo y sus filiales, “pero también empresas locales que supieron ver la oportunidad”, admite Martínez Velázquez.
Con el arribo del nuevo Gobierno federal, en 2018, se suspenden los remates. Pero el daño ya estaba hecho. De acuerdo con De la Rosa Hickerson, el presidente López Obrador emitió una orden para que el Infonavit renegociara el pago de viviendas entre aquellos trabajadores afiliados y conviniera pagos acordes a los salarios de cada trabajador y descuento por nómina. Y hasta la fecha ha funcionado. Martínez Velázquez advierte con orgullo que desde su llegada se han reestructurado “dos millones de créditos en todo el país”.
El problema, sin embargo, son los “no contribuyentes”: los que no cotizan en el seguro social. De la Rosa Hickerson advierte: de las 75 000 viviendas edificadas en la famosa Laguna de Patos, solo entre 10% y 15% pertenecen a contribuyentes que tienen una deuda con el Infonavit. La mayor parte del problema está entre la gente que llegó sin nada y se metió a una vivienda abandonada y la rescató. Gente como los vecinos de Gabo. Para ellos, la solución no ha llegado. Mientras, las constructoras rondan.
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Petrona González Hernández, su esposo, Francisco Carrasco, y su hermana, María, son tres adultos mayores, bajitos, de tez morena. Desde 1998 cambiaron el verdor y la humedad de Comalcalco, Tabasco, por el desierto y la ciudad sin fin de Juárez. A diferencia de la mayoría de quienes llegan a este lado de la frontera, ellos no venían buscando un mejor trabajo; venían huyendo de una pérdida. Su tierra los expulsó cuando Petrona y Francisco perdieron un hijo, de ocho años, en el mar. “Nos agüitaba el ruido del mar. Porque nunca lo recuperamos. Así que mi hermana, que ya vivía aquí, me dijo: ‘Vénganse para acá’”. Y eso hicieron. “Juárez nos trató de maravilla”, dice Petrona.
La ciudad los acogió, les dio empleo en las maquilas; la gente los hizo sentirse bienvenidos. Es algo que repiten una y otra vez los avecindados: esta es una ciudad que arropa a quienes llegan. A pesar de la violencia, del crimen, de todos los problemas, la gente termina queriendo a “Juaritos”. Así que, después de unos años, se decidieron a comprar una casa mediante Crédito y Casa, S. A. de C. V., brazo hipotecario de Homex, que cambió de nombre un par de veces hasta su disolución. En otras palabras: no compraron mediante el Infonavit, pero sí mediante la constructora más favorecida. Así que adquirieron una vivienda de dos recámaras, un baño, cocina y estancia, todo en cuarenta metros cuadrados, sobre la calle La Gloria, en Palmas del Sol.
Según el contrato que Francisco muestra, el valor de la casa era de 294 005.89 pesos. Como sucedió con los créditos que las empresas constructoras vendieron “por fuera” a trabajadores precarizados sin acceso al Infonavit, la transacción la hicieron en UDIS (Unidades de Inversión), un esquema que estaba muy de moda en la primera década de los años 2000. Resultaba muy útil para inversionistas con mucho capital, con el cual liquidan pronto una deuda, porque permite al inicio pagos muy bajos. El problema es que, si no se liquidan pronto, se vuelven impagables; en otras palabras, son muy volátiles. Seguramente el matrimonio Carrasco no lo sabía: el sistema UDIS resultó terriblemente inestable y muchos compradores quedaron endeudados para siempre al adquirir su casa así. Juan de la Cruz Herrera Morales, el apoderado de la inmobiliaria, desde Culiacán, Sinaloa, probablemente no les explicó nada; ni siquiera se molestó en firmar el contrato que los deudores sí signaron. Y es lo primero que reclama Francisco: le prometieron que las mensualidades no cambiarían, que el monto sería el mismo siempre. Fue mentira: el monto de la mensualidad nunca paró de crecer.
A finales de 2006, cuando la gente de Palmas del Sol empezaba a abandonar sus casas por las inundaciones, Crédito y Casa tenía presencia en todo el país, contaba con más de 890 empleados y administraba más de 81 000 hipotecas, con un valor de diecisiete mil millones de pesos —eran los años de bonanza de las “vivienderas”—. Pero al año siguiente, como lo cubrieron los medios, Crédito y Casa vendió cartera vencida y, finalmente, todos sus activos a Coppel. En el mundo de la calle eso se tradujo en que, de la noche a la mañana, no había certeza sobre si había que pagar o no la hipoteca. Además, el monto subía cada mes y, cada tanto, la deuda iba pasando a otras empresas. Esto implicaba que los habitantes debían desplazarse a lugares cada vez más lejanos para pagar su hipoteca. “La constructora se la pasó [la hipoteca] a Coppel y Coppel se la pasó a alguien más. Bueno, por fin, ¿quién me va a cobrar?”, pensaba Petrona. Así que dejaron de pagar la hipoteca, pero no el impuesto del predial: hoy, una prueba de que ese pedazo de tierra es suyo.
Nadie los molestó durante los peores años de la violencia (2008-2011). La vuelta de tuerca fue reciente. “Hace dos o tres años me llegó un cobro del predial...”. Francisco hace una pausa e intercede su esposa: “Yo fui a pagar a un Soriana. Eran como mil y tantos y pagué la mitad del predial. Quedé debiendo seiscientos pesos. Pero, entonces, me caí. Ya no pude ir a pagar. Y ahora que nos vino el cobro [en 2021], llegó a nombre de una constructora”.
De nuevo Francisco: “A mí me llegó un pagaré y fui al Ayuntamiento. Allá me mandaron. Fui y me dice la señorita: ‘¿Sabe qué?, no puede pagar el predial porque aparece a nombre de una constructora. O sea, usted ya no es el dueño [de la casa]’. ‘Pero ¿cómo que no soy el dueño?’. ‘Pues no, ahora es de una constructora...’”.
Probablemente, lo que pasó con Francisco y Petrona es que fueron víctimas de algún juicio exprés para que alguna empresa recuperara la casa. Esto sin importar que la zona esté vetada para vender y que la familia lleve más de dieciséis años en el lugar. Los tres ancianos están en riesgo de desalojo. Y los desalojos ya han ocurrido.
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Estamos de nuevo en la calle La Gloria, pero más al sur, cerca de Calendario Azteca. Es la zona más cercana al despoblado, a lo que en épocas de lluvias se vuelve inundable. Aquí, a diferencia de la calle de Gabo, es evidente que las casas fueron habitadas recientemente. Algunas tienen cercas de madera, con materiales de segunda mano; se nota que apenas están siendo acondicionadas.
Ahí, en enero de 2021, hubo un intento de desalojo. Lo cuenta don Jaime, un hombre robusto, de unos cincuenta años, proveniente de Veracruz, vecino desde hace varios años y trabajador de la maquila. Él, como la mayoría, habla bien de Juárez. Explica que prefiere trabajar en la maquila las ocho, diez o doce horas de jornada bajo el aire acondicionado que cortar caña bajo el sol ardiente en su pueblo natal, cerca de Córdoba. Él ha atestiguado los desalojos y, a pesar de ello, no se ha planteado regresar a su pueblo.
—Llegan hasta con plantas eléctricas pa’ cortar. Le arrancaron hasta la puerta. Pero llegaron hasta una casa que ni era. No era. Así han llegado varias veces…
—¿Y qué hicieron los vecinos?
—Por medio de un WhatsApp, la comunicación está entre todos. Y llegaron varios, unos veinte, veinticinco vecinos, llegan muy agresivos, llegan con papeles que no son. Siempre presentan cartas así: último aviso de desalojo, acción inmediata. Pero son hojas de su misma compañía. Era una inmobiliaria.
—¿Qué inmobiliaria?
—No recuerdo cuál era. Muchas veces ni dicen.
—Pero si estas casas están vetadas, ¿cómo las reclaman?
Los vecinos se ríen.
Hasta la fecha, el veto de 2008 no ha sido levantado realmente. Gabriel García es quien más tarde explica:
—Para que se pueda quitar el veto, se tienen que reparar todos los diques y zonas de contención de agua. Para que se pueda arreglar cada una de las zonas, se tiene que escarbar más, porque no están bien hechas. Les faltan todavía treinta metros de excavación. Ni Conagua, ni la Junta de Aguas ni nadie se quiere hacer cargo porque es un monto muy elevado. Mientras no se pueda quitar el problema de la inundación, no se puede quitar el veto. Y no se trata de arreglar un solo lugar: se tienen que arreglar todos los diques de todas las colonias. Estamos hablando de unos cuatro mil espacios donde se contiene el agua.
Pero regresamos a los desalojos: ¿cómo lograron que se fueran?
—Primero, la unión de los vecinos. Las gentes de Seguridad Pública se prestan mucho a darles apoyo ahí, pues supimos defendernos mejor.
Gabriel interviene:
—Estos años nos han enseñado que solo con una orden de un juez pueden despojarnos de nuestras casas. Era algo que al principio no sabíamos. Muchos se asustaron y se fueron, pero quienes nos quedamos estamos ahora mejor preparados y ya no nos asustan tan fácilmente.
Francisco y Petrona, Jaime, Gabriel y muchos más forman parte de la asociación Vecinos de Juárez Trabajando, que dirige Gabriel. Hasta ahora, cuenta el estilista, han ganado dieciocho de veinte juicios por intento de despojarlos de sus casas.
En la calle La Gloria, casi esquina con Calendario Azteca, hay un detalle: junto a estas casas recién ocupadas hay varias tapias que continúan abandonadas. Al preguntarle a don Jaime por qué cree que prefieren despojar a los habitantes recién venidos en vez de recuperar con agilidad las viviendas que están vacías, él responde sin dudar:
—Porque ya están restauradas.
¡Gracias!
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Casas abandonadas que se convirtieron en tapias, despojadas de puertas y ventanas; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. Hubo quienes llegaron sin nada, las ocuparon, las rescataron y las habitan de manera irregular. No hay institución que sepa con exactitud cuántas familias viven en estos contextos. Ante la recuperación de viviendas que busca el Infonavit, ¿qué pasará con sus habitantes? Esta historia forma parte del especial "Vivienda en crisis".
Una asistente graba con el celular una reunión, a finales de septiembre de 2021, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están presentes funcionarios, diputados y líderes vecinales de varios fraccionamientos de interés social. La reunión ocurre en una oficina: se ven luces de estrobo pegadas al techo, paredes blancas, mesas desplegadas con gente alrededor. No es posible identificar a todos en el video; sin embargo, el joven de camisa rosa es Román Alcántar, diputado suplente del partido Morena por el Distrito VII de Ciudad Juárez, quien representa ahí a un grupo de vecinos. El tema de la reunión son las 2 300 viviendas de interés social en este estado cuyos dueños originales abandonaron y que el Infonavit pretende revender, a bajo costo, a través del programa Renovación a tu Medida.
La mayoría de las casas candidatas se encuentran en el suroriente de la ciudad y, de acuerdo con las reglas de operación, ya se ha certificado que tengan todos los servicios: transporte, recolección de basura, escuelas. En agosto de 2020 una delegación local del Infonavit anunció que facilitaría procesos y trámites para ponerlas a disposición de las y los obreros que cotizaran; también para que, quienes estuvieran en posesión de una casa de forma irregular, pudieran comprarla. Esto excluye, por el momento, a los trabajadores informales: aquellos que preparan comida callejera, trabajan haciendo el aseo o se dedican al ambulantaje y que por eso no cotizan en el Infonavit.
Este es justo el tema que se discute en la reunión que se graba, en la que hablan de lo que sucederá con estos vecinos (entre ellos, adultos mayores del fraccionamiento Palmas del Sol), cuyo techo y cobijo están en riesgo. ¿Tendrán que abandonar sus viviendas para poner a alguien que sí cotice? Los desalojos, denuncian, ya están ocurriendo.
En el video, mientras un funcionario municipal pide a todos “esperar a las reglas de operación”, seguido de unas palabras apaciguadoras, “Sabemos que hay una gran necesidad de vivienda”, una líder vecinal levanta la voz respondiendo: “¡No es que no quieran regularizarse, sino que no pueden!” (por vivir de la informalidad); el diputado Alcántar ataja: “¿Y qué hacemos con las personas que sí tienen derecho, que han ido a trabajar a la maquila y quieren su vivienda? ¿Y las personas que tengan veinte o treinta años ahí y quieran iniciar un juicio de prescripción? Las puertas están abiertas...”. La reunión parece terminar sin llegar a buen puerto.
Ciudad Juárez es una metrópoli que consume insaciablemente mano de obra para las 413 maquiladoras que se cuentan aquí: farmacéuticas, vehículos, electrónicos. Se calcula que hay veinte mil casas de interés social abandonadas —que se construyeron para sus derechohabientes—, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor vivienda en esta situación; a nivel nacional se calculan seiscientas mil, lo que equivaldría a la zona conurbada de Puebla. Pero, de acuerdo con el último censo del Inegi, podríamos estar hablando de seis millones de viviendas deshabitadas en el país, incluidas aquellas que fueron construidas o adquiridas con otro tipo de financiamiento.
Pero que esos inmuebles estén abandonados no implica que estén deshabitados: en la mayoría se alojan familias que no tenían un lugar donde vivir, que los hallaron vacíos y los convirtieron en sus hogares. Fueron abandonados por diversas razones: por el desempleo, porque las hipotecas se volvieron impagables, por estar construidos en zonas de riesgo o por la violencia que sacude al país. Solo que nadie sabe con exactitud cuántas familias viven en estos contextos, el problema apenas se está estudiando.
A finales de 2021, Gatopardo entrevistó al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para hablar del abandono de vivienda, de los casos de posesión irregular como el que se habla en este video grabado con el celular, de familias que ocuparon estas viviendas y ahora pueden quedarse sin nada. Martínez Velázquez explica que el esquema impagable que generó el alud judicial que enfrenta el Infonavit se diseñó, durante la gestión de Vicente Fox, partiendo de una falsa premisa: que todo trabajador con acceso a crédito tendría una “carrera salarial”, que sus ingresos mejorarían con los años: “Se asumía que la gente iba a crecer su salario e iba a terminar su vivienda”, dice.
Con ello en mente, aquella administración ideó un modelo de construcción de vivienda. “Pies de casas” baratos que el trabajador podría pagar eventualmente y hasta le sobraría capital para ampliarlas. Los créditos se estructuraron en salarios mínimos, “como si los hicieras en otra moneda”, dice Martínez Velázquez, lo que ocasionó una doble actualización con la devaluación del peso o cada vez que el Gobierno aumentara el salario mínimo. En la práctica, aquella idea de la “carrera salarial” quedó hecha trizas. Años después se tienen mayores tasas de interés y atraso en los pagos. El problema se volvió grave en aquellas ciudades cuyo modelo económico está intrínsecamente ligado a la maquila. Tal es el caso de Ciudad Juárez, donde ocurre esta segunda historia, el municipio que acusa el mayor abandono de vivienda pública. Tan solo en la crisis de 2008-2009 se perdieron 116 000 plazas laborales, lo que se tradujo en una bola de nieve de cartera vencida que creció de manera exorbitante.
