El 7 de julio el presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado en su residencia, en el barrio de Pétion-Ville de Puerto Príncipe. La noticia impactó al mundo, pero se convirtió en un asunto de particular importancia en Colombia cuando las autoridades haitianas capturaron a 18 militares colombianos que podrían haber participado en el magnicidio –al menos 5 más se dieron a la fuga y 3 murieron durante la operación. Dos semanas después, la trama no está resuelta y la lista de sospechosos crece. Hay 23 personas arrestadas, 24 medidas cautelares contra guardias encargados de la seguridad de Moïse y órdenes de captura contra políticos haitianos, como el exsenador John Joël Joseph y el exfuncionario de la Unidad Anticorrupción Joseph Felix Badio.

En un reportaje del 15 de julio, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol señaló que el asesinato se habría planeado en noviembre de 2020 en CTU Security, una empresa con sede en Miami que ofrece servicios de seguridad y es propiedad del venezolano Antonio Intriago. En los últimos días, el nombre de Intriago se ha repetido en las noticias, pues su empresa presuntamente pagó los pasajes a Haití de los exmilitares colombianos. En una nota publicada en La nueva prensa se cuenta que Intriago y el actual presidente Iván Duque coincidieron en Miami en 2018, durante un acto de campaña cuando Duque era candidato. El encuentro fue confirmado por la Presidencia de Colombia en un comunicado que niega cualquier vínculo entre los dos hombres.

Además de Intriago, en la reunión de CTU Security habrían estado, entre otros, un exmilitar colombiano asociado a esa empresa y residente de Florida llamado Arcángel Pretelt Ortiz, el médico haitiano Christian Emmanuel Sanon –hoy detenido en Puerto Príncipe– y el colombiano Jonathan Rivera. Este último –se presume– habría sido el contacto con Germán Rivera y Duberney Capador, capitán y sargento retirados del Ejército de Colombia. Ambos fueron señalados por la Policía Nacional de reclutar a la veintena de hombres que viajaron a Haití, según lo indican también familiares de los exmilitares convocados.

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Pero, al margen de las investigaciones, una duda cobra fuerza: ¿Por qué un grupo de exmilitares colombianos terminó envuelto en el asesinato del presidente de una nación extranjera? Esa pregunta la hace, por ejemplo, Daniel García-Peña en una columna para el diario El Espectador, a la que titula “Exportamos matones”: “Más allá de lo que verdaderamente sucedió, el mero hecho de que numerosos militares retirados colombianos estén involucrados en semejante asunto pone de relieve la realidad del mundo de los mercenarios”.

El mercenario es alguien que se pone en venta ante cualquiera, dijo el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, especialista en política latinoamericana, en el programa de opinión María Jimena Duzán en vivo. “En la Guerra Fría había muchos: ingleses, estadounidenses y hasta japoneses. La mayoría son perros de la guerra, pelean para cualquiera con tal de recibir un sueldo”.

“Pero hay otra figura…” Anderson se refiere a los contratistas de seguridad: personas pagadas por los Estados para hacer tareas que estos solían realizar. “Colombia es un país que ha estado en guerra por más de cincuenta años y tiene una población de veteranos de combate como ninguna otra en la región. Desde hace unos años, esos veteranos han sido lo que hoy elegantemente se llama ‘contratistas’, a los que antes se les decía mercenarios. Es una realidad a la que se le presta poca atención”.

—Los militares retirados de cualquier país son profesionales de la violencia. Son expertos en el manejo de armas, uso de la fuerza, combate y planeación de la guerra. Por eso pueden ser apetecibles en el mercado legal o ilegal —dice a Gatopardo César Niño González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Salle—. ¿Por qué colombianos? Primero: un soldado retirado en Colombia tiene asignaciones salariales bajas. Segundo, en el mercenarismo los colombianos son una mano de obra muy barata. Tercero, los colombianos, al igual que otros latinoamericanos, cuentan con conocimiento de guerra irregular.

Estos tres motivos concuerdan con las declaraciones que le dieron a los medios los familiares de los exmilitares involucrados en el asesinato del presidente Moïse. La hermana del sargento retirado Duberney Capador le dijo al diario El País que su pensión en Colombia estaba entre los 350 y los 450 dólares mensuales, pero por el “trabajo” en Haití recibiría un salario de 2,700 dólares. Esa misma cifra le fue prometida al soldado retirado Francisco Eladio Uribe, aseguró su esposa a la W Radio. “[En Colombia] la única oportunidad que le ofrecen al militar retirado para ejercer su profesión es la de ser vigilante o escolta de una compañía de valores con salarios que van desde el mínimo hasta un millón y medio [387 dólares] en el mejor de los casos”, dijo a El Espectador Dante Hincapié, un suboficial jefe retirado de la Armada que fue contratista en los Emiratos Árabes Unidos, un trabajo que según advierte es totalmente legal.

