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El sexenio de AMLO ya entró en su etapa final y este ocaso tiene varios efectos: entre otros, la Corte dejó de aplazar su decisión sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y resolvió en contra. Pero los ministros aún deben discutir la letra fina de este tema. ¿Qué podemos esperar tanto de ellos como del presidente?
Carlos Bravo Regidor: ¿Cómo entender la decisión de la Corte del martes pasado, cuando revirtió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
Julio Ríos Figueroa: Esta decisión de la Corte fue muy importante porque nos dice cómo concibe su papel dentro del sistema político mexicano: se tomó en serio su función como órgano garante de la constitucionalidad. Una mayoría amplia de ministros lo ponderó y lo manifestó así respecto a un tema muy complicado políticamente.
Carlos Bravo Regidor: ¿Se podía esperar que la Corte rechazara con tanta contundencia una de las medidas más polémicas, pero también una de las más emblemáticas de este gobierno?
Julio Ríos Figueroa: En principio, el caso era relativamente fácil en términos jurídicos, pero la decisión de la Corte era muy difícil, por sus consecuencias, en términos políticos. ¿Por qué? Para empezar, porque la interpretación jurídica no les exigía mucho a los ministros: era como otro “plan B”, no para el ámbito electoral sino para el militar. Al igual que con la reforma electoral, este gobierno intentó entregarle la Guardia Nacional a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero no logró los votos en el Congreso y entonces trató de hacerlo por la vía de una reforma a la ley, lo que contraviene, por fuerza, a la Constitución. En ese sentido, esta reforma representaba otro intento del actual gobierno por tratar de hacer lo que tú has llamado un “narcotúnel constitucional”: pasar por debajo de la mayoría calificada con el voto de una mayoría simple y luego esperar que, ya del otro lado, no hubiera una mayoría de ocho ministros que echara para atrás la reforma. Por eso digo que esta decisión de la Corte era fácil para los ministros, desde el punto de vista jurídico, porque es evidente la inconstitucionalidad.
Sin embargo, políticamente suponía ir en contra del gobierno en un asunto al que el presidente le ha apostado mucho: darles a las Fuerzas Armadas un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad (entre otras cosas). Es decir, la decisión de la Corte suponía ir en contra no solo de una de las políticas cruciales del sexenio, la militarización, sino también de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy dispuestas a desempeñar ese papel.
Carlos Bravo Regidor: En la entrevista que te hice hace un par de meses, explicabas que al tomar decisiones la Corte tiene que valorar no solo la argumentación jurídica y el contexto político, sino también la viabilidad de su fallo porque en la medida en que su sentencia resulte difícil —o incluso inaplicable—, y termine desobedeciéndose, entonces la autoridad de la propia Corte queda en entredicho. En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la viabilidad de esta decisión de la Corte?
Julio Ríos Figueroa: Vamos a tener que esperar. La Corte estableció el 1 de enero de 2024 como la fecha para que entre en vigencia su decisión. El presidente López Obrador respondió con mucha agresividad, instruyendo a algunos integrantes de su gabinete que no tuvieran comunicación con los ministros, aunque advirtió que acatará la decisión de la Corte y que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre este tema antes de entregar el poder. Hay mucha incertidumbre, pero en este tema específico lo más probable es que regrese de facto al estado anterior, regulado por el artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en el que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen en la construcción de la Guardia, por así decirlo, mientras se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad. Es una cuestión muy complicada. Hay otras decisiones pendientes por parte de la Corte en el tema de las Fuerzas Armadas que van a tener que ofrecer una respuesta más de fondo, por un lado, sobre el proceso de la militarización y, por el otro, sobre qué alternativas existen y cómo implementarlas.
Carlos Bravo Regidor: ¿Te parece que esta decisión de la Corte, al ser la primera de muchas, podría anticipar el sentido de las siguientes? O, más bien, ¿los votos de los ministros se reconfigurarán en cada caso?
Julio Ríos Figueroa: Creo que sucederá lo segundo, una reconfiguración de los votos, porque este caso —como decía— era más sencillo jurídicamente. Si la Corte no rechazaba esta reforma, se habría anulado a sí misma como corte constitucional, es decir, como el órgano de control que regula las leyes y los actos de las autoridades interpretando la Constitución.
Lo que podemos esperar de los casos pendientes —que tocan la organización y las facultades de la Guardia Nacional, su uso de la fuerza letal y la jurisdicción militar, por ejemplo— es que los ministros tengan que discutir detalles más finos o técnicos. Ahí puede haber más diferencias entre ellos y, por lo tanto, más variedad en las configuraciones de los votos al momento de decidir la constitucionalidad de las leyes que regulan estos temas.
Carlos Bravo Regidor: Ampliando un poco el lente más allá de la militarización, si esta votación representa un rechazo claro y fuerte a la política del “narcotúnel constitucional”, ¿no anticiparía, también, la formación de un bloque de ministros respecto al “plan B” electoral, que el presidente López Obrador y su coalición en el Congreso aprobaron de la misma manera?
