En comparación, en 2018 los reportes indican que las campañas federales gastaron 91 centavos en propaganda digital; pero a nivel local la proporción fue mucho menor: 19 centavos gastados en internet por cada peso gastado en regalos. Llama la atención que los gastos federales en propaganda digital reportados tres años antes de la pandemia sean radicalmente superiores a los actuales y es probable que detrás de esta disparidad no haya otra explicación más que los gastos que no están siendo reportados.
“Más allá de la pandemia y de la tecnología, el problema es que tenemos candidatos, en un porcentaje altísimo, sin ninguna plataforma de gobierno, sin propuestas, sin programa; su alternativa es mostrarse comiendo tacos o bailando”, me dice Rossana Reguillo, investigadora y coordinadora del Signa Lab en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. “Es realmente patético lo que sucede. Tenemos una clase política que no ha sabido estar a la altura de los desafíos que marca la sociedad contemporánea: crisis climática, crisis migratoria, problemas económicos severísimos, pandemia. Lo que vemos en redes es una manera de ocultar su pobreza intelectual y su pobreza programática”.
La obsesión de la clase política por posicionarse en redes sociales no es trivial. De acuerdo con el último informe del Instituto Reuters sobre consumo de medios a nivel global, en México 86% de las personas consumen noticias en internet y 70% lo hacen directamente en redes sociales. Además, 37% de los mexicanos –dos veces más que la media europea– confía en las noticias que encuentra en las redes sociales, particularmente en Facebook, YouTube y WhatsApp, que son las más utilizadas.
Sin embargo, no todas las personas usan el internet de la misma manera todo el tiempo ni con las alertas puestas al máximo. De acuerdo con la Dra. Reguillo a veces actuamos de forma informada y contrastamos fuentes, en otras sólo buscamos divertirnos y nos dejamos llevar por las corrientes de opinión y en algunas más nos acercamos a las redes sociales para reafirmar lo que ya pensamos.
Esa plasticidad en nuestra relación con las redes sociales nos vuelve susceptibles al engaño; es algo que los políticos han aprendido a aprovechar. Rossana Reguillo me pone de ejemplo las GAN (en español, Redes Generativas Antagónicas); son un tipo de inteligencia artificial que genera imágenes falsas. El sitio thispersondoesnotexist.com muestra fotos de personas que no existen, pero que aparecen como perfiles en las redes sociales.
“Hay que entender que éstas no son iniciativas de unos chavitos escondidos en una cochera. Estamos hablando de estrategias que cuestan millones de pesos y de agencias de publicidad dispuestas a venderlas. Mientras haya políticos que no tengan propuestas, que no tengan capacidad de construir una imagen pública a partir de una presencia real y honesta, esto va a seguir existiendo, se regule o no se regule”, concluye Reguillo.
Guerras de lodo (virtual)
En lo que va del periodo de campañas, las candidaturas locales y federales han gastado 111 millones de pesos en publicidad digital. Facebook, en su reporte público, revela que tan sólo en abril se hicieron pautas de publicaciones con tintes políticos por 70 millones de pesos en todo el país y fueron Nuevo León y Sonora los estados donde más se gastó: 12 y seis millones de pesos, respectivamente.
No todo ese gasto va a las páginas oficiales de las y los candidatos; una parte de la publicidad se gasta en sitios web que se disfrazan de medios de comunicación buscando manipular al electorado mediante la publicación de noticias desproporcionalmente favorables o negativas hacia ciertos candidatos.
Un ejemplo es El Informador de México, un perfil de Facebook que se dedica a compartir noticias de medios de comunicación legítimos y las intercala con publicaciones –algunas pautadas y otras no– a favor de Clara Luz y Alfonso Durazo, los candidatos de Morena para la gubernatura de Nuevo León y Sonora.
Al respecto, hay publicación pautada por 15 mil pesos, entre el 11 y el 15 de mayo, que muestra a Clara Luz leyendo sus propuestas durante el debate organizado por Multimedios y que sólo lleva por descripción: “El apoyo a los adultos mayores es una prioridad para Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León”.
Este sitio fue creado el 9 de marzo de 2021, cuatro días después de que arrancaran las campañas en Sonora y Nuevo León y desde entonces reporta un gasto de más de 400 mil pesos en publicidad digital.