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Gabriel García —a quien llaman solo Gabo o, a veces, Garbo— es un estilista de 43 años. Delgado, lleva el cabello recogido en una coleta, unos jeans y una camisa perfectamente planchados, con uñas cortas y barniz negro. Se ve el empeño y pasión en arreglarse. Esta mañana de octubre de 2021, Gabriel camina sobre la acera de su casa, en la calle Respeto, en Palmas del Sol, y desentona con el escenario. Una calle que inicia en un terreno baldío sin mayor adorno que unos chamizos secos y bolsas de plástico apiladas que el sol ha decolorado. Es un barrio de calles polvorientas y sin árboles, desérticas; solo un recorrido de basura acumulada, algunas casas abandonadas y otras tapiadas con desechos de material de construcción y encharcamientos.
Hace años, no más de veinticinco, la tierra bajo la banqueta que pisamos formaba parte de una cuenca que se inundaba con las pocas lluvias del desierto y adonde llegaban bandadas de aves para nutrirse de anfibios y peces pequeños que nacían al amparo del verano. A ese remanso, al que los vecinos iban a pescar y cazar, lo bautizaron como Laguna de Patos y el nombre se le quedó. Era un oasis en los campos yermos, que se mantenía por meses gracias al suelo arcilloso que conservaba la humedad. Ahora, con todo y casas, “sigue siendo una laguna: siempre que llueve”, dice Gabriel.
Sobre ese terreno ahora se encuentra Palmas del Sol, un fraccionamiento de casas de interés social en el suroriente de Ciudad Juárez, justo donde se encuentra la mayoría de las viviendas que el Infonavit pretende recuperar y revender. Algunas, advierte Gabo, están en Palmas del Sol, que construyó Homex y que junto con otro puñado de colonias igualmente precarias forma El Barreal. Barreal, barrio, barro.
Desde 1994, el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial declaró inviable habitar El Barreal porque se trataba de la cuenca hidrológica más grande de la región, con once subcuencas y una extensión de 167 114 kilómetros cuadrados. Por eso se inunda, y su arcilla, su barro, funciona como una capa impermeable que impide que la tierra absorba el agua. Aunque sabían todo esto, constructoras y gobiernos permitieron hacer casas aquí.
Probablemente se escudaron alegando que habían hecho diques y zonas de contención: los pequeños parques hundidos que hay cada cierto número de cuadras y que están poco más de un metro por debajo del nivel de la calle. Ahí puede haber juegos infantiles y mesitas, pero en épocas de lluvias están designados para recibir y contener el agua. Al centro de estos hay una suerte de pozo muy hondo recubierto con piedras porosas; los llaman “ojos de aguja”: mecanismos para que el agua atraviese los metros de barro impermeable y llegue al subsuelo. Según estudios a los que Gabo tuvo acceso, para que sean efectivos les faltan al menos otros treinta metros de profundidad. En conclusión: los fraccionamientos no estaban equipados para reencauzar el agua y hasta la fecha siguen así, sin arreglar.
El Diario de Juárez publicaría, el 10 de marzo de 2020, que en este territorio que se inunda, que carece de infraestructura para amortiguar la lluvia, hay unas cinco mil viviendas que pertenecen al Infonavit y “están ocupadas por personas que no son sus dueños originales”.
Lorena Flores Torres es vecina de Gabo, vive a dos puertas de su domicilio. Es una mujer de unos cuarenta años, alta y seria, que viste jeans y una blusa sencilla cuando la entrevistamos. Vive en una casa color mostaza: los consabidos cuarenta metros cuadrados de construcción con un pequeño patio al frente y su cochera. Llegó en 2007, cuando su esposo compró la casa. “Cuando llegamos, todo estaba vacío. Yo pensé que porque era nuevo. Pero a los pocos meses más vecinos se fueron”, advierte Lorena. En otras palabras, en vez que de que la nueva colonia se fuera poblando, se quedaba aún más vacía. Poco después supo la razón.
Meses antes de que su familia se mudara aquí, Palmas del Sol había sufrido la primera gran inundación. Lluvias “atípicas” reclamaron la Laguna de Patos y el agua llegó hasta el metro de altura. La gente subió el colchón, la televisión, lo que pudiera, a la azotea. Ya había sospechas de que algo andaba mal con el fraccionamiento, pero cuando Lorena y su esposo firmaron con el Infonavit, ninguna autoridad ni empresa les advirtió. Para la segunda inundación, en octubre de 2008, el Infonavit vetó el área: ni el Infonavit ni las constructoras podían seguir vendiendo casas, y a los que ya habían adquirido una vivienda se les ofreció reubicarlos en otra colonia, todavía más lejana y peligrosa. La familia se negó. De por sí, esta ya se encontraba lejos de todo: para llegar al centro de Juárez, en camiones del transporte público, el trayecto implica hasta dos horas. Así que se quedaron.
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Marina Contreras es juarense. Ella dedicó su tesis de doctorado en Urbanismo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a tratar de explicar las múltiples causas de este lado de la frontera por las que las personas dejan de pagar sus casas de interés social o, de plano, las abandonan. Lo hizo sobre todo para entender quiénes habitan estos territorios. Contreras identifica tres factores para que se diera este fenómeno: primero, la inseguridad, que no se ha detenido desde que llegó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La violencia, desde entonces, ha estado ahí, con fluctuaciones, pero no se va; tan solo en 2021, Ciudad Juárez fue el tercer municipio más inseguro y el número trece en pobreza. Segundo, las condiciones periféricas. Habitar la periferia resulta bastante más costoso, más difícil, más violento. En otras palabras, sale caro ser pobre. Y tercero, la precarización laboral: las crisis económicas afectaron la frontera, que es totalmente dependiente de las fluctuaciones internacionales. Por ejemplo, durante 2020, el año de entrada de la pandemia, la maquila mexicana, a nivel nacional, perdió 25% de empleos.
Sobre este último punto, la doctora Contreras se extiende un poco más en entrevista: “No es fácil pagar un crédito de vivienda en este contexto; a pesar de que haya un contrato de por medio, es muy fácil que un obrero pueda ser despedido o ‘mandado a descansar’ si existe el menor percance en la economía internacional. Incluso te pueden necesitar solo dos días a la semana en vez de seis. Esto implica un atraso en los pagos que, como bola de nieve, aumenta la deuda a tamaños insospechados”. Y esta volatilidad, acusa Contreras, “suelen pasarla de lado los responsables de los diseños institucionales y prefieren culpar al trabajador”, decir que los trabajadores no pagan.
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En Palmas del Sol no solo fue la inundación. Para toda la ciudad llegaron tiempos difíciles. Muchos señalan 2008 como el año cero, cuando Juárez se desplomó; los años de la violencia por el narcotráfico. La ciudad fue campo de guerra. Trabajadores migrantes recién llegados, que apenas habían comprado una casa, decidieron abandonarlo todo con las balaceras y regresar a sus pueblos de origen. Si con las inundaciones se fueron muchos, en la época de gran violencia, entre 2008 y 2013, el fraccionamiento se vació. Según una nota de La Verdad, para marzo de 2020 solo quedaba 5% de los habitantes originales. Ahora en la calle Respeto, por ejemplo, hay apenas tres familias: la de Lorena Flores, la de Gabriel García y la de una mujer que no acepto esta entrevista.
Las casas se convirtieron en tapias, despojadas de puertas, ventanas, inodoros, cableado: cascarones de cuencas vacías; cavernas que usaba cualquiera que se dispusiera; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. “Era bastante tétrico, en verdad. Daba miedo vivir aquí”, recuerda Gabo. Y los servicios escaseaban. Con el veto del Infonavit, el transporte público dejó de llegar; hasta la fecha, para ir al supermercado la gente debe contemplar entre sus gastos el pago del Uber u otro servicio similar. En la ciudad no existen taxis públicos como tal. Nunca han existido, solo “carros de sitio”. Sus bases se encuentran en plazas comerciales, zonas turísticas y hoteles. Son, por lo menos, cuatro veces más caros que un Uber. El de recolección de basura también dejó de venir y, de hecho, acusan, todavía no lo hace con periodicidad. Entonces los vecinos designaron una de las tapias como tiradero y, hasta estos días, hay una o dos viviendas que siguen siendo el basurero del barrio.
Pero no hay mal que dure cien años. Con el tiempo, el clima de violencia parecía que podría terminar. “Después de 2011 comenzaría a bajar la violencia y aumentaría la contratación en la maquila y, entonces, comienzan a llegar otras familias migrantes que se encuentran con una ciudad fantasma, con casas destruidas”, dice en entrevista el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Como la maquila requiere nueva mano de obra, los migrantes vuelven a llegar. Los territorios de expulsión volvieron a ser codiciados, a ser negocio. Por ejemplo, la casa junto a la de Gabo solían usarla desconocidos para drogarse y encender fogatas; entonces una amiga le sugirió que mejor la ocupara él. Y Gabo así lo hizo: cerró puertas y ventanas, comenzó a reconstruirla poco a poco. Tras dos años y cincuenta mil pesos de inversión, hoy tiene ahí una estética, que anuncia con un vistoso inflable azul y rojo.
Hasta la fecha, Palmas del Sol sigue sin tener alumbrado público, así que, por seguridad, los vecinos mejor se encierran al caer el sol. Una o dos veces ha entrado gente a robar. Revisando la prensa de los últimos años, la violencia sigue presente: el periódico digital Omnia reportó, el 31 de mayo de 2019, a un hombre ejecutado dentro de su casa en las calles de Unidad y Fortaleza; El Diario de Juárez reportó el 27 de diciembre de 2020, a un hombre asesinado a balazos en las calles Paseo Nobleza y Primero Congreso Local, junto a un vehículo Nissan, y El Heraldo de Chihuahua, el 18 de mayo de 2021, el hallazgo de tres mujeres sin vida, envueltas en cobijas, entre Nardos y Paseo de las Palmas. Así han pasado los peores años de Ciudad Juárez.
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Cuando los mismos ideólogos del modelo de vivienda social ofrecieron reducir el Infonavit, que albergaba el fondo para la vivienda, a un aval hipotecario, dejaron el campo libre para empresas constructoras e inmobiliarias que, con el tiempo, terminarían también acaparando los remates de viviendas abandonadas, por resultar impagables o haberse edificado en zonas de alto riesgo.
En 2019, el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson comenzó a recibir denuncias y peticiones de ayuda por parte de varios habitantes de fraccionamientos del suroriente de la ciudad: Palmas del Sol, Las Almeras, Villas del Sur, Praderas del Sol, Los Arcos. Acudieron a él por ser el congresista local. Él cuenta que eran tantas las personas que decidió involucrarse en la organización de varios grupos dispuestos a dar batalla legal ante las inmobiliarias. Las asociaciones de ciudadanos ocurrían en dos variables: aquellas conformadas por antiguos derechohabientes cuyas deudas se volvieron impagables y por quienes llegaron a ocupar las viviendas abandonadas y completamente destruidas y vivían en ellas de manera irregular.
“Hablamos de casas que se hallaban vandalizadas, sin luz, sin cables, sin ventanas ni puertas ni marcos; sin baños, muchas de ellas, sin piso. Entonces, miles de personas lo que hacen propiamente dicho es recuperarlas, no invadirlas. Hay que tener cuidado con los términos”, dice el diputado, quien ha sido abogado laborista por cuatro décadas. “Muchas de las hipotecas se volvieron impagables durante la crisis de 2008-2013, así que se abandonan las propiedades, y una vez que se recuperan y se restauran por estas personas, el Infonavit las pone en remate ante inmobiliarias entre quince mil y treinta mil pesos”.
Estos paquetes de venta a granel, efectuados por el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, estuvieron vigentes hasta 2017. Desde la Ciudad de México, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, lo confirma: hasta esa fecha, la institución remató a las “vivienderas” unas veinte mil casas por año. Y en esto participaron empresas chicas, grandes; algunas muy favorecidas por las autoridades, como Homex o Geo y sus filiales, “pero también empresas locales que supieron ver la oportunidad”, admite Martínez Velázquez.
Con el arribo del nuevo Gobierno federal, en 2018, se suspenden los remates. Pero el daño ya estaba hecho. De acuerdo con De la Rosa Hickerson, el presidente López Obrador emitió una orden para que el Infonavit renegociara el pago de viviendas entre aquellos trabajadores afiliados y conviniera pagos acordes a los salarios de cada trabajador y descuento por nómina. Y hasta la fecha ha funcionado. Martínez Velázquez advierte con orgullo que desde su llegada se han reestructurado “dos millones de créditos en todo el país”.
El problema, sin embargo, son los “no contribuyentes”: los que no cotizan en el seguro social. De la Rosa Hickerson advierte: de las 75 000 viviendas edificadas en la famosa Laguna de Patos, solo entre 10% y 15% pertenecen a contribuyentes que tienen una deuda con el Infonavit. La mayor parte del problema está entre la gente que llegó sin nada y se metió a una vivienda abandonada y la rescató. Gente como los vecinos de Gabo. Para ellos, la solución no ha llegado. Mientras, las constructoras rondan.
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Petrona González Hernández, su esposo, Francisco Carrasco, y su hermana, María, son tres adultos mayores, bajitos, de tez morena. Desde 1998 cambiaron el verdor y la humedad de Comalcalco, Tabasco, por el desierto y la ciudad sin fin de Juárez. A diferencia de la mayoría de quienes llegan a este lado de la frontera, ellos no venían buscando un mejor trabajo; venían huyendo de una pérdida. Su tierra los expulsó cuando Petrona y Francisco perdieron un hijo, de ocho años, en el mar. “Nos agüitaba el ruido del mar. Porque nunca lo recuperamos. Así que mi hermana, que ya vivía aquí, me dijo: ‘Vénganse para acá’”. Y eso hicieron. “Juárez nos trató de maravilla”, dice Petrona.
La ciudad los acogió, les dio empleo en las maquilas; la gente los hizo sentirse bienvenidos. Es algo que repiten una y otra vez los avecindados: esta es una ciudad que arropa a quienes llegan. A pesar de la violencia, del crimen, de todos los problemas, la gente termina queriendo a “Juaritos”. Así que, después de unos años, se decidieron a comprar una casa mediante Crédito y Casa, S. A. de C. V., brazo hipotecario de Homex, que cambió de nombre un par de veces hasta su disolución. En otras palabras: no compraron mediante el Infonavit, pero sí mediante la constructora más favorecida. Así que adquirieron una vivienda de dos recámaras, un baño, cocina y estancia, todo en cuarenta metros cuadrados, sobre la calle La Gloria, en Palmas del Sol.
