Tiempo de lectura: 4 minutosLa crisis migratoria es un problema mundial, pero la posición geográfica de México ha hecho que los flujos migratorios y la violencia, discriminación y marginación que se generan en torno a ellos, atraviesen el territorio de sur a norte con una profunda crisis humanitaria. Según el informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México afirma que un 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Por si fuera poco, una vez que llegan a su destino, generalmente en los Estados Unidos, los abusos continúan al incorporarse a una fuerza laboral que trabaja en las sombras, expuesta a constantes violaciones de derechos humanos.
¿Qué estructura han tomado los flujos migratorios en años recientes?
Como organización dedicada a la migración laboral, hemos visto una tendencia clara: un incremento tremendo en el uso de visas de trabajo temporal. Estos programas de visas permiten que personas de todo el mundo trabajen en Estados Unidos por un tiempo limitado y con un solo empleador. Por ejemplo, el programa de visas H-2A para trabajo temporal agrícola se ha triplicado en los últimos 10 años. Cada año van más de 200,000 trabajadores; alrededor del 96% de ellos son hombres mexicanos. Muchos llaman a nuestras oficinas para reportar abusos a lo largo de su recorrido migratorio; desde fraude y discriminación en el reclutamiento hasta salarios no pagados y acoso en el lugar de trabajo. Vemos los mismos patrones de abusos en distintas industrias y programas de visas, desde mujeres que pescan jaiba, veterinarios y trabajadores en la industria de paisajismo, etc. Los abusos afectan desproporcionadamente a los trabajadores migrantes. Aunque los programas se están expandiendo rápidamente, las protecciones no están ni cerca de desarrollarse al mismo ritmo. Mientras esto se extienda sin transparencia ni garantía de movilidad laboral para las y los trabajadores, estos programas seguirán facilitando la explotación.
¿Qué opinas de la estrategia migratoria que México y Estados Unidos acordaron recientemente?
Tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos se están enfocando en criminalizar la migración. Sucumbiendo a presiones arancelarias, México está usando la Guardia Nacional para disminuir la cantidad de personas centroamericanas que ingresan a nuestro país y pasan a EEUU y para agredir e intimidar a defensores y migrantes. Estados Unidos continúa con su retórica racista y políticas antiinmigrantes, dedicándose a separar familias e inculcar miedo en comunidades a través de redadas. Aunque el gobierno de México ha rechazado la posibilidad de convertirse en un país seguro, no podemos más que cuestionarlo al ver que sus tácticas están deslindadas de derechos humanos. Vale la pena preguntarse qué rumbo tomarán las negociaciones.
Justo hace unas semanas, EEUU firmó un tratado bilateral que garantizará más visas para guatemaltecos a cambio de convertirse en un tercer país seguro. Es preocupante que Estados Unidos esté usando programas de trabajo temporal, los que facilitan la explotación, como moneda de cambio en estas negociaciones para evitar que migrantes lleguen a pedir asilo a sus fronteras. El asilo es un derecho protegido por leyes federales e internacionales; las visas de trabajo temporal no son una alternativa viable ni legal para deslindarse de sus obligaciones.
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El tráfico y la trata de personas son dos graves peligros a los que se enfrentan los migrantes, ¿qué acciones tendrían que ponerse en marcha para erradicarlas?
Los programas de migración laboral están diseñados de tal manera que facilitan la trata de personas. La falta transparencia y de rendición de cuentas en la cadena de suministro permite toda clase de abusos. Hay un hilo en común en los casos de trata, independientemente del tipo de visa o de trabajo: las cuotas de reclutamiento Tanto en EEUU como en México, las brechas en la rendición de cuentas permiten que alrededor de la mitad de estos migrantes paguen por trabajar. Muchas veces llegan endeudados a sus lugares de trabajo en Estados Unidos después de haber pagado cifras exhorbitantes a cambio de oportunidades laborales. El problema es que esta inversión previene que personas migrantes reporten abusos laborales. Si hablan, es probable que les despidan. Como su trabajo y estatus migratorio dependen de su empleador, si son despedidos, tienen que regresar a su comunidad de origen sin poder pagar lo que deben. Las cuotas de reclutamiento hacen que los migrantes se vean forzados a permanecer en condiciones laborales de explotación.
A las autoridades competentes en ambos países les toca asegurarse que todos los contratistas estén registrados, cumpliendo con la ley y no cobrando a personas por trabajar en Estados Unidos. Las y los trabajadores migrantes deben de tener acceso a este registro para saber a qué se están apuntando.
La información es poder. Frente a la ausencia de acciones concretas de parte del gobierno, el Centro de los Derechos del Migrante creo Contratados.org, una plataforma en la que personas migrantes pueden compartir sus experiencias con empleadores y contratistas anónimamente, además de acceder información sobre sus derechos. Así estamos creando una comunidad en línea que busca prevenir abusos para personas migrantes en todo el mundo.
¿Qué papel juega el racismo en la realidad de los migrantes?
La falta de acceso a oportunidades laborales y de movilidad laboral bajo los programas de trabajo temporal ponen a las mujeres y a las personas indígenas en una posición aún más vulnerable. Aunque la discriminación basada en raza y género está prohibida tanto en México como en Estados Unidos, el reclutamiento laboral internacional no está regulado adecuadamente para prevenir, ni para procesar violaciones a la ley. Estos programas están llenos de discriminación desde el momento en el que las y los trabajadores son reclutados en sus comunidades. Hemos visto de todo: contratistas para el campo buscando únicamente hombres de 18 a 34 años, empleadores que prefieren a trabajadores que no hablen ni español, ni inglés y reclutadores canalizando mujeres a trabajos con salarios más bajos. Por ejemplo, el mes pasado conocimos a trabajadores que iban rumbo a Estados Unidos y estaban tramitando su visa H-2A para trabajo agrícola en Monterrey. De 1172 trabajadores a quienes les contamos sobre sus derechos laborales, había una sola mujer. La discriminación bajo estos programas es evidente y descarada.
Si no funcionan estos programas de trabajo temporal, entonces ¿cuál es la solución?
Necesitamos un modelo alternativo de migración laboral, uno que cambie la balanza de poder entre trabajadores y empleadores. Hace unos meses organizamos un evento en Washington, D.C. en el que reunimos a aliadas en distintos movimientos y a trabajadoras contratadas con distintas visas –veterinarias, jaiberas, campesinas, ingenieras, trabajadoras del hogar y maestras. Juntas creamos una visión para el futuro del trabajo temporal que garantiza dignidad, salud, seguridad, oportunidad y justicia para las y los trabajadores migrantes. Llevamos esta visión al Congreso como alternativa frente a propuestas que pondrían a las personas migrantes en una posición aún más vulnerable.
La migración es un fenómeno transnacional y por lo tanto necesitamos soluciones multilaterales que protejan a las personas migrantes a lo largo de su camino. Nosotras luchamos junto con personas migrantes por un mundo justo, uno que refleje sus voces y experiencias.
-Evy Peña, Directora de Comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante grita por la discriminación