La investigación periodística que acusó al arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, de encubrir el abuso sexual de un grupo de monjas que vivían en un convento en el municipio de Molina, a 200 kilómetros de la capital, y los datos de la Fiscalía Chilena que han inculpado a 158 personas del clero de ese país por abusos sexuales contra menores han dejado a la jerarquía católica del país sudamericano al borde de la crisis, a pesar de que el 79% de sus habitantes profesan esta religión.

A mediados de la semana pasada, un reportaje publicado en la televisión chilena, recopiló los testimonios de un grupo de religiosas que denunciaron que las autoridades eclesiásticas no oyeron las denuncias que hicieron tras ser abusadas sexualmente por curas. El reportaje expuso también que “las Hermanas del Buen Samaritano”, como se llamaba su congregación, sufrieron de explotación laboral, además de sufrir represalias o ser expulsadas de la congregación tras denunciar los abusos cometidos por los sacerdotes.

Como parte de la investigación, hecha para el programa Informe Especial, una ex-religiosa de nombre Yolanda Tondreau, dijo que sufrió abusos desde que cruzó la puerta del convento: “Un sacerdote se me acercó, me tocó el pecho y me dio besos en la cara, llegando hasta los labios”. Otra ex-monja de nombre Eliana Macías relató que los sacerdotes entraban a sus habitaciones sin su consentimiento. Al denunciar estos abusos con la madre superiora, de nombre Patricia Ibarra, fueron obligadas a “confesarse” con el mismo cura al que habían denunciado.

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Yolanda Tondreau denunció también que varios de estos sacerdotes recibieron cheques a cambio de entregarse a la justicia.  Sin embargo, a las 23 monjas que fueron expulsadas de este convento no se les otorgó ninguna indemnización ni económica, ni legal.

Tras el escándalo provocado por las declaraciones, el Ministerio Público de Chile citó al cardenal Ricardo Ezzati por el presunto encubrimiento de delitos sexuales y tendrá que declarar el próximo 21 de agosto en la ciudad de Rancagua, al sur de la capital chilena.

Esta semana, la Fiscalía Nacional de Chile anunció que 158 personas relacionadas con la iglesia católica del país sudamericano —entre los que figuran obispos, curas y diáconos— están siendo investigadas por delitos similares, entre ellos, abusos a menores, registrados desde el año 1960.

A pesar de que muchas de las  investigaciones sobre abusos cometidos por la iglesia fueron cerradas, por acuerdos o falta de pruebas, actualmente hay 36 casos abiertos. Uno de ellos es contra el cardenal Ezzati, la máxima autoridad religiosa de Chile, y otro contra el ex-canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, que se encuentra en prisión preventiva desde hace dos semanas, acusado de cometer abusos sexuales contra cinco menores de edad.

Una delegación del Vaticano, formada por el arzobispo Charles Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu, visitó Chile con un informe de 2,300 páginas que contiene entrevistas con víctimas de abuso sexual por parte del clero. Este informe ha sido solicitado por las autoridades chilenas para indagar sobre los casos que están actualmente bajo investigación.

El caso chileno no es el único que ha sacudido la iglesia recientemente. El día de hoy el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo Philip Wilson de Australia, tras recibir una condena por encubrir el abuso a menores en el año de 1970.