Según el contrato que Francisco muestra, el valor de la casa era de 294 005.89 pesos. Como sucedió con los créditos que las empresas constructoras vendieron “por fuera” a trabajadores precarizados sin acceso al Infonavit, la transacción la hicieron en UDIS (Unidades de Inversión), un esquema que estaba muy de moda en la primera década de los años 2000. Resultaba muy útil para inversionistas con mucho capital, con el cual liquidan pronto una deuda, porque permite al inicio pagos muy bajos. El problema es que, si no se liquidan pronto, se vuelven impagables; en otras palabras, son muy volátiles. Seguramente el matrimonio Carrasco no lo sabía: el sistema UDIS resultó terriblemente inestable y muchos compradores quedaron endeudados para siempre al adquirir su casa así. Juan de la Cruz Herrera Morales, el apoderado de la inmobiliaria, desde Culiacán, Sinaloa, probablemente no les explicó nada; ni siquiera se molestó en firmar el contrato que los deudores sí signaron. Y es lo primero que reclama Francisco: le prometieron que las mensualidades no cambiarían, que el monto sería el mismo siempre. Fue mentira: el monto de la mensualidad nunca paró de crecer.
A finales de 2006, cuando la gente de Palmas del Sol empezaba a abandonar sus casas por las inundaciones, Crédito y Casa tenía presencia en todo el país, contaba con más de 890 empleados y administraba más de 81 000 hipotecas, con un valor de diecisiete mil millones de pesos —eran los años de bonanza de las “vivienderas”—. Pero al año siguiente, como lo cubrieron los medios, Crédito y Casa vendió cartera vencida y, finalmente, todos sus activos a Coppel. En el mundo de la calle eso se tradujo en que, de la noche a la mañana, no había certeza sobre si había que pagar o no la hipoteca. Además, el monto subía cada mes y, cada tanto, la deuda iba pasando a otras empresas. Esto implicaba que los habitantes debían desplazarse a lugares cada vez más lejanos para pagar su hipoteca. “La constructora se la pasó [la hipoteca] a Coppel y Coppel se la pasó a alguien más. Bueno, por fin, ¿quién me va a cobrar?”, pensaba Petrona. Así que dejaron de pagar la hipoteca, pero no el impuesto del predial: hoy, una prueba de que ese pedazo de tierra es suyo.
Nadie los molestó durante los peores años de la violencia (2008-2011). La vuelta de tuerca fue reciente. “Hace dos o tres años me llegó un cobro del predial...”. Francisco hace una pausa e intercede su esposa: “Yo fui a pagar a un Soriana. Eran como mil y tantos y pagué la mitad del predial. Quedé debiendo seiscientos pesos. Pero, entonces, me caí. Ya no pude ir a pagar. Y ahora que nos vino el cobro [en 2021], llegó a nombre de una constructora”.
De nuevo Francisco: “A mí me llegó un pagaré y fui al Ayuntamiento. Allá me mandaron. Fui y me dice la señorita: ‘¿Sabe qué?, no puede pagar el predial porque aparece a nombre de una constructora. O sea, usted ya no es el dueño [de la casa]’. ‘Pero ¿cómo que no soy el dueño?’. ‘Pues no, ahora es de una constructora...’”.
Probablemente, lo que pasó con Francisco y Petrona es que fueron víctimas de algún juicio exprés para que alguna empresa recuperara la casa. Esto sin importar que la zona esté vetada para vender y que la familia lleve más de dieciséis años en el lugar. Los tres ancianos están en riesgo de desalojo. Y los desalojos ya han ocurrido.
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Estamos de nuevo en la calle La Gloria, pero más al sur, cerca de Calendario Azteca. Es la zona más cercana al despoblado, a lo que en épocas de lluvias se vuelve inundable. Aquí, a diferencia de la calle de Gabo, es evidente que las casas fueron habitadas recientemente. Algunas tienen cercas de madera, con materiales de segunda mano; se nota que apenas están siendo acondicionadas.
Ahí, en enero de 2021, hubo un intento de desalojo. Lo cuenta don Jaime, un hombre robusto, de unos cincuenta años, proveniente de Veracruz, vecino desde hace varios años y trabajador de la maquila. Él, como la mayoría, habla bien de Juárez. Explica que prefiere trabajar en la maquila las ocho, diez o doce horas de jornada bajo el aire acondicionado que cortar caña bajo el sol ardiente en su pueblo natal, cerca de Córdoba. Él ha atestiguado los desalojos y, a pesar de ello, no se ha planteado regresar a su pueblo.
—Llegan hasta con plantas eléctricas pa’ cortar. Le arrancaron hasta la puerta. Pero llegaron hasta una casa que ni era. No era. Así han llegado varias veces…
—¿Y qué hicieron los vecinos?
—Por medio de un WhatsApp, la comunicación está entre todos. Y llegaron varios, unos veinte, veinticinco vecinos, llegan muy agresivos, llegan con papeles que no son. Siempre presentan cartas así: último aviso de desalojo, acción inmediata. Pero son hojas de su misma compañía. Era una inmobiliaria.
—¿Qué inmobiliaria?
—No recuerdo cuál era. Muchas veces ni dicen.
—Pero si estas casas están vetadas, ¿cómo las reclaman?
Los vecinos se ríen.
Hasta la fecha, el veto de 2008 no ha sido levantado realmente. Gabriel García es quien más tarde explica:
—Para que se pueda quitar el veto, se tienen que reparar todos los diques y zonas de contención de agua. Para que se pueda arreglar cada una de las zonas, se tiene que escarbar más, porque no están bien hechas. Les faltan todavía treinta metros de excavación. Ni Conagua, ni la Junta de Aguas ni nadie se quiere hacer cargo porque es un monto muy elevado. Mientras no se pueda quitar el problema de la inundación, no se puede quitar el veto. Y no se trata de arreglar un solo lugar: se tienen que arreglar todos los diques de todas las colonias. Estamos hablando de unos cuatro mil espacios donde se contiene el agua.
Pero regresamos a los desalojos: ¿cómo lograron que se fueran?
—Primero, la unión de los vecinos. Las gentes de Seguridad Pública se prestan mucho a darles apoyo ahí, pues supimos defendernos mejor.
Gabriel interviene:
—Estos años nos han enseñado que solo con una orden de un juez pueden despojarnos de nuestras casas. Era algo que al principio no sabíamos. Muchos se asustaron y se fueron, pero quienes nos quedamos estamos ahora mejor preparados y ya no nos asustan tan fácilmente.
Francisco y Petrona, Jaime, Gabriel y muchos más forman parte de la asociación Vecinos de Juárez Trabajando, que dirige Gabriel. Hasta ahora, cuenta el estilista, han ganado dieciocho de veinte juicios por intento de despojarlos de sus casas.
En la calle La Gloria, casi esquina con Calendario Azteca, hay un detalle: junto a estas casas recién ocupadas hay varias tapias que continúan abandonadas. Al preguntarle a don Jaime por qué cree que prefieren despojar a los habitantes recién venidos en vez de recuperar con agilidad las viviendas que están vacías, él responde sin dudar:
—Porque ya están restauradas.
¡Gracias!
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Vista aérea del fraccionamiento Las Haciendas, junto a Palmas del Sol, donde se encuentran varias maquilas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Casas abandonadas que se convirtieron en tapias, despojadas de puertas y ventanas; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. Hubo quienes llegaron sin nada, las ocuparon, las rescataron y las habitan de manera irregular. No hay institución que sepa con exactitud cuántas familias viven en estos contextos. Ante la recuperación de viviendas que busca el Infonavit, ¿qué pasará con sus habitantes? Esta historia forma parte del especial "Vivienda en crisis".
Una asistente graba con el celular una reunión, a finales de septiembre de 2021, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están presentes funcionarios, diputados y líderes vecinales de varios fraccionamientos de interés social. La reunión ocurre en una oficina: se ven luces de estrobo pegadas al techo, paredes blancas, mesas desplegadas con gente alrededor. No es posible identificar a todos en el video; sin embargo, el joven de camisa rosa es Román Alcántar, diputado suplente del partido Morena por el Distrito VII de Ciudad Juárez, quien representa ahí a un grupo de vecinos. El tema de la reunión son las 2 300 viviendas de interés social en este estado cuyos dueños originales abandonaron y que el Infonavit pretende revender, a bajo costo, a través del programa Renovación a tu Medida.
La mayoría de las casas candidatas se encuentran en el suroriente de la ciudad y, de acuerdo con las reglas de operación, ya se ha certificado que tengan todos los servicios: transporte, recolección de basura, escuelas. En agosto de 2020 una delegación local del Infonavit anunció que facilitaría procesos y trámites para ponerlas a disposición de las y los obreros que cotizaran; también para que, quienes estuvieran en posesión de una casa de forma irregular, pudieran comprarla. Esto excluye, por el momento, a los trabajadores informales: aquellos que preparan comida callejera, trabajan haciendo el aseo o se dedican al ambulantaje y que por eso no cotizan en el Infonavit.
Este es justo el tema que se discute en la reunión que se graba, en la que hablan de lo que sucederá con estos vecinos (entre ellos, adultos mayores del fraccionamiento Palmas del Sol), cuyo techo y cobijo están en riesgo. ¿Tendrán que abandonar sus viviendas para poner a alguien que sí cotice? Los desalojos, denuncian, ya están ocurriendo.
En el video, mientras un funcionario municipal pide a todos “esperar a las reglas de operación”, seguido de unas palabras apaciguadoras, “Sabemos que hay una gran necesidad de vivienda”, una líder vecinal levanta la voz respondiendo: “¡No es que no quieran regularizarse, sino que no pueden!” (por vivir de la informalidad); el diputado Alcántar ataja: “¿Y qué hacemos con las personas que sí tienen derecho, que han ido a trabajar a la maquila y quieren su vivienda? ¿Y las personas que tengan veinte o treinta años ahí y quieran iniciar un juicio de prescripción? Las puertas están abiertas...”. La reunión parece terminar sin llegar a buen puerto.
Ciudad Juárez es una metrópoli que consume insaciablemente mano de obra para las 413 maquiladoras que se cuentan aquí: farmacéuticas, vehículos, electrónicos. Se calcula que hay veinte mil casas de interés social abandonadas —que se construyeron para sus derechohabientes—, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor vivienda en esta situación; a nivel nacional se calculan seiscientas mil, lo que equivaldría a la zona conurbada de Puebla. Pero, de acuerdo con el último censo del Inegi, podríamos estar hablando de seis millones de viviendas deshabitadas en el país, incluidas aquellas que fueron construidas o adquiridas con otro tipo de financiamiento.
Pero que esos inmuebles estén abandonados no implica que estén deshabitados: en la mayoría se alojan familias que no tenían un lugar donde vivir, que los hallaron vacíos y los convirtieron en sus hogares. Fueron abandonados por diversas razones: por el desempleo, porque las hipotecas se volvieron impagables, por estar construidos en zonas de riesgo o por la violencia que sacude al país. Solo que nadie sabe con exactitud cuántas familias viven en estos contextos, el problema apenas se está estudiando.
A finales de 2021, Gatopardo entrevistó al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para hablar del abandono de vivienda, de los casos de posesión irregular como el que se habla en este video grabado con el celular, de familias que ocuparon estas viviendas y ahora pueden quedarse sin nada. Martínez Velázquez explica que el esquema impagable que generó el alud judicial que enfrenta el Infonavit se diseñó, durante la gestión de Vicente Fox, partiendo de una falsa premisa: que todo trabajador con acceso a crédito tendría una “carrera salarial”, que sus ingresos mejorarían con los años: “Se asumía que la gente iba a crecer su salario e iba a terminar su vivienda”, dice.
Con ello en mente, aquella administración ideó un modelo de construcción de vivienda. “Pies de casas” baratos que el trabajador podría pagar eventualmente y hasta le sobraría capital para ampliarlas. Los créditos se estructuraron en salarios mínimos, “como si los hicieras en otra moneda”, dice Martínez Velázquez, lo que ocasionó una doble actualización con la devaluación del peso o cada vez que el Gobierno aumentara el salario mínimo. En la práctica, aquella idea de la “carrera salarial” quedó hecha trizas. Años después se tienen mayores tasas de interés y atraso en los pagos. El problema se volvió grave en aquellas ciudades cuyo modelo económico está intrínsecamente ligado a la maquila. Tal es el caso de Ciudad Juárez, donde ocurre esta segunda historia, el municipio que acusa el mayor abandono de vivienda pública. Tan solo en la crisis de 2008-2009 se perdieron 116 000 plazas laborales, lo que se tradujo en una bola de nieve de cartera vencida que creció de manera exorbitante.
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Gabriel García —a quien llaman solo Gabo o, a veces, Garbo— es un estilista de 43 años. Delgado, lleva el cabello recogido en una coleta, unos jeans y una camisa perfectamente planchados, con uñas cortas y barniz negro. Se ve el empeño y pasión en arreglarse. Esta mañana de octubre de 2021, Gabriel camina sobre la acera de su casa, en la calle Respeto, en Palmas del Sol, y desentona con el escenario. Una calle que inicia en un terreno baldío sin mayor adorno que unos chamizos secos y bolsas de plástico apiladas que el sol ha decolorado. Es un barrio de calles polvorientas y sin árboles, desérticas; solo un recorrido de basura acumulada, algunas casas abandonadas y otras tapiadas con desechos de material de construcción y encharcamientos.
Hace años, no más de veinticinco, la tierra bajo la banqueta que pisamos formaba parte de una cuenca que se inundaba con las pocas lluvias del desierto y adonde llegaban bandadas de aves para nutrirse de anfibios y peces pequeños que nacían al amparo del verano. A ese remanso, al que los vecinos iban a pescar y cazar, lo bautizaron como Laguna de Patos y el nombre se le quedó. Era un oasis en los campos yermos, que se mantenía por meses gracias al suelo arcilloso que conservaba la humedad. Ahora, con todo y casas, “sigue siendo una laguna: siempre que llueve”, dice Gabriel.
Sobre ese terreno ahora se encuentra Palmas del Sol, un fraccionamiento de casas de interés social en el suroriente de Ciudad Juárez, justo donde se encuentra la mayoría de las viviendas que el Infonavit pretende recuperar y revender. Algunas, advierte Gabo, están en Palmas del Sol, que construyó Homex y que junto con otro puñado de colonias igualmente precarias forma El Barreal. Barreal, barrio, barro.
Desde 1994, el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial declaró inviable habitar El Barreal porque se trataba de la cuenca hidrológica más grande de la región, con once subcuencas y una extensión de 167 114 kilómetros cuadrados. Por eso se inunda, y su arcilla, su barro, funciona como una capa impermeable que impide que la tierra absorba el agua. Aunque sabían todo esto, constructoras y gobiernos permitieron hacer casas aquí.
