El 22 de abril de 2022 no debe olvidarse. Cientos de mujeres se reunieron por las desaparecidas y las que han sido encontradas muertas en Nuevo León, y bloquearon las principales avenidas de la zona metropolitana de Monterrey durante su largo recorrido. “¡Estamos aquí para incomodar!”, dijeron quienes lideraban el frente de la manifestación que partió de la Fiscalía General de Justicia del estado, en la avenida Morones Prieto. Después de una hora de caminata se sentaron en la avenida Constitución, que cruza de oriente a poniente la ciudad. Temblaron las calles mientras cantaron “Canción sin miedo”, de Vivir Quintana, ante decenas de personas que observaban desde sus autos detenidos en los carriles contiguos o que incluso se acercaron para grabar con sus celulares.

La siguiente parada fue un pésame en las Capillas del Carmen, donde velaban el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien un día antes fue hallada muerta. Con los puños arriba guardaron un minuto de silencio y exigieron la renuncia de Aldo Fasci, secretario de Seguridad, y la de Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general. “¡El nuevo Nuevo León es feminicida!”, “¡No fue accidente, fue feminicidio!”, “¿Dónde están mis hermanas, dónde están?”, “¡Justicia, justicia!”, gritaron por más de dos horas hasta llegar al Palacio de Gobierno, en donde se abrió el micrófono para que se expresaran.

En esas mismas horas otra manifestación se realizó en el municipio de San Nicolás por la búsqueda de Yolanda Martínez Cadena, de veintiséis años, quien desapareció el 31 de marzo después de salir de casa de su abuela a entregar una solicitud de empleo. Su padre, Gerardo, ha denunciado que las autoridades locales no le han puesto la atención debida a su caso e intenta atraer la empatía y el interés de la sociedad por la desaparición de su hija.

Una semana antes hubo otras dos manifestaciones —en una incluso hubo una agresión policiaca contra algunas mujeres activistas—. El reclamo fue el mismo, pero esa vez fue motivado por el hallazgo del cuerpo de María Fernanda Contreras, de veintisiete años, reportada como desaparecida el 3 de abril y encontrada sin vida cuatro días después en una casa en Apodaca, en la colonia en la que su padre había informado, desde el primer momento, que era la última ubicación registrada en su celular.

Las y los ciudadanos neoleoneses se encontraban asimilando esta terrible noticia cuando se reportó la desaparición de Debanhi, quien en la madrugada del 9 de abril bajó de un taxi a poca distancia de la quinta donde estuvo con sus amigas, en la colonia Nueva Castilla. Su cuerpo fue hallado el 21 de abril en la cisterna del Motel Nueva Castilla, a escasos metros de donde el taxista le tomó una fotografía en la que aparece de pie, sola en la calle, y que ha dado la vuelta por todos los medios y las redes sociales. La encontraron en el mismo motel que había sido revisado antes por las autoridades.

Ambas jóvenes, reporta la fiscalía, murieron por contusión de cráneo. En el caso de María Fernanda, ya está detenido el presunto autor material del feminicidio. Mientras que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres de Nuevo León atrajo el caso de Debanhi, ya que en el estado toda muerte violenta de una mujer se investiga como feminicidio.

En este año, en Nuevo León 343 mujeres han sido reportadas como desaparecidas, 54 no han sido localizadas y seis fueron localizadas sin vida, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado el 23 de abril.

“Nos sentimos enojadas, indignadas, tristes. Es lamentable despertar y tener que estar dando ubicaciones a tu familia, a tus amigos. No puedes ir de fiesta y si vas, te culpan. A Debanhi la culparon. ¿No podía salir?, ¿no se podía divertir?, ¿no podía ser mujer? Hijas, madres, abuelas, con tal de que seas mujer, esto es constante, no es posible que tengamos que vivir preocupadas por si mañana no volvemos”, reclamó María Fernanda,* de veintidós años, durante la manifestación del 22 de abril.

