Sinaloa es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de informar en México. Así lo recordó el periodista Fernando Zepeda durante su participación en uno de los Diálogos por la Verdad convocados en 2023 por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad. En su testimonio recordó la trayectoria y el atentado contra Manuel Burgueño Orduño, referente del periodismo crítico en ese estado, uno de los casos que abordó el informe Fue el Estado (1965-1990) en su capítulo dedicado a las agresiones en contra de ese gremio. Lo que ocurrió con Burgueño fue paradigmático y un signo ominoso de los tiempos que estaban por venir: un recrudecimiento de la violencia contra los periodistas.

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Evocar es verbo hermano del verbo convocar. Eso lo saben bien los periodistas sinaloenses ―al menos quienes comenzaron a reportear en los años 70― cuando les preguntan por Manuel Burgueño Orduño. Su nombre convoca, al tiempo que es recordado como un colega inclinado a las izquierdas, que ofreció su pluma a las causas de las personas más vulnerables del estado. Desde su semanario El Deslinde y sus columnas en El Sol del Pacífico, fue uno de los primeros en señalar las complicidades de las autoridades locales con el crimen organizado, lo que finalmente motivó su asesinato el 22 de febrero de 1988, por dos hombres armados que irrumpieron en su casa, en Mazatlán, Sinaloa. El 14 de abril de 2023, en el mismo puerto sinaloense, los periodistas Fernando Zepeda y Francisco Chiquete compartieron con el MEH su testimonio sobre la vida, legado y trayectoria de Burgueño. A finales de los ochenta los tres colegas habían creado una especie de hermandad, fraguada a lo largo de una década. Compartían datos, fuentes, consejos; nada fuera de lo común en el gremio. Ese mismo día de abril convivieron en un restaurante con un grupo ampliado de amigos de la vieja guardia periodística local. Entre el pan, la sal y la charla, se desató una conversación colectiva: evocación y convocatoria de un amigo y colega al que los reporteros ahí presentes despidieron 35 años atrás con protestas, huelgas de hambre y con todas las herramientas del periodismo puestas al servicio de la demanda de justicia: una cobertura informativa que se extendió por meses. Como respuesta al asesinato de Burgueño, a lo largo de seis años Francisco Chiquete publicó en su columna en El Sol del Pacífico un conteo de los días transcurridos desde ese crimen. Por su parte, Zepeda fue uno de los organizadores ―junto con Alejandro Sicairos, entonces presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa (APS)― del movimiento de resistencia civil pacífica protagonizado por los periodistas del estado. A lo largo de tres meses mantuvieron una huelga de hambre por relevos en las principales ciudades sinaloenses. Participaron reporteros del Noroeste, El Debate, El Sol del Pacífico, El Diario de Sinaloa y El Diario de Los Mochis, así como corresponsales de Excélsior y Unomásuno. El informe Fue el Estado (1965-1990), publicado en agosto pasado por el MEH, consigna esta campaña de ayuno colectivo en demanda de justicia, que concluyó el 7 de junio de 1988, Día de la Libertad de Expresión, cuando un grupo de reporteros tomó de manera simbólica las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia Región Sur, en Mazatlán. Durante el convivio en aquel restaurante (lo que se dijo allí forma parte del legado testimonial que el MEH hará público en próximas fechas), Chiquete y Zepeda describieron el acoso del que fueron objeto durante el gobierno de Antonio Toledo Corro (1981-1986) por las coberturas críticas a su administración. Aparece aquí un nombre clave: Humberto Rodríguez Bañuelos, alias la Rana, comandante de la Policía Judicial del Estado, en Mazatlán. El informe del MEH aporta detalles: “Cerca de año y medio antes de su ejecución a manos de sicarios a las órdenes