Probablemente se escudaron alegando que habían hecho diques y zonas de contención: los pequeños parques hundidos que hay cada cierto número de cuadras y que están poco más de un metro por debajo del nivel de la calle. Ahí puede haber juegos infantiles y mesitas, pero en épocas de lluvias están designados para recibir y contener el agua. Al centro de estos hay una suerte de pozo muy hondo recubierto con piedras porosas; los llaman “ojos de aguja”: mecanismos para que el agua atraviese los metros de barro impermeable y llegue al subsuelo. Según estudios a los que Gabo tuvo acceso, para que sean efectivos les faltan al menos otros treinta metros de profundidad. En conclusión: los fraccionamientos no estaban equipados para reencauzar el agua y hasta la fecha siguen así, sin arreglar.
El Diario de Juárez publicaría, el 10 de marzo de 2020, que en este territorio que se inunda, que carece de infraestructura para amortiguar la lluvia, hay unas cinco mil viviendas que pertenecen al Infonavit y “están ocupadas por personas que no son sus dueños originales”.
Lorena Flores Torres es vecina de Gabo, vive a dos puertas de su domicilio. Es una mujer de unos cuarenta años, alta y seria, que viste jeans y una blusa sencilla cuando la entrevistamos. Vive en una casa color mostaza: los consabidos cuarenta metros cuadrados de construcción con un pequeño patio al frente y su cochera. Llegó en 2007, cuando su esposo compró la casa. “Cuando llegamos, todo estaba vacío. Yo pensé que porque era nuevo. Pero a los pocos meses más vecinos se fueron”, advierte Lorena. En otras palabras, en vez que de que la nueva colonia se fuera poblando, se quedaba aún más vacía. Poco después supo la razón.
Meses antes de que su familia se mudara aquí, Palmas del Sol había sufrido la primera gran inundación. Lluvias “atípicas” reclamaron la Laguna de Patos y el agua llegó hasta el metro de altura. La gente subió el colchón, la televisión, lo que pudiera, a la azotea. Ya había sospechas de que algo andaba mal con el fraccionamiento, pero cuando Lorena y su esposo firmaron con el Infonavit, ninguna autoridad ni empresa les advirtió. Para la segunda inundación, en octubre de 2008, el Infonavit vetó el área: ni el Infonavit ni las constructoras podían seguir vendiendo casas, y a los que ya habían adquirido una vivienda se les ofreció reubicarlos en otra colonia, todavía más lejana y peligrosa. La familia se negó. De por sí, esta ya se encontraba lejos de todo: para llegar al centro de Juárez, en camiones del transporte público, el trayecto implica hasta dos horas. Así que se quedaron.
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Marina Contreras es juarense. Ella dedicó su tesis de doctorado en Urbanismo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a tratar de explicar las múltiples causas de este lado de la frontera por las que las personas dejan de pagar sus casas de interés social o, de plano, las abandonan. Lo hizo sobre todo para entender quiénes habitan estos territorios. Contreras identifica tres factores para que se diera este fenómeno: primero, la inseguridad, que no se ha detenido desde que llegó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La violencia, desde entonces, ha estado ahí, con fluctuaciones, pero no se va; tan solo en 2021, Ciudad Juárez fue el tercer municipio más inseguro y el número trece en pobreza. Segundo, las condiciones periféricas. Habitar la periferia resulta bastante más costoso, más difícil, más violento. En otras palabras, sale caro ser pobre. Y tercero, la precarización laboral: las crisis económicas afectaron la frontera, que es totalmente dependiente de las fluctuaciones internacionales. Por ejemplo, durante 2020, el año de entrada de la pandemia, la maquila mexicana, a nivel nacional, perdió 25% de empleos.
Sobre este último punto, la doctora Contreras se extiende un poco más en entrevista: “No es fácil pagar un crédito de vivienda en este contexto; a pesar de que haya un contrato de por medio, es muy fácil que un obrero pueda ser despedido o ‘mandado a descansar’ si existe el menor percance en la economía internacional. Incluso te pueden necesitar solo dos días a la semana en vez de seis. Esto implica un atraso en los pagos que, como bola de nieve, aumenta la deuda a tamaños insospechados”. Y esta volatilidad, acusa Contreras, “suelen pasarla de lado los responsables de los diseños institucionales y prefieren culpar al trabajador”, decir que los trabajadores no pagan.
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En Palmas del Sol no solo fue la inundación. Para toda la ciudad llegaron tiempos difíciles. Muchos señalan 2008 como el año cero, cuando Juárez se desplomó; los años de la violencia por el narcotráfico. La ciudad fue campo de guerra. Trabajadores migrantes recién llegados, que apenas habían comprado una casa, decidieron abandonarlo todo con las balaceras y regresar a sus pueblos de origen. Si con las inundaciones se fueron muchos, en la época de gran violencia, entre 2008 y 2013, el fraccionamiento se vació. Según una nota de La Verdad, para marzo de 2020 solo quedaba 5% de los habitantes originales. Ahora en la calle Respeto, por ejemplo, hay apenas tres familias: la de Lorena Flores, la de Gabriel García y la de una mujer que no acepto esta entrevista.
Las casas se convirtieron en tapias, despojadas de puertas, ventanas, inodoros, cableado: cascarones de cuencas vacías; cavernas que usaba cualquiera que se dispusiera; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. “Era bastante tétrico, en verdad. Daba miedo vivir aquí”, recuerda Gabo. Y los servicios escaseaban. Con el veto del Infonavit, el transporte público dejó de llegar; hasta la fecha, para ir al supermercado la gente debe contemplar entre sus gastos el pago del Uber u otro servicio similar. En la ciudad no existen taxis públicos como tal. Nunca han existido, solo “carros de sitio”. Sus bases se encuentran en plazas comerciales, zonas turísticas y hoteles. Son, por lo menos, cuatro veces más caros que un Uber. El de recolección de basura también dejó de venir y, de hecho, acusan, todavía no lo hace con periodicidad. Entonces los vecinos designaron una de las tapias como tiradero y, hasta estos días, hay una o dos viviendas que siguen siendo el basurero del barrio.
Pero no hay mal que dure cien años. Con el tiempo, el clima de violencia parecía que podría terminar. “Después de 2011 comenzaría a bajar la violencia y aumentaría la contratación en la maquila y, entonces, comienzan a llegar otras familias migrantes que se encuentran con una ciudad fantasma, con casas destruidas”, dice en entrevista el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Como la maquila requiere nueva mano de obra, los migrantes vuelven a llegar. Los territorios de expulsión volvieron a ser codiciados, a ser negocio. Por ejemplo, la casa junto a la de Gabo solían usarla desconocidos para drogarse y encender fogatas; entonces una amiga le sugirió que mejor la ocupara él. Y Gabo así lo hizo: cerró puertas y ventanas, comenzó a reconstruirla poco a poco. Tras dos años y cincuenta mil pesos de inversión, hoy tiene ahí una estética, que anuncia con un vistoso inflable azul y rojo.
Hasta la fecha, Palmas del Sol sigue sin tener alumbrado público, así que, por seguridad, los vecinos mejor se encierran al caer el sol. Una o dos veces ha entrado gente a robar. Revisando la prensa de los últimos años, la violencia sigue presente: el periódico digital Omnia reportó, el 31 de mayo de 2019, a un hombre ejecutado dentro de su casa en las calles de Unidad y Fortaleza; El Diario de Juárez reportó el 27 de diciembre de 2020, a un hombre asesinado a balazos en las calles Paseo Nobleza y Primero Congreso Local, junto a un vehículo Nissan, y El Heraldo de Chihuahua, el 18 de mayo de 2021, el hallazgo de tres mujeres sin vida, envueltas en cobijas, entre Nardos y Paseo de las Palmas. Así han pasado los peores años de Ciudad Juárez.
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Cuando los mismos ideólogos del modelo de vivienda social ofrecieron reducir el Infonavit, que albergaba el fondo para la vivienda, a un aval hipotecario, dejaron el campo libre para empresas constructoras e inmobiliarias que, con el tiempo, terminarían también acaparando los remates de viviendas abandonadas, por resultar impagables o haberse edificado en zonas de alto riesgo.
En 2019, el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson comenzó a recibir denuncias y peticiones de ayuda por parte de varios habitantes de fraccionamientos del suroriente de la ciudad: Palmas del Sol, Las Almeras, Villas del Sur, Praderas del Sol, Los Arcos. Acudieron a él por ser el congresista local. Él cuenta que eran tantas las personas que decidió involucrarse en la organización de varios grupos dispuestos a dar batalla legal ante las inmobiliarias. Las asociaciones de ciudadanos ocurrían en dos variables: aquellas conformadas por antiguos derechohabientes cuyas deudas se volvieron impagables y por quienes llegaron a ocupar las viviendas abandonadas y completamente destruidas y vivían en ellas de manera irregular.
“Hablamos de casas que se hallaban vandalizadas, sin luz, sin cables, sin ventanas ni puertas ni marcos; sin baños, muchas de ellas, sin piso. Entonces, miles de personas lo que hacen propiamente dicho es recuperarlas, no invadirlas. Hay que tener cuidado con los términos”, dice el diputado, quien ha sido abogado laborista por cuatro décadas. “Muchas de las hipotecas se volvieron impagables durante la crisis de 2008-2013, así que se abandonan las propiedades, y una vez que se recuperan y se restauran por estas personas, el Infonavit las pone en remate ante inmobiliarias entre quince mil y treinta mil pesos”.
Estos paquetes de venta a granel, efectuados por el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, estuvieron vigentes hasta 2017. Desde la Ciudad de México, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, lo confirma: hasta esa fecha, la institución remató a las “vivienderas” unas veinte mil casas por año. Y en esto participaron empresas chicas, grandes; algunas muy favorecidas por las autoridades, como Homex o Geo y sus filiales, “pero también empresas locales que supieron ver la oportunidad”, admite Martínez Velázquez.
Con el arribo del nuevo Gobierno federal, en 2018, se suspenden los remates. Pero el daño ya estaba hecho. De acuerdo con De la Rosa Hickerson, el presidente López Obrador emitió una orden para que el Infonavit renegociara el pago de viviendas entre aquellos trabajadores afiliados y conviniera pagos acordes a los salarios de cada trabajador y descuento por nómina. Y hasta la fecha ha funcionado. Martínez Velázquez advierte con orgullo que desde su llegada se han reestructurado “dos millones de créditos en todo el país”.
El problema, sin embargo, son los “no contribuyentes”: los que no cotizan en el seguro social. De la Rosa Hickerson advierte: de las 75 000 viviendas edificadas en la famosa Laguna de Patos, solo entre 10% y 15% pertenecen a contribuyentes que tienen una deuda con el Infonavit. La mayor parte del problema está entre la gente que llegó sin nada y se metió a una vivienda abandonada y la rescató. Gente como los vecinos de Gabo. Para ellos, la solución no ha llegado. Mientras, las constructoras rondan.
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Petrona González Hernández, su esposo, Francisco Carrasco, y su hermana, María, son tres adultos mayores, bajitos, de tez morena. Desde 1998 cambiaron el verdor y la humedad de Comalcalco, Tabasco, por el desierto y la ciudad sin fin de Juárez. A diferencia de la mayoría de quienes llegan a este lado de la frontera, ellos no venían buscando un mejor trabajo; venían huyendo de una pérdida. Su tierra los expulsó cuando Petrona y Francisco perdieron un hijo, de ocho años, en el mar. “Nos agüitaba el ruido del mar. Porque nunca lo recuperamos. Así que mi hermana, que ya vivía aquí, me dijo: ‘Vénganse para acá’”. Y eso hicieron. “Juárez nos trató de maravilla”, dice Petrona.
La ciudad los acogió, les dio empleo en las maquilas; la gente los hizo sentirse bienvenidos. Es algo que repiten una y otra vez los avecindados: esta es una ciudad que arropa a quienes llegan. A pesar de la violencia, del crimen, de todos los problemas, la gente termina queriendo a “Juaritos”. Así que, después de unos años, se decidieron a comprar una casa mediante Crédito y Casa, S. A. de C. V., brazo hipotecario de Homex, que cambió de nombre un par de veces hasta su disolución. En otras palabras: no compraron mediante el Infonavit, pero sí mediante la constructora más favorecida. Así que adquirieron una vivienda de dos recámaras, un baño, cocina y estancia, todo en cuarenta metros cuadrados, sobre la calle La Gloria, en Palmas del Sol.
Según el contrato que Francisco muestra, el valor de la casa era de 294 005.89 pesos. Como sucedió con los créditos que las empresas constructoras vendieron “por fuera” a trabajadores precarizados sin acceso al Infonavit, la transacción la hicieron en UDIS (Unidades de Inversión), un esquema que estaba muy de moda en la primera década de los años 2000. Resultaba muy útil para inversionistas con mucho capital, con el cual liquidan pronto una deuda, porque permite al inicio pagos muy bajos. El problema es que, si no se liquidan pronto, se vuelven impagables; en otras palabras, son muy volátiles. Seguramente el matrimonio Carrasco no lo sabía: el sistema UDIS resultó terriblemente inestable y muchos compradores quedaron endeudados para siempre al adquirir su casa así. Juan de la Cruz Herrera Morales, el apoderado de la inmobiliaria, desde Culiacán, Sinaloa, probablemente no les explicó nada; ni siquiera se molestó en firmar el contrato que los deudores sí signaron. Y es lo primero que reclama Francisco: le prometieron que las mensualidades no cambiarían, que el monto sería el mismo siempre. Fue mentira: el monto de la mensualidad nunca paró de crecer.
A finales de 2006, cuando la gente de Palmas del Sol empezaba a abandonar sus casas por las inundaciones, Crédito y Casa tenía presencia en todo el país, contaba con más de 890 empleados y administraba más de 81 000 hipotecas, con un valor de diecisiete mil millones de pesos —eran los años de bonanza de las “vivienderas”—. Pero al año siguiente, como lo cubrieron los medios, Crédito y Casa vendió cartera vencida y, finalmente, todos sus activos a Coppel. En el mundo de la calle eso se tradujo en que, de la noche a la mañana, no había certeza sobre si había que pagar o no la hipoteca. Además, el monto subía cada mes y, cada tanto, la deuda iba pasando a otras empresas. Esto implicaba que los habitantes debían desplazarse a lugares cada vez más lejanos para pagar su hipoteca. “La constructora se la pasó [la hipoteca] a Coppel y Coppel se la pasó a alguien más. Bueno, por fin, ¿quién me va a cobrar?”, pensaba Petrona. Así que dejaron de pagar la hipoteca, pero no el impuesto del predial: hoy, una prueba de que ese pedazo de tierra es suyo.
