Era 2010 en México y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, entregaba el premio nacional en esa materia a Isabel Miranda de Wallace. Previamente, Isabel había propuesto al Senado la candidatura de Raúl para ocupar ese organismo; tras este movimiento, Raúl desestimó las denuncias de quienes dijeron haber sido torturados en presencia de Isabel. En la entrega del premio, el entonces presidente Felipe Calderón dijo: “Su historia es una historia de orgullo, de coraje, de dignidad, para todos los ciudadanos”.

Calderón se percató de que la activista Isabel Miranda de Wallace podría ser una importante aliada suya en la supuesta guerra contra el narcotráfico que emprendió después de iniciar su gobierno el 11 de diciembre de 2006. Ella buscaba que arrestaran a un grupo de personas a quienes acusaba, sin evidencias, de haber plagiado y asesinado a su hijo Hugo Alberto Wallace; él buscaba que ella fuera su asesora en materia de secuestros. La alianza pronto se materializó.

Como no hizo con ningún familiar de las víctimas de la espiral de violencia, Calderón recibió a Wallace en su despacho, le dio tanto tiempo como ella quiso, dio instrucciones por el teléfono rojo al procurador General de la República y le dio la tarjeta de dos de sus asistentes de mayor confianza para que lo buscara cuando quisiera. Así lo narra el periodista Ricardo Raphael en su libro Fabricación (Seix Barral, 2025), en el que enmarca esta escena en el contexto de una enorme posibilidad: que aquella activista pudiera ser el catalizador de las quejas por la inseguridad desde la izquierda partidista, la cual disputaba la legitimidad de la elección presidencial de 2006 en México

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“El momento clave de la historia es cuando Felipe Calderón se da cuenta de que en Isabel Miranda hay una aliada, una cómplice, alguien que le pueda ayudar a decir en voz alta lo que él piensa en voz baja; es decir, esta demagogia penal estilo [Nayib] Bukele”, dice Ricardo Raphael en entrevista con Gatopardo. Asimismo, comenta:

“Es una mujer cruel que supo muy bien intercambiar favores políticos y con eso ella misma hacerse de muchísimo poder para intervenir en todas las esferas de la justicia en nuestro país”.

Investigada por otros periodistas, pero nunca expuesta con tanta claridad, la premisa del libro es que no existen elementos para afirmar que el hijo de Miranda de Wallace murió. Fabricación es uno de esos libros que tienen que leerse tomando notas para no perderse entre tantos personajes e historias simultáneas que ocurren. 

Entender la Fabricación de Isabel Miranda Torres (de Wallace)

Una primera nota: el verdadero nombre de la activista es Isabel Miranda Torres. Una segunda: se casó por segunda ocasión con José Enrique del Socorro Wallace y antes estuvo casada en secreto con su primo Carlos León Miranda, el padre de Hugo Alberto. Tercera nota: Hugo Alberto tiene tres actas, una de nacimiento con el nombre de su padre biológico, otra sin este nombre y otra acta de reconocimiento con el nombre de su padre adoptivo del que tomó el apellido Wallace. Cuarta nota: además de una confesión obtenida bajo tortura, la principal prueba del asesinato de Hugo Alberto es una pequeña gota de sangre en la regadera de un baño que estuvo meses sin resguardo judicial; el ADN de la sangre es compatible en un 99% con José Enrique del Socorro Wallace. Quinta nota: ¿cómo es posible sostener un caso en el que la evidencia principal vincula a la supuesta víctima con la sangre de quien no es su padre biológico?

Ricardo Raphael propone un hilo conductor: esta es la historia de un duelo fabricado que se convirtió en un descarado circo mediático; el mito de una madre que, bajo la fachada de una mujer devastada, torció los hechos para ganar notoriedad e influencia, mientras destruía la vida de personas inocentes: Juana Hilda González, César Freyre, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y los hermanos Tony y Alberto Castillo, cuyos familiares también fueron involucrados en mayor o menor medida en el caso —e incluso llevados a la cárcel como método de intimidación—. El foco de esta historia se mantiene en Isabel, pero el libro expone a otros personajes que han participado en la confección de esta puesta en escena, como Roberto Miranda, su hermano.

‍Él fue Ministerio Público. De hecho, si revisas en los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, él y su hermano Heriberto fueron acusados de violar derechos humanos en un par de eventos policiales delicados. Tengo la impresión de que él es el que mueve a estas huestes que cada vez que Isabel Miranda necesitaba protección, la acompañaban. El verdadero padre biológico de Hugo Alberto, Carlos León, dice que los hermanos de Isabel eran poco menos que gánsters, recuerda el también finalista del premio Rómulo Gallegos en 2020.