de la Rana, Burgueño y Zepeda habían sido agredidos por personal del entonces Gobernador Antonio Toledo Corro. A este episodio de agresión e intimidación por parte de una autoridad local se suma la manifiesta incomodidad que su trabajo causó en Manuel Salcido Uzeta, alias el Cochiloco. Se trata de varias entregas en El Deslinde de un texto periodístico titulado ‘Entrevista en El Palmar’, donde describe el dominio criminal de este líder del narcotráfico en Mazatlán. Era públicamente conocido que Rodríguez Bañuelos estaba empleado por el Cochiloco”. La historia fue mostrando todas las heridas. Meses después, en julio de 2023, en el auditorio del Hotel Misión de Guadalajara, Zepeda compartió su testimonio frente a un público más amplio. En esa misma mesa participó Arturo Michel Perry, hijo del también periodista Jesús Michel Jacobo, ejecutado extrajudicialmente en diciembre de 1987 en Culiacán, por denunciar en sus columnas de El Sol de Culiacán los abusos de las agencias federales de seguridad durante el despliegue de la Fuerza de Tarea Cóndor. Vía remota, Noemí Ruiz compartió su testimonio sobre la ejecución extrajudicial de su esposo, el periodista Aarón Flores Heredia, y de la diseñadora Gabriela Ochoa Villaverde, el 7 de junio de 1980 en Los Mochis. Estos tres testimonios son constancia de que no hay nada más elemental y genuino que el dolor. Elemental, porque es ingrediente común entre las víctimas de la violencia de Estado; genuino, porque en cada experiencia adquiere una tesitura natural e irrepetible: son quizá algunos componentes de la memoria. Esa tarde en Guadalajara, estas historias de violencia en contra de periodistas sinaloenses en los años ochenta nos recordaron que la vulnerabilidad de este gremio no es nueva, y que los efectos de esas agresiones aún están presentes. Meses después de ese encuentro, el MEH consiguió el expediente de la investigación que las agencias de seguridad federal hicieron sobre el asesinato de Burgueño. Los primeros reportes son de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN); los últimos, ya en 1990, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Es el expediente 025-033-061. Te recomendamos leer: "Una guerra sucia en los archivos", de Laura Sánchez Ley A pesar de su resistencia inicial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, sucesor del Cisen) tuvo que transparentar el expediente, en cumplimiento a la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de un recurso de revisión promovido por el MEH. Proviene del fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que el Cisen extrajo de las bóvedas del Archivo General de la Nación (AGN) a lo largo de las casi dos décadas que estuvieron a cargo de su custodia, desde su transferencia en febrero de 2002. Era un expediente “extraviado”, aunque el Estado siempre supo su paradero. Son 170 fojas: fichas, reportes, oficios, minutas y memoranda, toda una variedad de documentos que los funcionarios escribieron en un lenguaje que pretende ser aséptico, pero que desnuda las diversas facetas del Estado. Es patente el tufo policial en cada una de sus páginas. El expediente es solo una de las varias fuentes que nutren la investigación del MEH sobre el caso de Burgueño. Mucho de lo reportado en él coincide con las versiones de quienes compartieron su testimonio al MEH; otros aspectos necesitaron enmienda. En todo caso, la palabra de las víctimas y de los testigos marcaron la ruta del MEH y orientaron su informe Fue el Estado (1965-1990). El testimonio de quienes sobrevivieron o presenciaron los crímenes del Estado es uno de los legados más valiosos de este mecanismo; frente a su relevancia, los documentos policiacos son apenas referencias, acotaciones. Por eso hemos decidido detenernos y reproducir las palabras de Zepeda, y añadir contexto con notas al pie. (Algunas partes han sido editadas con el propósito de sintetizar el mensaje.)