Nadie los molestó durante los peores años de la violencia (2008-2011). La vuelta de tuerca fue reciente. “Hace dos o tres años me llegó un cobro del predial...”. Francisco hace una pausa e intercede su esposa: “Yo fui a pagar a un Soriana. Eran como mil y tantos y pagué la mitad del predial. Quedé debiendo seiscientos pesos. Pero, entonces, me caí. Ya no pude ir a pagar. Y ahora que nos vino el cobro [en 2021], llegó a nombre de una constructora”.
De nuevo Francisco: “A mí me llegó un pagaré y fui al Ayuntamiento. Allá me mandaron. Fui y me dice la señorita: ‘¿Sabe qué?, no puede pagar el predial porque aparece a nombre de una constructora. O sea, usted ya no es el dueño [de la casa]’. ‘Pero ¿cómo que no soy el dueño?’. ‘Pues no, ahora es de una constructora...’”.
Probablemente, lo que pasó con Francisco y Petrona es que fueron víctimas de algún juicio exprés para que alguna empresa recuperara la casa. Esto sin importar que la zona esté vetada para vender y que la familia lleve más de dieciséis años en el lugar. Los tres ancianos están en riesgo de desalojo. Y los desalojos ya han ocurrido.
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Estamos de nuevo en la calle La Gloria, pero más al sur, cerca de Calendario Azteca. Es la zona más cercana al despoblado, a lo que en épocas de lluvias se vuelve inundable. Aquí, a diferencia de la calle de Gabo, es evidente que las casas fueron habitadas recientemente. Algunas tienen cercas de madera, con materiales de segunda mano; se nota que apenas están siendo acondicionadas.
Ahí, en enero de 2021, hubo un intento de desalojo. Lo cuenta don Jaime, un hombre robusto, de unos cincuenta años, proveniente de Veracruz, vecino desde hace varios años y trabajador de la maquila. Él, como la mayoría, habla bien de Juárez. Explica que prefiere trabajar en la maquila las ocho, diez o doce horas de jornada bajo el aire acondicionado que cortar caña bajo el sol ardiente en su pueblo natal, cerca de Córdoba. Él ha atestiguado los desalojos y, a pesar de ello, no se ha planteado regresar a su pueblo.
—Llegan hasta con plantas eléctricas pa’ cortar. Le arrancaron hasta la puerta. Pero llegaron hasta una casa que ni era. No era. Así han llegado varias veces…
—¿Y qué hicieron los vecinos?
—Por medio de un WhatsApp, la comunicación está entre todos. Y llegaron varios, unos veinte, veinticinco vecinos, llegan muy agresivos, llegan con papeles que no son. Siempre presentan cartas así: último aviso de desalojo, acción inmediata. Pero son hojas de su misma compañía. Era una inmobiliaria.
—¿Qué inmobiliaria?
—No recuerdo cuál era. Muchas veces ni dicen.
—Pero si estas casas están vetadas, ¿cómo las reclaman?
Los vecinos se ríen.
Hasta la fecha, el veto de 2008 no ha sido levantado realmente. Gabriel García es quien más tarde explica:
—Para que se pueda quitar el veto, se tienen que reparar todos los diques y zonas de contención de agua. Para que se pueda arreglar cada una de las zonas, se tiene que escarbar más, porque no están bien hechas. Les faltan todavía treinta metros de excavación. Ni Conagua, ni la Junta de Aguas ni nadie se quiere hacer cargo porque es un monto muy elevado. Mientras no se pueda quitar el problema de la inundación, no se puede quitar el veto. Y no se trata de arreglar un solo lugar: se tienen que arreglar todos los diques de todas las colonias. Estamos hablando de unos cuatro mil espacios donde se contiene el agua.
Pero regresamos a los desalojos: ¿cómo lograron que se fueran?
—Primero, la unión de los vecinos. Las gentes de Seguridad Pública se prestan mucho a darles apoyo ahí, pues supimos defendernos mejor.
Gabriel interviene:
—Estos años nos han enseñado que solo con una orden de un juez pueden despojarnos de nuestras casas. Era algo que al principio no sabíamos. Muchos se asustaron y se fueron, pero quienes nos quedamos estamos ahora mejor preparados y ya no nos asustan tan fácilmente.
Francisco y Petrona, Jaime, Gabriel y muchos más forman parte de la asociación Vecinos de Juárez Trabajando, que dirige Gabriel. Hasta ahora, cuenta el estilista, han ganado dieciocho de veinte juicios por intento de despojarlos de sus casas.
En la calle La Gloria, casi esquina con Calendario Azteca, hay un detalle: junto a estas casas recién ocupadas hay varias tapias que continúan abandonadas. Al preguntarle a don Jaime por qué cree que prefieren despojar a los habitantes recién venidos en vez de recuperar con agilidad las viviendas que están vacías, él responde sin dudar:
—Porque ya están restauradas.
¡Gracias!
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Casas abandonadas que se convirtieron en tapias, despojadas de puertas y ventanas; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. Hubo quienes llegaron sin nada, las ocuparon, las rescataron y las habitan de manera irregular. No hay institución que sepa con exactitud cuántas familias viven en estos contextos. Ante la recuperación de viviendas que busca el Infonavit, ¿qué pasará con sus habitantes? Esta historia forma parte del especial "Vivienda en crisis".
Una asistente graba con el celular una reunión, a finales de septiembre de 2021, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están presentes funcionarios, diputados y líderes vecinales de varios fraccionamientos de interés social. La reunión ocurre en una oficina: se ven luces de estrobo pegadas al techo, paredes blancas, mesas desplegadas con gente alrededor. No es posible identificar a todos en el video; sin embargo, el joven de camisa rosa es Román Alcántar, diputado suplente del partido Morena por el Distrito VII de Ciudad Juárez, quien representa ahí a un grupo de vecinos. El tema de la reunión son las 2 300 viviendas de interés social en este estado cuyos dueños originales abandonaron y que el Infonavit pretende revender, a bajo costo, a través del programa Renovación a tu Medida.
La mayoría de las casas candidatas se encuentran en el suroriente de la ciudad y, de acuerdo con las reglas de operación, ya se ha certificado que tengan todos los servicios: transporte, recolección de basura, escuelas. En agosto de 2020 una delegación local del Infonavit anunció que facilitaría procesos y trámites para ponerlas a disposición de las y los obreros que cotizaran; también para que, quienes estuvieran en posesión de una casa de forma irregular, pudieran comprarla. Esto excluye, por el momento, a los trabajadores informales: aquellos que preparan comida callejera, trabajan haciendo el aseo o se dedican al ambulantaje y que por eso no cotizan en el Infonavit.
Este es justo el tema que se discute en la reunión que se graba, en la que hablan de lo que sucederá con estos vecinos (entre ellos, adultos mayores del fraccionamiento Palmas del Sol), cuyo techo y cobijo están en riesgo. ¿Tendrán que abandonar sus viviendas para poner a alguien que sí cotice? Los desalojos, denuncian, ya están ocurriendo.
En el video, mientras un funcionario municipal pide a todos “esperar a las reglas de operación”, seguido de unas palabras apaciguadoras, “Sabemos que hay una gran necesidad de vivienda”, una líder vecinal levanta la voz respondiendo: “¡No es que no quieran regularizarse, sino que no pueden!” (por vivir de la informalidad); el diputado Alcántar ataja: “¿Y qué hacemos con las personas que sí tienen derecho, que han ido a trabajar a la maquila y quieren su vivienda? ¿Y las personas que tengan veinte o treinta años ahí y quieran iniciar un juicio de prescripción? Las puertas están abiertas...”. La reunión parece terminar sin llegar a buen puerto.
Ciudad Juárez es una metrópoli que consume insaciablemente mano de obra para las 413 maquiladoras que se cuentan aquí: farmacéuticas, vehículos, electrónicos. Se calcula que hay veinte mil casas de interés social abandonadas —que se construyeron para sus derechohabientes—, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor vivienda en esta situación; a nivel nacional se calculan seiscientas mil, lo que equivaldría a la zona conurbada de Puebla. Pero, de acuerdo con el último censo del Inegi, podríamos estar hablando de seis millones de viviendas deshabitadas en el país, incluidas aquellas que fueron construidas o adquiridas con otro tipo de financiamiento.
Pero que esos inmuebles estén abandonados no implica que estén deshabitados: en la mayoría se alojan familias que no tenían un lugar donde vivir, que los hallaron vacíos y los convirtieron en sus hogares. Fueron abandonados por diversas razones: por el desempleo, porque las hipotecas se volvieron impagables, por estar construidos en zonas de riesgo o por la violencia que sacude al país. Solo que nadie sabe con exactitud cuántas familias viven en estos contextos, el problema apenas se está estudiando.
A finales de 2021, Gatopardo entrevistó al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para hablar del abandono de vivienda, de los casos de posesión irregular como el que se habla en este video grabado con el celular, de familias que ocuparon estas viviendas y ahora pueden quedarse sin nada. Martínez Velázquez explica que el esquema impagable que generó el alud judicial que enfrenta el Infonavit se diseñó, durante la gestión de Vicente Fox, partiendo de una falsa premisa: que todo trabajador con acceso a crédito tendría una “carrera salarial”, que sus ingresos mejorarían con los años: “Se asumía que la gente iba a crecer su salario e iba a terminar su vivienda”, dice.
Con ello en mente, aquella administración ideó un modelo de construcción de vivienda. “Pies de casas” baratos que el trabajador podría pagar eventualmente y hasta le sobraría capital para ampliarlas. Los créditos se estructuraron en salarios mínimos, “como si los hicieras en otra moneda”, dice Martínez Velázquez, lo que ocasionó una doble actualización con la devaluación del peso o cada vez que el Gobierno aumentara el salario mínimo. En la práctica, aquella idea de la “carrera salarial” quedó hecha trizas. Años después se tienen mayores tasas de interés y atraso en los pagos. El problema se volvió grave en aquellas ciudades cuyo modelo económico está intrínsecamente ligado a la maquila. Tal es el caso de Ciudad Juárez, donde ocurre esta segunda historia, el municipio que acusa el mayor abandono de vivienda pública. Tan solo en la crisis de 2008-2009 se perdieron 116 000 plazas laborales, lo que se tradujo en una bola de nieve de cartera vencida que creció de manera exorbitante.
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Gabriel García —a quien llaman solo Gabo o, a veces, Garbo— es un estilista de 43 años. Delgado, lleva el cabello recogido en una coleta, unos jeans y una camisa perfectamente planchados, con uñas cortas y barniz negro. Se ve el empeño y pasión en arreglarse. Esta mañana de octubre de 2021, Gabriel camina sobre la acera de su casa, en la calle Respeto, en Palmas del Sol, y desentona con el escenario. Una calle que inicia en un terreno baldío sin mayor adorno que unos chamizos secos y bolsas de plástico apiladas que el sol ha decolorado. Es un barrio de calles polvorientas y sin árboles, desérticas; solo un recorrido de basura acumulada, algunas casas abandonadas y otras tapiadas con desechos de material de construcción y encharcamientos.
Hace años, no más de veinticinco, la tierra bajo la banqueta que pisamos formaba parte de una cuenca que se inundaba con las pocas lluvias del desierto y adonde llegaban bandadas de aves para nutrirse de anfibios y peces pequeños que nacían al amparo del verano. A ese remanso, al que los vecinos iban a pescar y cazar, lo bautizaron como Laguna de Patos y el nombre se le quedó. Era un oasis en los campos yermos, que se mantenía por meses gracias al suelo arcilloso que conservaba la humedad. Ahora, con todo y casas, “sigue siendo una laguna: siempre que llueve”, dice Gabriel.
Sobre ese terreno ahora se encuentra Palmas del Sol, un fraccionamiento de casas de interés social en el suroriente de Ciudad Juárez, justo donde se encuentra la mayoría de las viviendas que el Infonavit pretende recuperar y revender. Algunas, advierte Gabo, están en Palmas del Sol, que construyó Homex y que junto con otro puñado de colonias igualmente precarias forma El Barreal. Barreal, barrio, barro.
Desde 1994, el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial declaró inviable habitar El Barreal porque se trataba de la cuenca hidrológica más grande de la región, con once subcuencas y una extensión de 167 114 kilómetros cuadrados. Por eso se inunda, y su arcilla, su barro, funciona como una capa impermeable que impide que la tierra absorba el agua. Aunque sabían todo esto, constructoras y gobiernos permitieron hacer casas aquí.
Probablemente se escudaron alegando que habían hecho diques y zonas de contención: los pequeños parques hundidos que hay cada cierto número de cuadras y que están poco más de un metro por debajo del nivel de la calle. Ahí puede haber juegos infantiles y mesitas, pero en épocas de lluvias están designados para recibir y contener el agua. Al centro de estos hay una suerte de pozo muy hondo recubierto con piedras porosas; los llaman “ojos de aguja”: mecanismos para que el agua atraviese los metros de barro impermeable y llegue al subsuelo. Según estudios a los que Gabo tuvo acceso, para que sean efectivos les faltan al menos otros treinta metros de profundidad. En conclusión: los fraccionamientos no estaban equipados para reencauzar el agua y hasta la fecha siguen así, sin arreglar.
El Diario de Juárez publicaría, el 10 de marzo de 2020, que en este territorio que se inunda, que carece de infraestructura para amortiguar la lluvia, hay unas cinco mil viviendas que pertenecen al Infonavit y “están ocupadas por personas que no son sus dueños originales”.
Lorena Flores Torres es vecina de Gabo, vive a dos puertas de su domicilio. Es una mujer de unos cuarenta años, alta y seria, que viste jeans y una blusa sencilla cuando la entrevistamos. Vive en una casa color mostaza: los consabidos cuarenta metros cuadrados de construcción con un pequeño patio al frente y su cochera. Llegó en 2007, cuando su esposo compró la casa. “Cuando llegamos, todo estaba vacío. Yo pensé que porque era nuevo. Pero a los pocos meses más vecinos se fueron”, advierte Lorena. En otras palabras, en vez que de que la nueva colonia se fuera poblando, se quedaba aún más vacía. Poco después supo la razón.
Meses antes de que su familia se mudara aquí, Palmas del Sol había sufrido la primera gran inundación. Lluvias “atípicas” reclamaron la Laguna de Patos y el agua llegó hasta el metro de altura. La gente subió el colchón, la televisión, lo que pudiera, a la azotea. Ya había sospechas de que algo andaba mal con el fraccionamiento, pero cuando Lorena y su esposo firmaron con el Infonavit, ninguna autoridad ni empresa les advirtió. Para la segunda inundación, en octubre de 2008, el Infonavit vetó el área: ni el Infonavit ni las constructoras podían seguir vendiendo casas, y a los que ya habían adquirido una vivienda se les ofreció reubicarlos en otra colonia, todavía más lejana y peligrosa. La familia se negó. De por sí, esta ya se encontraba lejos de todo: para llegar al centro de Juárez, en camiones del transporte público, el trayecto implica hasta dos horas. Así que se quedaron.