Paulina, quien también marchó ese día, relaciona lo que están viviendo actualmente las chicas más jóvenes con lo que ella vivió siendo estudiante, entre 2009 y 2012: un estado de alerta por la inseguridad y la violencia que se vivió durante la guerra contra el narcotráfico, declarada por el presidente Felipe Calderón: “Leo las publicaciones en redes sociales y veo los productos que se están vendiendo para defenderte, los videos de cómo zafarte si te tratan de agarrar, y digo: ésa fue mi prepa. De repente, pienso: qué fuerte que son dos momentos muy distintos que acaban en lo mismo”.

Las tendencias de desapariciones, feminicidios y tentativas de feminicidio

La percepción de las jóvenes no es infundada, aunque lo más crudo es reconocer que para las mujeres en Nuevo León la violencia se ha agravado en los últimos años.

“¿Es verdad que desaparecen tantas mujeres en Nuevo León?”, se pregunta Séverine Durin, profesora-investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y contesta con un análisis de los datos del RNPDNO, en los que identifica que desde 2018 aumentaron de manera consistente tanto las desapariciones en Nuevo León como la proporción de mujeres desaparecidas, en su mayoría entre los diez y los diecinueve años de edad.

“Para el caso de Nuevo León, podemos hablar de una primera época de las desapariciones, vinculada a la guerra contra el narcotráfico (2007-2012), y una segunda, de 2018 a la fecha, cuyas razones de ser nos son desconocidas”, explica en su artículo de Verificado. Destaca que en 2021 las desapariciones en general alcanzaron su máximo nivel histórico en Nuevo León, rebasando incluso las del punto más alto (en 2010) de la primera época. También menciona que son muchas más las mujeres desaparecidas a partir de 2018 y hasta la fecha que en el periodo de la guerra contra el narcotráfico. “Entre 2018 y 2022 el porcentaje de varones/mujeres que fueron desaparecidos en México quedó relativamente estable: se desaparece a una mujer por tres varones. No obstante, en Nuevo León aumentó la proporción de mujeres desaparecidas, hasta alcanzar una mujer desaparecida por dos varones”, indica Durin.

De 2007 a 2012 hay registro de 408 mujeres desaparecidas y no localizadas, 318 fueron localizadas con vida y doce sin vida. Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2022 hay 925 mujeres desaparecidas y no localizadas, 2,995 localizadas con vida y 45 sin vida, según datos del mismo RNPDNO, consultado el 23 de abril de este año.**

Una de esas mujeres es Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, quien desapareció el 11 de agosto de 2020 en Monterrey. La busca su familia con apoyo de la asociación Alternativas Pacíficas y la comunidad del CIESAS Noreste, donde trabajaba.

Maya Hernández Álvarez, su hija de dieciocho años, experimenta la lentitud con que la fiscalía de Nuevo León trabaja en el caso de su mamá. Ya son veinte meses sin encontrarla, sin ver avances. Ante lo ocurrido estas últimas semanas en el estado, pide a las autoridades que se les dé la misma atención a todos los casos y no sólo a los mediáticos, que los presionan a responder forzosamente. “Soy testigo de que muchas hemos exigido, muchos meses y años atrás, que se nos ponga atención, que se nos brinde el apoyo necesario para la búsqueda de nuestros familiares. Ahora que por fin se logró que le pusieran atención a esta crisis de desapariciones forzadas, que no quiten el dedo del renglón”, pide la estudiante de la Universidad de Monterrey (UDEM) que vive con su hermano de catorce años y su abuela materna.

Alternativas Pacíficas, una organización feminista de la sociedad civil dedicada desde 1996 a la atención y protección de mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia, da acompañamiento a la familia de Mayela. Sofía Lozano trabaja en su área de vinculación e incidencia en políticas y expresa que, a partir de este caso, empezaron a conocer a profundidad la desaparición de niñas y mujeres: “El tema de mujeres desaparecidas no es algo en lo que nos habíamos involucrado, pero también nos damos cuenta de que las violencias van cambiando y evolucionando y hay que, en cierta forma, adaptarnos a ese contexto”, explica. “Creo que estos casos [son] solamente la punta del iceberg. Realmente vivimos en un estado en el que ser mujer implica estar en riesgo constantemente, no sólo en nuestras casas, sino también en el espacio público”.

