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Actualmente, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara Sosa y Aníbal Argüello
Guatemala instauró un sistema de justicia que se convirtió en un referente regional: reveló redes de corrupción entre políticos, empresarios y militares. El presidente terminó tras las rejas. Sin embargo, los pactos de impunidad resurgieron.
Mayo del 2021. Aníbal Argüello, licenciado en derecho y analista criminal en la Fiscalía General de Guatemala, había logrado unir todos los eslabones de una sofisticada red de contrabando en las aduanas, vinculando a altos mandos del país. Su recompensa: terminó en la misma prisión que aquellos a quienes había investigado.
En una celda, Otto Pérez Molina, el expresidente que fue encarcelado gracias a su trabajo. A unas cuantas celdas de distancia, Aníbal.
Febrero del 2022. En el mismo penal militar, Mariscal Zavala, fue encerrada la fiscal Siomara Sosa. Sus investigaciones destaparon casos de corrupción entre funcionarios de alto nivel. Ahora compartía espacio con sus propios acusados: Héctor López Bonilla, exministro de Gobernación, y Héctor Rodríguez Heredia, militar de la Policía Nacional, ambos enriquecidos de manera ilícita.
Esos años en que Siomara y Aníbal estuvieron presos fueron la cúspide del acoso y persecución política que comenzó en 2019 con el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo creado por organismos internacionales para apoyar al Estado guatemalteco en la investigación de delitos cometidos por autoridades.
El cierre de la CICIG desató una cacería. Fiscales, jueces e investigadores que habían participado en los juicios más importantes fueron perseguidos. Tuvieron que abandonar sus investigaciones, renunciar a sus puestos y, en muchos casos, huir del país.
Hoy, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara y Aníbal.
“Desde ahí se veía que en su celda Otto Pérez Molina tenía un departamento con otros funcionarios. Desde nuestra celda veíamos ingresar trabajadoras sexuales, hieleras con sodas, restaurantes, los viernes cantaban en la noche”, cuenta Aníbal una mañana de verano en un departamento de la Ciudad de México.
Siomara vivió un encierro diferente. Pasó sus días en una bartolina; es decir, casi aislada, con derecho a solamente una hora de sol cada día. Cuando su litera se rompió, los custodios enviaron a dos reclusos a repararla: eran dos funcionarios que ella misma había ayudado a encarcelar. “Lo pienso como una de las muchas formas que encontraron para amedrentarnos”, dice Siomara.
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En 2006, un movimiento ciudadano que crecía en las calles, en las escuelas y en algunas instituciones públicas de Guatemala, logró la instalación de la CICIG. Para muchos fue un atisbo de esperanza. Siomara y Aníbal eran dos de esas personas que, en distintos tiempos, en distintas oficinas y por distintas motivaciones, compartían deseo de justicia y voluntad para cambiar las cosas.
Para Aníbal, la justicia era algo personal. Su tía Alba se exilió en Nicaragua en 1980 tras el asesinato de sus compañeros de un movimiento estudiantil durante el Conflicto Armado Interno. Durante el exilio se embarazó y murió en el parto. De esa experiencia quedó flotando en su familia una advertencia: “No te metas con el gobierno porque te va mal”. Pero él prefirió inspirarse en su tía para luchar por la justicia. A sus 32 años se convirtió en el segundo exiliado de su familia.
Te recomendamos leer el reportaje de Daniela Rea y Paula Mónaco: Exilio se escribe en presente.
Siomara, ahora con 49 años, nació en una familia humilde que amaba su tierra. Aprendió a nadar en un río y a pescar con su papá. De niña quería ser hombre porque ellos tenían permitido hacer cosas que las niñas no, como montar a caballo.
Creció en un país donde la mitad de los niños viven con desnutrición crónica, en Guatemala donde la principal causa de muerte infantil son resfriados y diarreas, como en el siglo XVIII, enfermedades relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a medicina básica. Allá las personas, por estadística, morirán una década antes que quienes viven en cualquier país de Europa.
Cuando Siomara se convirtió en madre, estudió derecho para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Combinaba la escuela con un trabajo como asistente de abogados: sacaba copias y hacía mandados hasta que una amiga le prestó un libro sobre historia de Guatemala, y eso, sumado a su infancia —dice—, “me despertó lo social”.
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Aníbal trabajó en investigaciones sobre el conflicto armado y derechos humanos hasta que en 2012 se integró a la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía. Su trabajo era encontrar autores, patrones, relación de propiedades, dinámicas de hechos y así empujar juicios sobre crimen organizado, defraudación fiscal y narcomenudeo. Su rigor como investigador lo llevó a la CICIG donde se sumó a investigaciones de casos importantes, entre ellos el que se conoce como “La Línea”, un caso de corrupción que reveló una sofisticada red de contrabando en las aduanas, con la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina en el centro de la trama. Aníbal coordinó a 14 personas para graficar llamadas, armar estructura, descifrar modus operandi. En dos meses armaron la investigación y comprobaron la responsabilidad del secretario particular de Baldetti.
Abril de 2015. El caso se presentó ante tribunales y se convirtió en una bomba. La Línea era apenas una muestra de algo mucho más grande: la captura de instituciones públicas desde el Poder Ejecutivo para dar contratos, lavar dinero y enriquecerse de forma ilícita. Aníbal se lo advirtió a sus compañeros de oficina: “Prepárense porque van a ir contra todos, nos la van a cobrar. No va a haber quien se quede libre de esta. Van a ver que nos encuentran lo que sea”. Y justo eso fue lo que pasó. Les fabricaron delitos.
Siomara trabajó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, adscrita a CICIG) entre los años 2014 y 2018. Fue parte de importantes investigaciones. Una, aquella con la que encarceló al ministro de Gobernación y otra veintena de personas, conocida como “Caso Patrullas”; otra contra Adolfo Vivar, alcalde de Antigua, condenado a 16 años de prisión por lavado, fraude y malversación, y la investigación de corrupción con la empresa Odebrecht.
En este caso, durante el proceso, Siomara y su jefe, Juan Francisco Sandoval, viajaron a Brasil a tomar la declaración de los empresarios, acompañados de un cónsul de Guatemala para legitimar jurídicamente el proceso. De ellos obtuvieron declaraciones cruciales, números de cuentas bancarias, cantidades y empresas a las que les habían depositado 19 millones de dólares en sobornos dirigidos tanto al exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio como al entonces candidato presidencial oficialista, Manuel Baldison.
Mientras en su trabajo se daba cuenta de la corrupción, el abuso de autoridad y el desvío de fondos públicos, Siomara recordaba su infancia: escuelas casi destruidas, baños sucios y sin agua, pupitres desarmados. “En aquel entonces yo miraba eso como normal”, dice, pero al entender el entramado de complicidades, cuestionó eso que había normalizado. “La corrupción que chupaba los fondos públicos para desviarlos a cuentas privadas y que no llegaran a su destino, a escuelas como en las que estudié. Eso me comprobó que no había un bien común en el país”
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El trabajo de la CICIG y de investigadores como Siomara y Aníbal representó el fin político de Otto Pérez y su partido. Como castigo por la corrupción comprobada, el pueblo votó por la oposición con Jimmy Morales para la presidencia. Sin embargo, Morales traicionó ese clamor de justicia con dos jugadas: en el 2018 nombró a Consuelo Porras como la nueva fiscal general, y ante la ONU anunció la cancelación del mandato de la CICIG. Para que no quedaran dudas de su decisión envió tanquetas militares a las oficinas del organismo en Guatemala.
Esas acciones del presidente Morales fueron las señales del revés a los procesos de justicia que habían puesto a Guatemala a la vanguardia de América Latina —incluso del mundo entero— en la investigación y castigo a los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La CICIG había sido un ejemplo de lo bueno que se puede lograr, pero también una advertencia para el resto de los gobiernos, élites y poderosos de la región que vieron amenazada su propia impunidad al comprobar los alcances que podía tener un organismo como ese.
Con la advertencia en el aire, Aníbal prácticamente se fue a vivir a la oficina para cerrar las investigaciones que tenía pendientes y formalizarlas como denuncias en el Ministerio Público, antes de que todo se viniera abajo. “Yo quería dejar en la historia de Guatemala la fotografía de quienes fueron los corruptos, quitarles esa máscara, (y mostrar) lo que realmente son y de cómo realmente funciona el país”. El 31 de agosto del 2019 fue el último día de la CICIG. Para Aníbal inició un gran duelo.
Estrenada en su cargo como fiscal general, Consuelo Porras emprendió la estrategia de perseguir para encarcelar a los investigadores de la FECI y la CICIG. Los integrantes extranjeros de la CICIG —que tenían inmunidad por su trabajo— dejaron el país y los funcionarios locales que no tenían inmunidad, como Siomara y Aníbal, quedaron expuestos, convertidos en la carne de cañón que recibió la embestida del poder político, empresarial y militar de Guatemala.
Fueron tiempos de terror. Los casos fueron archivados, las pruebas ignoradas y los acusados comenzaron a salir de prisión. Paralelamente, se intensificó la persecución contra quienes habían impulsado esas investigaciones. Llegó la oscuridad de ser señalado, acusado, detenido y encarcelado.
Mayo de 2021. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había sido el jefe de Aníbal, fue detenido. Arrestar a una cara visible, a un funcionario de perfil público y nieto de la poeta y activista desaparecida Alaíde Foppa, fue una señal contundente.
Aníbal supo que tenía los minutos contados. Esperó en su casa a que llegaran por él. “Yo sabía que no debía nada, por eso me quedé a enfrentar la justicia”, dice. Se vio rodeado de fiscales y policías que se resistían a esposarlo porque lo conocían, respetaban su trabajo. Finalmente lo hicieron. Le tomaron una fotografía que circuló veloz en redes sociales.
Aníbal estaba acusado de asociación ilícita y conspiración, delitos graves castigados con 30 años de prisión. El argumento fue que él, junto con Foppa, al querer crear un partido político luego del cierre de la CICIG, incluyeron entre las firmas de respaldo la de una persona fallecida. Para Aníbal, que conocía bien el sistema de justicia, se trataba de una persecución política porque un tema administrativo no ameritaba detención porque antes que detenerlo debieron citarlo a declarar y porque había otra veintena de partidos en la misma situación y solo fueron por ellos: “Nos dimos cuenta que esto era una venganza, por eso no iba a permitir que me vieran destruido”, dice Aníbal.
Ese mismo año denunciaron también a Siomara y su equipo. Lo hizo Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación fundada en el 2013 para defender a veteranos militares que podrían ser detenidos por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado. Méndez Ruiz los acusó de “abuso de autoridad en cumplimiento de deberes”, por haber ido a Brasil a levantar la declaración de los empresarios de Odebrecht. Siomara pasó semanas durmiendo fuera, en casa de amigos, cada noche en un lugar distinto para que no la detuvieran. Durante la persecución incluso allanaron la casa de su mamá.
Febrero de 2022. Ordenaron su captura. “Ahí sí ya me descompuse, me puse muy mal”, recuerda Siomara desde la Ciudad de México, un año después de haber llegado exiliada. Segura de su inocencia, se presentó ante los tribunales para entregarse, pero nadie la quería detener.
Lo que pasó en esos días rayó en el absurdo: Siomara se entregó, pero el expediente no había llegado al juzgado; llegó el expediente, pero el juez estaba ocupado; el juez se desocupó, pero no quería recibirla porque tenían que apresarla, pues tenía una orden de captura. “Querían verme detenida y esposada [...] todo esto era, era una cuestión más política, de otra cosa”, dice.
Finalmente, el 15 de febrero la llevaron a la prisión de mayor seguridad, dentro de un cuartel militar, en el mismo lugar donde estaban encarcelados el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, y el militar Jefe de la Policía Héctor Florentino Rodríguez Heredia. “Toda la mata de los corruptos que nosotros habíamos investigado”, dice.