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Marina Contreras es juarense. Ella dedicó su tesis de doctorado en Urbanismo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a tratar de explicar las múltiples causas de este lado de la frontera por las que las personas dejan de pagar sus casas de interés social o, de plano, las abandonan. Lo hizo sobre todo para entender quiénes habitan estos territorios. Contreras identifica tres factores para que se diera este fenómeno: primero, la inseguridad, que no se ha detenido desde que llegó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La violencia, desde entonces, ha estado ahí, con fluctuaciones, pero no se va; tan solo en 2021, Ciudad Juárez fue el tercer municipio más inseguro y el número trece en pobreza. Segundo, las condiciones periféricas. Habitar la periferia resulta bastante más costoso, más difícil, más violento. En otras palabras, sale caro ser pobre. Y tercero, la precarización laboral: las crisis económicas afectaron la frontera, que es totalmente dependiente de las fluctuaciones internacionales. Por ejemplo, durante 2020, el año de entrada de la pandemia, la maquila mexicana, a nivel nacional, perdió 25% de empleos.
Sobre este último punto, la doctora Contreras se extiende un poco más en entrevista: “No es fácil pagar un crédito de vivienda en este contexto; a pesar de que haya un contrato de por medio, es muy fácil que un obrero pueda ser despedido o ‘mandado a descansar’ si existe el menor percance en la economía internacional. Incluso te pueden necesitar solo dos días a la semana en vez de seis. Esto implica un atraso en los pagos que, como bola de nieve, aumenta la deuda a tamaños insospechados”. Y esta volatilidad, acusa Contreras, “suelen pasarla de lado los responsables de los diseños institucionales y prefieren culpar al trabajador”, decir que los trabajadores no pagan.
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En Palmas del Sol no solo fue la inundación. Para toda la ciudad llegaron tiempos difíciles. Muchos señalan 2008 como el año cero, cuando Juárez se desplomó; los años de la violencia por el narcotráfico. La ciudad fue campo de guerra. Trabajadores migrantes recién llegados, que apenas habían comprado una casa, decidieron abandonarlo todo con las balaceras y regresar a sus pueblos de origen. Si con las inundaciones se fueron muchos, en la época de gran violencia, entre 2008 y 2013, el fraccionamiento se vació. Según una nota de La Verdad, para marzo de 2020 solo quedaba 5% de los habitantes originales. Ahora en la calle Respeto, por ejemplo, hay apenas tres familias: la de Lorena Flores, la de Gabriel García y la de una mujer que no acepto esta entrevista.
Las casas se convirtieron en tapias, despojadas de puertas, ventanas, inodoros, cableado: cascarones de cuencas vacías; cavernas que usaba cualquiera que se dispusiera; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. “Era bastante tétrico, en verdad. Daba miedo vivir aquí”, recuerda Gabo. Y los servicios escaseaban. Con el veto del Infonavit, el transporte público dejó de llegar; hasta la fecha, para ir al supermercado la gente debe contemplar entre sus gastos el pago del Uber u otro servicio similar. En la ciudad no existen taxis públicos como tal. Nunca han existido, solo “carros de sitio”. Sus bases se encuentran en plazas comerciales, zonas turísticas y hoteles. Son, por lo menos, cuatro veces más caros que un Uber. El de recolección de basura también dejó de venir y, de hecho, acusan, todavía no lo hace con periodicidad. Entonces los vecinos designaron una de las tapias como tiradero y, hasta estos días, hay una o dos viviendas que siguen siendo el basurero del barrio.
Pero no hay mal que dure cien años. Con el tiempo, el clima de violencia parecía que podría terminar. “Después de 2011 comenzaría a bajar la violencia y aumentaría la contratación en la maquila y, entonces, comienzan a llegar otras familias migrantes que se encuentran con una ciudad fantasma, con casas destruidas”, dice en entrevista el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Como la maquila requiere nueva mano de obra, los migrantes vuelven a llegar. Los territorios de expulsión volvieron a ser codiciados, a ser negocio. Por ejemplo, la casa junto a la de Gabo solían usarla desconocidos para drogarse y encender fogatas; entonces una amiga le sugirió que mejor la ocupara él. Y Gabo así lo hizo: cerró puertas y ventanas, comenzó a reconstruirla poco a poco. Tras dos años y cincuenta mil pesos de inversión, hoy tiene ahí una estética, que anuncia con un vistoso inflable azul y rojo.
Hasta la fecha, Palmas del Sol sigue sin tener alumbrado público, así que, por seguridad, los vecinos mejor se encierran al caer el sol. Una o dos veces ha entrado gente a robar. Revisando la prensa de los últimos años, la violencia sigue presente: el periódico digital Omnia reportó, el 31 de mayo de 2019, a un hombre ejecutado dentro de su casa en las calles de Unidad y Fortaleza; El Diario de Juárez reportó el 27 de diciembre de 2020, a un hombre asesinado a balazos en las calles Paseo Nobleza y Primero Congreso Local, junto a un vehículo Nissan, y El Heraldo de Chihuahua, el 18 de mayo de 2021, el hallazgo de tres mujeres sin vida, envueltas en cobijas, entre Nardos y Paseo de las Palmas. Así han pasado los peores años de Ciudad Juárez.
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Cuando los mismos ideólogos del modelo de vivienda social ofrecieron reducir el Infonavit, que albergaba el fondo para la vivienda, a un aval hipotecario, dejaron el campo libre para empresas constructoras e inmobiliarias que, con el tiempo, terminarían también acaparando los remates de viviendas abandonadas, por resultar impagables o haberse edificado en zonas de alto riesgo.
En 2019, el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson comenzó a recibir denuncias y peticiones de ayuda por parte de varios habitantes de fraccionamientos del suroriente de la ciudad: Palmas del Sol, Las Almeras, Villas del Sur, Praderas del Sol, Los Arcos. Acudieron a él por ser el congresista local. Él cuenta que eran tantas las personas que decidió involucrarse en la organización de varios grupos dispuestos a dar batalla legal ante las inmobiliarias. Las asociaciones de ciudadanos ocurrían en dos variables: aquellas conformadas por antiguos derechohabientes cuyas deudas se volvieron impagables y por quienes llegaron a ocupar las viviendas abandonadas y completamente destruidas y vivían en ellas de manera irregular.
“Hablamos de casas que se hallaban vandalizadas, sin luz, sin cables, sin ventanas ni puertas ni marcos; sin baños, muchas de ellas, sin piso. Entonces, miles de personas lo que hacen propiamente dicho es recuperarlas, no invadirlas. Hay que tener cuidado con los términos”, dice el diputado, quien ha sido abogado laborista por cuatro décadas. “Muchas de las hipotecas se volvieron impagables durante la crisis de 2008-2013, así que se abandonan las propiedades, y una vez que se recuperan y se restauran por estas personas, el Infonavit las pone en remate ante inmobiliarias entre quince mil y treinta mil pesos”.
Estos paquetes de venta a granel, efectuados por el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, estuvieron vigentes hasta 2017. Desde la Ciudad de México, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, lo confirma: hasta esa fecha, la institución remató a las “vivienderas” unas veinte mil casas por año. Y en esto participaron empresas chicas, grandes; algunas muy favorecidas por las autoridades, como Homex o Geo y sus filiales, “pero también empresas locales que supieron ver la oportunidad”, admite Martínez Velázquez.
Con el arribo del nuevo Gobierno federal, en 2018, se suspenden los remates. Pero el daño ya estaba hecho. De acuerdo con De la Rosa Hickerson, el presidente López Obrador emitió una orden para que el Infonavit renegociara el pago de viviendas entre aquellos trabajadores afiliados y conviniera pagos acordes a los salarios de cada trabajador y descuento por nómina. Y hasta la fecha ha funcionado. Martínez Velázquez advierte con orgullo que desde su llegada se han reestructurado “dos millones de créditos en todo el país”.
El problema, sin embargo, son los “no contribuyentes”: los que no cotizan en el seguro social. De la Rosa Hickerson advierte: de las 75 000 viviendas edificadas en la famosa Laguna de Patos, solo entre 10% y 15% pertenecen a contribuyentes que tienen una deuda con el Infonavit. La mayor parte del problema está entre la gente que llegó sin nada y se metió a una vivienda abandonada y la rescató. Gente como los vecinos de Gabo. Para ellos, la solución no ha llegado. Mientras, las constructoras rondan.
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Petrona González Hernández, su esposo, Francisco Carrasco, y su hermana, María, son tres adultos mayores, bajitos, de tez morena. Desde 1998 cambiaron el verdor y la humedad de Comalcalco, Tabasco, por el desierto y la ciudad sin fin de Juárez. A diferencia de la mayoría de quienes llegan a este lado de la frontera, ellos no venían buscando un mejor trabajo; venían huyendo de una pérdida. Su tierra los expulsó cuando Petrona y Francisco perdieron un hijo, de ocho años, en el mar. “Nos agüitaba el ruido del mar. Porque nunca lo recuperamos. Así que mi hermana, que ya vivía aquí, me dijo: ‘Vénganse para acá’”. Y eso hicieron. “Juárez nos trató de maravilla”, dice Petrona.
La ciudad los acogió, les dio empleo en las maquilas; la gente los hizo sentirse bienvenidos. Es algo que repiten una y otra vez los avecindados: esta es una ciudad que arropa a quienes llegan. A pesar de la violencia, del crimen, de todos los problemas, la gente termina queriendo a “Juaritos”. Así que, después de unos años, se decidieron a comprar una casa mediante Crédito y Casa, S. A. de C. V., brazo hipotecario de Homex, que cambió de nombre un par de veces hasta su disolución. En otras palabras: no compraron mediante el Infonavit, pero sí mediante la constructora más favorecida. Así que adquirieron una vivienda de dos recámaras, un baño, cocina y estancia, todo en cuarenta metros cuadrados, sobre la calle La Gloria, en Palmas del Sol.
Según el contrato que Francisco muestra, el valor de la casa era de 294 005.89 pesos. Como sucedió con los créditos que las empresas constructoras vendieron “por fuera” a trabajadores precarizados sin acceso al Infonavit, la transacción la hicieron en UDIS (Unidades de Inversión), un esquema que estaba muy de moda en la primera década de los años 2000. Resultaba muy útil para inversionistas con mucho capital, con el cual liquidan pronto una deuda, porque permite al inicio pagos muy bajos. El problema es que, si no se liquidan pronto, se vuelven impagables; en otras palabras, son muy volátiles. Seguramente el matrimonio Carrasco no lo sabía: el sistema UDIS resultó terriblemente inestable y muchos compradores quedaron endeudados para siempre al adquirir su casa así. Juan de la Cruz Herrera Morales, el apoderado de la inmobiliaria, desde Culiacán, Sinaloa, probablemente no les explicó nada; ni siquiera se molestó en firmar el contrato que los deudores sí signaron. Y es lo primero que reclama Francisco: le prometieron que las mensualidades no cambiarían, que el monto sería el mismo siempre. Fue mentira: el monto de la mensualidad nunca paró de crecer.
A finales de 2006, cuando la gente de Palmas del Sol empezaba a abandonar sus casas por las inundaciones, Crédito y Casa tenía presencia en todo el país, contaba con más de 890 empleados y administraba más de 81 000 hipotecas, con un valor de diecisiete mil millones de pesos —eran los años de bonanza de las “vivienderas”—. Pero al año siguiente, como lo cubrieron los medios, Crédito y Casa vendió cartera vencida y, finalmente, todos sus activos a Coppel. En el mundo de la calle eso se tradujo en que, de la noche a la mañana, no había certeza sobre si había que pagar o no la hipoteca. Además, el monto subía cada mes y, cada tanto, la deuda iba pasando a otras empresas. Esto implicaba que los habitantes debían desplazarse a lugares cada vez más lejanos para pagar su hipoteca. “La constructora se la pasó [la hipoteca] a Coppel y Coppel se la pasó a alguien más. Bueno, por fin, ¿quién me va a cobrar?”, pensaba Petrona. Así que dejaron de pagar la hipoteca, pero no el impuesto del predial: hoy, una prueba de que ese pedazo de tierra es suyo.
Nadie los molestó durante los peores años de la violencia (2008-2011). La vuelta de tuerca fue reciente. “Hace dos o tres años me llegó un cobro del predial...”. Francisco hace una pausa e intercede su esposa: “Yo fui a pagar a un Soriana. Eran como mil y tantos y pagué la mitad del predial. Quedé debiendo seiscientos pesos. Pero, entonces, me caí. Ya no pude ir a pagar. Y ahora que nos vino el cobro [en 2021], llegó a nombre de una constructora”.
De nuevo Francisco: “A mí me llegó un pagaré y fui al Ayuntamiento. Allá me mandaron. Fui y me dice la señorita: ‘¿Sabe qué?, no puede pagar el predial porque aparece a nombre de una constructora. O sea, usted ya no es el dueño [de la casa]’. ‘Pero ¿cómo que no soy el dueño?’. ‘Pues no, ahora es de una constructora...’”.
Probablemente, lo que pasó con Francisco y Petrona es que fueron víctimas de algún juicio exprés para que alguna empresa recuperara la casa. Esto sin importar que la zona esté vetada para vender y que la familia lleve más de dieciséis años en el lugar. Los tres ancianos están en riesgo de desalojo. Y los desalojos ya han ocurrido.
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Estamos de nuevo en la calle La Gloria, pero más al sur, cerca de Calendario Azteca. Es la zona más cercana al despoblado, a lo que en épocas de lluvias se vuelve inundable. Aquí, a diferencia de la calle de Gabo, es evidente que las casas fueron habitadas recientemente. Algunas tienen cercas de madera, con materiales de segunda mano; se nota que apenas están siendo acondicionadas.
Ahí, en enero de 2021, hubo un intento de desalojo. Lo cuenta don Jaime, un hombre robusto, de unos cincuenta años, proveniente de Veracruz, vecino desde hace varios años y trabajador de la maquila. Él, como la mayoría, habla bien de Juárez. Explica que prefiere trabajar en la maquila las ocho, diez o doce horas de jornada bajo el aire acondicionado que cortar caña bajo el sol ardiente en su pueblo natal, cerca de Córdoba. Él ha atestiguado los desalojos y, a pesar de ello, no se ha planteado regresar a su pueblo.
—Llegan hasta con plantas eléctricas pa’ cortar. Le arrancaron hasta la puerta. Pero llegaron hasta una casa que ni era. No era. Así han llegado varias veces…
—¿Y qué hicieron los vecinos?