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“Colombia ha empezado a exportar mercenarios desde hace más de dos décadas en conflictos de ultramar: Iraq, Afganistán y Yemen. En 2006 varios militares colombianos fueron reclutados por Blackwater USA. En 2015 Emiratos Árabes Unidos envió cerca de 450 mercenarios latinoamericanos (salvadoreños, panameños y colombianos) a Yemen”, escribe el internacionalista Reynell Badillo en una columna para La silla llena, y pregunta: “¿Qué está haciendo el país para evitar que sus militares en retiro acudan masivamente a estas empresas?”

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El 9 de julio, dos días después de lo sucedido en Haití, el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo e integrante de la bancada de oposición, anunció en su cuenta de Twitter que citaría al ministro de Defensa, Diego Molano, a un debate de control político para indagar por las acciones “para contrarrestar estas actividades ilegales y prevenir crímenes mercenarios”. En entrevista con Gatopardo, el senador Cepeda comenta por qué tomó esa decisión:

—No puede ocurrir que un número significativo de militares retirados del Ejército de un país aparezca involucrado en el asesinato de un jefe de Estado de otro país y que eso no suscite un llamado de rendición de cuentas ante el Congreso. Es un hecho grave cuyas connotaciones todavía no están claras. Hay empresas involucradas que tienen sede en Miami y personajes cercanos a figuras importantes de la vida política del país. Pero hay otros asuntos, el que Colombia, de un tiempo para acá, se involucre en asuntos de otros países, bien sea porque aparecen militares o paramilitares en operaciones de esta naturaleza o porque interviene en elecciones. Hay militares colombianos en retiro en otros países, supuestamente prestando servicios legales, pero, al parecer, eso no es así, y Colombia participa en un mercado internacional de mercenarios. Es importante que se nos diga qué ha hecho el gobierno colombiano para evitar que esto ocurra o si lo ve como algo normal.

En una declaración del 8 de julio, el ministro Molano anunció que la Interpol solicitó al gobierno y a la Policía Nacional información sobre los presuntos responsables. “Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional”, dijo el ministro de Defensa y prometió colaborar.

Por su parte, el 15 de julio, el presidente Iván Duque dijo en una entrevista a La FM: “Todo apunta a que un grupo importante de personas que llegaron a Haití fueron de ‘gancho ciego’, llevados por una supuesta misión de protección, y otras, un grupo reducido, aparentemente tenían conocimiento detallado de la operación criminal y la intención de matar al presidente de Haití”. Sin embargo, la canciller Marta Lucía Ramírez fue más lejos y declaró: “Sé perfectamente que los militares de Colombia no son mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar”, mientras que el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que la institución no tiene que hacer seguimiento a todos los militares retirados.

Por eso, al teléfono, el senador Iván Cepeda agrega:

—Países que violan o cuyas fuerzas militares violan de manera sistemática los derechos humanos, como ocurre en Colombia, deberían tener restricciones internacionales en el mercado de los servicios de seguridad. Para señalar simplemente un hecho, uno de los señores que supuestamente fueron engañados en esta situación, incautos que no sabían a dónde iban ni a qué iban, violó derechos humanos en Colombia y estaba sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Se refiere a Francisco Eladio Uribe, soldado profesional hasta 2019, cuyo nombre figura en expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. No tenía autorización para salir del país.

—¿Qué hace esta persona ofreciendo servicios de lo que sea, de seguridad en el más benigno de los casos, y en el peor de ellos, participando en el asesinato de un presidente de otro país? —se pregunta el senador Cepeda, para quien la alta oferta de exmilitares colombianos en el exterior –alrededor de 3,000, según una nota de Noticias Uno– responde a la verdadera naturaleza del Estado colombiano.

—El colombiano es en apariencia un Estado democrático de derecho, pero en el fondo es un Estado militar. Tiene un aparato militar que excede en mucho sus necesidades internas y que vive en una lógica bélica permanente. Es decir, trata los problemas, la conflictividad social o los que emergen de la pandemia con una lógica bélica y con aparatos represivos, y eso genera un superávit de mano de obra que no es simplemente un excedente no deseado. […] Aquí, por ejemplo, ocurre la movilización social, la ciudadanía sale a la calle, y en dos meses se produce la cifra de 80 muertes, en su mayoría de jóvenes, y cometidas por la Policía Nacional. Estamos frente a un Estado que aplica una lógica bélica. Que haya militares que violan derechos humanos y cometen crímenes de lesa humanidad, que se contrarreste la protesta con fuerza letal, que haya paramilitarismo urbano y que aparezcan mercenarios en otros países, todo eso, para no lanzar acusaciones ni tejer especulaciones, corresponde a un Estado que tiene una doctrina militar que lleva indefectiblemente a violaciones de derechos humanos dentro o fuera del país.

Con un nuevo periodo legislativo instalado el 20 de julio, la bancada de oposición recién inició las gestiones en el Congreso para citar al ministro Molano a debate de control político lo antes posible.

—Hay una necesidad de una muy clara regulación de ese mercado [de los mercenarios y las empresas de seguridad privada], que es producto de una tendencia a la privatización de las guerras y de la seguridad. En realidad, eso es una internacionalización del paramilitarismo, un fenómeno lamentablemente usual en Colombia —concluye el senador.

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