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Testimonio de Fernando Zepeda. Guadalajara. 4 de julio de 2023

Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este evento. Con reservas lo acepté, pero aquí estoy. El 12 de agosto de 1976 fue publicada mi primera nota periodística. Desde esa época sigo escribiendo. Muchos periodistas de la Ciudad de México hablan a la ligera de los que estamos en provincia y particularmente de quienes desempeñamos el trabajo periodístico en Sinaloa. No saben el riesgo que eso implica; no conocen la verdadera historia de lo que es ser periodista en Sinaloa, en donde autoridades y delincuentes se juntan, conviven y disfrutan de la vida sin importarles nada, sin respetar. Sin respetar la vida de los demás, pisoteando la ley con gran impunidad. De los de antes y de los de hoy estoy hablando. Ser periodista en Sinaloa implica muchos riesgos. Sin embargo, yo en lo personal asumí ese riesgo. Es emotivo hablar de los compañeros. Es abrir una herida, rebobinar la mente y traer al presente lo que hemos vivido. Me tocó tratar a varios compañeros que hoy están muertos, que los asesinaron vilmente, que está en la impunidad su muerte. Investigué hasta donde pude. Ellos saben. Exhibí a quienes pude aun con el riesgo de mi seguridad y de la familia. Me correspondió a mí abordar el tema de Manuel Burgueño Orduño, un periodista honesto, un periodista muy preparado, un intelectual que hacía al escribir su información una obra literaria. También era maestro universitario. Fue compañero de muchas lides. Manuel Burgueño Orduño fue asesinado un martes 22 de febrero de 1988 en su casa, cuando estaba en compañía de una de sus hijas, dos nietos, su yerno, la compañera periodista Nelly Rejón y el maestro universitario Alfredo Sánchez Palafox. A su casa llegaron cuatro sujetos con paliacates en el rostro. Dos de ellos se introdujeron a su casa. Los otros dos estuvieron ahí en la puerta. A las mujeres y los niños los pusieron en una recámara. Los encerraron. A Alfredo y al yerno de Manuel los encerraron en otro cuarto. Cuando identificaron a Manuel, lo pusieron contra la pared y lo fusilaron con toda una carga de la pistola en su pecho. Manuel y yo éramos vecinos. Vivíamos a 12 casas de diferencia. Uno de mis sobrinos, que vive ahí cerca, corrió a mi casa y me avisó que a mi amigo lo habían balanceado. Llegué corriendo. Era un desorden en su casa: su hija gritando, los niños llorando y pues yo dije: “¿Qué pasó?”. Manuel, tirado en el piso, en medio de un charco de sangre, escuchó mi voz y me pidió que lo levantara. Me acerqué a él y nada más pude sentarlo. Pero cuando pasé mi mano por su espalda, los boquetes se sentían. Ya después vinieron muchas cosas. Hubo, eso sí, malintencionados. Dijeron en la capital del estado, en Culiacán, que con el último con el que platicó Manuel Burgueño Orduño antes de morir fue con Fernando Zepeda. Me pusieron en la mira. El Gobierno desapareció en esos momentos del atentado. El presidente municipal de Mazatlán, José Ángel Pescador Osuna, estaba en la Ciudad de México. Después fue secretario de Educación. Tampoco estaba el comandante de la Policía Judicial del estado en Mazatlán. No había ninguna autoridad, ninguna, en Mazatlán. El gobernador, en ese entonces Francisco Labastida Ochoa, estaba pescando en el golfo de California. Ese era su hobby principal. Al único que logramos encontrar fue al secretario general de Gobierno, Diego Valadés Ríos, mazatleco conocido mío, y con quien pude hablar por teléfono y pedirle ayuda. Como por arte de magia, en cuanto colgué con él, en menos de 10 minutos, estaba ya en el hospital del Seguro Social ―donde falleció mi compañero― el comandante de la Judicial del estado. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Cómo iban a poder hacer algo si ellos estaban involucrados? No sabía, no sabíamos que varios de los que participaron en el asesinato eran ex agentes de la Judicial del Estado y policías en activo. Hasta después supimos que una cuadra antes de donde vivía Manuel Bugueño, al momento del ataque, se encontraban dos sujetos en una camioneta blanca. Uno era el chofer, el otro era ex comandante de la Policía Judicial del Estado, Humberto Rodríguez Bañuelos, alias la Rana. En Jalisco, particularmente en Guadalajara, deben de recordar a Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, sicario del grupo de los Arellano