—Por medio de un WhatsApp, la comunicación está entre todos. Y llegaron varios, unos veinte, veinticinco vecinos, llegan muy agresivos, llegan con papeles que no son. Siempre presentan cartas así: último aviso de desalojo, acción inmediata. Pero son hojas de su misma compañía. Era una inmobiliaria.
—¿Qué inmobiliaria?
—No recuerdo cuál era. Muchas veces ni dicen.
—Pero si estas casas están vetadas, ¿cómo las reclaman?
Los vecinos se ríen.
Hasta la fecha, el veto de 2008 no ha sido levantado realmente. Gabriel García es quien más tarde explica:
—Para que se pueda quitar el veto, se tienen que reparar todos los diques y zonas de contención de agua. Para que se pueda arreglar cada una de las zonas, se tiene que escarbar más, porque no están bien hechas. Les faltan todavía treinta metros de excavación. Ni Conagua, ni la Junta de Aguas ni nadie se quiere hacer cargo porque es un monto muy elevado. Mientras no se pueda quitar el problema de la inundación, no se puede quitar el veto. Y no se trata de arreglar un solo lugar: se tienen que arreglar todos los diques de todas las colonias. Estamos hablando de unos cuatro mil espacios donde se contiene el agua.
Pero regresamos a los desalojos: ¿cómo lograron que se fueran?
—Primero, la unión de los vecinos. Las gentes de Seguridad Pública se prestan mucho a darles apoyo ahí, pues supimos defendernos mejor.
Gabriel interviene:
—Estos años nos han enseñado que solo con una orden de un juez pueden despojarnos de nuestras casas. Era algo que al principio no sabíamos. Muchos se asustaron y se fueron, pero quienes nos quedamos estamos ahora mejor preparados y ya no nos asustan tan fácilmente.
Francisco y Petrona, Jaime, Gabriel y muchos más forman parte de la asociación Vecinos de Juárez Trabajando, que dirige Gabriel. Hasta ahora, cuenta el estilista, han ganado dieciocho de veinte juicios por intento de despojarlos de sus casas.
En la calle La Gloria, casi esquina con Calendario Azteca, hay un detalle: junto a estas casas recién ocupadas hay varias tapias que continúan abandonadas. Al preguntarle a don Jaime por qué cree que prefieren despojar a los habitantes recién venidos en vez de recuperar con agilidad las viviendas que están vacías, él responde sin dudar:
—Porque ya están restauradas.
¡Gracias!
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Vista aérea del fraccionamiento Las Haciendas, junto a Palmas del Sol, donde se encuentran varias maquilas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Casas abandonadas que se convirtieron en tapias, despojadas de puertas y ventanas; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. Hubo quienes llegaron sin nada, las ocuparon, las rescataron y las habitan de manera irregular. No hay institución que sepa con exactitud cuántas familias viven en estos contextos. Ante la recuperación de viviendas que busca el Infonavit, ¿qué pasará con sus habitantes? Esta historia forma parte del especial "Vivienda en crisis".
Una asistente graba con el celular una reunión, a finales de septiembre de 2021, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están presentes funcionarios, diputados y líderes vecinales de varios fraccionamientos de interés social. La reunión ocurre en una oficina: se ven luces de estrobo pegadas al techo, paredes blancas, mesas desplegadas con gente alrededor. No es posible identificar a todos en el video; sin embargo, el joven de camisa rosa es Román Alcántar, diputado suplente del partido Morena por el Distrito VII de Ciudad Juárez, quien representa ahí a un grupo de vecinos. El tema de la reunión son las 2 300 viviendas de interés social en este estado cuyos dueños originales abandonaron y que el Infonavit pretende revender, a bajo costo, a través del programa Renovación a tu Medida.
La mayoría de las casas candidatas se encuentran en el suroriente de la ciudad y, de acuerdo con las reglas de operación, ya se ha certificado que tengan todos los servicios: transporte, recolección de basura, escuelas. En agosto de 2020 una delegación local del Infonavit anunció que facilitaría procesos y trámites para ponerlas a disposición de las y los obreros que cotizaran; también para que, quienes estuvieran en posesión de una casa de forma irregular, pudieran comprarla. Esto excluye, por el momento, a los trabajadores informales: aquellos que preparan comida callejera, trabajan haciendo el aseo o se dedican al ambulantaje y que por eso no cotizan en el Infonavit.
Este es justo el tema que se discute en la reunión que se graba, en la que hablan de lo que sucederá con estos vecinos (entre ellos, adultos mayores del fraccionamiento Palmas del Sol), cuyo techo y cobijo están en riesgo. ¿Tendrán que abandonar sus viviendas para poner a alguien que sí cotice? Los desalojos, denuncian, ya están ocurriendo.
En el video, mientras un funcionario municipal pide a todos “esperar a las reglas de operación”, seguido de unas palabras apaciguadoras, “Sabemos que hay una gran necesidad de vivienda”, una líder vecinal levanta la voz respondiendo: “¡No es que no quieran regularizarse, sino que no pueden!” (por vivir de la informalidad); el diputado Alcántar ataja: “¿Y qué hacemos con las personas que sí tienen derecho, que han ido a trabajar a la maquila y quieren su vivienda? ¿Y las personas que tengan veinte o treinta años ahí y quieran iniciar un juicio de prescripción? Las puertas están abiertas...”. La reunión parece terminar sin llegar a buen puerto.
Ciudad Juárez es una metrópoli que consume insaciablemente mano de obra para las 413 maquiladoras que se cuentan aquí: farmacéuticas, vehículos, electrónicos. Se calcula que hay veinte mil casas de interés social abandonadas —que se construyeron para sus derechohabientes—, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor vivienda en esta situación; a nivel nacional se calculan seiscientas mil, lo que equivaldría a la zona conurbada de Puebla. Pero, de acuerdo con el último censo del Inegi, podríamos estar hablando de seis millones de viviendas deshabitadas en el país, incluidas aquellas que fueron construidas o adquiridas con otro tipo de financiamiento.
Pero que esos inmuebles estén abandonados no implica que estén deshabitados: en la mayoría se alojan familias que no tenían un lugar donde vivir, que los hallaron vacíos y los convirtieron en sus hogares. Fueron abandonados por diversas razones: por el desempleo, porque las hipotecas se volvieron impagables, por estar construidos en zonas de riesgo o por la violencia que sacude al país. Solo que nadie sabe con exactitud cuántas familias viven en estos contextos, el problema apenas se está estudiando.
A finales de 2021, Gatopardo entrevistó al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para hablar del abandono de vivienda, de los casos de posesión irregular como el que se habla en este video grabado con el celular, de familias que ocuparon estas viviendas y ahora pueden quedarse sin nada. Martínez Velázquez explica que el esquema impagable que generó el alud judicial que enfrenta el Infonavit se diseñó, durante la gestión de Vicente Fox, partiendo de una falsa premisa: que todo trabajador con acceso a crédito tendría una “carrera salarial”, que sus ingresos mejorarían con los años: “Se asumía que la gente iba a crecer su salario e iba a terminar su vivienda”, dice.
Con ello en mente, aquella administración ideó un modelo de construcción de vivienda. “Pies de casas” baratos que el trabajador podría pagar eventualmente y hasta le sobraría capital para ampliarlas. Los créditos se estructuraron en salarios mínimos, “como si los hicieras en otra moneda”, dice Martínez Velázquez, lo que ocasionó una doble actualización con la devaluación del peso o cada vez que el Gobierno aumentara el salario mínimo. En la práctica, aquella idea de la “carrera salarial” quedó hecha trizas. Años después se tienen mayores tasas de interés y atraso en los pagos. El problema se volvió grave en aquellas ciudades cuyo modelo económico está intrínsecamente ligado a la maquila. Tal es el caso de Ciudad Juárez, donde ocurre esta segunda historia, el municipio que acusa el mayor abandono de vivienda pública. Tan solo en la crisis de 2008-2009 se perdieron 116 000 plazas laborales, lo que se tradujo en una bola de nieve de cartera vencida que creció de manera exorbitante.
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Gabriel García —a quien llaman solo Gabo o, a veces, Garbo— es un estilista de 43 años. Delgado, lleva el cabello recogido en una coleta, unos jeans y una camisa perfectamente planchados, con uñas cortas y barniz negro. Se ve el empeño y pasión en arreglarse. Esta mañana de octubre de 2021, Gabriel camina sobre la acera de su casa, en la calle Respeto, en Palmas del Sol, y desentona con el escenario. Una calle que inicia en un terreno baldío sin mayor adorno que unos chamizos secos y bolsas de plástico apiladas que el sol ha decolorado. Es un barrio de calles polvorientas y sin árboles, desérticas; solo un recorrido de basura acumulada, algunas casas abandonadas y otras tapiadas con desechos de material de construcción y encharcamientos.
Hace años, no más de veinticinco, la tierra bajo la banqueta que pisamos formaba parte de una cuenca que se inundaba con las pocas lluvias del desierto y adonde llegaban bandadas de aves para nutrirse de anfibios y peces pequeños que nacían al amparo del verano. A ese remanso, al que los vecinos iban a pescar y cazar, lo bautizaron como Laguna de Patos y el nombre se le quedó. Era un oasis en los campos yermos, que se mantenía por meses gracias al suelo arcilloso que conservaba la humedad. Ahora, con todo y casas, “sigue siendo una laguna: siempre que llueve”, dice Gabriel.
Sobre ese terreno ahora se encuentra Palmas del Sol, un fraccionamiento de casas de interés social en el suroriente de Ciudad Juárez, justo donde se encuentra la mayoría de las viviendas que el Infonavit pretende recuperar y revender. Algunas, advierte Gabo, están en Palmas del Sol, que construyó Homex y que junto con otro puñado de colonias igualmente precarias forma El Barreal. Barreal, barrio, barro.
Desde 1994, el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial declaró inviable habitar El Barreal porque se trataba de la cuenca hidrológica más grande de la región, con once subcuencas y una extensión de 167 114 kilómetros cuadrados. Por eso se inunda, y su arcilla, su barro, funciona como una capa impermeable que impide que la tierra absorba el agua. Aunque sabían todo esto, constructoras y gobiernos permitieron hacer casas aquí.
Probablemente se escudaron alegando que habían hecho diques y zonas de contención: los pequeños parques hundidos que hay cada cierto número de cuadras y que están poco más de un metro por debajo del nivel de la calle. Ahí puede haber juegos infantiles y mesitas, pero en épocas de lluvias están designados para recibir y contener el agua. Al centro de estos hay una suerte de pozo muy hondo recubierto con piedras porosas; los llaman “ojos de aguja”: mecanismos para que el agua atraviese los metros de barro impermeable y llegue al subsuelo. Según estudios a los que Gabo tuvo acceso, para que sean efectivos les faltan al menos otros treinta metros de profundidad. En conclusión: los fraccionamientos no estaban equipados para reencauzar el agua y hasta la fecha siguen así, sin arreglar.
El Diario de Juárez publicaría, el 10 de marzo de 2020, que en este territorio que se inunda, que carece de infraestructura para amortiguar la lluvia, hay unas cinco mil viviendas que pertenecen al Infonavit y “están ocupadas por personas que no son sus dueños originales”.
Lorena Flores Torres es vecina de Gabo, vive a dos puertas de su domicilio. Es una mujer de unos cuarenta años, alta y seria, que viste jeans y una blusa sencilla cuando la entrevistamos. Vive en una casa color mostaza: los consabidos cuarenta metros cuadrados de construcción con un pequeño patio al frente y su cochera. Llegó en 2007, cuando su esposo compró la casa. “Cuando llegamos, todo estaba vacío. Yo pensé que porque era nuevo. Pero a los pocos meses más vecinos se fueron”, advierte Lorena. En otras palabras, en vez que de que la nueva colonia se fuera poblando, se quedaba aún más vacía. Poco después supo la razón.
Meses antes de que su familia se mudara aquí, Palmas del Sol había sufrido la primera gran inundación. Lluvias “atípicas” reclamaron la Laguna de Patos y el agua llegó hasta el metro de altura. La gente subió el colchón, la televisión, lo que pudiera, a la azotea. Ya había sospechas de que algo andaba mal con el fraccionamiento, pero cuando Lorena y su esposo firmaron con el Infonavit, ninguna autoridad ni empresa les advirtió. Para la segunda inundación, en octubre de 2008, el Infonavit vetó el área: ni el Infonavit ni las constructoras podían seguir vendiendo casas, y a los que ya habían adquirido una vivienda se les ofreció reubicarlos en otra colonia, todavía más lejana y peligrosa. La familia se negó. De por sí, esta ya se encontraba lejos de todo: para llegar al centro de Juárez, en camiones del transporte público, el trayecto implica hasta dos horas. Así que se quedaron.
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Marina Contreras es juarense. Ella dedicó su tesis de doctorado en Urbanismo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a tratar de explicar las múltiples causas de este lado de la frontera por las que las personas dejan de pagar sus casas de interés social o, de plano, las abandonan. Lo hizo sobre todo para entender quiénes habitan estos territorios. Contreras identifica tres factores para que se diera este fenómeno: primero, la inseguridad, que no se ha detenido desde que llegó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La violencia, desde entonces, ha estado ahí, con fluctuaciones, pero no se va; tan solo en 2021, Ciudad Juárez fue el tercer municipio más inseguro y el número trece en pobreza. Segundo, las condiciones periféricas. Habitar la periferia resulta bastante más costoso, más difícil, más violento. En otras palabras, sale caro ser pobre. Y tercero, la precarización laboral: las crisis económicas afectaron la frontera, que es totalmente dependiente de las fluctuaciones internacionales. Por ejemplo, durante 2020, el año de entrada de la pandemia, la maquila mexicana, a nivel nacional, perdió 25% de empleos.
Sobre este último punto, la doctora Contreras se extiende un poco más en entrevista: “No es fácil pagar un crédito de vivienda en este contexto; a pesar de que haya un contrato de por medio, es muy fácil que un obrero pueda ser despedido o ‘mandado a descansar’ si existe el menor percance en la economía internacional. Incluso te pueden necesitar solo dos días a la semana en vez de seis. Esto implica un atraso en los pagos que, como bola de nieve, aumenta la deuda a tamaños insospechados”. Y esta volatilidad, acusa Contreras, “suelen pasarla de lado los responsables de los diseños institucionales y prefieren culpar al trabajador”, decir que los trabajadores no pagan.
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En Palmas del Sol no solo fue la inundación. Para toda la ciudad llegaron tiempos difíciles. Muchos señalan 2008 como el año cero, cuando Juárez se desplomó; los años de la violencia por el narcotráfico. La ciudad fue campo de guerra. Trabajadores migrantes recién llegados, que apenas habían comprado una casa, decidieron abandonarlo todo con las balaceras y regresar a sus pueblos de origen. Si con las inundaciones se fueron muchos, en la época de gran violencia, entre 2008 y 2013, el fraccionamiento se vació. Según una nota de La Verdad, para marzo de 2020 solo quedaba 5% de los habitantes originales. Ahora en la calle Respeto, por ejemplo, hay apenas tres familias: la de Lorena Flores, la de Gabriel García y la de una mujer que no acepto esta entrevista.