Julio Ríos Figueroa: Podría ser. Aunque en términos jurídicos la reforma electoral conocida como “plan B” es más compleja, se parece más a los temas pendientes que hay en la Corte y que acabo de mencionar. El “plan B” incluye un par de leyes nuevas, reformas a otras, varios artículos, en fin. Si la Corte opta por un argumento más general, por ejemplo, sobre los posibles vicios en el proceso legislativo del “plan B”, podría ser que de nuevo se configure una supermayoría de ministros (probablemente, compuesta por los mismos). Pero si la Corte no opta por esa vía de argumentación, me parece probable que veamos diferentes configuraciones de votos para los distintos temas que habrán de analizarse acerca de lo que en conjunto se conoce como “plan B”. Por ahora, todas las opciones están abiertas y el “plan B” está suspendido por una decisión, en mi opinión correcta, del ministro Laynez.
Carlos Bravo Regidor: En estos últimos meses ha habido un cambio importante de contexto político, no solo porque cambió la presidencia de la Corte, sino también porque el sexenio ya entró claramente en su fase final. ¿Consideras que el cambio de contexto afectó esta decisión de la Corte y que puede influir en las sucesivas decisiones que tome respecto a la militarización?
Julio Ríos Figueroa: Sí, desde luego. En primer lugar, el cambio en la presidencia de la Corte ha sido muy importante. Este asunto particular de la Guardia Nacional, la Corte lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y durante la presidencia anterior, la del ministro Arturo Zaldívar, claramente decidió darle largas, postergarlo. Con la nueva presidencia de la ministra Norma Piña se enlistó el asunto y se resolvió muy rápido. La consecuencia del relevo de Piña por Zaldívar es obvia en este tema.
En segundo lugar, efectivamente, estar entrando en la etapa final del sexenio tiene consecuencias. Diversos estudios de ciencia política coinciden en que conforme se acerca el cambio de gobierno, como es nuestro caso hacia el 2024, los jueces empiezan a calibrar sus decisiones a partir de sus expectativas sobre lo que puede venir después de la elección, dentro de los marcos y los márgenes que les permiten el caso, el momento y la Constitución. La sucesión presidencial importa también porque conforme se acerca el final del sexenio, el presidente empieza a perder cierto poder, cierta capacidad de influencia; se convierte en lo que la ciencia política denomina un lame duck, alguien que tiene cada vez menos proyección de futuro. El presidente de la República está siendo cada vez más agresivo en algunos de sus movimientos, utilizando el poder que tiene y generando mucho ruido. Pero también va perdiendo control sobre sus decisiones por la incertidumbre que produce la elección que viene, por los cálculos de todos los actores involucrados.
Carlos Bravo Regidor: Para terminar, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que esta decisión de la Corte puede tener al interior de las Fuerzas Armadas?
Julio Ríos Figueroa: Bueno, el presidente anunció que en septiembre del año entrante volverá a mandar la misma iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eso implica introducir el tema en las elecciones de 2024, no solo en la presidencial sino en la del Congreso, porque el destino de esa nueva iniciativa dependerá de la composición que terminen teniendo las Cámaras de Diputados y Senadores. En esto veo una parte positiva y otra negativa.
La positiva es que el asunto retoma un cauce constitucional. El presidente está admitiendo, aunque sea muy a regañadientes, que este cambio no se puede hacer por debajo de la Constitución. Suponiendo que las elecciones del 2024 son confiables, que el Instituto Nacional Electoral organiza el proceso con el profesionalismo y la capacidad que ha tenido hasta ahora —es decir, suponiendo que el “plan B” no pasa y que los votos se ejercen y se cuentan bien—, entonces serán los ciudadanos quienes decidan si le dan a Morena la Presidencia de la República y una supermayoría en las Cámaras como para que pueda aprobar esta reforma constitucional —y supongo que vendrían varias más en ese escenario—. Yo creo que eso está bien, es la vía correcta, a diferencia de lo que intentaron el presidente y su partido al ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero no logró reformar la Constitución porque no tuvo mayoría calificada, ahora tampoco logró pasarla por el “narcotúnel”. Pero si cambian las mayorías y consigue los votos, puede volver a intentarlo con otra reforma constitucional. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Bueno, ese ya es otro tema.
Carlos Bravo Regidor: Claro.
Julio Ríos Figueroa: Lo que veo negativo es que las Fuerzas Armadas van a tener un interés directo en el resultado de las elecciones. Eso implica un riesgo para el supuesto de que las elecciones se organicen bien y los votos se cuenten como se debe, porque va a estar mucho en juego y el Ejército, un actor muy poderoso, ya va a tener gallo en esa pelea. Yo creo que detrás del anuncio presidencial ya se percibe, de hecho, la influencia de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando lo que ellas llaman “seguridad jurídica”, algo que tiene mucho que ver con poder administrar la impunidad. En fin, es una maniobra con muchos riesgos, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda enrarece el proceso electoral, le mete una presión adicional muy fuerte.
¡Gracias!
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Ilustración de Camila López Darce.
El sexenio de AMLO ya entró en su etapa final y este ocaso tiene varios efectos: entre otros, la Corte dejó de aplazar su decisión sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y resolvió en contra. Pero los ministros aún deben discutir la letra fina de este tema. ¿Qué podemos esperar tanto de ellos como del presidente?