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Febrero de 2022. Durante la primera audiencia de Siomara estaba Méndez Ruiz, representante de militares y quien la acusó en venganza por el caso Odebrecht. Al verla se puso de pie y le dijo: “[Usted] se va a quedar en prisión para toda la vida porque usted es una soberbia, y la soberbia solo le pasa por haber salido de la cocina”.
No fue menor lo que Siomara logró en la FECI. Descubrió la corrupción estatal con una empresa privada y congeló los bienes de los funcionarios involucrados. “Ese es el verdadero meollo de toda esta venganza. Nosotros les congelamos las cuentas”. En 2025, Siomara está exiliada y a los funcionarios les regresaron sus bienes.
Estuvo presa 25 días. Después salió de la cárcel y llevó su proceso en libertad con la obligación de firmar cada semana y permanecer en Ciudad de Guatemala. Le quitaron su pasaporte, aunque no era necesario. Ella no pensaba escapar, quería quedarse a demostrar su inocencia.
Aníbal recuperó su libertad después de pasar 23 días encarcelado, pero siguió el proceso durante meses de audiencias retrasadas, suspendidas y canceladas. Finalmente, como estrategia legal, decidió aceptar delitos que no había cometido para solicitar un procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes, solo pagó una reparación. El 2 de mayo del 2021, por la tarde, terminó el procedimiento en su contra. La madrugada del 3 de mayo salió exiliado de Guatemala.
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A Siomara y Aníbal los persiguieron de una forma que se ha hecho común en Guatemala, un método que parece inofensivo, pero acaba siendo terrorífico. Iniciaron campañas en redes sociales para construirles una imagen de criminales, usaron fotos privadas e hicieron mofa con las fotos de su detención. No exageran en llamarlo acoso: Aníbal, obsesivo con los datos, ha reunido muchos posteos en contra de impartidores de justicia, activistas y periodistas lanzados desde cuentas pagadas que operaban con los mismos métodos del conflicto armado, con el objetivo de neutralizar cualquier intento de organización por la justicia.
Parece inofensivo, pero no lo es: ese tipo de campañas en redes sociales manejan cientos o miles de cuentas fantasmas que insultan, criminalizan, ridiculizan y generan información falsa para socavar la credibilidad de una vida, de un nombre, de una persona y sus familias.
El estrés y la ansiedad en ambos llegó a niveles preocupantes. Todas las noches Aníbal metía su computadora en una bolsa de basura y la escondía fuera de su casa. Era parte de la psicosis ante la posibilidad de que le abrieran más procesos. Fue su límite para que, como familia, junto a su esposa, su hija y una bebé por nacer decidieran dejar Guatemala.
Fuera de su país, Aníbal dio una entrevista en la que decía que el sistema de justicia estaba contra él, construyendo casos sin fundamento. Al día siguiente dos mantas con su rostro y la palabra “corrupto” aparecieron colgadas en Ciudad de Guatemala. Cree que fueron puestas por orden de alguna de las personas a quienes él investigó.
Siomara llevaba el juicio en libertad, pero le dictaron sentencia a una compañera de la FECI y esa noticia fue la certeza de que no se trataba de justicia, sino de una venganza, que hiciera lo que hiciera a ella también la condenarían. El primer día de febrero de 2023 hizo una maleta con dos mudas de ropa y se fue.
Llegó a México sin documentos, por la misma ruta que usan cada año más de 80 000 migrantes guatemaltecos. Por el río Suchiate, sobre una lancha hecha con neumáticos y tablas viejas. “Ese fue de los momentos más dolorosos de toda mi vida. Cuando estaba en la fiscalía trabajaba por revelar las redes de corrupción de funcionarios que se roban el dinero del pueblo, soñaba con devolver ese dinero al pueblo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, por no repetir la historia de mi familia que tuvo que irse de mojada a Estados Unidos para tener una mejor vida. Verme ahí, sobre esa lancha, rodeada de compatriotas migrantes, fue como encontrarme peleando conmigo misma. Me quería tirar al río para volver a Guatemala y terminar mi trabajo”.
En México le dieron refugio por persecución política. A la distancia y desde el exilio, Siomara piensa en lo que la justicia significa para ella. Cuando daba clases en la universidad solía decir a sus alumnos que de ese salón saldrían futuros fiscales, abogados y magistrados: “Ustedes deben tener conciencia de que van a tener la vida de personas en sus manos”, les decía. Después, el verse expuesta con esposas fue muy doloroso. Y siguió el dolor ahondando porque además de los dos casos que se abrieron en su contra, le llegó un tercero que le iniciaron cuando ya estaba exiliada en México. Las tres causas están detenidas, prueba de que solo se usaron para obligarla a irse. “Yo creía en el sistema de justicia y por eso me había sometido desde el primer día, pero creo que fui muy ingenua”.
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Siomara y Aníbal entienden que son blanco de una venganza por haber desnudado la corrupción. Y no son los únicos. Medios locales calculan que al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y activistas han sido perseguidos judicialmente. El periódico Plaza Pública documentó que durante la gestión de Consuelo Porras ha habido al menos 117 personas criminalizadas: periodistas, políticos, abogados, académicos, sindicalistas, activistas. De todas ellas, una de cada seis es fiscal.
Siomara y Aníbal entienden, pero no se resignan. Hay días que se hacen largos, extrañan a su familia, su tierra. Se mantienen en pie, aunque a veces también les gana la nostalgia.
Siomara camina por parques que le dan paz. Habla por teléfono con otros abogados y fiscales que andan lejos también. Imagina formas de continuar peleando por la justicia en Guatemala, y trata de seguir cerca de sus hijos, al menos por llamadas.
Aníbal continúa sumando datos, conectando hilos. De día cuida a sus hijas y disfruta la vida con su esposa Sandy. Pero quisiera volver a su país. “En Guatemala las élites tienen capturado al Estado y es tal la captura que cada vez que ese pacto de impunidad se ve puesto en evidencia, se reacomoda y aprieta a quien los esté exhibiendo. Yo quiero volver a dar la lucha, que al menos esas élites tengan el costo moral de la vergüenza”, dice.
Esas élites políticas, económicas y militares, las que Siomara y Aníbal desenmascararon, representan a mucho menos del 1% del país y concentran el 50% de la riqueza de todo Guatemala, según datos de Oxfam. A un ciudadano promedio le tomaría 387 años ganar los mismos ingresos que percibe en un mes alguno de los millonarios guatemaltecos. Así de grande es la desigualdad en el país. Esto se traduce en desigualdad, en que las niñas indígenas de Guatemala no puedan comer lo suficiente como sí lo hacen las niñas no indígenas; en que esas niñas indígenas crezcan hasta 14 centímetros menos que las niñas no indígenas.
Ese es el país que Siomara y Aníbal quieren cambiar, el motivo de su trabajo, el motivo también de tener que huir de ahí.
A veces, cuando siente que ha extraviado el sentido, Aníbal toma un libro del poeta Otto René Castillo. Avanza en las páginas hasta que encuentra el poema “Vámonos Patria a caminar” y entonces confirma lo que ha pasado durante los últimos años.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras.
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¡Gracias!
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Guatemala instauró un sistema de justicia que se convirtió en un referente regional: reveló redes de corrupción entre políticos, empresarios y militares. El presidente terminó tras las rejas. Sin embargo, los pactos de impunidad resurgieron.
Mayo del 2021. Aníbal Argüello, licenciado en derecho y analista criminal en la Fiscalía General de Guatemala, había logrado unir todos los eslabones de una sofisticada red de contrabando en las aduanas, vinculando a altos mandos del país. Su recompensa: terminó en la misma prisión que aquellos a quienes había investigado.
En una celda, Otto Pérez Molina, el expresidente que fue encarcelado gracias a su trabajo. A unas cuantas celdas de distancia, Aníbal.
Febrero del 2022. En el mismo penal militar, Mariscal Zavala, fue encerrada la fiscal Siomara Sosa. Sus investigaciones destaparon casos de corrupción entre funcionarios de alto nivel. Ahora compartía espacio con sus propios acusados: Héctor López Bonilla, exministro de Gobernación, y Héctor Rodríguez Heredia, militar de la Policía Nacional, ambos enriquecidos de manera ilícita.
Esos años en que Siomara y Aníbal estuvieron presos fueron la cúspide del acoso y persecución política que comenzó en 2019 con el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo creado por organismos internacionales para apoyar al Estado guatemalteco en la investigación de delitos cometidos por autoridades.
El cierre de la CICIG desató una cacería. Fiscales, jueces e investigadores que habían participado en los juicios más importantes fueron perseguidos. Tuvieron que abandonar sus investigaciones, renunciar a sus puestos y, en muchos casos, huir del país.
Hoy, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara y Aníbal.
“Desde ahí se veía que en su celda Otto Pérez Molina tenía un departamento con otros funcionarios. Desde nuestra celda veíamos ingresar trabajadoras sexuales, hieleras con sodas, restaurantes, los viernes cantaban en la noche”, cuenta Aníbal una mañana de verano en un departamento de la Ciudad de México.
Siomara vivió un encierro diferente. Pasó sus días en una bartolina; es decir, casi aislada, con derecho a solamente una hora de sol cada día. Cuando su litera se rompió, los custodios enviaron a dos reclusos a repararla: eran dos funcionarios que ella misma había ayudado a encarcelar. “Lo pienso como una de las muchas formas que encontraron para amedrentarnos”, dice Siomara.
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En 2006, un movimiento ciudadano que crecía en las calles, en las escuelas y en algunas instituciones públicas de Guatemala, logró la instalación de la CICIG. Para muchos fue un atisbo de esperanza. Siomara y Aníbal eran dos de esas personas que, en distintos tiempos, en distintas oficinas y por distintas motivaciones, compartían deseo de justicia y voluntad para cambiar las cosas.
Para Aníbal, la justicia era algo personal. Su tía Alba se exilió en Nicaragua en 1980 tras el asesinato de sus compañeros de un movimiento estudiantil durante el Conflicto Armado Interno. Durante el exilio se embarazó y murió en el parto. De esa experiencia quedó flotando en su familia una advertencia: “No te metas con el gobierno porque te va mal”. Pero él prefirió inspirarse en su tía para luchar por la justicia. A sus 32 años se convirtió en el segundo exiliado de su familia.
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Siomara, ahora con 49 años, nació en una familia humilde que amaba su tierra. Aprendió a nadar en un río y a pescar con su papá. De niña quería ser hombre porque ellos tenían permitido hacer cosas que las niñas no, como montar a caballo.
Creció en un país donde la mitad de los niños viven con desnutrición crónica, en Guatemala donde la principal causa de muerte infantil son resfriados y diarreas, como en el siglo XVIII, enfermedades relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a medicina básica. Allá las personas, por estadística, morirán una década antes que quienes viven en cualquier país de Europa.
Cuando Siomara se convirtió en madre, estudió derecho para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Combinaba la escuela con un trabajo como asistente de abogados: sacaba copias y hacía mandados hasta que una amiga le prestó un libro sobre historia de Guatemala, y eso, sumado a su infancia —dice—, “me despertó lo social”.
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Aníbal trabajó en investigaciones sobre el conflicto armado y derechos humanos hasta que en 2012 se integró a la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía. Su trabajo era encontrar autores, patrones, relación de propiedades, dinámicas de hechos y así empujar juicios sobre crimen organizado, defraudación fiscal y narcomenudeo. Su rigor como investigador lo llevó a la CICIG donde se sumó a investigaciones de casos importantes, entre ellos el que se conoce como “La Línea”, un caso de corrupción que reveló una sofisticada red de contrabando en las aduanas, con la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina en el centro de la trama. Aníbal coordinó a 14 personas para graficar llamadas, armar estructura, descifrar modus operandi. En dos meses armaron la investigación y comprobaron la responsabilidad del secretario particular de Baldetti.