Las casas se convirtieron en tapias, despojadas de puertas, ventanas, inodoros, cableado: cascarones de cuencas vacías; cavernas que usaba cualquiera que se dispusiera; casas de seguridad, picaderos, tiraderos de cadáveres. “Era bastante tétrico, en verdad. Daba miedo vivir aquí”, recuerda Gabo. Y los servicios escaseaban. Con el veto del Infonavit, el transporte público dejó de llegar; hasta la fecha, para ir al supermercado la gente debe contemplar entre sus gastos el pago del Uber u otro servicio similar. En la ciudad no existen taxis públicos como tal. Nunca han existido, solo “carros de sitio”. Sus bases se encuentran en plazas comerciales, zonas turísticas y hoteles. Son, por lo menos, cuatro veces más caros que un Uber. El de recolección de basura también dejó de venir y, de hecho, acusan, todavía no lo hace con periodicidad. Entonces los vecinos designaron una de las tapias como tiradero y, hasta estos días, hay una o dos viviendas que siguen siendo el basurero del barrio.
Pero no hay mal que dure cien años. Con el tiempo, el clima de violencia parecía que podría terminar. “Después de 2011 comenzaría a bajar la violencia y aumentaría la contratación en la maquila y, entonces, comienzan a llegar otras familias migrantes que se encuentran con una ciudad fantasma, con casas destruidas”, dice en entrevista el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Como la maquila requiere nueva mano de obra, los migrantes vuelven a llegar. Los territorios de expulsión volvieron a ser codiciados, a ser negocio. Por ejemplo, la casa junto a la de Gabo solían usarla desconocidos para drogarse y encender fogatas; entonces una amiga le sugirió que mejor la ocupara él. Y Gabo así lo hizo: cerró puertas y ventanas, comenzó a reconstruirla poco a poco. Tras dos años y cincuenta mil pesos de inversión, hoy tiene ahí una estética, que anuncia con un vistoso inflable azul y rojo.
Hasta la fecha, Palmas del Sol sigue sin tener alumbrado público, así que, por seguridad, los vecinos mejor se encierran al caer el sol. Una o dos veces ha entrado gente a robar. Revisando la prensa de los últimos años, la violencia sigue presente: el periódico digital Omnia reportó, el 31 de mayo de 2019, a un hombre ejecutado dentro de su casa en las calles de Unidad y Fortaleza; El Diario de Juárez reportó el 27 de diciembre de 2020, a un hombre asesinado a balazos en las calles Paseo Nobleza y Primero Congreso Local, junto a un vehículo Nissan, y El Heraldo de Chihuahua, el 18 de mayo de 2021, el hallazgo de tres mujeres sin vida, envueltas en cobijas, entre Nardos y Paseo de las Palmas. Así han pasado los peores años de Ciudad Juárez.
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Cuando los mismos ideólogos del modelo de vivienda social ofrecieron reducir el Infonavit, que albergaba el fondo para la vivienda, a un aval hipotecario, dejaron el campo libre para empresas constructoras e inmobiliarias que, con el tiempo, terminarían también acaparando los remates de viviendas abandonadas, por resultar impagables o haberse edificado en zonas de alto riesgo.
En 2019, el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson comenzó a recibir denuncias y peticiones de ayuda por parte de varios habitantes de fraccionamientos del suroriente de la ciudad: Palmas del Sol, Las Almeras, Villas del Sur, Praderas del Sol, Los Arcos. Acudieron a él por ser el congresista local. Él cuenta que eran tantas las personas que decidió involucrarse en la organización de varios grupos dispuestos a dar batalla legal ante las inmobiliarias. Las asociaciones de ciudadanos ocurrían en dos variables: aquellas conformadas por antiguos derechohabientes cuyas deudas se volvieron impagables y por quienes llegaron a ocupar las viviendas abandonadas y completamente destruidas y vivían en ellas de manera irregular.
“Hablamos de casas que se hallaban vandalizadas, sin luz, sin cables, sin ventanas ni puertas ni marcos; sin baños, muchas de ellas, sin piso. Entonces, miles de personas lo que hacen propiamente dicho es recuperarlas, no invadirlas. Hay que tener cuidado con los términos”, dice el diputado, quien ha sido abogado laborista por cuatro décadas. “Muchas de las hipotecas se volvieron impagables durante la crisis de 2008-2013, así que se abandonan las propiedades, y una vez que se recuperan y se restauran por estas personas, el Infonavit las pone en remate ante inmobiliarias entre quince mil y treinta mil pesos”.
Estos paquetes de venta a granel, efectuados por el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, estuvieron vigentes hasta 2017. Desde la Ciudad de México, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, lo confirma: hasta esa fecha, la institución remató a las “vivienderas” unas veinte mil casas por año. Y en esto participaron empresas chicas, grandes; algunas muy favorecidas por las autoridades, como Homex o Geo y sus filiales, “pero también empresas locales que supieron ver la oportunidad”, admite Martínez Velázquez.
Con el arribo del nuevo Gobierno federal, en 2018, se suspenden los remates. Pero el daño ya estaba hecho. De acuerdo con De la Rosa Hickerson, el presidente López Obrador emitió una orden para que el Infonavit renegociara el pago de viviendas entre aquellos trabajadores afiliados y conviniera pagos acordes a los salarios de cada trabajador y descuento por nómina. Y hasta la fecha ha funcionado. Martínez Velázquez advierte con orgullo que desde su llegada se han reestructurado “dos millones de créditos en todo el país”.
El problema, sin embargo, son los “no contribuyentes”: los que no cotizan en el seguro social. De la Rosa Hickerson advierte: de las 75 000 viviendas edificadas en la famosa Laguna de Patos, solo entre 10% y 15% pertenecen a contribuyentes que tienen una deuda con el Infonavit. La mayor parte del problema está entre la gente que llegó sin nada y se metió a una vivienda abandonada y la rescató. Gente como los vecinos de Gabo. Para ellos, la solución no ha llegado. Mientras, las constructoras rondan.
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Petrona González Hernández, su esposo, Francisco Carrasco, y su hermana, María, son tres adultos mayores, bajitos, de tez morena. Desde 1998 cambiaron el verdor y la humedad de Comalcalco, Tabasco, por el desierto y la ciudad sin fin de Juárez. A diferencia de la mayoría de quienes llegan a este lado de la frontera, ellos no venían buscando un mejor trabajo; venían huyendo de una pérdida. Su tierra los expulsó cuando Petrona y Francisco perdieron un hijo, de ocho años, en el mar. “Nos agüitaba el ruido del mar. Porque nunca lo recuperamos. Así que mi hermana, que ya vivía aquí, me dijo: ‘Vénganse para acá’”. Y eso hicieron. “Juárez nos trató de maravilla”, dice Petrona.
La ciudad los acogió, les dio empleo en las maquilas; la gente los hizo sentirse bienvenidos. Es algo que repiten una y otra vez los avecindados: esta es una ciudad que arropa a quienes llegan. A pesar de la violencia, del crimen, de todos los problemas, la gente termina queriendo a “Juaritos”. Así que, después de unos años, se decidieron a comprar una casa mediante Crédito y Casa, S. A. de C. V., brazo hipotecario de Homex, que cambió de nombre un par de veces hasta su disolución. En otras palabras: no compraron mediante el Infonavit, pero sí mediante la constructora más favorecida. Así que adquirieron una vivienda de dos recámaras, un baño, cocina y estancia, todo en cuarenta metros cuadrados, sobre la calle La Gloria, en Palmas del Sol.
Según el contrato que Francisco muestra, el valor de la casa era de 294 005.89 pesos. Como sucedió con los créditos que las empresas constructoras vendieron “por fuera” a trabajadores precarizados sin acceso al Infonavit, la transacción la hicieron en UDIS (Unidades de Inversión), un esquema que estaba muy de moda en la primera década de los años 2000. Resultaba muy útil para inversionistas con mucho capital, con el cual liquidan pronto una deuda, porque permite al inicio pagos muy bajos. El problema es que, si no se liquidan pronto, se vuelven impagables; en otras palabras, son muy volátiles. Seguramente el matrimonio Carrasco no lo sabía: el sistema UDIS resultó terriblemente inestable y muchos compradores quedaron endeudados para siempre al adquirir su casa así. Juan de la Cruz Herrera Morales, el apoderado de la inmobiliaria, desde Culiacán, Sinaloa, probablemente no les explicó nada; ni siquiera se molestó en firmar el contrato que los deudores sí signaron. Y es lo primero que reclama Francisco: le prometieron que las mensualidades no cambiarían, que el monto sería el mismo siempre. Fue mentira: el monto de la mensualidad nunca paró de crecer.
A finales de 2006, cuando la gente de Palmas del Sol empezaba a abandonar sus casas por las inundaciones, Crédito y Casa tenía presencia en todo el país, contaba con más de 890 empleados y administraba más de 81 000 hipotecas, con un valor de diecisiete mil millones de pesos —eran los años de bonanza de las “vivienderas”—. Pero al año siguiente, como lo cubrieron los medios, Crédito y Casa vendió cartera vencida y, finalmente, todos sus activos a Coppel. En el mundo de la calle eso se tradujo en que, de la noche a la mañana, no había certeza sobre si había que pagar o no la hipoteca. Además, el monto subía cada mes y, cada tanto, la deuda iba pasando a otras empresas. Esto implicaba que los habitantes debían desplazarse a lugares cada vez más lejanos para pagar su hipoteca. “La constructora se la pasó [la hipoteca] a Coppel y Coppel se la pasó a alguien más. Bueno, por fin, ¿quién me va a cobrar?”, pensaba Petrona. Así que dejaron de pagar la hipoteca, pero no el impuesto del predial: hoy, una prueba de que ese pedazo de tierra es suyo.
Nadie los molestó durante los peores años de la violencia (2008-2011). La vuelta de tuerca fue reciente. “Hace dos o tres años me llegó un cobro del predial...”. Francisco hace una pausa e intercede su esposa: “Yo fui a pagar a un Soriana. Eran como mil y tantos y pagué la mitad del predial. Quedé debiendo seiscientos pesos. Pero, entonces, me caí. Ya no pude ir a pagar. Y ahora que nos vino el cobro [en 2021], llegó a nombre de una constructora”.
De nuevo Francisco: “A mí me llegó un pagaré y fui al Ayuntamiento. Allá me mandaron. Fui y me dice la señorita: ‘¿Sabe qué?, no puede pagar el predial porque aparece a nombre de una constructora. O sea, usted ya no es el dueño [de la casa]’. ‘Pero ¿cómo que no soy el dueño?’. ‘Pues no, ahora es de una constructora...’”.
Probablemente, lo que pasó con Francisco y Petrona es que fueron víctimas de algún juicio exprés para que alguna empresa recuperara la casa. Esto sin importar que la zona esté vetada para vender y que la familia lleve más de dieciséis años en el lugar. Los tres ancianos están en riesgo de desalojo. Y los desalojos ya han ocurrido.
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Estamos de nuevo en la calle La Gloria, pero más al sur, cerca de Calendario Azteca. Es la zona más cercana al despoblado, a lo que en épocas de lluvias se vuelve inundable. Aquí, a diferencia de la calle de Gabo, es evidente que las casas fueron habitadas recientemente. Algunas tienen cercas de madera, con materiales de segunda mano; se nota que apenas están siendo acondicionadas.
Ahí, en enero de 2021, hubo un intento de desalojo. Lo cuenta don Jaime, un hombre robusto, de unos cincuenta años, proveniente de Veracruz, vecino desde hace varios años y trabajador de la maquila. Él, como la mayoría, habla bien de Juárez. Explica que prefiere trabajar en la maquila las ocho, diez o doce horas de jornada bajo el aire acondicionado que cortar caña bajo el sol ardiente en su pueblo natal, cerca de Córdoba. Él ha atestiguado los desalojos y, a pesar de ello, no se ha planteado regresar a su pueblo.
—Llegan hasta con plantas eléctricas pa’ cortar. Le arrancaron hasta la puerta. Pero llegaron hasta una casa que ni era. No era. Así han llegado varias veces…
—¿Y qué hicieron los vecinos?
—Por medio de un WhatsApp, la comunicación está entre todos. Y llegaron varios, unos veinte, veinticinco vecinos, llegan muy agresivos, llegan con papeles que no son. Siempre presentan cartas así: último aviso de desalojo, acción inmediata. Pero son hojas de su misma compañía. Era una inmobiliaria.
—¿Qué inmobiliaria?
—No recuerdo cuál era. Muchas veces ni dicen.
—Pero si estas casas están vetadas, ¿cómo las reclaman?
Los vecinos se ríen.
Hasta la fecha, el veto de 2008 no ha sido levantado realmente. Gabriel García es quien más tarde explica:
—Para que se pueda quitar el veto, se tienen que reparar todos los diques y zonas de contención de agua. Para que se pueda arreglar cada una de las zonas, se tiene que escarbar más, porque no están bien hechas. Les faltan todavía treinta metros de excavación. Ni Conagua, ni la Junta de Aguas ni nadie se quiere hacer cargo porque es un monto muy elevado. Mientras no se pueda quitar el problema de la inundación, no se puede quitar el veto. Y no se trata de arreglar un solo lugar: se tienen que arreglar todos los diques de todas las colonias. Estamos hablando de unos cuatro mil espacios donde se contiene el agua.
Pero regresamos a los desalojos: ¿cómo lograron que se fueran?
—Primero, la unión de los vecinos. Las gentes de Seguridad Pública se prestan mucho a darles apoyo ahí, pues supimos defendernos mejor.
Gabriel interviene:
—Estos años nos han enseñado que solo con una orden de un juez pueden despojarnos de nuestras casas. Era algo que al principio no sabíamos. Muchos se asustaron y se fueron, pero quienes nos quedamos estamos ahora mejor preparados y ya no nos asustan tan fácilmente.
Francisco y Petrona, Jaime, Gabriel y muchos más forman parte de la asociación Vecinos de Juárez Trabajando, que dirige Gabriel. Hasta ahora, cuenta el estilista, han ganado dieciocho de veinte juicios por intento de despojarlos de sus casas.
En la calle La Gloria, casi esquina con Calendario Azteca, hay un detalle: junto a estas casas recién ocupadas hay varias tapias que continúan abandonadas. Al preguntarle a don Jaime por qué cree que prefieren despojar a los habitantes recién venidos en vez de recuperar con agilidad las viviendas que están vacías, él responde sin dudar:
—Porque ya están restauradas.
¡Gracias!
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