A inicios de mayo en Colombia ya estaba clara la necesidad de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), para investigar los hechos de violencia cometidos por la fuerza pública durante las jornadas de protesta del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril. Desde ese día miles de colombianos han salido a las calles a manifestarse contra la reforma tributaria, la falta de garantías en salud, educación y trabajo, el abuso policial y el aumento de asesinatos a líderes, lideresas y defensores de derechos en los últimos años.

El 7 de mayo, 650 organizaciones civiles de todo el mundo hicieron un llamado a la CIDH para que “verificara la gravedad de las violaciones a los derechos humanos”, e instalara un mecanismo que investigara lo ocurrido. El 14 de mayo, la CIDH solicitó al gobierno colombiano que le permitiera visitar el país. El 21 de mayo, la entonces vicepresidenta y ahora canciller Marta Lucía Ramírez inició un viaje diplomático de tres días en Washington, donde se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y anunció que, aunque la CIDH era bienvenida, el gobierno colombiano consideraba que los organismos de control propios debían terminar su labor antes de dar cabida a instancias internacionales.

Afuera de la residencia del embajador de Colombia en Washington, un grupo de manifestantes increpó a la canciller Ramírez: “¿Dónde están los desaparecidos?”, “¡Retiren al ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] de las calles!”. La canciller respondió: “Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de derechos”. Sin embargo, para entonces, la organización Temblores ONG había registrado 2,387 casos de violencia por parte de la fuerza pública durante el Paro Nacional, incluidos 43 asesinatos presuntamente cometidos por sus integrantes, 1,139 detenciones arbitrarias, 33 víctimas de agresiones oculares y 18 víctimas de violencia sexual.

El 31 de mayo, tras la posesión oficial en su nuevo cargo, la canciller Ramírez envió una carta a la CIDH para que programara una visita a Colombia a partir del 8 de junio. “Les pedí a los organismos de control que, si ellos están listos con la información que pidió la CIDH, adelantemos esa visita, pero condicionada a que la Comisión haga previamente una audiencia privada en Colombia”, declaró la canciller, según un comunicado de esa entidad. La audiencia se realizó el 7 de junio. A ella asistieron la canciller Ramírez y la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola. Después, la Comisión se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, la procuradora general, Margarita Cabello, y el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Así arrancó la tan esperada visita de la CIDH a Colombia.

Entre el 8 y el 10 de junio, la CIDH recorrió las ciudades de Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán —estas últimas en el suroccidente del país han registrado el mayor número de violaciones a los derechos humanos durante las protestas— y tuvo reuniones con entidades públicas, organismos de control, agentes de la fuerza pública, víctimas de violaciones a derechos humanos y defensores de los mismos, organizaciones de mujeres, afrodescendientes, indígenas, estudiantes y periodistas. En esos tres días recogió 302 testimonios individuales y colectivos. Quinientas personas hablaron ante la Comisión.

Casi un mes después —un lapso que podría calificarse como extenso si se compara con situaciones similares en otros países—, este 7 de julio, la Comisión presentó sus observaciones y recomendaciones en un documento de 48 páginas y 187 puntos. En conferencia de prensa, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, hizo referencia a las graves violaciones a los derechos humanos registradas en las jornadas de protesta; al consenso frente a las causas del descontento de la ciudadanía —pobreza, inequidad, poco acceso a derechos en educación, trabajo y salud —; a la masiva participación en protestas pacíficas, al clima de polarización que propicia discursos estigmatizantes y al uso desproporcionado de la fuerza y la violencia por parte de la fuerza pública.

“El Estado colombiano reportó a la CIDH que entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del Paro Nacional, se realizaron 12,478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos que incluyen: 6,328 concentraciones, 2,300 marchas, 3,190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89%, esto es 11,060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia. […] El Estado adujo que, en 1,418 protestas, correspondientes al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del ESMAD”, se lee en el documento. El texto, al igual que el discurso de Urrejola, comienza recordando el contexto del Paro Nacional: un índice de pobreza que llegó al 42,5%, un desempleo del 15,1%, 310 asesinatos de líderes sociales y defensoras de derechos humanos en 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), y una desconfianza de la sociedad en las instituciones de Estado que alcanza el 75% en el caso del Ejecutivo.

“En el marco de la visita de trabajo, la Comisión Interamericana recibió información sobre graves violaciones a los derechos humanos y distintos obstáculos para garantizar la protesta social”, continúa el documento. “Como principales preocupaciones identificó: el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y misiones médicas, e irregularidades en los traslados por protección y denuncias de desaparición”.

El documento reúne, además, diferentes registros de los hechos violentos cometidos durante el paro, evidenciando disparidades en los reportes de víctimas: 51 personas fallecidas —21 en el marco de las protestas—, y 84 desaparecidas, según la Fiscalía General de la Nación. Mientras que, según Temblores ONG, se trata de 73 personas fallecidas —44 presuntamente a manos de la fuerza pública—. Y según los datos de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, fueron 84 las personas fallecidas —28 presuntamente por integrantes de la Policía. “La Comisión manifiesta su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por estas y aquellos documentados por la sociedad civil”, dice el documento.

En conclusión, la CIDH hizo 41 recomendaciones al Estado colombiano. La primera de ellas es promover un diálogo genuino entre todos los sectores, en especial “aquellos que han sido más afectados por la discriminación histórica, social y estructural del país”. También pidió respetar y garantizar el derecho a la protesta y promulgar una ley que regule ese derecho, para evitar la estigmatización contra los manifestantes y cumplir con los protocolos respecto al uso legítimo de la fuerza.

Analistas como la politóloga Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, calificaron el documento como equilibrado, un trabajo de reconstrucción de lo ocurrido en el Paro Nacional desde diversos actores. “La Comisión tuvo una conversación con todas las entidades gubernamentales que estuvieron involucradas, ya fuese para documentar lo que estaba sucediendo o para controlar. Están recogidas las versiones de medios, de la sociedad civil y de personas afectadas. Si uno quisiera una pintura que incluyera todos los componentes que tuvieron lugar durante estas semanas de protesta, la Comisión hizo ese trabajo”, dijo Borda en el programa Hora 20 de Caracol Radio.

Sin embargo, el mismo 7 de julio, el presidente Iván Duque declaró: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. […] Nosotros hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución y la ley”.

“La reacción [del gobierno] me parece totalmente inapropiada, porque decir que la Comisión está pidiendo que legitime actos delictivos es suponer que todo bloqueo es delictivo y eso no es verdad de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano”, dijo el jurista Rodrigo Uprimny en el programa Hora 20. “Me parece un informe equilibrado y si el gobierno tuviera una mejor actitud permitiría un espacio de concertación entre los colombianos para delimitar adecuadamente el derecho de protesta, que es central en una democracia”.

Un artículo de Dejusticia, el centro de estudios jurídicos y sociales en el que Uprimny es investigador, indica que desde 1980 hasta 2018, Colombia ha permitido nueve visitas de trabajo a la CIDH y siete in loco —más extensas y en las que se produce un informe y no solo observaciones. La de trabajo, dice el artículo, tuvo como objetivo observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país, documentar los hechos y emitir recomendaciones. Pero advierte: “Para la CIDH, el diálogo es la herramienta principal para desescalar las tensiones y buscar una salida democrática. Sin embargo, no se trata de una salvación definitiva, ni se darán por saldadas todas las discusiones asociadas al Paro Nacional”. Una vez que esta institución internacional ha señalado la gravedad de lo sucedido,  queda la expectativa de que estas recomendaciones se traduzcan en justicia y reparación del daño para las víctimas de estos hechos.