Félix. Fue uno de los que organizó la balacera en el aeropuerto donde falleció el cardenal Posadas. Este sujeto formaba parte de los grupos de exterminio que les llamaban escuadrones de la muerte, que visitaba periódicamente Sinaloa para ejecutar personas. Iba con gentes de allá de Tijuana, del grupo de los Arellano. Mucho pasó para que el caso de Manuel Burgueño comenzara a dar luz En un operativo accidental del Ejército en la sierra de Concordia, Sinaloa, cerca de Mazatlán, el Ejército detuvo a cinco personas. Les fueron encontradas armas y también droga. Sergio Patiño, Lorenzo Zatarain, Juan Francisco Cortés y Antonio Cordero Lamadrid, exagente de la Policía Judicial. No sé qué ha pasado con ellos. Lo único que sé es que al ser sometidos a investigación por el Ejército, ellos se curaron en salud y dijeron que no tenían nada que ver con el asesinato del periodista Manuel Burgueño. Y así fue que uno de ellos sí sabía. Uno de ellos fue el que dijo los nombres de Humberto Rodríguez Bañuelos y de su hermano Rigoberto Rodríguez Bañuelos. En enero del 2018 falleció aquí en la cárcel Humberto Rodríguez Bañuelos. Falleció de un infarto descargó el arma el criminal que acabó con Manuel Burgueño. Nosotros, los periodistas de Sinaloa, cuando asesinaron a Burgueño nos organizamos. Hicimos ayunos de 24 horas en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, en Guasave. Nos inspiramos en lo que pasó después del asesinato de José Cayetano Valadés, el primero del que tengo noticias de un periodista asesinado en Sinaloa, el 21 de enero de 1879. Era editor del periódico La Tarántula y fue asesinado por órdenes del gobernador en aquel entonces, Francisco Cañedo. En todos estos eventos contra los periodistas, contra Roberto Ornelas Reyes, el Turistito, amigo mío; contra Gregorio Rodríguez, corresponsal de El Debate en Escuinapa, amigo mío; contra otros amigos más recientemente asesinados, como es Luis Enrique Ramírez, y Javier Valdez, también amigo mío. Todos de Sinaloa. La lista aumenta. Si anteriormente estábamos a merced de los delincuentes y de las autoridades, hoy quiero decirles que después de 45 años de periodista, después de haber vivido el periodo negro del gobernador Antonio Toledo Corro, quiero decirles y compartirles que me siento vulnerable en esta administración, en este sexenio, por tanto odio que se ha desatado contra los periodistas críticos del Gobierno. Y aun así con esta vulnerabilidad que me siento, quiero decirles que voy a seguir adelante como periodista hasta que las fuerzas me permitan.

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La misma tarde en que Zepeda dio su testimonio, David Fernández Dávalos, comisionado del MEH, compartió unas palabras en las que describió y adelantó el carácter del informe Fue el Estado (1965-1990):

En el MEH investigamos a muy diferentes comunidades de víctimas. No nos fijamos, no nos toca hacerlo, en la calidad moral o en el estilo de vida o en la procedencia o en las razones por las que fueron victimizados. No estamos haciendo un martirologio ni recogemos vidas de santos; recogemos y nos dimos cuenta de una diversidad muy grande en lo que se refiere al estilo de vida de estas personas cuya suerte investigamos.

Dejó claro que un informe sobre los crímenes de Estado no es ni tiene por qué ser un santoral que se alimenta del flagelo. Como se desprende de las páginas dedicadas a los periodistas, no existen vidas ejemplares. En este informe al guerrillero, al periodista, al refugiado y a la trabajadora sexual los atraviesa la violencia del Estado. El factor común es el dolor, ese consentimiento universal que los hace iguales desde su condición de víctimas. Las páginas que el MEH dedica a los periodistas se nutrió de 44 entrevistas con víctimas, deudos y testigos de las agresiones y notas periodísticas recopiladas en 20 archivos del país. Por las características de las agresiones y los circuitos de represión que la reconstrucción de varios hechos abordados en este capítulo, el MEH los organizó en seis grupos. Te podría interesar:"La Guerra Sucia que hirió a todos, incluso a algunos perpetradores" En uno se incluyeron los casos en que los periodistas fueron ejecutados extrajudicialmente en espacios públicos o privados. Ahí se describen los casos de Burgueño y Manuel Buendía, pero también otros más que durante décadas permanecieron a la sombra de la atención