Dentro de esta crisis, Lozano comparte que también les alarma el aumento de la violencia feminicida, que han podido observar a través de los casos que atienden y de las tentativas de feminicidio. En 2019, año en que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició el registro de tentativas de feminicidio, hubo dos víctimas, en 2020 fueron 243, luego 306 en 2021 y este año van 54.

A esto se le suma el número de feminicidios que sí ocurrieron: 79 en 2018, 67 en 2019, 67 en 2020, 66 en 2021 y veintiuno en lo que va de 2022, según datos de Nuevo León reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto, Irma Alma Ochoa, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Nuevo León, aclara que en el estado se investiga toda muerte violenta de mujer como feminicidio, por eso las cifras son altas. “Hay otras entidades donde se registran más ‘homicidios dolosos’ y las cifras de feminicidios son bajas, como Veracruz, Guanajuato, Chihuahua”.

Autoridades fallidas y cambios ante la crisis

“Esto de los protocolos, para mí, es un verdadero desastre, por no decir vergonzoso”, lamentó Luis Carlos Contreras, días después del velorio de su hija, María Fernanda.

Lo ocurrido este mes ha ventilado no sólo los números de desaparecidas, feminicidios y tentativas de feminicidio, sino las deficiencias del gobierno estatal, tanto en su actuación como en sus declaraciones, lo que ha causado frustración y enojo en las familias de las víctimas y en la población. Por ejemplo, en el caso de Debanhi, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, dijo que había ocurrido una “falla masiva”, después de que la encontraron en el motel donde ya había buscado la fiscalía.

Fasci, quien se ha desempeñado en este mismo cargo en diferentes administraciones, también declaró en marzo que la mayoría de los feminicidios (el 72%) estaban relacionados con el narcotráfico. Para Georgina Jiménez, coordinadora de Data Cívica, las autoridades hacen este tipo de comentarios para quitarse un peso de encima, como si por eso no tuviéramos que saber de ellas. “Si los asesinatos de mujeres están ocurriendo de otras formas [por el narcotráfico], ¿por qué los vamos a dejar suceder? Eso no debería ser justificación de nada”, cuestiona.

En Data Cívica, agrega, encontraron que desde 2006 ha aumentado de manera estrepitosa la tasa de asesinatos de mujeres, que la mayoría son asesinadas con armas de fuego en la vía pública y que las jóvenes son las principales víctimas de los asesinatos, en comparación con otros grupos de edad. En suma, es una tendencia muy parecida a la que se ve en el caso de los hombres. “La mayoría de las mujeres son asesinadas fuera de sus casas, son asesinadas con armas de fuego”, reitera a partir de los resultados del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México.

“Hay todavía muchísimo que averiguar, muchísimo que entender, sobre cómo la narcoviolencia, la violencia en el espacio público y la guerra contra las drogas afectaron a las mujeres”. Data Cívica hizo este análisis con los datos de asesinatos que publica el Inegi, una base de datos muy completa. Al respecto, Georgina Jiménez explica que consideran los asesinatos en general ya que en México, debido a las diferencias entre los códigos penales de cada estado, no es posible comparar solamente a partir de los feminicidios registrados en el Secretariado Ejecutivo, porque no se establecen los mismos criterios.

A las declaraciones de Fasci sobre el narcotráfico y los asesinatos de mujeres se suman las del fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, quien dijo que debemos enfocarnos en el origen del problema de las desapariciones —la familia— y que los medios de comunicación son los que hacen que los jóvenes cambien su personalidad y forma de comportarse, provocando que exista la rebeldía. Dio esta entrevista al periódico El Norte un día antes de que hallaran a Debanhi en el motel, cuando sus padres, acompañados de familiares y voluntarios, aún la buscaban.