Carlos Bravo Regidor: ¿Cómo entender la decisión de la Corte del martes pasado, cuando revirtió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
Julio Ríos Figueroa: Esta decisión de la Corte fue muy importante porque nos dice cómo concibe su papel dentro del sistema político mexicano: se tomó en serio su función como órgano garante de la constitucionalidad. Una mayoría amplia de ministros lo ponderó y lo manifestó así respecto a un tema muy complicado políticamente.
Carlos Bravo Regidor: ¿Se podía esperar que la Corte rechazara con tanta contundencia una de las medidas más polémicas, pero también una de las más emblemáticas de este gobierno?
Julio Ríos Figueroa: En principio, el caso era relativamente fácil en términos jurídicos, pero la decisión de la Corte era muy difícil, por sus consecuencias, en términos políticos. ¿Por qué? Para empezar, porque la interpretación jurídica no les exigía mucho a los ministros: era como otro “plan B”, no para el ámbito electoral sino para el militar. Al igual que con la reforma electoral, este gobierno intentó entregarle la Guardia Nacional a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero no logró los votos en el Congreso y entonces trató de hacerlo por la vía de una reforma a la ley, lo que contraviene, por fuerza, a la Constitución. En ese sentido, esta reforma representaba otro intento del actual gobierno por tratar de hacer lo que tú has llamado un “narcotúnel constitucional”: pasar por debajo de la mayoría calificada con el voto de una mayoría simple y luego esperar que, ya del otro lado, no hubiera una mayoría de ocho ministros que echara para atrás la reforma. Por eso digo que esta decisión de la Corte era fácil para los ministros, desde el punto de vista jurídico, porque es evidente la inconstitucionalidad.
Sin embargo, políticamente suponía ir en contra del gobierno en un asunto al que el presidente le ha apostado mucho: darles a las Fuerzas Armadas un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad (entre otras cosas). Es decir, la decisión de la Corte suponía ir en contra no solo de una de las políticas cruciales del sexenio, la militarización, sino también de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy dispuestas a desempeñar ese papel.
Carlos Bravo Regidor: En la entrevista que te hice hace un par de meses, explicabas que al tomar decisiones la Corte tiene que valorar no solo la argumentación jurídica y el contexto político, sino también la viabilidad de su fallo porque en la medida en que su sentencia resulte difícil —o incluso inaplicable—, y termine desobedeciéndose, entonces la autoridad de la propia Corte queda en entredicho. En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la viabilidad de esta decisión de la Corte?
Julio Ríos Figueroa: Vamos a tener que esperar. La Corte estableció el 1 de enero de 2024 como la fecha para que entre en vigencia su decisión. El presidente López Obrador respondió con mucha agresividad, instruyendo a algunos integrantes de su gabinete que no tuvieran comunicación con los ministros, aunque advirtió que acatará la decisión de la Corte y que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre este tema antes de entregar el poder. Hay mucha incertidumbre, pero en este tema específico lo más probable es que regrese de facto al estado anterior, regulado por el artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en el que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen en la construcción de la Guardia, por así decirlo, mientras se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad. Es una cuestión muy complicada. Hay otras decisiones pendientes por parte de la Corte en el tema de las Fuerzas Armadas que van a tener que ofrecer una respuesta más de fondo, por un lado, sobre el proceso de la militarización y, por el otro, sobre qué alternativas existen y cómo implementarlas.
Carlos Bravo Regidor: ¿Te parece que esta decisión de la Corte, al ser la primera de muchas, podría anticipar el sentido de las siguientes? O, más bien, ¿los votos de los ministros se reconfigurarán en cada caso?
Julio Ríos Figueroa: Creo que sucederá lo segundo, una reconfiguración de los votos, porque este caso —como decía— era más sencillo jurídicamente. Si la Corte no rechazaba esta reforma, se habría anulado a sí misma como corte constitucional, es decir, como el órgano de control que regula las leyes y los actos de las autoridades interpretando la Constitución.
Lo que podemos esperar de los casos pendientes —que tocan la organización y las facultades de la Guardia Nacional, su uso de la fuerza letal y la jurisdicción militar, por ejemplo— es que los ministros tengan que discutir detalles más finos o técnicos. Ahí puede haber más diferencias entre ellos y, por lo tanto, más variedad en las configuraciones de los votos al momento de decidir la constitucionalidad de las leyes que regulan estos temas.
Carlos Bravo Regidor: Ampliando un poco el lente más allá de la militarización, si esta votación representa un rechazo claro y fuerte a la política del “narcotúnel constitucional”, ¿no anticiparía, también, la formación de un bloque de ministros respecto al “plan B” electoral, que el presidente López Obrador y su coalición en el Congreso aprobaron de la misma manera?