Ahora bien, estos medios falsos no sólo se usan para promover candidatos, sino para atacar a otros. Al Digital Noticias Mx es un supuesto medio sonorense que comparte videos con formato de mails enviados en cadena –con música dramática, fondo negro e información falsa– en contra de Durazo, que lo acusan directamente de la liberación de Ovidio Guzmán o del asesinato de la familia LeBarón. Desde que se creó a finales del año pasado, ha gastado más de 200 mil pesos en pautas para este tipo de publicaciones.
En el caso de Nuevo León, de las 50 páginas que más invirtieron en publicidad durante abril, 17 son medios falsos. Éstos gastaron 1,250,000 pesos en publicaciones para apoyar o denostar a algún candidato en su calidad de medios fachada. El monto es tan alto como el gasto promedio de los candidatos a la gubernatura durante el mismo mes.
En el caso de Sonora, el segundo estado con el mayor gasto, de las 50 páginas que más invierten en publicidad en Facebook, la mitad son supuestos medios de comunicación que sólo distribuyen propaganda.
La proliferación de medios falsos trae consigo tres problemas: uno de ellos es que aumentan el clima de polarización y estigmatización; el segundo, que suelen elaborar y difundir propaganda prohibida y, el tercero, que muchas veces se financian con dinero que no está fiscalizado.
El último informe de Artículo 19, publicado en 2020, registró que se comete una agresión contra un periodista cada 13 horas, 13.6% más que el año anterior. Según el informe, una de las causas del aumento de agresiones es la estigmatización de los periodistas; el ejemplo obvio es el presidente, quien constantemente cuestiona, critica y descalifica este trabajo.
Los mensajes de Andrés Manuel López Obrador “tienen un impacto doble en el flujo de información. Primero, desvían la atención y alejan a los reflectores de sus propias acciones, con lo que queda blindado de la pluralidad de opinión e información, convirtiendo su discurso, y no sus acciones, en la nota. Segundo, se pinta una imagen negativa de la prensa crítica que justifica la violencia en su contra”, explica el informe. Los medios falsos que proliferan en esta temporada electoral se suman al clima hostil que vive la prensa, sobre todo, en las ciudades medianas y pequeñas al interior de los estados.
Acerca del segundo punto, la propaganda prohibida que elaboran y difunden estos medios, conviene tener en mente que los candidatos no pueden romper ciertas reglas en sus mensajes “oficiales” de campaña, de modo que estos medios apócrifos son el espacio perfecto para librar sus guerras de lodo. Nadia Choreño, abogada experta en materia electoral, dice que la ley prohíbe que la propaganda acuse a otra persona de un delito sin que haya una sentencia de por medio y que se difundan hechos falsos. “En teoría, la propaganda tiene que dar información veraz, es decir, con hechos concretos y específicos. Sin embargo, las opiniones que se emiten a través de la propaganda no se someten a este escrutinio. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos”.
Las llamadas “campañas negras” se enfocan en mostrar a los contrincantes como personas poco fiables o inmorales, dándole la vuelta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, los videos y las notas falsas que se difunden, con pago de por medio, en los medios falsos casi siempre caen en esa propaganda prohibida. “Esos portales de internet hechizos”, explica Nadia Choreño, “que muchas veces se han creado bajo el anonimato, están casi siempre vinculados con alguna o algún candidato para hacer guerra sucia y no es fácil encontrar quién fue la persona que abrió el portal y dónde se están generando los contenidos falsos”.
Le pregunto a Choreño si un candidato podría comprar su granja de bots y usarla de manera legal, haciendo la declaración de gastos correspondiente. “Cuando los candidatos utilizan bots, no lo declaran”, responde y explica que con este tipo de estrategia se le miente a la ciudadanía para generar un clima artificial de opinión pública, así que no es propaganda permitida. Sin embargo, ocurre porque la tarea de fiscalizarlas recae en un árbitro electoral que está rebasado.
“Hoy el INE se encarga de fiscalizar a todas y todos los candidatos a un puesto de elección popular. Eso no ocurría hace seis años. Los candidatos locales eran fiscalizados en los estados y el IFE se encargaba sólo de los federales. El cambio fue resultado de la reforma del 2014”, dice Camilo Saavedra, profesor e investigador de la UNAM.
“El INE tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más trabajo del que tenía cuando era el IFE. Antes de la reforma, contaba con alrededor de 180 días hábiles para resolver la fiscalización. Ahora el INE tiene 37 días para fiscalizar a un conjunto más grande de candidatos. ¿Cómo le haces para hacer diez veces más trabajo en una octava parte del tiempo?”, pregunta Saavedra.
