A las 20:19 horas del primero de diciembre, Samuel García anunció que reanudaba su campaña presidencial, abandonaba el gobierno estatal y, siguiendo una resolución judicial, dejaba a Javier Navarro (su secretario general de gobierno) como gobernador interino. “Me da mucha pena por el PRIAN […] pero apenas así, dándoles unas tundas jurídicas, tengan pa' que aprendan […] hoy les ganamos”, dijo en su mensaje oficial.

Desde que Movimiento Ciudadano eligió a Samuel García como abanderado en las elecciones de 2024, el gobernador y el congreso se enfrentaron en un juego de poder. García, que debía separarse del cargo seis meses antes de la elección, quería que la gubernatura fuera ocupada por alguien de su confianza y de su partido. El congreso, con una composición mayoritaria del PRI y el PAN, buscaba aprovechar la vacante para reconquistar la titularidad del Poder Ejecutivo en el Estado. Posiciones políticas irreconciliables, pero con reglas jurídicas claras que marcaban la ruta de salida.

La Constitución local establece que la designación del gobernador interino le corresponde al Congreso. El Legislativo leyó esa facultad como una carta abierta y el 25 de octubre designó a un magistrado del Poder Judicial local para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. Las afectaciones obvias al principio de división de poderes derivaron en la revocación de ese nombramiento por parte del Tribunal Electoral. En esa misma resolución, el Tribunal reconoció la facultad del Legislativo local para nombrar al sustituto.

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A través de esa facultad judicialmente reconocida, el Congreso estatal votó nuevamente y nombró al vicefiscal, Luis Enrique Orozco, como el nuevo gobernador del estado. García reaccionó con una campaña de desinformación. Acusaba a Orozco de ser “ilegitimo e inelegible”. A los 26 diputados que lo votaron los culpaba de “intentar tomar Nuevo León a la mala”. El aparato publicitario de Movimiento Ciudadano empezó a confundir a la prensa y a la opinión pública, diciendo que el Tribunal habría obligado al Congreso a nombrar un interino “de la misma plataforma que Movimiento Ciudadano”. El razonamiento de Samuel García era falso. Él mismo reconocía que su interpretación se encontraba en los votos del Tribunal, pero no en la sentencia. El doctor en derecho debía saber que únicamente la decisión colegiada del Tribunal obliga a las partes, no los votos o razonamientos particulares de sus miembros.

Cuando la campaña de desinformación falló, el gobernador publicó un acuerdo en el Periódico Oficial. En el pico de la desesperación, declaró el Palacio de Gobierno como la única sede del Poder Ejecutivo. Blindó el recinto, desplegó a la policía e impidió que Orozco, el gobernador interino nombrado por el Congreso, tomara posesión.

Para la tarde-noche del primero de diciembre, Samuel García se sentía victorioso. En el portal del Gobierno y en conferencias de prensa se presumía una suspensión otorgada por un Juez de Distrito en Materia Laboral radicado en la Ciudad de México. La medida cautelar obligaba al Congreso de Nuevo León a elegir a un gobernador interino que proviniera de Movimiento Ciudadano y reconocía a Javier Navarro como legítimo encargado del Ejecutivo estatal, hasta que esto sucediera.

Todo en la resolución es cuestionable. Desde la competencia del Juez, hasta los fundamentos para admitir el juicio y conceder la medida. Sorprende que a nadie del equipo jurídico de Movimiento Ciudadano le desconcertara que un Juez en Materia de Trabajo radicado en la Ciudad estuviera resolviendo una disputa política en Nuevo León. No es necesario tener tres doctorados en derecho, bastaba el sentido común para levantar la ceja. Cómo es que nadie, en todo el partido, cuestionó por qué un Juez de menor jerarquía trastocaba el sentido de las resoluciones de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, que habrían reconocido la facultad del Congreso para designar al gobernador interino a través de consensos mayoritarios. Si la efímera campaña de García nos da un diagnóstico de la descomposición política, la suspensión del Juez en Materia Laboral nos comunica el tamaño de la crisis del Poder Judicial.

Sea como sea, con la suspensión bajo el brazo, García salió a medios a decir que reanudaba su precampaña presidencial a partir del 2 diciembre. “Ya dijo un Juzgado en la Ciudad que se revoca el nombramiento de Luis Orozco. […] Hoy viernes (primero de diciembre) a las diez de la noche, puedo decir que se va a quedar Javier Navarro para dar continuidad al nuevo Nuevo León”. En los hechos, Samuel García estaba a horas de dejar el cargo y el vacío de poder era reclamado por los dos bandos. Legislativo y Ejecutivo, Orozco y Navarro, ambos, se asumían como legítimos titulares del gobierno del Estado.

Si la crisis constitucional no escaló fue porque la Suprema Corte, a través de una suspensión, reconoció a Orozco como Gobernador Interino, obligando a que García y sus dependencias permitieran una "efectiva toma de posesión”. La campaña de desinformación, la lectura errónea de la sentencia del Tribunal y la suspensión del Juez Laboral, todo, se cayó por la borda. Ridiculizado y sin el control de su estado, García renunció a la aspiración presidencial. Lo que a las ocho de la noche presumía como una “tunda jurídica” se revirtió a las once. Para las dos de la mañana del día siguiente, Samuel anunciaba su regreso a la Gobernatura. El pez por la boca muere.

Aunque hubo resistencia del Congreso para restituirlo en el puesto, hoy Samuel García es gobernador del Estado, lo que descarta su figura como candidato en 2024. Aún si las suspensiones se revierten a su favor o consigue otro Juez Laboral que escuche sus deseos, García ya no cumple con el requisito constitucional para ser presidente de la república. La campaña está muerta.

Me gustaría pensar que el bochornoso episodio deja algunas lecciones y que políticos, jueces y sociedad estamos tomando nota. Las últimas horas en Nuevo León nos recuerda que el Congreso puede ser un contrapeso que sirve para controlar la voluntad política abusiva del Poder Ejecutivo. Que la Constitución y las reglas legales son mandatos que deben dirigir a nuestros gobernantes y que el cumplimiento de estas disposiciones no es optativo o de cumplimiento voluntario. Que, aunque la desfachatez este enquistada en el sistema, con instituciones y reglas, puede remediarse. Quizá esa sea la verdadera nueva forma de hacer política.

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