Julio Ríos Figueroa: Podría ser. Aunque en términos jurídicos la reforma electoral conocida como “plan B” es más compleja, se parece más a los temas pendientes que hay en la Corte y que acabo de mencionar. El “plan B” incluye un par de leyes nuevas, reformas a otras, varios artículos, en fin. Si la Corte opta por un argumento más general, por ejemplo, sobre los posibles vicios en el proceso legislativo del “plan B”, podría ser que de nuevo se configure una supermayoría de ministros (probablemente, compuesta por los mismos). Pero si la Corte no opta por esa vía de argumentación, me parece probable que veamos diferentes configuraciones de votos para los distintos temas que habrán de analizarse acerca de lo que en conjunto se conoce como “plan B”. Por ahora, todas las opciones están abiertas y el “plan B” está suspendido por una decisión, en mi opinión correcta, del ministro Laynez.
Carlos Bravo Regidor: En estos últimos meses ha habido un cambio importante de contexto político, no solo porque cambió la presidencia de la Corte, sino también porque el sexenio ya entró claramente en su fase final. ¿Consideras que el cambio de contexto afectó esta decisión de la Corte y que puede influir en las sucesivas decisiones que tome respecto a la militarización?
Julio Ríos Figueroa: Sí, desde luego. En primer lugar, el cambio en la presidencia de la Corte ha sido muy importante. Este asunto particular de la Guardia Nacional, la Corte lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y durante la presidencia anterior, la del ministro Arturo Zaldívar, claramente decidió darle largas, postergarlo. Con la nueva presidencia de la ministra Norma Piña se enlistó el asunto y se resolvió muy rápido. La consecuencia del relevo de Piña por Zaldívar es obvia en este tema.
En segundo lugar, efectivamente, estar entrando en la etapa final del sexenio tiene consecuencias. Diversos estudios de ciencia política coinciden en que conforme se acerca el cambio de gobierno, como es nuestro caso hacia el 2024, los jueces empiezan a calibrar sus decisiones a partir de sus expectativas sobre lo que puede venir después de la elección, dentro de los marcos y los márgenes que les permiten el caso, el momento y la Constitución. La sucesión presidencial importa también porque conforme se acerca el final del sexenio, el presidente empieza a perder cierto poder, cierta capacidad de influencia; se convierte en lo que la ciencia política denomina un lame duck, alguien que tiene cada vez menos proyección de futuro. El presidente de la República está siendo cada vez más agresivo en algunos de sus movimientos, utilizando el poder que tiene y generando mucho ruido. Pero también va perdiendo control sobre sus decisiones por la incertidumbre que produce la elección que viene, por los cálculos de todos los actores involucrados.
Carlos Bravo Regidor: Para terminar, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que esta decisión de la Corte puede tener al interior de las Fuerzas Armadas?
Julio Ríos Figueroa: Bueno, el presidente anunció que en septiembre del año entrante volverá a mandar la misma iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eso implica introducir el tema en las elecciones de 2024, no solo en la presidencial sino en la del Congreso, porque el destino de esa nueva iniciativa dependerá de la composición que terminen teniendo las Cámaras de Diputados y Senadores. En esto veo una parte positiva y otra negativa.
La positiva es que el asunto retoma un cauce constitucional. El presidente está admitiendo, aunque sea muy a regañadientes, que este cambio no se puede hacer por debajo de la Constitución. Suponiendo que las elecciones del 2024 son confiables, que el Instituto Nacional Electoral organiza el proceso con el profesionalismo y la capacidad que ha tenido hasta ahora —es decir, suponiendo que el “plan B” no pasa y que los votos se ejercen y se cuentan bien—, entonces serán los ciudadanos quienes decidan si le dan a Morena la Presidencia de la República y una supermayoría en las Cámaras como para que pueda aprobar esta reforma constitucional —y supongo que vendrían varias más en ese escenario—. Yo creo que eso está bien, es la vía correcta, a diferencia de lo que intentaron el presidente y su partido al ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero no logró reformar la Constitución porque no tuvo mayoría calificada, ahora tampoco logró pasarla por el “narcotúnel”. Pero si cambian las mayorías y consigue los votos, puede volver a intentarlo con otra reforma constitucional. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Bueno, ese ya es otro tema.
Carlos Bravo Regidor: Claro.
Julio Ríos Figueroa: Lo que veo negativo es que las Fuerzas Armadas van a tener un interés directo en el resultado de las elecciones. Eso implica un riesgo para el supuesto de que las elecciones se organicen bien y los votos se cuenten como se debe, porque va a estar mucho en juego y el Ejército, un actor muy poderoso, ya va a tener gallo en esa pelea. Yo creo que detrás del anuncio presidencial ya se percibe, de hecho, la influencia de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando lo que ellas llaman “seguridad jurídica”, algo que tiene mucho que ver con poder administrar la impunidad. En fin, es una maniobra con muchos riesgos, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda enrarece el proceso electoral, le mete una presión adicional muy fuerte.
¡Gracias!
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El sexenio de AMLO ya entró en su etapa final y este ocaso tiene varios efectos: entre otros, la Corte dejó de aplazar su decisión sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y resolvió en contra. Pero los ministros aún deben discutir la letra fina de este tema. ¿Qué podemos esperar tanto de ellos como del presidente?
Carlos Bravo Regidor: ¿Cómo entender la decisión de la Corte del martes pasado, cuando revirtió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
Julio Ríos Figueroa: Esta decisión de la Corte fue muy importante porque nos dice cómo concibe su papel dentro del sistema político mexicano: se tomó en serio su función como órgano garante de la constitucionalidad. Una mayoría amplia de ministros lo ponderó y lo manifestó así respecto a un tema muy complicado políticamente.