Abril de 2015. El caso se presentó ante tribunales y se convirtió en una bomba. La Línea era apenas una muestra de algo mucho más grande: la captura de instituciones públicas desde el Poder Ejecutivo para dar contratos, lavar dinero y enriquecerse de forma ilícita. Aníbal se lo advirtió a sus compañeros de oficina: “Prepárense porque van a ir contra todos, nos la van a cobrar. No va a haber quien se quede libre de esta. Van a ver que nos encuentran lo que sea”. Y justo eso fue lo que pasó. Les fabricaron delitos.
Siomara trabajó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, adscrita a CICIG) entre los años 2014 y 2018. Fue parte de importantes investigaciones. Una, aquella con la que encarceló al ministro de Gobernación y otra veintena de personas, conocida como “Caso Patrullas”; otra contra Adolfo Vivar, alcalde de Antigua, condenado a 16 años de prisión por lavado, fraude y malversación, y la investigación de corrupción con la empresa Odebrecht.
En este caso, durante el proceso, Siomara y su jefe, Juan Francisco Sandoval, viajaron a Brasil a tomar la declaración de los empresarios, acompañados de un cónsul de Guatemala para legitimar jurídicamente el proceso. De ellos obtuvieron declaraciones cruciales, números de cuentas bancarias, cantidades y empresas a las que les habían depositado 19 millones de dólares en sobornos dirigidos tanto al exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio como al entonces candidato presidencial oficialista, Manuel Baldison.
Mientras en su trabajo se daba cuenta de la corrupción, el abuso de autoridad y el desvío de fondos públicos, Siomara recordaba su infancia: escuelas casi destruidas, baños sucios y sin agua, pupitres desarmados. “En aquel entonces yo miraba eso como normal”, dice, pero al entender el entramado de complicidades, cuestionó eso que había normalizado. “La corrupción que chupaba los fondos públicos para desviarlos a cuentas privadas y que no llegaran a su destino, a escuelas como en las que estudié. Eso me comprobó que no había un bien común en el país”
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El trabajo de la CICIG y de investigadores como Siomara y Aníbal representó el fin político de Otto Pérez y su partido. Como castigo por la corrupción comprobada, el pueblo votó por la oposición con Jimmy Morales para la presidencia. Sin embargo, Morales traicionó ese clamor de justicia con dos jugadas: en el 2018 nombró a Consuelo Porras como la nueva fiscal general, y ante la ONU anunció la cancelación del mandato de la CICIG. Para que no quedaran dudas de su decisión envió tanquetas militares a las oficinas del organismo en Guatemala.
Esas acciones del presidente Morales fueron las señales del revés a los procesos de justicia que habían puesto a Guatemala a la vanguardia de América Latina —incluso del mundo entero— en la investigación y castigo a los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La CICIG había sido un ejemplo de lo bueno que se puede lograr, pero también una advertencia para el resto de los gobiernos, élites y poderosos de la región que vieron amenazada su propia impunidad al comprobar los alcances que podía tener un organismo como ese.
Con la advertencia en el aire, Aníbal prácticamente se fue a vivir a la oficina para cerrar las investigaciones que tenía pendientes y formalizarlas como denuncias en el Ministerio Público, antes de que todo se viniera abajo. “Yo quería dejar en la historia de Guatemala la fotografía de quienes fueron los corruptos, quitarles esa máscara, (y mostrar) lo que realmente son y de cómo realmente funciona el país”. El 31 de agosto del 2019 fue el último día de la CICIG. Para Aníbal inició un gran duelo.
Estrenada en su cargo como fiscal general, Consuelo Porras emprendió la estrategia de perseguir para encarcelar a los investigadores de la FECI y la CICIG. Los integrantes extranjeros de la CICIG —que tenían inmunidad por su trabajo— dejaron el país y los funcionarios locales que no tenían inmunidad, como Siomara y Aníbal, quedaron expuestos, convertidos en la carne de cañón que recibió la embestida del poder político, empresarial y militar de Guatemala.
Fueron tiempos de terror. Los casos fueron archivados, las pruebas ignoradas y los acusados comenzaron a salir de prisión. Paralelamente, se intensificó la persecución contra quienes habían impulsado esas investigaciones. Llegó la oscuridad de ser señalado, acusado, detenido y encarcelado.
Mayo de 2021. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había sido el jefe de Aníbal, fue detenido. Arrestar a una cara visible, a un funcionario de perfil público y nieto de la poeta y activista desaparecida Alaíde Foppa, fue una señal contundente.
Aníbal supo que tenía los minutos contados. Esperó en su casa a que llegaran por él. “Yo sabía que no debía nada, por eso me quedé a enfrentar la justicia”, dice. Se vio rodeado de fiscales y policías que se resistían a esposarlo porque lo conocían, respetaban su trabajo. Finalmente lo hicieron. Le tomaron una fotografía que circuló veloz en redes sociales.
Aníbal estaba acusado de asociación ilícita y conspiración, delitos graves castigados con 30 años de prisión. El argumento fue que él, junto con Foppa, al querer crear un partido político luego del cierre de la CICIG, incluyeron entre las firmas de respaldo la de una persona fallecida. Para Aníbal, que conocía bien el sistema de justicia, se trataba de una persecución política porque un tema administrativo no ameritaba detención porque antes que detenerlo debieron citarlo a declarar y porque había otra veintena de partidos en la misma situación y solo fueron por ellos: “Nos dimos cuenta que esto era una venganza, por eso no iba a permitir que me vieran destruido”, dice Aníbal.
Ese mismo año denunciaron también a Siomara y su equipo. Lo hizo Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación fundada en el 2013 para defender a veteranos militares que podrían ser detenidos por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado. Méndez Ruiz los acusó de “abuso de autoridad en cumplimiento de deberes”, por haber ido a Brasil a levantar la declaración de los empresarios de Odebrecht. Siomara pasó semanas durmiendo fuera, en casa de amigos, cada noche en un lugar distinto para que no la detuvieran. Durante la persecución incluso allanaron la casa de su mamá.
Febrero de 2022. Ordenaron su captura. “Ahí sí ya me descompuse, me puse muy mal”, recuerda Siomara desde la Ciudad de México, un año después de haber llegado exiliada. Segura de su inocencia, se presentó ante los tribunales para entregarse, pero nadie la quería detener.
Lo que pasó en esos días rayó en el absurdo: Siomara se entregó, pero el expediente no había llegado al juzgado; llegó el expediente, pero el juez estaba ocupado; el juez se desocupó, pero no quería recibirla porque tenían que apresarla, pues tenía una orden de captura. “Querían verme detenida y esposada [...] todo esto era, era una cuestión más política, de otra cosa”, dice.
Finalmente, el 15 de febrero la llevaron a la prisión de mayor seguridad, dentro de un cuartel militar, en el mismo lugar donde estaban encarcelados el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, y el militar Jefe de la Policía Héctor Florentino Rodríguez Heredia. “Toda la mata de los corruptos que nosotros habíamos investigado”, dice.
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Febrero de 2022. Durante la primera audiencia de Siomara estaba Méndez Ruiz, representante de militares y quien la acusó en venganza por el caso Odebrecht. Al verla se puso de pie y le dijo: “[Usted] se va a quedar en prisión para toda la vida porque usted es una soberbia, y la soberbia solo le pasa por haber salido de la cocina”.
No fue menor lo que Siomara logró en la FECI. Descubrió la corrupción estatal con una empresa privada y congeló los bienes de los funcionarios involucrados. “Ese es el verdadero meollo de toda esta venganza. Nosotros les congelamos las cuentas”. En 2025, Siomara está exiliada y a los funcionarios les regresaron sus bienes.
Estuvo presa 25 días. Después salió de la cárcel y llevó su proceso en libertad con la obligación de firmar cada semana y permanecer en Ciudad de Guatemala. Le quitaron su pasaporte, aunque no era necesario. Ella no pensaba escapar, quería quedarse a demostrar su inocencia.
Aníbal recuperó su libertad después de pasar 23 días encarcelado, pero siguió el proceso durante meses de audiencias retrasadas, suspendidas y canceladas. Finalmente, como estrategia legal, decidió aceptar delitos que no había cometido para solicitar un procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes, solo pagó una reparación. El 2 de mayo del 2021, por la tarde, terminó el procedimiento en su contra. La madrugada del 3 de mayo salió exiliado de Guatemala.
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A Siomara y Aníbal los persiguieron de una forma que se ha hecho común en Guatemala, un método que parece inofensivo, pero acaba siendo terrorífico. Iniciaron campañas en redes sociales para construirles una imagen de criminales, usaron fotos privadas e hicieron mofa con las fotos de su detención. No exageran en llamarlo acoso: Aníbal, obsesivo con los datos, ha reunido muchos posteos en contra de impartidores de justicia, activistas y periodistas lanzados desde cuentas pagadas que operaban con los mismos métodos del conflicto armado, con el objetivo de neutralizar cualquier intento de organización por la justicia.
Parece inofensivo, pero no lo es: ese tipo de campañas en redes sociales manejan cientos o miles de cuentas fantasmas que insultan, criminalizan, ridiculizan y generan información falsa para socavar la credibilidad de una vida, de un nombre, de una persona y sus familias.
El estrés y la ansiedad en ambos llegó a niveles preocupantes. Todas las noches Aníbal metía su computadora en una bolsa de basura y la escondía fuera de su casa. Era parte de la psicosis ante la posibilidad de que le abrieran más procesos. Fue su límite para que, como familia, junto a su esposa, su hija y una bebé por nacer decidieran dejar Guatemala.
Fuera de su país, Aníbal dio una entrevista en la que decía que el sistema de justicia estaba contra él, construyendo casos sin fundamento. Al día siguiente dos mantas con su rostro y la palabra “corrupto” aparecieron colgadas en Ciudad de Guatemala. Cree que fueron puestas por orden de alguna de las personas a quienes él investigó.
Siomara llevaba el juicio en libertad, pero le dictaron sentencia a una compañera de la FECI y esa noticia fue la certeza de que no se trataba de justicia, sino de una venganza, que hiciera lo que hiciera a ella también la condenarían. El primer día de febrero de 2023 hizo una maleta con dos mudas de ropa y se fue.
Llegó a México sin documentos, por la misma ruta que usan cada año más de 80 000 migrantes guatemaltecos. Por el río Suchiate, sobre una lancha hecha con neumáticos y tablas viejas. “Ese fue de los momentos más dolorosos de toda mi vida. Cuando estaba en la fiscalía trabajaba por revelar las redes de corrupción de funcionarios que se roban el dinero del pueblo, soñaba con devolver ese dinero al pueblo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, por no repetir la historia de mi familia que tuvo que irse de mojada a Estados Unidos para tener una mejor vida. Verme ahí, sobre esa lancha, rodeada de compatriotas migrantes, fue como encontrarme peleando conmigo misma. Me quería tirar al río para volver a Guatemala y terminar mi trabajo”.
En México le dieron refugio por persecución política. A la distancia y desde el exilio, Siomara piensa en lo que la justicia significa para ella. Cuando daba clases en la universidad solía decir a sus alumnos que de ese salón saldrían futuros fiscales, abogados y magistrados: “Ustedes deben tener conciencia de que van a tener la vida de personas en sus manos”, les decía. Después, el verse expuesta con esposas fue muy doloroso. Y siguió el dolor ahondando porque además de los dos casos que se abrieron en su contra, le llegó un tercero que le iniciaron cuando ya estaba exiliada en México. Las tres causas están detenidas, prueba de que solo se usaron para obligarla a irse. “Yo creía en el sistema de justicia y por eso me había sometido desde el primer día, pero creo que fui muy ingenua”.