Al hablar de huestes, el autor no solo se refiere a los mecanismos policiales formales, sino a grupos de civiles en camionetas que han intimidado a las familias de los acusados por el caso Wallace. 

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—El libro habla de investigadores privados, las víctimas describen a sujetos que las siguen; Jorge Volpi también ha hablado de los grupos de seguridad de Eduardo Margolis, miembro de la comunidad judía relacionado con la fabricación contra Florence Cassez, ¿podemos afirmar que entre nosotros existen grupos extrajudiciales con injerencia en las instituciones de procuración de justicia?

–Yo creo que es muy evidente que los malos, el crimen organizado, ha desarrollado grupos paramilitares como brazos armados para proteger sus intereses. De lo que se habla poco es de los llamados buenos; es decir, empresarios que tienen industrias, que tienen recursos, también han generado grupos similares. Es público en la comunidad judía que Margolis contrató a exagentes del Mossad; es un especialista en crear guiones y luego procesar pruebas. Está el caso Cassez, está este caso y quién sabe cuántos más.

El libro dice que según lo que dijo Margolis a los familiares de las víctimas de este caso, él y su equipo fueron los responsables de la captura de los señalados por Isabel Miranda de Wallace, pero eso no es todo: dentro del gobierno, la fundadora de Alto al Secuestro contó con el apoyo de un poderoso subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, que murió en el accidente del avión donde también viajaba Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación el 4 de noviembre de 2008.

–¿Qué secretos se llevó a la tumba José Luis Santiago Vasconcelos?

–Vasconcelos era un actor político. No es nuevo en la historia policial que personajes políticos tomen las instituciones. Estamos hablando de personajes que entienden muy bien cómo pueden utilizar la policía, la investigación, los jueces, como una herramienta de supervivencia personal. En ese sentido, Vasconcelos, antes que Felipe Calderón, se dio cuenta de lo riesgoso que podría ser tener a Isabel como enemiga porque tenía muchos espectaculares en la Ciudad de México; esa era un arma peligrosa que podía seducir a los electores de Andrés Manuel López Obrador o, al revés, podría beneficiar al PAN. Entonces creo que él no se preguntó si el caso Wallace era verdadero o falso, simplemente dio por buena la historia que le contó Isabel Miranda y ordenó que se armara un guion. 

De acuerdo con el autor, incluso en el interior del gobierno calderonista había suspicacias por este caso al principio. Así lo cuenta en una viñeta: 

Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública) tuvo una reunión con periodistas en 2006, de la cual tengo testimonio, en donde dijo que el hijo de Isabel estaba metido en cosas oscuras y que probablemente lavaba dinero en una organización criminal. Después de que Isabel fue a ver al presidente Calderón y que Calderón lo presionó, Genaro García Luna se vuelve mejor aliado por conveniencia de Isabel Miranda.

Diversas organizaciones de derechos humanos se han expresado contra las torturas y presiones que han sufrido a lo largo de los años los acusados del asesinato de Hugo Alberto Wallace. Entre otras instituciones, se han pronunciado en contra de estas violaciones el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

¿Qué sigue para los acusados del caso Wallace?

Actualmente, García Luna está en una cárcel de Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, Vasconcelos murió en el accidente de avión de 2008 e Isabel Miranda de Wallace está oficialmente muerta para el gobierno mexicano que ya considera “inactiva por defunción” su CURP. ¿Entonces quiénes deben rendir cuentas hoy por este caso?

Ricardo Raphael pone el ojo sobre los más altos responsables: “Hay otros imputables. Algo debería tener Felipe Calderón y los fiscales de aquel entonces, los procuradores que la apoyaron después, porque sin ese poder ella jamás habría llegado tan lejos”. 

Por ahora, el horizonte de este caso comienza a verse un poco más claro con el amparo de Juana Hilda González quien, después de ser torturada, entregó una confesión en un video donde claramente se observa que está leyendo —sin presencia de su abogado— y cuya declaración sostiene todo el entramado. Será la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de revisarlo y tienen ante sí el reto de resolverlo antes de que la elección judicial 2025 renueve al máximo tribunal del país. Si la confesión obtenida ilegalmente de Juana Hilda González se cae, el caso Wallace dará un vuelco después de dos décadas.

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