Carlos Bravo Regidor: ¿Se podía esperar que la Corte rechazara con tanta contundencia una de las medidas más polémicas, pero también una de las más emblemáticas de este gobierno?
Julio Ríos Figueroa: En principio, el caso era relativamente fácil en términos jurídicos, pero la decisión de la Corte era muy difícil, por sus consecuencias, en términos políticos. ¿Por qué? Para empezar, porque la interpretación jurídica no les exigía mucho a los ministros: era como otro “plan B”, no para el ámbito electoral sino para el militar. Al igual que con la reforma electoral, este gobierno intentó entregarle la Guardia Nacional a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero no logró los votos en el Congreso y entonces trató de hacerlo por la vía de una reforma a la ley, lo que contraviene, por fuerza, a la Constitución. En ese sentido, esta reforma representaba otro intento del actual gobierno por tratar de hacer lo que tú has llamado un “narcotúnel constitucional”: pasar por debajo de la mayoría calificada con el voto de una mayoría simple y luego esperar que, ya del otro lado, no hubiera una mayoría de ocho ministros que echara para atrás la reforma. Por eso digo que esta decisión de la Corte era fácil para los ministros, desde el punto de vista jurídico, porque es evidente la inconstitucionalidad.
Sin embargo, políticamente suponía ir en contra del gobierno en un asunto al que el presidente le ha apostado mucho: darles a las Fuerzas Armadas un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad (entre otras cosas). Es decir, la decisión de la Corte suponía ir en contra no solo de una de las políticas cruciales del sexenio, la militarización, sino también de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy dispuestas a desempeñar ese papel.
Carlos Bravo Regidor: En la entrevista que te hice hace un par de meses, explicabas que al tomar decisiones la Corte tiene que valorar no solo la argumentación jurídica y el contexto político, sino también la viabilidad de su fallo porque en la medida en que su sentencia resulte difícil —o incluso inaplicable—, y termine desobedeciéndose, entonces la autoridad de la propia Corte queda en entredicho. En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la viabilidad de esta decisión de la Corte?
Julio Ríos Figueroa: Vamos a tener que esperar. La Corte estableció el 1 de enero de 2024 como la fecha para que entre en vigencia su decisión. El presidente López Obrador respondió con mucha agresividad, instruyendo a algunos integrantes de su gabinete que no tuvieran comunicación con los ministros, aunque advirtió que acatará la decisión de la Corte y que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre este tema antes de entregar el poder. Hay mucha incertidumbre, pero en este tema específico lo más probable es que regrese de facto al estado anterior, regulado por el artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en el que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen en la construcción de la Guardia, por así decirlo, mientras se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad. Es una cuestión muy complicada. Hay otras decisiones pendientes por parte de la Corte en el tema de las Fuerzas Armadas que van a tener que ofrecer una respuesta más de fondo, por un lado, sobre el proceso de la militarización y, por el otro, sobre qué alternativas existen y cómo implementarlas.
Carlos Bravo Regidor: ¿Te parece que esta decisión de la Corte, al ser la primera de muchas, podría anticipar el sentido de las siguientes? O, más bien, ¿los votos de los ministros se reconfigurarán en cada caso?
Julio Ríos Figueroa: Creo que sucederá lo segundo, una reconfiguración de los votos, porque este caso —como decía— era más sencillo jurídicamente. Si la Corte no rechazaba esta reforma, se habría anulado a sí misma como corte constitucional, es decir, como el órgano de control que regula las leyes y los actos de las autoridades interpretando la Constitución.
Lo que podemos esperar de los casos pendientes —que tocan la organización y las facultades de la Guardia Nacional, su uso de la fuerza letal y la jurisdicción militar, por ejemplo— es que los ministros tengan que discutir detalles más finos o técnicos. Ahí puede haber más diferencias entre ellos y, por lo tanto, más variedad en las configuraciones de los votos al momento de decidir la constitucionalidad de las leyes que regulan estos temas.
Carlos Bravo Regidor: Ampliando un poco el lente más allá de la militarización, si esta votación representa un rechazo claro y fuerte a la política del “narcotúnel constitucional”, ¿no anticiparía, también, la formación de un bloque de ministros respecto al “plan B” electoral, que el presidente López Obrador y su coalición en el Congreso aprobaron de la misma manera?
Julio Ríos Figueroa: Podría ser. Aunque en términos jurídicos la reforma electoral conocida como “plan B” es más compleja, se parece más a los temas pendientes que hay en la Corte y que acabo de mencionar. El “plan B” incluye un par de leyes nuevas, reformas a otras, varios artículos, en fin. Si la Corte opta por un argumento más general, por ejemplo, sobre los posibles vicios en el proceso legislativo del “plan B”, podría ser que de nuevo se configure una supermayoría de ministros (probablemente, compuesta por los mismos). Pero si la Corte no opta por esa vía de argumentación, me parece probable que veamos diferentes configuraciones de votos para los distintos temas que habrán de analizarse acerca de lo que en conjunto se conoce como “plan B”. Por ahora, todas las opciones están abiertas y el “plan B” está suspendido por una decisión, en mi opinión correcta, del ministro Laynez.