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Siomara y Aníbal entienden que son blanco de una venganza por haber desnudado la corrupción. Y no son los únicos. Medios locales calculan que al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y activistas han sido perseguidos judicialmente. El periódico Plaza Pública documentó que durante la gestión de Consuelo Porras ha habido al menos 117 personas criminalizadas: periodistas, políticos, abogados, académicos, sindicalistas, activistas. De todas ellas, una de cada seis es fiscal.
Siomara y Aníbal entienden, pero no se resignan. Hay días que se hacen largos, extrañan a su familia, su tierra. Se mantienen en pie, aunque a veces también les gana la nostalgia.
Siomara camina por parques que le dan paz. Habla por teléfono con otros abogados y fiscales que andan lejos también. Imagina formas de continuar peleando por la justicia en Guatemala, y trata de seguir cerca de sus hijos, al menos por llamadas.
Aníbal continúa sumando datos, conectando hilos. De día cuida a sus hijas y disfruta la vida con su esposa Sandy. Pero quisiera volver a su país. “En Guatemala las élites tienen capturado al Estado y es tal la captura que cada vez que ese pacto de impunidad se ve puesto en evidencia, se reacomoda y aprieta a quien los esté exhibiendo. Yo quiero volver a dar la lucha, que al menos esas élites tengan el costo moral de la vergüenza”, dice.
Esas élites políticas, económicas y militares, las que Siomara y Aníbal desenmascararon, representan a mucho menos del 1% del país y concentran el 50% de la riqueza de todo Guatemala, según datos de Oxfam. A un ciudadano promedio le tomaría 387 años ganar los mismos ingresos que percibe en un mes alguno de los millonarios guatemaltecos. Así de grande es la desigualdad en el país. Esto se traduce en desigualdad, en que las niñas indígenas de Guatemala no puedan comer lo suficiente como sí lo hacen las niñas no indígenas; en que esas niñas indígenas crezcan hasta 14 centímetros menos que las niñas no indígenas.
Ese es el país que Siomara y Aníbal quieren cambiar, el motivo de su trabajo, el motivo también de tener que huir de ahí.
A veces, cuando siente que ha extraviado el sentido, Aníbal toma un libro del poeta Otto René Castillo. Avanza en las páginas hasta que encuentra el poema “Vámonos Patria a caminar” y entonces confirma lo que ha pasado durante los últimos años.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras.
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¡Gracias!
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Actualmente, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara Sosa y Aníbal Argüello
Guatemala instauró un sistema de justicia que se convirtió en un referente regional: reveló redes de corrupción entre políticos, empresarios y militares. El presidente terminó tras las rejas. Sin embargo, los pactos de impunidad resurgieron.
Mayo del 2021. Aníbal Argüello, licenciado en derecho y analista criminal en la Fiscalía General de Guatemala, había logrado unir todos los eslabones de una sofisticada red de contrabando en las aduanas, vinculando a altos mandos del país. Su recompensa: terminó en la misma prisión que aquellos a quienes había investigado.
En una celda, Otto Pérez Molina, el expresidente que fue encarcelado gracias a su trabajo. A unas cuantas celdas de distancia, Aníbal.
Febrero del 2022. En el mismo penal militar, Mariscal Zavala, fue encerrada la fiscal Siomara Sosa. Sus investigaciones destaparon casos de corrupción entre funcionarios de alto nivel. Ahora compartía espacio con sus propios acusados: Héctor López Bonilla, exministro de Gobernación, y Héctor Rodríguez Heredia, militar de la Policía Nacional, ambos enriquecidos de manera ilícita.
Esos años en que Siomara y Aníbal estuvieron presos fueron la cúspide del acoso y persecución política que comenzó en 2019 con el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo creado por organismos internacionales para apoyar al Estado guatemalteco en la investigación de delitos cometidos por autoridades.
El cierre de la CICIG desató una cacería. Fiscales, jueces e investigadores que habían participado en los juicios más importantes fueron perseguidos. Tuvieron que abandonar sus investigaciones, renunciar a sus puestos y, en muchos casos, huir del país.
Hoy, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara y Aníbal.
“Desde ahí se veía que en su celda Otto Pérez Molina tenía un departamento con otros funcionarios. Desde nuestra celda veíamos ingresar trabajadoras sexuales, hieleras con sodas, restaurantes, los viernes cantaban en la noche”, cuenta Aníbal una mañana de verano en un departamento de la Ciudad de México.
Siomara vivió un encierro diferente. Pasó sus días en una bartolina; es decir, casi aislada, con derecho a solamente una hora de sol cada día. Cuando su litera se rompió, los custodios enviaron a dos reclusos a repararla: eran dos funcionarios que ella misma había ayudado a encarcelar. “Lo pienso como una de las muchas formas que encontraron para amedrentarnos”, dice Siomara.
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En 2006, un movimiento ciudadano que crecía en las calles, en las escuelas y en algunas instituciones públicas de Guatemala, logró la instalación de la CICIG. Para muchos fue un atisbo de esperanza. Siomara y Aníbal eran dos de esas personas que, en distintos tiempos, en distintas oficinas y por distintas motivaciones, compartían deseo de justicia y voluntad para cambiar las cosas.
Para Aníbal, la justicia era algo personal. Su tía Alba se exilió en Nicaragua en 1980 tras el asesinato de sus compañeros de un movimiento estudiantil durante el Conflicto Armado Interno. Durante el exilio se embarazó y murió en el parto. De esa experiencia quedó flotando en su familia una advertencia: “No te metas con el gobierno porque te va mal”. Pero él prefirió inspirarse en su tía para luchar por la justicia. A sus 32 años se convirtió en el segundo exiliado de su familia.
Te recomendamos leer el reportaje de Daniela Rea y Paula Mónaco: Exilio se escribe en presente.
Siomara, ahora con 49 años, nació en una familia humilde que amaba su tierra. Aprendió a nadar en un río y a pescar con su papá. De niña quería ser hombre porque ellos tenían permitido hacer cosas que las niñas no, como montar a caballo.
Creció en un país donde la mitad de los niños viven con desnutrición crónica, en Guatemala donde la principal causa de muerte infantil son resfriados y diarreas, como en el siglo XVIII, enfermedades relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a medicina básica. Allá las personas, por estadística, morirán una década antes que quienes viven en cualquier país de Europa.
Cuando Siomara se convirtió en madre, estudió derecho para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Combinaba la escuela con un trabajo como asistente de abogados: sacaba copias y hacía mandados hasta que una amiga le prestó un libro sobre historia de Guatemala, y eso, sumado a su infancia —dice—, “me despertó lo social”.
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Aníbal trabajó en investigaciones sobre el conflicto armado y derechos humanos hasta que en 2012 se integró a la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía. Su trabajo era encontrar autores, patrones, relación de propiedades, dinámicas de hechos y así empujar juicios sobre crimen organizado, defraudación fiscal y narcomenudeo. Su rigor como investigador lo llevó a la CICIG donde se sumó a investigaciones de casos importantes, entre ellos el que se conoce como “La Línea”, un caso de corrupción que reveló una sofisticada red de contrabando en las aduanas, con la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina en el centro de la trama. Aníbal coordinó a 14 personas para graficar llamadas, armar estructura, descifrar modus operandi. En dos meses armaron la investigación y comprobaron la responsabilidad del secretario particular de Baldetti.
Abril de 2015. El caso se presentó ante tribunales y se convirtió en una bomba. La Línea era apenas una muestra de algo mucho más grande: la captura de instituciones públicas desde el Poder Ejecutivo para dar contratos, lavar dinero y enriquecerse de forma ilícita. Aníbal se lo advirtió a sus compañeros de oficina: “Prepárense porque van a ir contra todos, nos la van a cobrar. No va a haber quien se quede libre de esta. Van a ver que nos encuentran lo que sea”. Y justo eso fue lo que pasó. Les fabricaron delitos.
Siomara trabajó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, adscrita a CICIG) entre los años 2014 y 2018. Fue parte de importantes investigaciones. Una, aquella con la que encarceló al ministro de Gobernación y otra veintena de personas, conocida como “Caso Patrullas”; otra contra Adolfo Vivar, alcalde de Antigua, condenado a 16 años de prisión por lavado, fraude y malversación, y la investigación de corrupción con la empresa Odebrecht.
En este caso, durante el proceso, Siomara y su jefe, Juan Francisco Sandoval, viajaron a Brasil a tomar la declaración de los empresarios, acompañados de un cónsul de Guatemala para legitimar jurídicamente el proceso. De ellos obtuvieron declaraciones cruciales, números de cuentas bancarias, cantidades y empresas a las que les habían depositado 19 millones de dólares en sobornos dirigidos tanto al exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio como al entonces candidato presidencial oficialista, Manuel Baldison.
Mientras en su trabajo se daba cuenta de la corrupción, el abuso de autoridad y el desvío de fondos públicos, Siomara recordaba su infancia: escuelas casi destruidas, baños sucios y sin agua, pupitres desarmados. “En aquel entonces yo miraba eso como normal”, dice, pero al entender el entramado de complicidades, cuestionó eso que había normalizado. “La corrupción que chupaba los fondos públicos para desviarlos a cuentas privadas y que no llegaran a su destino, a escuelas como en las que estudié. Eso me comprobó que no había un bien común en el país”
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El trabajo de la CICIG y de investigadores como Siomara y Aníbal representó el fin político de Otto Pérez y su partido. Como castigo por la corrupción comprobada, el pueblo votó por la oposición con Jimmy Morales para la presidencia. Sin embargo, Morales traicionó ese clamor de justicia con dos jugadas: en el 2018 nombró a Consuelo Porras como la nueva fiscal general, y ante la ONU anunció la cancelación del mandato de la CICIG. Para que no quedaran dudas de su decisión envió tanquetas militares a las oficinas del organismo en Guatemala.
Esas acciones del presidente Morales fueron las señales del revés a los procesos de justicia que habían puesto a Guatemala a la vanguardia de América Latina —incluso del mundo entero— en la investigación y castigo a los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La CICIG había sido un ejemplo de lo bueno que se puede lograr, pero también una advertencia para el resto de los gobiernos, élites y poderosos de la región que vieron amenazada su propia impunidad al comprobar los alcances que podía tener un organismo como ese.
Con la advertencia en el aire, Aníbal prácticamente se fue a vivir a la oficina para cerrar las investigaciones que tenía pendientes y formalizarlas como denuncias en el Ministerio Público, antes de que todo se viniera abajo. “Yo quería dejar en la historia de Guatemala la fotografía de quienes fueron los corruptos, quitarles esa máscara, (y mostrar) lo que realmente son y de cómo realmente funciona el país”. El 31 de agosto del 2019 fue el último día de la CICIG. Para Aníbal inició un gran duelo.
Estrenada en su cargo como fiscal general, Consuelo Porras emprendió la estrategia de perseguir para encarcelar a los investigadores de la FECI y la CICIG. Los integrantes extranjeros de la CICIG —que tenían inmunidad por su trabajo— dejaron el país y los funcionarios locales que no tenían inmunidad, como Siomara y Aníbal, quedaron expuestos, convertidos en la carne de cañón que recibió la embestida del poder político, empresarial y militar de Guatemala.
Fueron tiempos de terror. Los casos fueron archivados, las pruebas ignoradas y los acusados comenzaron a salir de prisión. Paralelamente, se intensificó la persecución contra quienes habían impulsado esas investigaciones. Llegó la oscuridad de ser señalado, acusado, detenido y encarcelado.
Mayo de 2021. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había sido el jefe de Aníbal, fue detenido. Arrestar a una cara visible, a un funcionario de perfil público y nieto de la poeta y activista desaparecida Alaíde Foppa, fue una señal contundente.