Hay motivos detrás de esa sobrecarga de funciones y trabajo. Por un lado, el INE le ha dado mayor certeza al proceso electoral en los estados porque, según Saveedra, antes algunos institutos locales le pagaban a terceros para hacer la fiscalización y a otros les faltaba rigor técnico. Por el otro, antes de 2014, la fiscalización de las campañas se resolvía un año después de la elección; ahora los resultados se tienen a tiempo para que las elecciones se puedan anular si los candidatos rebasan los topes de campaña.
Para revisar más movimientos financieros en menos tiempo, el INE tiene que suponer que la información que suben los candidatos a las plataformas de fiscalización es correcta y verídica, pero claro que los partidos no siempre reportan sus gastos completos.
Esto ocurre con mucha frecuencia en la propaganda digital.
Por ejemplo, Fernando Larrazábal es candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PAN. Declaró al INE que hasta ahora ha gastado 1,892 pesos en propaganda digital; Facebook reporta que ha gastado en pautas 286,461 pesos tan sólo en los últimos siete días.
Otro tipo de inconsistencia son los reportes que afirman haber gastado más de lo ingresado. Al respecto, Juan Loera, el candidato a la gubernatura de Chihuahua por Morena, dice tener un déficit de casi 8 millones de pesos.
Dar seguimiento a los gastos electorales es una labor titánica. Hasta el 3 de mayo se han reportado más de 99,000 operaciones de ingresos y gastos por parte de 16,000 candidatos a nivel local y federal en esta elección. ¿Puede el INE seguirles el ritmo?
“Los procesos sociales van adelante de los procesos de regulación del derecho”, continúa Saavedra, quien suena confiado al afirmar que estamos viviendo un periodo de ajuste. “Lo que tenemos es un modelo de fiscalización que está acomodándose a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas posibilidades. Es un modelo que se originó pensando en la política tradicional, la de tierra, espectaculares, propaganda utilitaria. Ahora hay que ajustar ese sistema”.
Para que esto ocurra, es esencial la colaboración de las grandes compañías de redes sociales. A partir de la elección de 2016, Facebook ha tratado de ser más transparente respecto a quién paga para difundir mensajes políticos, más aún, en un contexto electoral. Solicité una entrevista con el equipo de Facebook, pero solo obtuve una respuesta por escrito mis preguntas, en un documento firmado por Facebook, así, en general.
Cuando les pregunté quiénes y cómo definieron los parámetros sobre qué sí y qué no está permitido pautar, su respuesta fue que consultaron a “expertos, investigadores y usuarios” para diseñar esas solicitudes de transparencia. No dieron mayor explicación.
Para proteger al usuario de los medios falsos, su estrategia es certificar a los medios reales para que las personas tengan más claro si la información es confiable o no. Además, “todos los anunciantes, sin importar si son medios de comunicación, que quieran pautar publicidad de temas sociales, políticos y electorales tienen que pasar por un proceso de verificación para indicar quién es el responsable del anuncio”.
Pero los anuncios de noticias falsas difundidos por supuestos medios de comunicación están atribuidos a sí mismos, no revelan qué personas o partidos los pagan y, al buscar quiénes administran estas páginas, sólo se puede saber en qué país radican sus cuentas.
Por último, Facebook dice que no colabora con las autoridades en los procesos de fiscalización. “Somos respetuosos de la labor de las autoridades. No nos corresponde definir los procesos de fiscalización de campañas. Todos estos anuncios de temas sociales, políticos y electorales son almacenados durante siete años y pueden ser revisados por cualquier ciudadano, investigador, periodista o persona interesada de la sociedad civil. Dado que es información pública, cualquier autoridad, de cualquier índole, puede acceder de la misma manera que las demás personas y entidades”.
El internet y las redes sociales ya son un territorio invadido por los políticos, con su presencia ininterrumpida en nuestra vida. No es el escenario distópico de George Orwell en 1984, es nuestro presente político. Más allá del patetismo de las y los candidatos dentro y fuera de las redes sociales y de la risa que puedan sacarnos de vez en vez, debemos pensar que estas herramientas digitales tienen una influencia probada en las sociedades y, como ciudadanía, tenemos muy poco con qué defendernos.