Carlos Bravo Regidor: En estos últimos meses ha habido un cambio importante de contexto político, no solo porque cambió la presidencia de la Corte, sino también porque el sexenio ya entró claramente en su fase final. ¿Consideras que el cambio de contexto afectó esta decisión de la Corte y que puede influir en las sucesivas decisiones que tome respecto a la militarización?
Julio Ríos Figueroa: Sí, desde luego. En primer lugar, el cambio en la presidencia de la Corte ha sido muy importante. Este asunto particular de la Guardia Nacional, la Corte lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y durante la presidencia anterior, la del ministro Arturo Zaldívar, claramente decidió darle largas, postergarlo. Con la nueva presidencia de la ministra Norma Piña se enlistó el asunto y se resolvió muy rápido. La consecuencia del relevo de Piña por Zaldívar es obvia en este tema.
En segundo lugar, efectivamente, estar entrando en la etapa final del sexenio tiene consecuencias. Diversos estudios de ciencia política coinciden en que conforme se acerca el cambio de gobierno, como es nuestro caso hacia el 2024, los jueces empiezan a calibrar sus decisiones a partir de sus expectativas sobre lo que puede venir después de la elección, dentro de los marcos y los márgenes que les permiten el caso, el momento y la Constitución. La sucesión presidencial importa también porque conforme se acerca el final del sexenio, el presidente empieza a perder cierto poder, cierta capacidad de influencia; se convierte en lo que la ciencia política denomina un lame duck, alguien que tiene cada vez menos proyección de futuro. El presidente de la República está siendo cada vez más agresivo en algunos de sus movimientos, utilizando el poder que tiene y generando mucho ruido. Pero también va perdiendo control sobre sus decisiones por la incertidumbre que produce la elección que viene, por los cálculos de todos los actores involucrados.
Carlos Bravo Regidor: Para terminar, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que esta decisión de la Corte puede tener al interior de las Fuerzas Armadas?
Julio Ríos Figueroa: Bueno, el presidente anunció que en septiembre del año entrante volverá a mandar la misma iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eso implica introducir el tema en las elecciones de 2024, no solo en la presidencial sino en la del Congreso, porque el destino de esa nueva iniciativa dependerá de la composición que terminen teniendo las Cámaras de Diputados y Senadores. En esto veo una parte positiva y otra negativa.
La positiva es que el asunto retoma un cauce constitucional. El presidente está admitiendo, aunque sea muy a regañadientes, que este cambio no se puede hacer por debajo de la Constitución. Suponiendo que las elecciones del 2024 son confiables, que el Instituto Nacional Electoral organiza el proceso con el profesionalismo y la capacidad que ha tenido hasta ahora —es decir, suponiendo que el “plan B” no pasa y que los votos se ejercen y se cuentan bien—, entonces serán los ciudadanos quienes decidan si le dan a Morena la Presidencia de la República y una supermayoría en las Cámaras como para que pueda aprobar esta reforma constitucional —y supongo que vendrían varias más en ese escenario—. Yo creo que eso está bien, es la vía correcta, a diferencia de lo que intentaron el presidente y su partido al ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero no logró reformar la Constitución porque no tuvo mayoría calificada, ahora tampoco logró pasarla por el “narcotúnel”. Pero si cambian las mayorías y consigue los votos, puede volver a intentarlo con otra reforma constitucional. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Bueno, ese ya es otro tema.
Carlos Bravo Regidor: Claro.
Julio Ríos Figueroa: Lo que veo negativo es que las Fuerzas Armadas van a tener un interés directo en el resultado de las elecciones. Eso implica un riesgo para el supuesto de que las elecciones se organicen bien y los votos se cuenten como se debe, porque va a estar mucho en juego y el Ejército, un actor muy poderoso, ya va a tener gallo en esa pelea. Yo creo que detrás del anuncio presidencial ya se percibe, de hecho, la influencia de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando lo que ellas llaman “seguridad jurídica”, algo que tiene mucho que ver con poder administrar la impunidad. En fin, es una maniobra con muchos riesgos, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda enrarece el proceso electoral, le mete una presión adicional muy fuerte.
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Ilustración de Camila López Darce.
El sexenio de AMLO ya entró en su etapa final y este ocaso tiene varios efectos: entre otros, la Corte dejó de aplazar su decisión sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y resolvió en contra. Pero los ministros aún deben discutir la letra fina de este tema. ¿Qué podemos esperar tanto de ellos como del presidente?
Carlos Bravo Regidor: ¿Cómo entender la decisión de la Corte del martes pasado, cuando revirtió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
Julio Ríos Figueroa: Esta decisión de la Corte fue muy importante porque nos dice cómo concibe su papel dentro del sistema político mexicano: se tomó en serio su función como órgano garante de la constitucionalidad. Una mayoría amplia de ministros lo ponderó y lo manifestó así respecto a un tema muy complicado políticamente.
Carlos Bravo Regidor: ¿Se podía esperar que la Corte rechazara con tanta contundencia una de las medidas más polémicas, pero también una de las más emblemáticas de este gobierno?