Aníbal supo que tenía los minutos contados. Esperó en su casa a que llegaran por él. “Yo sabía que no debía nada, por eso me quedé a enfrentar la justicia”, dice. Se vio rodeado de fiscales y policías que se resistían a esposarlo porque lo conocían, respetaban su trabajo. Finalmente lo hicieron. Le tomaron una fotografía que circuló veloz en redes sociales.
Aníbal estaba acusado de asociación ilícita y conspiración, delitos graves castigados con 30 años de prisión. El argumento fue que él, junto con Foppa, al querer crear un partido político luego del cierre de la CICIG, incluyeron entre las firmas de respaldo la de una persona fallecida. Para Aníbal, que conocía bien el sistema de justicia, se trataba de una persecución política porque un tema administrativo no ameritaba detención porque antes que detenerlo debieron citarlo a declarar y porque había otra veintena de partidos en la misma situación y solo fueron por ellos: “Nos dimos cuenta que esto era una venganza, por eso no iba a permitir que me vieran destruido”, dice Aníbal.
Ese mismo año denunciaron también a Siomara y su equipo. Lo hizo Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación fundada en el 2013 para defender a veteranos militares que podrían ser detenidos por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado. Méndez Ruiz los acusó de “abuso de autoridad en cumplimiento de deberes”, por haber ido a Brasil a levantar la declaración de los empresarios de Odebrecht. Siomara pasó semanas durmiendo fuera, en casa de amigos, cada noche en un lugar distinto para que no la detuvieran. Durante la persecución incluso allanaron la casa de su mamá.
Febrero de 2022. Ordenaron su captura. “Ahí sí ya me descompuse, me puse muy mal”, recuerda Siomara desde la Ciudad de México, un año después de haber llegado exiliada. Segura de su inocencia, se presentó ante los tribunales para entregarse, pero nadie la quería detener.
Lo que pasó en esos días rayó en el absurdo: Siomara se entregó, pero el expediente no había llegado al juzgado; llegó el expediente, pero el juez estaba ocupado; el juez se desocupó, pero no quería recibirla porque tenían que apresarla, pues tenía una orden de captura. “Querían verme detenida y esposada [...] todo esto era, era una cuestión más política, de otra cosa”, dice.
Finalmente, el 15 de febrero la llevaron a la prisión de mayor seguridad, dentro de un cuartel militar, en el mismo lugar donde estaban encarcelados el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, y el militar Jefe de la Policía Héctor Florentino Rodríguez Heredia. “Toda la mata de los corruptos que nosotros habíamos investigado”, dice.
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Febrero de 2022. Durante la primera audiencia de Siomara estaba Méndez Ruiz, representante de militares y quien la acusó en venganza por el caso Odebrecht. Al verla se puso de pie y le dijo: “[Usted] se va a quedar en prisión para toda la vida porque usted es una soberbia, y la soberbia solo le pasa por haber salido de la cocina”.
No fue menor lo que Siomara logró en la FECI. Descubrió la corrupción estatal con una empresa privada y congeló los bienes de los funcionarios involucrados. “Ese es el verdadero meollo de toda esta venganza. Nosotros les congelamos las cuentas”. En 2025, Siomara está exiliada y a los funcionarios les regresaron sus bienes.
Estuvo presa 25 días. Después salió de la cárcel y llevó su proceso en libertad con la obligación de firmar cada semana y permanecer en Ciudad de Guatemala. Le quitaron su pasaporte, aunque no era necesario. Ella no pensaba escapar, quería quedarse a demostrar su inocencia.
Aníbal recuperó su libertad después de pasar 23 días encarcelado, pero siguió el proceso durante meses de audiencias retrasadas, suspendidas y canceladas. Finalmente, como estrategia legal, decidió aceptar delitos que no había cometido para solicitar un procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes, solo pagó una reparación. El 2 de mayo del 2021, por la tarde, terminó el procedimiento en su contra. La madrugada del 3 de mayo salió exiliado de Guatemala.
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A Siomara y Aníbal los persiguieron de una forma que se ha hecho común en Guatemala, un método que parece inofensivo, pero acaba siendo terrorífico. Iniciaron campañas en redes sociales para construirles una imagen de criminales, usaron fotos privadas e hicieron mofa con las fotos de su detención. No exageran en llamarlo acoso: Aníbal, obsesivo con los datos, ha reunido muchos posteos en contra de impartidores de justicia, activistas y periodistas lanzados desde cuentas pagadas que operaban con los mismos métodos del conflicto armado, con el objetivo de neutralizar cualquier intento de organización por la justicia.
Parece inofensivo, pero no lo es: ese tipo de campañas en redes sociales manejan cientos o miles de cuentas fantasmas que insultan, criminalizan, ridiculizan y generan información falsa para socavar la credibilidad de una vida, de un nombre, de una persona y sus familias.
El estrés y la ansiedad en ambos llegó a niveles preocupantes. Todas las noches Aníbal metía su computadora en una bolsa de basura y la escondía fuera de su casa. Era parte de la psicosis ante la posibilidad de que le abrieran más procesos. Fue su límite para que, como familia, junto a su esposa, su hija y una bebé por nacer decidieran dejar Guatemala.
Fuera de su país, Aníbal dio una entrevista en la que decía que el sistema de justicia estaba contra él, construyendo casos sin fundamento. Al día siguiente dos mantas con su rostro y la palabra “corrupto” aparecieron colgadas en Ciudad de Guatemala. Cree que fueron puestas por orden de alguna de las personas a quienes él investigó.
Siomara llevaba el juicio en libertad, pero le dictaron sentencia a una compañera de la FECI y esa noticia fue la certeza de que no se trataba de justicia, sino de una venganza, que hiciera lo que hiciera a ella también la condenarían. El primer día de febrero de 2023 hizo una maleta con dos mudas de ropa y se fue.
Llegó a México sin documentos, por la misma ruta que usan cada año más de 80 000 migrantes guatemaltecos. Por el río Suchiate, sobre una lancha hecha con neumáticos y tablas viejas. “Ese fue de los momentos más dolorosos de toda mi vida. Cuando estaba en la fiscalía trabajaba por revelar las redes de corrupción de funcionarios que se roban el dinero del pueblo, soñaba con devolver ese dinero al pueblo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, por no repetir la historia de mi familia que tuvo que irse de mojada a Estados Unidos para tener una mejor vida. Verme ahí, sobre esa lancha, rodeada de compatriotas migrantes, fue como encontrarme peleando conmigo misma. Me quería tirar al río para volver a Guatemala y terminar mi trabajo”.
En México le dieron refugio por persecución política. A la distancia y desde el exilio, Siomara piensa en lo que la justicia significa para ella. Cuando daba clases en la universidad solía decir a sus alumnos que de ese salón saldrían futuros fiscales, abogados y magistrados: “Ustedes deben tener conciencia de que van a tener la vida de personas en sus manos”, les decía. Después, el verse expuesta con esposas fue muy doloroso. Y siguió el dolor ahondando porque además de los dos casos que se abrieron en su contra, le llegó un tercero que le iniciaron cuando ya estaba exiliada en México. Las tres causas están detenidas, prueba de que solo se usaron para obligarla a irse. “Yo creía en el sistema de justicia y por eso me había sometido desde el primer día, pero creo que fui muy ingenua”.
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Siomara y Aníbal entienden que son blanco de una venganza por haber desnudado la corrupción. Y no son los únicos. Medios locales calculan que al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y activistas han sido perseguidos judicialmente. El periódico Plaza Pública documentó que durante la gestión de Consuelo Porras ha habido al menos 117 personas criminalizadas: periodistas, políticos, abogados, académicos, sindicalistas, activistas. De todas ellas, una de cada seis es fiscal.
Siomara y Aníbal entienden, pero no se resignan. Hay días que se hacen largos, extrañan a su familia, su tierra. Se mantienen en pie, aunque a veces también les gana la nostalgia.
Siomara camina por parques que le dan paz. Habla por teléfono con otros abogados y fiscales que andan lejos también. Imagina formas de continuar peleando por la justicia en Guatemala, y trata de seguir cerca de sus hijos, al menos por llamadas.
Aníbal continúa sumando datos, conectando hilos. De día cuida a sus hijas y disfruta la vida con su esposa Sandy. Pero quisiera volver a su país. “En Guatemala las élites tienen capturado al Estado y es tal la captura que cada vez que ese pacto de impunidad se ve puesto en evidencia, se reacomoda y aprieta a quien los esté exhibiendo. Yo quiero volver a dar la lucha, que al menos esas élites tengan el costo moral de la vergüenza”, dice.
Esas élites políticas, económicas y militares, las que Siomara y Aníbal desenmascararon, representan a mucho menos del 1% del país y concentran el 50% de la riqueza de todo Guatemala, según datos de Oxfam. A un ciudadano promedio le tomaría 387 años ganar los mismos ingresos que percibe en un mes alguno de los millonarios guatemaltecos. Así de grande es la desigualdad en el país. Esto se traduce en desigualdad, en que las niñas indígenas de Guatemala no puedan comer lo suficiente como sí lo hacen las niñas no indígenas; en que esas niñas indígenas crezcan hasta 14 centímetros menos que las niñas no indígenas.
Ese es el país que Siomara y Aníbal quieren cambiar, el motivo de su trabajo, el motivo también de tener que huir de ahí.
A veces, cuando siente que ha extraviado el sentido, Aníbal toma un libro del poeta Otto René Castillo. Avanza en las páginas hasta que encuentra el poema “Vámonos Patria a caminar” y entonces confirma lo que ha pasado durante los últimos años.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras.
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Guatemala instauró un sistema de justicia que se convirtió en un referente regional: reveló redes de corrupción entre políticos, empresarios y militares. El presidente terminó tras las rejas. Sin embargo, los pactos de impunidad resurgieron.
Mayo del 2021. Aníbal Argüello, licenciado en derecho y analista criminal en la Fiscalía General de Guatemala, había logrado unir todos los eslabones de una sofisticada red de contrabando en las aduanas, vinculando a altos mandos del país. Su recompensa: terminó en la misma prisión que aquellos a quienes había investigado.
En una celda, Otto Pérez Molina, el expresidente que fue encarcelado gracias a su trabajo. A unas cuantas celdas de distancia, Aníbal.
Febrero del 2022. En el mismo penal militar, Mariscal Zavala, fue encerrada la fiscal Siomara Sosa. Sus investigaciones destaparon casos de corrupción entre funcionarios de alto nivel. Ahora compartía espacio con sus propios acusados: Héctor López Bonilla, exministro de Gobernación, y Héctor Rodríguez Heredia, militar de la Policía Nacional, ambos enriquecidos de manera ilícita.
Esos años en que Siomara y Aníbal estuvieron presos fueron la cúspide del acoso y persecución política que comenzó en 2019 con el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo creado por organismos internacionales para apoyar al Estado guatemalteco en la investigación de delitos cometidos por autoridades.
El cierre de la CICIG desató una cacería. Fiscales, jueces e investigadores que habían participado en los juicios más importantes fueron perseguidos. Tuvieron que abandonar sus investigaciones, renunciar a sus puestos y, en muchos casos, huir del país.
Hoy, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara y Aníbal.
“Desde ahí se veía que en su celda Otto Pérez Molina tenía un departamento con otros funcionarios. Desde nuestra celda veíamos ingresar trabajadoras sexuales, hieleras con sodas, restaurantes, los viernes cantaban en la noche”, cuenta Aníbal una mañana de verano en un departamento de la Ciudad de México.
Siomara vivió un encierro diferente. Pasó sus días en una bartolina; es decir, casi aislada, con derecho a solamente una hora de sol cada día. Cuando su litera se rompió, los custodios enviaron a dos reclusos a repararla: eran dos funcionarios que ella misma había ayudado a encarcelar. “Lo pienso como una de las muchas formas que encontraron para amedrentarnos”, dice Siomara.