pública: Ernesto Espinoza Hernández, el Jeringo, ejecutado en octubre de 1970 en Chihuahua capital; Ernesto Flores Torrijos y Norma Moreno Figueroa, director y jefa de información de El Popular de Matamoros, el 17 de julio de 1986; además de Jesús Michel Jacobo, Linda Bejarano y Héctor Félix Miranda, el Gato Félix. Aquellos casos en los que la ejecución estuvo asociada a otras violaciones como detención arbitraria y tortura merecieron un apartado distinto. El primero de estos episodios es el de Vicente García Medina, director del semanario El Avance, de El Fuerte, Sinaloa, victimado por agentes municipales por exhibir en su publicación el uso que se le daba en el trasiego de droga a la pista de aviación de esa localidad. Ese capítulo abunda también en los casos de José Asunción Méndez, Javier Juárez Vázquez, Odilón López Urías y de su hijo Héctor Odilón López López. Otro de los capítulos se centró en describir los regímenes de terror locales. Aquí destacan los perfiles de Humberto Rodríguez Bañuelos, en Sinaloa, e Ignacio Flores Montiel, en Chiapas y Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en reiteradas agresiones en contra de periodistas. El capítulo que Fue el Estado (1965-1990) dedica a los periodistas es una radiografía de los riesgos que enfrenta el ejercicio de esta profesión, en especial en los estados. Varios de los pasajes describen situaciones que pudieron ocurrir hace unos días: violencia física y violencia verbal encuentran paralelos entre el pasado y el presente. La foja 107 del expediente 025-033-061, citado por el MEH, reproduce las expresiones del Ministerio Público encargado del caso Burgueño en un intento por desacreditar la integridad de la víctima al tomar como pretexto el protagonismo que estaban adquiriendo los periodistas del periódico Noroeste en las protestas por el atentado en contra del columnista.

La administración del periódico ʻNoroeste Mazatlánʼ la conforman miembros del PAN, destacándose el Ing. Manuel J. Clouthier, candidato a la Presidencia de la República de dicho partido, y el Lic. Silvino Silva Lozano, presidente y director general, que a su vez es hermano del C. Tarsicio Arnulfo Silva Lozano, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en este puerto de Mazatlán dicho diario se ha caracterizado por sus ataques al sistema gubernamental.

Es un juicio que hoy podemos escuchar en voz de altos funcionarios en cualquier conferencia matutina desde el salón Tesorería. Los interesados en estudiar el expediente 025-033-061, entregado al MEH por el CNI por intermediación del INAI, pueden hacer clic aquíGERARDO ANTONIO MARTÍNEZ. Periodista y novelista. Autor de El regreso del kazajo (FOEM, 2023). Estudió Comunicación Social en la UAM Xochimilco. Ha pasado por las redacciones de agencias de noticias y fue coeditor del suplemento cultural Confabulario, de El Universal. Ha trabajado temas periodísticos en archivos históricos y de transparencia. Fue integrante del equipo de investigación del MEH. La organización Artículo 19 tiene el registro de 168 periodistas asesinados en el país entre 2000 y octubre de 2024. Los estados más peligrosos para ejercer esta profesión son Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca, Sonora y Sinaloa. En ese lapso, en el último estado se contabilizan siete agresiones letales contra reporteros o editores de medios de comunicación. A la fecha se desconoce el paradero de Sergio Cárdenas Hernández, repartidor de El Debate de Culiacán, detenido por civiles armados en el contexto del enfrentamiento de dos grupos del crimen organizado en Sinaloa ocasionado por la presunta detención ilegal de Ismael Zambada. Al momento de los hechos, uno de los compañeros de Cárdenas resultó lesionado. El asesinato de Manuel Burgueño Orduño es uno de los 45 casos que se abordaron a mayor profundidad en el capítulo que Fue el Estado (1965-1990) dedicó a los periodistas. El universo de periodistas agredidos en el periodo 1965-1990 es de 290 víctimas, al menos de 32 de estas fueron ejecuciones extrajudiciales. El resto fue de otro tipo, como exilio, desplazamiento forzado, desaparición forzada transitoria o tortura, entre otras. El expediente 025-033-061, entregado al MEH vía transparencia por el CNI, refiere que la agresión fue a las 14:50 horas, tiempo de Mazatlán. Tres días antes, el 19 de febrero de 1988, había fallecido Manuel Burgueño