Julio Ríos Figueroa: En principio, el caso era relativamente fácil en términos jurídicos, pero la decisión de la Corte era muy difícil, por sus consecuencias, en términos políticos. ¿Por qué? Para empezar, porque la interpretación jurídica no les exigía mucho a los ministros: era como otro “plan B”, no para el ámbito electoral sino para el militar. Al igual que con la reforma electoral, este gobierno intentó entregarle la Guardia Nacional a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero no logró los votos en el Congreso y entonces trató de hacerlo por la vía de una reforma a la ley, lo que contraviene, por fuerza, a la Constitución. En ese sentido, esta reforma representaba otro intento del actual gobierno por tratar de hacer lo que tú has llamado un “narcotúnel constitucional”: pasar por debajo de la mayoría calificada con el voto de una mayoría simple y luego esperar que, ya del otro lado, no hubiera una mayoría de ocho ministros que echara para atrás la reforma. Por eso digo que esta decisión de la Corte era fácil para los ministros, desde el punto de vista jurídico, porque es evidente la inconstitucionalidad.
Sin embargo, políticamente suponía ir en contra del gobierno en un asunto al que el presidente le ha apostado mucho: darles a las Fuerzas Armadas un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad (entre otras cosas). Es decir, la decisión de la Corte suponía ir en contra no solo de una de las políticas cruciales del sexenio, la militarización, sino también de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy dispuestas a desempeñar ese papel.
Carlos Bravo Regidor: En la entrevista que te hice hace un par de meses, explicabas que al tomar decisiones la Corte tiene que valorar no solo la argumentación jurídica y el contexto político, sino también la viabilidad de su fallo porque en la medida en que su sentencia resulte difícil —o incluso inaplicable—, y termine desobedeciéndose, entonces la autoridad de la propia Corte queda en entredicho. En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la viabilidad de esta decisión de la Corte?
Julio Ríos Figueroa: Vamos a tener que esperar. La Corte estableció el 1 de enero de 2024 como la fecha para que entre en vigencia su decisión. El presidente López Obrador respondió con mucha agresividad, instruyendo a algunos integrantes de su gabinete que no tuvieran comunicación con los ministros, aunque advirtió que acatará la decisión de la Corte y que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre este tema antes de entregar el poder. Hay mucha incertidumbre, pero en este tema específico lo más probable es que regrese de facto al estado anterior, regulado por el artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en el que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen en la construcción de la Guardia, por así decirlo, mientras se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad. Es una cuestión muy complicada. Hay otras decisiones pendientes por parte de la Corte en el tema de las Fuerzas Armadas que van a tener que ofrecer una respuesta más de fondo, por un lado, sobre el proceso de la militarización y, por el otro, sobre qué alternativas existen y cómo implementarlas.
Carlos Bravo Regidor: ¿Te parece que esta decisión de la Corte, al ser la primera de muchas, podría anticipar el sentido de las siguientes? O, más bien, ¿los votos de los ministros se reconfigurarán en cada caso?
Julio Ríos Figueroa: Creo que sucederá lo segundo, una reconfiguración de los votos, porque este caso —como decía— era más sencillo jurídicamente. Si la Corte no rechazaba esta reforma, se habría anulado a sí misma como corte constitucional, es decir, como el órgano de control que regula las leyes y los actos de las autoridades interpretando la Constitución.
Lo que podemos esperar de los casos pendientes —que tocan la organización y las facultades de la Guardia Nacional, su uso de la fuerza letal y la jurisdicción militar, por ejemplo— es que los ministros tengan que discutir detalles más finos o técnicos. Ahí puede haber más diferencias entre ellos y, por lo tanto, más variedad en las configuraciones de los votos al momento de decidir la constitucionalidad de las leyes que regulan estos temas.
Carlos Bravo Regidor: Ampliando un poco el lente más allá de la militarización, si esta votación representa un rechazo claro y fuerte a la política del “narcotúnel constitucional”, ¿no anticiparía, también, la formación de un bloque de ministros respecto al “plan B” electoral, que el presidente López Obrador y su coalición en el Congreso aprobaron de la misma manera?
Julio Ríos Figueroa: Podría ser. Aunque en términos jurídicos la reforma electoral conocida como “plan B” es más compleja, se parece más a los temas pendientes que hay en la Corte y que acabo de mencionar. El “plan B” incluye un par de leyes nuevas, reformas a otras, varios artículos, en fin. Si la Corte opta por un argumento más general, por ejemplo, sobre los posibles vicios en el proceso legislativo del “plan B”, podría ser que de nuevo se configure una supermayoría de ministros (probablemente, compuesta por los mismos). Pero si la Corte no opta por esa vía de argumentación, me parece probable que veamos diferentes configuraciones de votos para los distintos temas que habrán de analizarse acerca de lo que en conjunto se conoce como “plan B”. Por ahora, todas las opciones están abiertas y el “plan B” está suspendido por una decisión, en mi opinión correcta, del ministro Laynez.
Carlos Bravo Regidor: En estos últimos meses ha habido un cambio importante de contexto político, no solo porque cambió la presidencia de la Corte, sino también porque el sexenio ya entró claramente en su fase final. ¿Consideras que el cambio de contexto afectó esta decisión de la Corte y que puede influir en las sucesivas decisiones que tome respecto a la militarización?