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En 2006, un movimiento ciudadano que crecía en las calles, en las escuelas y en algunas instituciones públicas de Guatemala, logró la instalación de la CICIG. Para muchos fue un atisbo de esperanza. Siomara y Aníbal eran dos de esas personas que, en distintos tiempos, en distintas oficinas y por distintas motivaciones, compartían deseo de justicia y voluntad para cambiar las cosas.
Para Aníbal, la justicia era algo personal. Su tía Alba se exilió en Nicaragua en 1980 tras el asesinato de sus compañeros de un movimiento estudiantil durante el Conflicto Armado Interno. Durante el exilio se embarazó y murió en el parto. De esa experiencia quedó flotando en su familia una advertencia: “No te metas con el gobierno porque te va mal”. Pero él prefirió inspirarse en su tía para luchar por la justicia. A sus 32 años se convirtió en el segundo exiliado de su familia.
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Siomara, ahora con 49 años, nació en una familia humilde que amaba su tierra. Aprendió a nadar en un río y a pescar con su papá. De niña quería ser hombre porque ellos tenían permitido hacer cosas que las niñas no, como montar a caballo.
Creció en un país donde la mitad de los niños viven con desnutrición crónica, en Guatemala donde la principal causa de muerte infantil son resfriados y diarreas, como en el siglo XVIII, enfermedades relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a medicina básica. Allá las personas, por estadística, morirán una década antes que quienes viven en cualquier país de Europa.
Cuando Siomara se convirtió en madre, estudió derecho para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Combinaba la escuela con un trabajo como asistente de abogados: sacaba copias y hacía mandados hasta que una amiga le prestó un libro sobre historia de Guatemala, y eso, sumado a su infancia —dice—, “me despertó lo social”.
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Aníbal trabajó en investigaciones sobre el conflicto armado y derechos humanos hasta que en 2012 se integró a la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía. Su trabajo era encontrar autores, patrones, relación de propiedades, dinámicas de hechos y así empujar juicios sobre crimen organizado, defraudación fiscal y narcomenudeo. Su rigor como investigador lo llevó a la CICIG donde se sumó a investigaciones de casos importantes, entre ellos el que se conoce como “La Línea”, un caso de corrupción que reveló una sofisticada red de contrabando en las aduanas, con la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina en el centro de la trama. Aníbal coordinó a 14 personas para graficar llamadas, armar estructura, descifrar modus operandi. En dos meses armaron la investigación y comprobaron la responsabilidad del secretario particular de Baldetti.
Abril de 2015. El caso se presentó ante tribunales y se convirtió en una bomba. La Línea era apenas una muestra de algo mucho más grande: la captura de instituciones públicas desde el Poder Ejecutivo para dar contratos, lavar dinero y enriquecerse de forma ilícita. Aníbal se lo advirtió a sus compañeros de oficina: “Prepárense porque van a ir contra todos, nos la van a cobrar. No va a haber quien se quede libre de esta. Van a ver que nos encuentran lo que sea”. Y justo eso fue lo que pasó. Les fabricaron delitos.
Siomara trabajó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, adscrita a CICIG) entre los años 2014 y 2018. Fue parte de importantes investigaciones. Una, aquella con la que encarceló al ministro de Gobernación y otra veintena de personas, conocida como “Caso Patrullas”; otra contra Adolfo Vivar, alcalde de Antigua, condenado a 16 años de prisión por lavado, fraude y malversación, y la investigación de corrupción con la empresa Odebrecht.
En este caso, durante el proceso, Siomara y su jefe, Juan Francisco Sandoval, viajaron a Brasil a tomar la declaración de los empresarios, acompañados de un cónsul de Guatemala para legitimar jurídicamente el proceso. De ellos obtuvieron declaraciones cruciales, números de cuentas bancarias, cantidades y empresas a las que les habían depositado 19 millones de dólares en sobornos dirigidos tanto al exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio como al entonces candidato presidencial oficialista, Manuel Baldison.
Mientras en su trabajo se daba cuenta de la corrupción, el abuso de autoridad y el desvío de fondos públicos, Siomara recordaba su infancia: escuelas casi destruidas, baños sucios y sin agua, pupitres desarmados. “En aquel entonces yo miraba eso como normal”, dice, pero al entender el entramado de complicidades, cuestionó eso que había normalizado. “La corrupción que chupaba los fondos públicos para desviarlos a cuentas privadas y que no llegaran a su destino, a escuelas como en las que estudié. Eso me comprobó que no había un bien común en el país”
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El trabajo de la CICIG y de investigadores como Siomara y Aníbal representó el fin político de Otto Pérez y su partido. Como castigo por la corrupción comprobada, el pueblo votó por la oposición con Jimmy Morales para la presidencia. Sin embargo, Morales traicionó ese clamor de justicia con dos jugadas: en el 2018 nombró a Consuelo Porras como la nueva fiscal general, y ante la ONU anunció la cancelación del mandato de la CICIG. Para que no quedaran dudas de su decisión envió tanquetas militares a las oficinas del organismo en Guatemala.
Esas acciones del presidente Morales fueron las señales del revés a los procesos de justicia que habían puesto a Guatemala a la vanguardia de América Latina —incluso del mundo entero— en la investigación y castigo a los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La CICIG había sido un ejemplo de lo bueno que se puede lograr, pero también una advertencia para el resto de los gobiernos, élites y poderosos de la región que vieron amenazada su propia impunidad al comprobar los alcances que podía tener un organismo como ese.
Con la advertencia en el aire, Aníbal prácticamente se fue a vivir a la oficina para cerrar las investigaciones que tenía pendientes y formalizarlas como denuncias en el Ministerio Público, antes de que todo se viniera abajo. “Yo quería dejar en la historia de Guatemala la fotografía de quienes fueron los corruptos, quitarles esa máscara, (y mostrar) lo que realmente son y de cómo realmente funciona el país”. El 31 de agosto del 2019 fue el último día de la CICIG. Para Aníbal inició un gran duelo.
Estrenada en su cargo como fiscal general, Consuelo Porras emprendió la estrategia de perseguir para encarcelar a los investigadores de la FECI y la CICIG. Los integrantes extranjeros de la CICIG —que tenían inmunidad por su trabajo— dejaron el país y los funcionarios locales que no tenían inmunidad, como Siomara y Aníbal, quedaron expuestos, convertidos en la carne de cañón que recibió la embestida del poder político, empresarial y militar de Guatemala.
Fueron tiempos de terror. Los casos fueron archivados, las pruebas ignoradas y los acusados comenzaron a salir de prisión. Paralelamente, se intensificó la persecución contra quienes habían impulsado esas investigaciones. Llegó la oscuridad de ser señalado, acusado, detenido y encarcelado.
Mayo de 2021. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había sido el jefe de Aníbal, fue detenido. Arrestar a una cara visible, a un funcionario de perfil público y nieto de la poeta y activista desaparecida Alaíde Foppa, fue una señal contundente.
Aníbal supo que tenía los minutos contados. Esperó en su casa a que llegaran por él. “Yo sabía que no debía nada, por eso me quedé a enfrentar la justicia”, dice. Se vio rodeado de fiscales y policías que se resistían a esposarlo porque lo conocían, respetaban su trabajo. Finalmente lo hicieron. Le tomaron una fotografía que circuló veloz en redes sociales.
Aníbal estaba acusado de asociación ilícita y conspiración, delitos graves castigados con 30 años de prisión. El argumento fue que él, junto con Foppa, al querer crear un partido político luego del cierre de la CICIG, incluyeron entre las firmas de respaldo la de una persona fallecida. Para Aníbal, que conocía bien el sistema de justicia, se trataba de una persecución política porque un tema administrativo no ameritaba detención porque antes que detenerlo debieron citarlo a declarar y porque había otra veintena de partidos en la misma situación y solo fueron por ellos: “Nos dimos cuenta que esto era una venganza, por eso no iba a permitir que me vieran destruido”, dice Aníbal.
Ese mismo año denunciaron también a Siomara y su equipo. Lo hizo Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación fundada en el 2013 para defender a veteranos militares que podrían ser detenidos por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado. Méndez Ruiz los acusó de “abuso de autoridad en cumplimiento de deberes”, por haber ido a Brasil a levantar la declaración de los empresarios de Odebrecht. Siomara pasó semanas durmiendo fuera, en casa de amigos, cada noche en un lugar distinto para que no la detuvieran. Durante la persecución incluso allanaron la casa de su mamá.
Febrero de 2022. Ordenaron su captura. “Ahí sí ya me descompuse, me puse muy mal”, recuerda Siomara desde la Ciudad de México, un año después de haber llegado exiliada. Segura de su inocencia, se presentó ante los tribunales para entregarse, pero nadie la quería detener.
Lo que pasó en esos días rayó en el absurdo: Siomara se entregó, pero el expediente no había llegado al juzgado; llegó el expediente, pero el juez estaba ocupado; el juez se desocupó, pero no quería recibirla porque tenían que apresarla, pues tenía una orden de captura. “Querían verme detenida y esposada [...] todo esto era, era una cuestión más política, de otra cosa”, dice.
Finalmente, el 15 de febrero la llevaron a la prisión de mayor seguridad, dentro de un cuartel militar, en el mismo lugar donde estaban encarcelados el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, y el militar Jefe de la Policía Héctor Florentino Rodríguez Heredia. “Toda la mata de los corruptos que nosotros habíamos investigado”, dice.
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Febrero de 2022. Durante la primera audiencia de Siomara estaba Méndez Ruiz, representante de militares y quien la acusó en venganza por el caso Odebrecht. Al verla se puso de pie y le dijo: “[Usted] se va a quedar en prisión para toda la vida porque usted es una soberbia, y la soberbia solo le pasa por haber salido de la cocina”.
No fue menor lo que Siomara logró en la FECI. Descubrió la corrupción estatal con una empresa privada y congeló los bienes de los funcionarios involucrados. “Ese es el verdadero meollo de toda esta venganza. Nosotros les congelamos las cuentas”. En 2025, Siomara está exiliada y a los funcionarios les regresaron sus bienes.
Estuvo presa 25 días. Después salió de la cárcel y llevó su proceso en libertad con la obligación de firmar cada semana y permanecer en Ciudad de Guatemala. Le quitaron su pasaporte, aunque no era necesario. Ella no pensaba escapar, quería quedarse a demostrar su inocencia.
Aníbal recuperó su libertad después de pasar 23 días encarcelado, pero siguió el proceso durante meses de audiencias retrasadas, suspendidas y canceladas. Finalmente, como estrategia legal, decidió aceptar delitos que no había cometido para solicitar un procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes, solo pagó una reparación. El 2 de mayo del 2021, por la tarde, terminó el procedimiento en su contra. La madrugada del 3 de mayo salió exiliado de Guatemala.
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A Siomara y Aníbal los persiguieron de una forma que se ha hecho común en Guatemala, un método que parece inofensivo, pero acaba siendo terrorífico. Iniciaron campañas en redes sociales para construirles una imagen de criminales, usaron fotos privadas e hicieron mofa con las fotos de su detención. No exageran en llamarlo acoso: Aníbal, obsesivo con los datos, ha reunido muchos posteos en contra de impartidores de justicia, activistas y periodistas lanzados desde cuentas pagadas que operaban con los mismos métodos del conflicto armado, con el objetivo de neutralizar cualquier intento de organización por la justicia.
Parece inofensivo, pero no lo es: ese tipo de campañas en redes sociales manejan cientos o miles de cuentas fantasmas que insultan, criminalizan, ridiculizan y generan información falsa para socavar la credibilidad de una vida, de un nombre, de una persona y sus familias.
El estrés y la ansiedad en ambos llegó a niveles preocupantes. Todas las noches Aníbal metía su computadora en una bolsa de basura y la escondía fuera de su casa. Era parte de la psicosis ante la posibilidad de que le abrieran más procesos. Fue su límite para que, como familia, junto a su esposa, su hija y una bebé por nacer decidieran dejar Guatemala.
