El actual es el momento más tenso de la historia reciente en la relación entre México y Estados Unidos. 

El gobierno de Donald Trump amenazó a México con imponer un 5% de aranceles a partir del 10 de junio de 2019. La justificación del gobierno estadounidense fue la crisis migratoria que en dos meses vio a más de 230,000 tratando de entrar al país por la frontera mexicana. Este nuevo episodio llega apenas unos meses después de la hostil negociación llevada hasta la fecha límite, en la que Donald Trump finalmente hizo a un lado su intención de cancelar el Tratado de Libre Comercio, para transformarlo en el actual USMCA.  

En esta segunda fase de crisis la presión se ha puesto de nuevo al límite, pues la amenaza arancelaria de Trump hizo que la atención de la delegación mexicana se planteara detener la imposición de esas tarifas a toda costa. Se logró, con una garantía de muy corto plazo y a cambio de una muy ambiciosa promesa de frenar el flujo migratorio rumbo ese país. Sin embargo, a pesar de que el gobierno mexicano quiso presentar el freno temporal a la amenaza económica como un tremendo éxito diplomático, las consecuencias que esto puede tener en términos de derechos humanos levantaron alertas de inmediato.

Primero, es necesario evaluar la acción tarifaria. Nancy Pelosi, presidenta de la cámara de los representantes en Estados Unidos, así como acérrima oponente de las políticas y acciones de Donald Trump, recalcó las condenas internacionales a estas acciones, alegando que disminuyen el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial. Pelosi señaló también el punto central de esta crisis: “[las políticas de Estados Unidos] violan los derechos de los solicitantes de asilo bajo la ley de los Estados Unidos y no abordan las causas fundamentales de la migración centroamericana”.

Agente de la Guardia Fronteriza patrulla la frontera entre México y Estados Unidos / Homeland Defense Gallery

Rachel Schmidtke, especialista en la relación migrante entre México y Estados Unidos y asociada del Wilson Center —centro de investigación estadounidense para asuntos globales—, explica más a fondo lo dicho por la congresista: “La única manera de resolver las causas de raíz de la migración es mejorar las condiciones de vida de las personas que se están yendo, y proveer oportunidades significativas de trabajo para los migrantes que buscan venir e irse de su hogar”.

Sin embargo, los gobiernos de ambos países parecen trabajar haciendo caso omiso de esa realidad y en los días subsecuentes a la firma de los acuerdos, Trump dijo en más de una ocasión a través de tweets y declaraciones, que el acuerdo alcanzado no había sido revelado en su totalidad. Falta de transparencia o juego político, todo indica que Trump y Ebrard siguen sin estar en la misma página.  

Eso no detuvo que ambos países celebrasen. Andrew Seele, presidente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés) lo explica de la siguiente forma: “Los dos presidentes declararon victoria y les sirvió con sus bases políticas.”

Frontera México-Estados Unidos / Wikimedia Commons

Muchas de las resoluciones a las cuales se llegaron para detener el flujo de migrantes, en realidad eran acciones que México planeaba implementar desde hacía meses. Entre ellas, la decisión de ocupar la recién creada Guardia Nacional en la frontera sur del país para impedir la entrada de centroamericanos. Sin embargo, ni los números desplegados o las acciones específicas a realizar por la Guardia Nacional se han esclarecido. Sólo se sabe que a partir del 10 de junio, integrantes de la Guardia están presentes en 11 municipios. De acuerdo al New York Times, esta acción estaba contemplada desde marzo.

De acuerdo al mismo reportaje del NYT, otra de las decisiones tomadas en esta reunión fue la permisión de que quienes buscan asilo en Estados Unidos puedan permanecer en México durante el proceso. Este acuerdo, no obstante, fue arreglado desde diciembre de 2018.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump fue muy insistente en hacer que México se convirtiera en el tercer país seguro, es decir, que se den las condiciones para que los migrantes busquen asilo aquí antes que en Estados Unidos. Esta cláusula, no obstante, no fue exitosa y la delegación liderada por Marcelo Ebrard evitó, al menos temporalmente, que México quedara en esa posición.

