En una entrevista concedida al Semanario Gatopardo, el activista transgénero Tuss Fernández expresó estar enfrentando una serie de “violencias” en el ámbito electoral que no deberían existir, y para las cuales no se han establecido adecuados mecanismos de protección y de defensa.

Las afrentas denunciadas por el candidato plurinominal a una diputación federal por Morena se remontan al pasado 21 de febrero, fecha marcada por una serie de irregularidades durante el proceso de insaculación del partido (el proceso aleatorio con el que eligen a sus candidatos). La primera de estas anomalías se evidenció al descubrir que su nombre ocupaba el primer puesto de la lista de mujeres después del sorteo de la tómbola de pluris de Morena, a pesar de su identificación como hombre trans.

Al registrar su candidatura plurinominal para la diputación, Tuss Fernández eligió la opción “Otro” en la casilla que pregunta por el sexo, y marcó “Diversidad sexual”, en la casilla correspondiente al grupo en situación de vulnerabilidad

Fernández comentó que no se le proporcionó ninguna justificación para su inclusión en la lista de mujeres, y tampoco tuvo la certeza de que la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones estuviera fundamentada. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que su candidatura fuera impugnada por mujeres que no estuvieran de acuerdo en su presencia en esa lista.

Rebeca Garza, funcionaria electoral con más de 22 años de experiencia e integrante del Centro de Estudios Queertrans, destacó que la identidad de Tuss no fue respetada al ser asignado inicialmente al bloque de mujeres.

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La segunda irregularidad surgió unas horas después, cuando Tuss fue desplazado a la  posición 22 en la lista de hombres, y reclamó la falta de consideración como parte de las acciones afirmativas hacia su pertenencia a un grupo de atención prioritaria.

Para el defensor de derechos humanos, este hecho adquiere una relevancia especial, ya que asegura haberse registrado como “Otro” no solo por ser un ser un hombre trans, sino también para establecer un precedente en los registros, debido a la histórica exclusión que han vivido las personas trans en este tipo de contextos.

El proceso de insaculación, según lo establecido en los estatutos de Morena, indica que el candidato seleccionado inicialmente ocupará el primer lugar de la lista, y así sucesivamente, hasta completarla. Para garantizar la equidad de género en la asignación de candidaturas, se llevará a cabo la insaculación por separado para hombres y mujeres. Una vez finalizada esta etapa, los resultados se alternarán de manera que por cada dos lugares, uno sea para una mujer y otro para un hombre, o viceversa, según lo estipulado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Los partidos eluden las acciones afirmativas

El INE define las acciones afirmativas como “medidas especiales y específicas implementadas de manera temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación o desventaja”, lo cual contribuye a garantizar igualdad de condiciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) implementará acciones afirmativas por primera vez en 2024 para garantizar la participación y representación de diversos grupos en situación de vulnerabilidad en el Senado y la Cámara de Diputados.

Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, explicó que las acciones afirmativas se refieren a políticas diseñadas para “reducir o disminuir los efectos de la histórica discriminación o subrepresentación de los grupos que están en situación de vulnerabilidad”. Estas políticas tienen como objetivo lograr una igualdad sustantiva que, de otra manera, podría llevar décadas en alcanzarse.

El 25 de noviembre pasado, el INE definió las acciones afirmativas que los partidos políticos deberán implementar. Estas acciones incluyen la postulación de precandidaturas a diputaciones federales y senadurías que representen a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero. En total, los partidos designarán nueve postulaciones para el Senado y 54 en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Tuss Fernández asegura que, aún y con las acciones afirmativas establecidas por las autoridades, en realidad no existe un “piso parejo” para las personas de grupos prioritarios ya que, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, no se le incluyó en el grupo de personas en situación de vulnerabilidad por pertenecer a la comunidad LGBTQ+, ni se consideró su trayectoria como activista por los derechos humanos. Fernández ha solicitado a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ser reubicado en las listas, pero comenta que hasta el momento no ha recibido respuesta.

Las acciones afirmativas no siempre se han respetado. En las elecciones de 2021, en el estado de Tlaxcala, 18 hombres se inscribieron como mujeres trans para evadir el requisito de paridad de género establecido por la ley para registrar candidaturas. En 2018, se vivió una situación similar en Oaxaca, cuando de las 19 candidaturas designadas para personas trans, 17 fueron ocupadas por hombres que no querían cumplir con la paridad de género. En 2021 la historia se repitió pero con la población indígena: el Tribunal Electoral desechó la candidatura del panista Oscar Martínez Terrazas, quien no pudo acreditar su origen indígena, mientras buscaba representar a la comunidad en Tepecoacuilco, Guerrero.

Violencia digital e institucional

Tras su inclusión en la lista de mujeres, Tuss Fernández recibió amenazas a través de redes sociales y la filtración de sus documentos de identidad. Pese a haber denunciado estos hechos en la Fiscalía de Puebla, las autoridades no han tomado medidas contundentes para garantizar su seguridad, incluso el INE le ha negado protección por violencia política en razón de género debido a su condición de hombre.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la violencia política en razón de género como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género cuyo objetivo sea limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”. Por su parte, el INE especifica que para determinar si se trata de violencia política por razón de género, las agresiones deben estar orientadas exclusivamente a mujeres por su condición de género.

La funcionaria Rebeca Garza destaca que tanto el INE como algunas autoridades electorales restringen la perspectiva de género únicamente a las mujeres cisgénero, limitando su comprensión del género exclusivamente a la dimensión del sexo. Sin embargo, señala que el género abarca también la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual, como en el caso de Tuss Fernández. Además, la activista enfatiza la necesidad de que el INE adopte una perspectiva interseccional, reconociendo que las personas están atravesadas por múltiples dimensiones más allá del género. Garza critica la respuesta del INE hacia Fernández, considerándola indicativa de un desinterés por atender a poblaciones específicas.

Por su parte, la investigadora Lorena Vázquez ofrece una visión crítica de la normativa actual del INE, pese a que también existe violencia en contra de la población trans y no binaria, este marco normativo específico de violencia política contra las mujeres en razón de género no protege a personas no binarias ni a hombres. “Hay un área de oportunidad en términos de protocolos para proteger a esta población”, comentó.

Se han logrado avances en materia de los derechos electorales de las personas trans y no binarias: el 20 de julio de 2023, el consejo General del INE aprobó la emisión de credenciales para votar sin requerir documento de identificación para cambiar el sexo de acuerdo con la identidad de género de quienes lo soliciten. Rebeca Garza recalcó que este cambio fue un logro de le magistrade Jesús Ociel Baena.

En la actualidad, 20 estados mexicanos reconocen la identidad de género. En octubre del año pasado, el Consejo General del INE aprobó la incorporación de la letra “X” en la credencial para votar, permitiendo así el reconocimiento de las personas no binarias.

En 2019, la funcionaria y activista Rebeca Garza promovió la creación del Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral; sin embargo, aún persisten muchas áreas en las que se deben garantizar derechos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Como asegura Rebeca Garza, hay experiencias electorales y de vida que no podrán ser atendidas adecuadamente si las personas que pertenecen a grupos en situación de discriminación o desventaja no están representadas en los espacios pertinentes. Esto incluye no solo a personas trans, sino también a aquellos con discapacidades, afromexicanos e indígenas. Si no se logra esta representación, será difícil cambiar la perspectiva y abordar las necesidades de manera efectiva.