Alejandra González, quien brinda atención y acompañamiento jurídico a víctimas de violencia a través de la Red de Abogadas Violeta, ve con preocupación al gobierno estatal, falto de sensibilidad ante la realidad que están viviendo las víctimas, así como a una fiscalía que, a pesar de tener muchos recursos, no actúa con debida diligencia. “No entiendo cómo, por ejemplo, el fiscal estatal comunica que no se puede confirmar que se trata del cuerpo de Debanhi porque no hay una autopsia, sin embargo, sí tiene la capacidad de afirmar que lo más probable es que se cayó accidentalmente en la cisterna”, critica la abogada que trabajó en un proyecto de consultoría para la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió de oficio dos expedientes de queja por la desaparición de María Fernanda y Debanhi para esclarecer las acciones de búsqueda y localización y verificar que hayan actuado correctamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Comisión Local de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En medio de los reclamos por las desapariciones de mujeres y los feminicidios, el gobernador Samuel García firmó un decreto urgente y extraordinario. Entre las medidas están el incremento de cincuenta millones de pesos al presupuesto de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la creación de un grupo de doscientos elementos de Fuerza Civil para buscar a las desaparecidas y trabajar para poner en marcha el Protocolo Alba, un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas mediante un plan de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucra a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados en todo el territorio mexicano.

Además, Samuel García tuvo que nombrar a una nueva encargada de la Secretaría de las Mujeres, después de que renunciara Alicia Leal, a quien acusaron de “haberse ido de vacaciones” en el Congreso local. Ella lo negó, diciendo que salió unas horas de la ciudad para atender un asunto familiar. Leal es una reconocida defensora de los derechos de las mujeres, fundadora de Alternativas Pacíficas. Antes de ocupar el cargo público del que salió, fue directora de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y secretaria técnica del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV-Segob). Dos semanas después, ya fuera de este cargo, Leal declaró en entrevista que Debanhi pudo haber estado en una fiesta organizada por personas dedicadas a la trata con fines de explotación sexual. “¿Qué sabemos? Que hay reportes desde hace muchos años de grupos que operan en la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes y niños”, advirtió en el pódcast de Gabriela Warkentin del diario El País. Sin embargo, las autoridades estatales han rechazado públicamente que la trata de personas sea una problemática grave en la entidad.

En su lugar, el gobernador designó a Eusebia González, quien ha trabajado en diversos cargos dentro del Poder Judicial Federal y la procuraduría estatal. Bárbara González, analista política, señala que, pese a que las expectativas eran bajas con respecto a lo que este gobierno significaría para las mujeres, que se integrara Alicia Leal al gabinete abría una posibilidad para que se dieran al menos ciertos avances. “Entiendo que [Eusebia] participa en una red de políticas en el estado que impulsan la paridad. Las primeras declaraciones que ha hecho no reflejan mucha empatía hacia el movimiento. En ese sentido, soy pesimista y no creo que este cambio de titular ayude en algo, menos cuando persiste la falta de voluntad política arriba”.

Vanessa Jiménez, integrante de Voces Mujeres en Acción y la Red Necesito Abortar, una de las activistas agredidas el 10 de abril en la manifestación afuera del Palacio de Gobierno por hombres policías que estaban en el cerco (incluso a algunas las metieron al recinto, donde las golpearon), no faltó a la protesta del viernes 22. “El tema de desapariciones ha sido de años, no sólo de este gobierno, pero lo que está haciendo este gobierno es continuar con la inacción, con la desidia, con la falta de atención oportuna a los casos. Yo sólo me sumo al reclamo colectivo, al dolor de las familias, esperando que esta visibilidad presione a la fiscalía y presione al gobernador a encontrar otras formas de actuar porque las que tienen ahorita no funcionan”, concluye. Algo tiene que cambiar.

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* En un año, el número de localizadas puede ser mayor que el número de desaparecidas porque se reportan como tal en años anteriores y luego son encontradas.

**Las jóvenes entrevistadas en la marcha pidieron omitir sus apellidos.