Valenzuela, líder ferrocarrilero y padre del periodista. Dos meses antes, Burgueño había hecho una pausa en su actividad periodística, como él mismo lo anunció en su columna “Crisol”, publicada en El Sol del Pacífico, para recuperarse de una cirugía de columna. Al momento del atentado aún estaba en recuperación. En Horas Extra, Jesús Blancornelas describe cómo a mediados de los ochenta el puerto de Mazatlán era una ciudad en disputa entre grupos del narcotráfico. Narra que a mediados de 1987 el alcalde de ese puerto estuvo a punto de ser fusilado cuando se presentó a las afueras de la discoteca Frankie Oh para reclamar que tuvieran autos estacionados en doble fila. Ignoraba que dentro del local había una negociación entre Francisco Arellano Félix y el jefe de la Policía Judicial del estado. Tuvo que intervenir el comandante de la zona militar para evitar una tragedia. Este excomandante de la Policía Judicial de Sinaloa también está posiblemente involucrado en la ejecución extrajudicial de Aarón Flores Heredia y Gabriela Ochoa Villaverde el 7 de junio de 1980; él era jefe de información de El Debate de los Mochis; ella era diseñadora de El Gráfico de esa misma ciudad. Fue el Estado (1965-1990),volumen 2, parte 4. El cardenal de Guadalajara fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del aeropuerto internacional de esa ciudad. La principal hipótesis que difundieron las autoridades encargadas de la investigación fue que se debió a un fuego cruzado entre un grupo de pistoleros de los Arellano Félix, dirigido por la Rana, y otro grupo afín al “Chapo” Guzmán. Los agentes del Cisen notificaron el 6 de noviembre de 1990 que el Juzgado III de lo Penal en ese puerto condenó a Cordero y a Patiño a 31 años y ocho meses por su responsabilidad en grado de coparticipación en el atentado contra Burgueño. Expediente 025-033-061 del CNI, foja 130. El Ejército mexicano detuvo a Rigoberto Rodríguez Bañuelos el 11 de junio de 1989 en Agua Prieta, Sonora. Días después ingresó al Cereso de Mazatlán. Cinco meses más tarde, el reporte del Cisen del 20 de noviembre informó su fuga del mismo penal. Entre 1988 y 1989 las autoridades detuvieron a otras tres personas a quienes intentaron relacionar, sin éxito, en el atentado contra Burgueño. Eran chivos expiatorios. Expediente 025-033-061, fojas 113, 125, 126 y 132. Falleció en enero de 2018 en el Hospital Civil de Guadalajara mientras purgaba condena en el penal de Puente Grande por delincuencia organizada, aunque inicialmente fue detenido por el asesinato de un policía municipal de Tijuana. Quien documentó con más exhaustividad su trayectoria fue Jesús Blancornelas, sobre todo en sus libros Conversaciones privadas (2002) y Horas Extras. Los nuevos tiempos del narcotráfico (2003). Ver también “Los secretos de ‘La Rana’ en el asesinato del cardenal”, Semanario Zeta, 28 de mayo de 2018. Ornelas fue asesinado la noche del 19 de octubre de 1985 en Mazatlán, Sinaloa. La investigación sobre el asesinato de Ornelas Reyes estuvo a cargo de Humberto Rodríguez Bañuelos. En 1991, la CNDH publicó la recomendación 45/91 en la que solicitó a la Procuraduría estatal dar seguimiento a la investigación. El fotógrafo de El Debate fue asesinado el 28 de noviembre de 2004. Alianza de Medios refiere que tres personas fueron condenadas por los hechos, sin que las investigaciones hayan señalado la autoría intelectual. Luis Enrique Ramírez fue asesinado el 5 de mayo de 2022 en Culiacán, Sinaloa. Con 40 años de trayectoria, el periodista formó parte de las redacciones de La Jornada, Milenio, El Universal, El Financiero, El Debate y El Sol de Sinaloa. El reporte más reciente de Alianza de Medios informó que en diciembre de 2023 había sido detenido el autor material del asesinato. Corresponsal de La Jornada en Culiacán y cofundador del Semanario Riodoce, Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el 17 de mayo de 2017. La versión de Alianza de Medios indica la probable responsabilidad intelectual de Dámaso López Núñez y otras personas allegadas a los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán como responsables materiales. El móvil fue la publicación de una entrevista de Valdez a López Núñez. Hay tres personas sentenciadas. Durante el sexenio de Toledo Corro fueron asesinados los periodistas Roberto Ornelas Reyes, Pablo Nájera López y Odilón López Urías, así como su hijo Héctor Odilón López.