Fuera de su país, Aníbal dio una entrevista en la que decía que el sistema de justicia estaba contra él, construyendo casos sin fundamento. Al día siguiente dos mantas con su rostro y la palabra “corrupto” aparecieron colgadas en Ciudad de Guatemala. Cree que fueron puestas por orden de alguna de las personas a quienes él investigó.
Siomara llevaba el juicio en libertad, pero le dictaron sentencia a una compañera de la FECI y esa noticia fue la certeza de que no se trataba de justicia, sino de una venganza, que hiciera lo que hiciera a ella también la condenarían. El primer día de febrero de 2023 hizo una maleta con dos mudas de ropa y se fue.
Llegó a México sin documentos, por la misma ruta que usan cada año más de 80 000 migrantes guatemaltecos. Por el río Suchiate, sobre una lancha hecha con neumáticos y tablas viejas. “Ese fue de los momentos más dolorosos de toda mi vida. Cuando estaba en la fiscalía trabajaba por revelar las redes de corrupción de funcionarios que se roban el dinero del pueblo, soñaba con devolver ese dinero al pueblo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, por no repetir la historia de mi familia que tuvo que irse de mojada a Estados Unidos para tener una mejor vida. Verme ahí, sobre esa lancha, rodeada de compatriotas migrantes, fue como encontrarme peleando conmigo misma. Me quería tirar al río para volver a Guatemala y terminar mi trabajo”.
En México le dieron refugio por persecución política. A la distancia y desde el exilio, Siomara piensa en lo que la justicia significa para ella. Cuando daba clases en la universidad solía decir a sus alumnos que de ese salón saldrían futuros fiscales, abogados y magistrados: “Ustedes deben tener conciencia de que van a tener la vida de personas en sus manos”, les decía. Después, el verse expuesta con esposas fue muy doloroso. Y siguió el dolor ahondando porque además de los dos casos que se abrieron en su contra, le llegó un tercero que le iniciaron cuando ya estaba exiliada en México. Las tres causas están detenidas, prueba de que solo se usaron para obligarla a irse. “Yo creía en el sistema de justicia y por eso me había sometido desde el primer día, pero creo que fui muy ingenua”.
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Siomara y Aníbal entienden que son blanco de una venganza por haber desnudado la corrupción. Y no son los únicos. Medios locales calculan que al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y activistas han sido perseguidos judicialmente. El periódico Plaza Pública documentó que durante la gestión de Consuelo Porras ha habido al menos 117 personas criminalizadas: periodistas, políticos, abogados, académicos, sindicalistas, activistas. De todas ellas, una de cada seis es fiscal.
Siomara y Aníbal entienden, pero no se resignan. Hay días que se hacen largos, extrañan a su familia, su tierra. Se mantienen en pie, aunque a veces también les gana la nostalgia.
Siomara camina por parques que le dan paz. Habla por teléfono con otros abogados y fiscales que andan lejos también. Imagina formas de continuar peleando por la justicia en Guatemala, y trata de seguir cerca de sus hijos, al menos por llamadas.
Aníbal continúa sumando datos, conectando hilos. De día cuida a sus hijas y disfruta la vida con su esposa Sandy. Pero quisiera volver a su país. “En Guatemala las élites tienen capturado al Estado y es tal la captura que cada vez que ese pacto de impunidad se ve puesto en evidencia, se reacomoda y aprieta a quien los esté exhibiendo. Yo quiero volver a dar la lucha, que al menos esas élites tengan el costo moral de la vergüenza”, dice.
Esas élites políticas, económicas y militares, las que Siomara y Aníbal desenmascararon, representan a mucho menos del 1% del país y concentran el 50% de la riqueza de todo Guatemala, según datos de Oxfam. A un ciudadano promedio le tomaría 387 años ganar los mismos ingresos que percibe en un mes alguno de los millonarios guatemaltecos. Así de grande es la desigualdad en el país. Esto se traduce en desigualdad, en que las niñas indígenas de Guatemala no puedan comer lo suficiente como sí lo hacen las niñas no indígenas; en que esas niñas indígenas crezcan hasta 14 centímetros menos que las niñas no indígenas.
Ese es el país que Siomara y Aníbal quieren cambiar, el motivo de su trabajo, el motivo también de tener que huir de ahí.
A veces, cuando siente que ha extraviado el sentido, Aníbal toma un libro del poeta Otto René Castillo. Avanza en las páginas hasta que encuentra el poema “Vámonos Patria a caminar” y entonces confirma lo que ha pasado durante los últimos años.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras.
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¡Gracias!
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Actualmente, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara Sosa y Aníbal Argüello
Mayo del 2021. Aníbal Argüello, licenciado en derecho y analista criminal en la Fiscalía General de Guatemala, había logrado unir todos los eslabones de una sofisticada red de contrabando en las aduanas, vinculando a altos mandos del país. Su recompensa: terminó en la misma prisión que aquellos a quienes había investigado.
En una celda, Otto Pérez Molina, el expresidente que fue encarcelado gracias a su trabajo. A unas cuantas celdas de distancia, Aníbal.
Febrero del 2022. En el mismo penal militar, Mariscal Zavala, fue encerrada la fiscal Siomara Sosa. Sus investigaciones destaparon casos de corrupción entre funcionarios de alto nivel. Ahora compartía espacio con sus propios acusados: Héctor López Bonilla, exministro de Gobernación, y Héctor Rodríguez Heredia, militar de la Policía Nacional, ambos enriquecidos de manera ilícita.
Esos años en que Siomara y Aníbal estuvieron presos fueron la cúspide del acoso y persecución política que comenzó en 2019 con el cierre definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un cuerpo creado por organismos internacionales para apoyar al Estado guatemalteco en la investigación de delitos cometidos por autoridades.
El cierre de la CICIG desató una cacería. Fiscales, jueces e investigadores que habían participado en los juicios más importantes fueron perseguidos. Tuvieron que abandonar sus investigaciones, renunciar a sus puestos y, en muchos casos, huir del país.
Hoy, más de 50 impartidores de justicia guatemaltecos están exiliados en distintas partes del mundo. Son fiscales, abogados, jueces, investigadores. Algunos están en México, como Siomara y Aníbal.
“Desde ahí se veía que en su celda Otto Pérez Molina tenía un departamento con otros funcionarios. Desde nuestra celda veíamos ingresar trabajadoras sexuales, hieleras con sodas, restaurantes, los viernes cantaban en la noche”, cuenta Aníbal una mañana de verano en un departamento de la Ciudad de México.
Siomara vivió un encierro diferente. Pasó sus días en una bartolina; es decir, casi aislada, con derecho a solamente una hora de sol cada día. Cuando su litera se rompió, los custodios enviaron a dos reclusos a repararla: eran dos funcionarios que ella misma había ayudado a encarcelar. “Lo pienso como una de las muchas formas que encontraron para amedrentarnos”, dice Siomara.
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En 2006, un movimiento ciudadano que crecía en las calles, en las escuelas y en algunas instituciones públicas de Guatemala, logró la instalación de la CICIG. Para muchos fue un atisbo de esperanza. Siomara y Aníbal eran dos de esas personas que, en distintos tiempos, en distintas oficinas y por distintas motivaciones, compartían deseo de justicia y voluntad para cambiar las cosas.
Para Aníbal, la justicia era algo personal. Su tía Alba se exilió en Nicaragua en 1980 tras el asesinato de sus compañeros de un movimiento estudiantil durante el Conflicto Armado Interno. Durante el exilio se embarazó y murió en el parto. De esa experiencia quedó flotando en su familia una advertencia: “No te metas con el gobierno porque te va mal”. Pero él prefirió inspirarse en su tía para luchar por la justicia. A sus 32 años se convirtió en el segundo exiliado de su familia.
Te recomendamos leer el reportaje de Daniela Rea y Paula Mónaco: Exilio se escribe en presente.
Siomara, ahora con 49 años, nació en una familia humilde que amaba su tierra. Aprendió a nadar en un río y a pescar con su papá. De niña quería ser hombre porque ellos tenían permitido hacer cosas que las niñas no, como montar a caballo.
Creció en un país donde la mitad de los niños viven con desnutrición crónica, en Guatemala donde la principal causa de muerte infantil son resfriados y diarreas, como en el siglo XVIII, enfermedades relacionadas con la desnutrición y la falta de acceso a medicina básica. Allá las personas, por estadística, morirán una década antes que quienes viven en cualquier país de Europa.
Cuando Siomara se convirtió en madre, estudió derecho para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Combinaba la escuela con un trabajo como asistente de abogados: sacaba copias y hacía mandados hasta que una amiga le prestó un libro sobre historia de Guatemala, y eso, sumado a su infancia —dice—, “me despertó lo social”.
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Aníbal trabajó en investigaciones sobre el conflicto armado y derechos humanos hasta que en 2012 se integró a la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía. Su trabajo era encontrar autores, patrones, relación de propiedades, dinámicas de hechos y así empujar juicios sobre crimen organizado, defraudación fiscal y narcomenudeo. Su rigor como investigador lo llevó a la CICIG donde se sumó a investigaciones de casos importantes, entre ellos el que se conoce como “La Línea”, un caso de corrupción que reveló una sofisticada red de contrabando en las aduanas, con la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina en el centro de la trama. Aníbal coordinó a 14 personas para graficar llamadas, armar estructura, descifrar modus operandi. En dos meses armaron la investigación y comprobaron la responsabilidad del secretario particular de Baldetti.
Abril de 2015. El caso se presentó ante tribunales y se convirtió en una bomba. La Línea era apenas una muestra de algo mucho más grande: la captura de instituciones públicas desde el Poder Ejecutivo para dar contratos, lavar dinero y enriquecerse de forma ilícita. Aníbal se lo advirtió a sus compañeros de oficina: “Prepárense porque van a ir contra todos, nos la van a cobrar. No va a haber quien se quede libre de esta. Van a ver que nos encuentran lo que sea”. Y justo eso fue lo que pasó. Les fabricaron delitos.
Siomara trabajó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, adscrita a CICIG) entre los años 2014 y 2018. Fue parte de importantes investigaciones. Una, aquella con la que encarceló al ministro de Gobernación y otra veintena de personas, conocida como “Caso Patrullas”; otra contra Adolfo Vivar, alcalde de Antigua, condenado a 16 años de prisión por lavado, fraude y malversación, y la investigación de corrupción con la empresa Odebrecht.
En este caso, durante el proceso, Siomara y su jefe, Juan Francisco Sandoval, viajaron a Brasil a tomar la declaración de los empresarios, acompañados de un cónsul de Guatemala para legitimar jurídicamente el proceso. De ellos obtuvieron declaraciones cruciales, números de cuentas bancarias, cantidades y empresas a las que les habían depositado 19 millones de dólares en sobornos dirigidos tanto al exministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio como al entonces candidato presidencial oficialista, Manuel Baldison.
Mientras en su trabajo se daba cuenta de la corrupción, el abuso de autoridad y el desvío de fondos públicos, Siomara recordaba su infancia: escuelas casi destruidas, baños sucios y sin agua, pupitres desarmados. “En aquel entonces yo miraba eso como normal”, dice, pero al entender el entramado de complicidades, cuestionó eso que había normalizado. “La corrupción que chupaba los fondos públicos para desviarlos a cuentas privadas y que no llegaran a su destino, a escuelas como en las que estudié. Eso me comprobó que no había un bien común en el país”
Te recomendamos leer: Ante las dictaduras, México siempre abierto a los exiliados
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El trabajo de la CICIG y de investigadores como Siomara y Aníbal representó el fin político de Otto Pérez y su partido. Como castigo por la corrupción comprobada, el pueblo votó por la oposición con Jimmy Morales para la presidencia. Sin embargo, Morales traicionó ese clamor de justicia con dos jugadas: en el 2018 nombró a Consuelo Porras como la nueva fiscal general, y ante la ONU anunció la cancelación del mandato de la CICIG. Para que no quedaran dudas de su decisión envió tanquetas militares a las oficinas del organismo en Guatemala.