Homeland Defense Gallery

En palabras de Andrew Seele, México dejó algo muy claro con estas negociaciones: “López Obrador ha decidido que el tema migratorio es mucho menos importante que la estabilidad económica del país.” Sin embargo, aún hablando únicamente en términos económicos, es verdad que la escasez de recursos y de infraestructura para lidiar con el problema por parte de México no lo colocaban en una posición ventajosa pero —de acuerdo a un estudio del Perryman Group— la aplicación de estas tarifas también podría provocar alrededor de 400,000 empleos perdidos para Estados Unidos.

La extorsión arancelaria no es nada nuevo para Donald Trump y su quehacer político. Schmidtke lo explica así: “Creo que [las tarifas eran] una mala idea desde el principio, pero la preocupación principal de Presidente Trump parece ser sólo la migración, así que si puede poner presión a México amenazando con tarifas aunque se dispare en el pie, lo va a hacer, porque quiere intimidar a México para que haga más”.

A pesar de que estos acuerdos parecen también ser obra exclusiva de Trump, esta política en realidad no es nueva para Estados Unidos, que constantemente recurre a estas tácticas para cumplir sus objetivos: “Cuando Estados Unidos se siente oprimido aplica presión en la frontera sin una política pública de fondo atrás. Esto es lo que hemos visto una y otra vez en la historia. Estados Unidos presiona al gobierno mexicano y el gobierno mexicano despliega fuerzas en la frontera para lograr bajar los flujos”.

Homeland Defense Gallery

Según el acuerdo el Estado Mexicano tiene 45 días, que se cumplen el 25 de julio, para reducir el número de migrantes que buscan entrar al país. Este número debe disminuir a menos de 10,000 personas. Si las medidas mexicanas no funcionan, se negociará un nuevo escenario para los 45 días subsecuentes.

Schmidtke explica las probabilidades de que esto sea exitoso: “Creo que en 45 días es difícil implementar un plan así. Diría que no, creo que no es factible. Debería haber un plan a mayor plazo para reducir los números con el tiempo. Habrá muchos agentes del INAMI (Instituto Nacional de Migración) y la Guardia Nacional que van a batallar con el influjo, pero lograrlo será difícil para México, no por voluntad, sino por cuestiones de capacidad. 45 días es un plazo demasiado corto”. Para Rachel Schmidtke, lo máximo que lograrán estas medidas será reducir a corto plazo los números a costa de deportaciones masivas en la frontera con Guatemala.

La posibilidad de resolver la crisis migratoria se ve aún más difícil tras la renuncia de Tonatiuh Guillén López, director del INAMI, quien dejó su cargo sin dar demasiadas explicaciones, sólo agradeciendo al presidente por la oportunidad. Su renuncia llegó a unos días de la aprobación de los acuerdos.

Soldado de la Guardia Nacional atiende guardia en la frontera de Estados Unidos con México en Nogales, Ariz. / Homeland Defense Gallery

 “Quédense en México”, es la controversial campaña que Estados Unidos implementó recientemente, una llamada que pretende lograr que los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos permanezcan en México mientras reciben una resolución. Dicho proceso puede tomar meses o años. Asimismo, esta política ha sido descrita como ilegal, pues Estados Unidos contempla en su legislación el derecho de los migrantes a permanecer en Estados Unidos mientras sus procesos de asilo son concluidos.

Aún en medio de la confusión es posible sacar algunas conclusiones. La primera es que ninguno de los países está trabajando a profundidad en mejorar su política migratoria. Por su parte, en palabras de Andrew Selee, Estados Unidos “está haciendo outsourcing de su problema a México” y  el gobierno de Donald Trump está sacándole a su agresiva política el mayor provecho electoral posible, pues reelegirse es su principal interés en este momento y sabe que esto le ganará puntos. Por su parte,  México opta por una de las únicas medidas que cree tener a su disposición en un contexto de presión: el uso de la fuerza. Arrestos, deportaciones y persecución de migrantes. Ninguno de los países está planteando una reforma a sus procesos burocráticos ineficientes o a un diálogo con los gobiernos de países centroamericanos para buscar una solución integral al conflicto. 

Como ya lo dijo la congresista Pelosi, los acuerdos en realidad no están diseñados para solucionar el problema de la migración, sino para detener un flujo masivo a corto plazo. Esta medida puede servir para alcanzar una meta como la acordada, pero en el largo plazo va a ser detrimental para todos. 

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