Esas acciones del presidente Morales fueron las señales del revés a los procesos de justicia que habían puesto a Guatemala a la vanguardia de América Latina —incluso del mundo entero— en la investigación y castigo a los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La CICIG había sido un ejemplo de lo bueno que se puede lograr, pero también una advertencia para el resto de los gobiernos, élites y poderosos de la región que vieron amenazada su propia impunidad al comprobar los alcances que podía tener un organismo como ese.
Con la advertencia en el aire, Aníbal prácticamente se fue a vivir a la oficina para cerrar las investigaciones que tenía pendientes y formalizarlas como denuncias en el Ministerio Público, antes de que todo se viniera abajo. “Yo quería dejar en la historia de Guatemala la fotografía de quienes fueron los corruptos, quitarles esa máscara, (y mostrar) lo que realmente son y de cómo realmente funciona el país”. El 31 de agosto del 2019 fue el último día de la CICIG. Para Aníbal inició un gran duelo.
Estrenada en su cargo como fiscal general, Consuelo Porras emprendió la estrategia de perseguir para encarcelar a los investigadores de la FECI y la CICIG. Los integrantes extranjeros de la CICIG —que tenían inmunidad por su trabajo— dejaron el país y los funcionarios locales que no tenían inmunidad, como Siomara y Aníbal, quedaron expuestos, convertidos en la carne de cañón que recibió la embestida del poder político, empresarial y militar de Guatemala.
Fueron tiempos de terror. Los casos fueron archivados, las pruebas ignoradas y los acusados comenzaron a salir de prisión. Paralelamente, se intensificó la persecución contra quienes habían impulsado esas investigaciones. Llegó la oscuridad de ser señalado, acusado, detenido y encarcelado.
Mayo de 2021. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había sido el jefe de Aníbal, fue detenido. Arrestar a una cara visible, a un funcionario de perfil público y nieto de la poeta y activista desaparecida Alaíde Foppa, fue una señal contundente.
Aníbal supo que tenía los minutos contados. Esperó en su casa a que llegaran por él. “Yo sabía que no debía nada, por eso me quedé a enfrentar la justicia”, dice. Se vio rodeado de fiscales y policías que se resistían a esposarlo porque lo conocían, respetaban su trabajo. Finalmente lo hicieron. Le tomaron una fotografía que circuló veloz en redes sociales.
Aníbal estaba acusado de asociación ilícita y conspiración, delitos graves castigados con 30 años de prisión. El argumento fue que él, junto con Foppa, al querer crear un partido político luego del cierre de la CICIG, incluyeron entre las firmas de respaldo la de una persona fallecida. Para Aníbal, que conocía bien el sistema de justicia, se trataba de una persecución política porque un tema administrativo no ameritaba detención porque antes que detenerlo debieron citarlo a declarar y porque había otra veintena de partidos en la misma situación y solo fueron por ellos: “Nos dimos cuenta que esto era una venganza, por eso no iba a permitir que me vieran destruido”, dice Aníbal.
Ese mismo año denunciaron también a Siomara y su equipo. Lo hizo Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, una asociación fundada en el 2013 para defender a veteranos militares que podrían ser detenidos por crímenes cometidos durante el Conflicto Armado. Méndez Ruiz los acusó de “abuso de autoridad en cumplimiento de deberes”, por haber ido a Brasil a levantar la declaración de los empresarios de Odebrecht. Siomara pasó semanas durmiendo fuera, en casa de amigos, cada noche en un lugar distinto para que no la detuvieran. Durante la persecución incluso allanaron la casa de su mamá.
Febrero de 2022. Ordenaron su captura. “Ahí sí ya me descompuse, me puse muy mal”, recuerda Siomara desde la Ciudad de México, un año después de haber llegado exiliada. Segura de su inocencia, se presentó ante los tribunales para entregarse, pero nadie la quería detener.
Lo que pasó en esos días rayó en el absurdo: Siomara se entregó, pero el expediente no había llegado al juzgado; llegó el expediente, pero el juez estaba ocupado; el juez se desocupó, pero no quería recibirla porque tenían que apresarla, pues tenía una orden de captura. “Querían verme detenida y esposada [...] todo esto era, era una cuestión más política, de otra cosa”, dice.
Finalmente, el 15 de febrero la llevaron a la prisión de mayor seguridad, dentro de un cuartel militar, en el mismo lugar donde estaban encarcelados el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, y el militar Jefe de la Policía Héctor Florentino Rodríguez Heredia. “Toda la mata de los corruptos que nosotros habíamos investigado”, dice.
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Febrero de 2022. Durante la primera audiencia de Siomara estaba Méndez Ruiz, representante de militares y quien la acusó en venganza por el caso Odebrecht. Al verla se puso de pie y le dijo: “[Usted] se va a quedar en prisión para toda la vida porque usted es una soberbia, y la soberbia solo le pasa por haber salido de la cocina”.
No fue menor lo que Siomara logró en la FECI. Descubrió la corrupción estatal con una empresa privada y congeló los bienes de los funcionarios involucrados. “Ese es el verdadero meollo de toda esta venganza. Nosotros les congelamos las cuentas”. En 2025, Siomara está exiliada y a los funcionarios les regresaron sus bienes.
Estuvo presa 25 días. Después salió de la cárcel y llevó su proceso en libertad con la obligación de firmar cada semana y permanecer en Ciudad de Guatemala. Le quitaron su pasaporte, aunque no era necesario. Ella no pensaba escapar, quería quedarse a demostrar su inocencia.
Aníbal recuperó su libertad después de pasar 23 días encarcelado, pero siguió el proceso durante meses de audiencias retrasadas, suspendidas y canceladas. Finalmente, como estrategia legal, decidió aceptar delitos que no había cometido para solicitar un procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes, solo pagó una reparación. El 2 de mayo del 2021, por la tarde, terminó el procedimiento en su contra. La madrugada del 3 de mayo salió exiliado de Guatemala.
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A Siomara y Aníbal los persiguieron de una forma que se ha hecho común en Guatemala, un método que parece inofensivo, pero acaba siendo terrorífico. Iniciaron campañas en redes sociales para construirles una imagen de criminales, usaron fotos privadas e hicieron mofa con las fotos de su detención. No exageran en llamarlo acoso: Aníbal, obsesivo con los datos, ha reunido muchos posteos en contra de impartidores de justicia, activistas y periodistas lanzados desde cuentas pagadas que operaban con los mismos métodos del conflicto armado, con el objetivo de neutralizar cualquier intento de organización por la justicia.
Parece inofensivo, pero no lo es: ese tipo de campañas en redes sociales manejan cientos o miles de cuentas fantasmas que insultan, criminalizan, ridiculizan y generan información falsa para socavar la credibilidad de una vida, de un nombre, de una persona y sus familias.
El estrés y la ansiedad en ambos llegó a niveles preocupantes. Todas las noches Aníbal metía su computadora en una bolsa de basura y la escondía fuera de su casa. Era parte de la psicosis ante la posibilidad de que le abrieran más procesos. Fue su límite para que, como familia, junto a su esposa, su hija y una bebé por nacer decidieran dejar Guatemala.
Fuera de su país, Aníbal dio una entrevista en la que decía que el sistema de justicia estaba contra él, construyendo casos sin fundamento. Al día siguiente dos mantas con su rostro y la palabra “corrupto” aparecieron colgadas en Ciudad de Guatemala. Cree que fueron puestas por orden de alguna de las personas a quienes él investigó.
Siomara llevaba el juicio en libertad, pero le dictaron sentencia a una compañera de la FECI y esa noticia fue la certeza de que no se trataba de justicia, sino de una venganza, que hiciera lo que hiciera a ella también la condenarían. El primer día de febrero de 2023 hizo una maleta con dos mudas de ropa y se fue.
Llegó a México sin documentos, por la misma ruta que usan cada año más de 80 000 migrantes guatemaltecos. Por el río Suchiate, sobre una lancha hecha con neumáticos y tablas viejas. “Ese fue de los momentos más dolorosos de toda mi vida. Cuando estaba en la fiscalía trabajaba por revelar las redes de corrupción de funcionarios que se roban el dinero del pueblo, soñaba con devolver ese dinero al pueblo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, por no repetir la historia de mi familia que tuvo que irse de mojada a Estados Unidos para tener una mejor vida. Verme ahí, sobre esa lancha, rodeada de compatriotas migrantes, fue como encontrarme peleando conmigo misma. Me quería tirar al río para volver a Guatemala y terminar mi trabajo”.
En México le dieron refugio por persecución política. A la distancia y desde el exilio, Siomara piensa en lo que la justicia significa para ella. Cuando daba clases en la universidad solía decir a sus alumnos que de ese salón saldrían futuros fiscales, abogados y magistrados: “Ustedes deben tener conciencia de que van a tener la vida de personas en sus manos”, les decía. Después, el verse expuesta con esposas fue muy doloroso. Y siguió el dolor ahondando porque además de los dos casos que se abrieron en su contra, le llegó un tercero que le iniciaron cuando ya estaba exiliada en México. Las tres causas están detenidas, prueba de que solo se usaron para obligarla a irse. “Yo creía en el sistema de justicia y por eso me había sometido desde el primer día, pero creo que fui muy ingenua”.
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Siomara y Aníbal entienden que son blanco de una venganza por haber desnudado la corrupción. Y no son los únicos. Medios locales calculan que al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y activistas han sido perseguidos judicialmente. El periódico Plaza Pública documentó que durante la gestión de Consuelo Porras ha habido al menos 117 personas criminalizadas: periodistas, políticos, abogados, académicos, sindicalistas, activistas. De todas ellas, una de cada seis es fiscal.
Siomara y Aníbal entienden, pero no se resignan. Hay días que se hacen largos, extrañan a su familia, su tierra. Se mantienen en pie, aunque a veces también les gana la nostalgia.
Siomara camina por parques que le dan paz. Habla por teléfono con otros abogados y fiscales que andan lejos también. Imagina formas de continuar peleando por la justicia en Guatemala, y trata de seguir cerca de sus hijos, al menos por llamadas.
Aníbal continúa sumando datos, conectando hilos. De día cuida a sus hijas y disfruta la vida con su esposa Sandy. Pero quisiera volver a su país. “En Guatemala las élites tienen capturado al Estado y es tal la captura que cada vez que ese pacto de impunidad se ve puesto en evidencia, se reacomoda y aprieta a quien los esté exhibiendo. Yo quiero volver a dar la lucha, que al menos esas élites tengan el costo moral de la vergüenza”, dice.
Esas élites políticas, económicas y militares, las que Siomara y Aníbal desenmascararon, representan a mucho menos del 1% del país y concentran el 50% de la riqueza de todo Guatemala, según datos de Oxfam. A un ciudadano promedio le tomaría 387 años ganar los mismos ingresos que percibe en un mes alguno de los millonarios guatemaltecos. Así de grande es la desigualdad en el país. Esto se traduce en desigualdad, en que las niñas indígenas de Guatemala no puedan comer lo suficiente como sí lo hacen las niñas no indígenas; en que esas niñas indígenas crezcan hasta 14 centímetros menos que las niñas no indígenas.
Ese es el país que Siomara y Aníbal quieren cambiar, el motivo de su trabajo, el motivo también de tener que huir de ahí.
A veces, cuando siente que ha extraviado el sentido, Aníbal toma un libro del poeta Otto René Castillo. Avanza en las páginas hasta que encuentra el poema “Vámonos Patria a caminar” y entonces confirma lo que ha pasado durante los últimos años.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras.
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