Julio Ríos Figueroa: Sí, desde luego. En primer lugar, el cambio en la presidencia de la Corte ha sido muy importante. Este asunto particular de la Guardia Nacional, la Corte lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y durante la presidencia anterior, la del ministro Arturo Zaldívar, claramente decidió darle largas, postergarlo. Con la nueva presidencia de la ministra Norma Piña se enlistó el asunto y se resolvió muy rápido. La consecuencia del relevo de Piña por Zaldívar es obvia en este tema.
En segundo lugar, efectivamente, estar entrando en la etapa final del sexenio tiene consecuencias. Diversos estudios de ciencia política coinciden en que conforme se acerca el cambio de gobierno, como es nuestro caso hacia el 2024, los jueces empiezan a calibrar sus decisiones a partir de sus expectativas sobre lo que puede venir después de la elección, dentro de los marcos y los márgenes que les permiten el caso, el momento y la Constitución. La sucesión presidencial importa también porque conforme se acerca el final del sexenio, el presidente empieza a perder cierto poder, cierta capacidad de influencia; se convierte en lo que la ciencia política denomina un lame duck, alguien que tiene cada vez menos proyección de futuro. El presidente de la República está siendo cada vez más agresivo en algunos de sus movimientos, utilizando el poder que tiene y generando mucho ruido. Pero también va perdiendo control sobre sus decisiones por la incertidumbre que produce la elección que viene, por los cálculos de todos los actores involucrados.
Carlos Bravo Regidor: Para terminar, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que esta decisión de la Corte puede tener al interior de las Fuerzas Armadas?
Julio Ríos Figueroa: Bueno, el presidente anunció que en septiembre del año entrante volverá a mandar la misma iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eso implica introducir el tema en las elecciones de 2024, no solo en la presidencial sino en la del Congreso, porque el destino de esa nueva iniciativa dependerá de la composición que terminen teniendo las Cámaras de Diputados y Senadores. En esto veo una parte positiva y otra negativa.
La positiva es que el asunto retoma un cauce constitucional. El presidente está admitiendo, aunque sea muy a regañadientes, que este cambio no se puede hacer por debajo de la Constitución. Suponiendo que las elecciones del 2024 son confiables, que el Instituto Nacional Electoral organiza el proceso con el profesionalismo y la capacidad que ha tenido hasta ahora —es decir, suponiendo que el “plan B” no pasa y que los votos se ejercen y se cuentan bien—, entonces serán los ciudadanos quienes decidan si le dan a Morena la Presidencia de la República y una supermayoría en las Cámaras como para que pueda aprobar esta reforma constitucional —y supongo que vendrían varias más en ese escenario—. Yo creo que eso está bien, es la vía correcta, a diferencia de lo que intentaron el presidente y su partido al ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero no logró reformar la Constitución porque no tuvo mayoría calificada, ahora tampoco logró pasarla por el “narcotúnel”. Pero si cambian las mayorías y consigue los votos, puede volver a intentarlo con otra reforma constitucional. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Bueno, ese ya es otro tema.
Carlos Bravo Regidor: Claro.
Julio Ríos Figueroa: Lo que veo negativo es que las Fuerzas Armadas van a tener un interés directo en el resultado de las elecciones. Eso implica un riesgo para el supuesto de que las elecciones se organicen bien y los votos se cuenten como se debe, porque va a estar mucho en juego y el Ejército, un actor muy poderoso, ya va a tener gallo en esa pelea. Yo creo que detrás del anuncio presidencial ya se percibe, de hecho, la influencia de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando lo que ellas llaman “seguridad jurídica”, algo que tiene mucho que ver con poder administrar la impunidad. En fin, es una maniobra con muchos riesgos, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda enrarece el proceso electoral, le mete una presión adicional muy fuerte.
¡Gracias!
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El sexenio de AMLO ya entró en su etapa final y este ocaso tiene varios efectos: entre otros, la Corte dejó de aplazar su decisión sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y resolvió en contra. Pero los ministros aún deben discutir la letra fina de este tema. ¿Qué podemos esperar tanto de ellos como del presidente?
Carlos Bravo Regidor: ¿Cómo entender la decisión de la Corte del martes pasado, cuando revirtió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
Julio Ríos Figueroa: Esta decisión de la Corte fue muy importante porque nos dice cómo concibe su papel dentro del sistema político mexicano: se tomó en serio su función como órgano garante de la constitucionalidad. Una mayoría amplia de ministros lo ponderó y lo manifestó así respecto a un tema muy complicado políticamente.
Carlos Bravo Regidor: ¿Se podía esperar que la Corte rechazara con tanta contundencia una de las medidas más polémicas, pero también una de las más emblemáticas de este gobierno?
Julio Ríos Figueroa: En principio, el caso era relativamente fácil en términos jurídicos, pero la decisión de la Corte era muy difícil, por sus consecuencias, en términos políticos. ¿Por qué? Para empezar, porque la interpretación jurídica no les exigía mucho a los ministros: era como otro “plan B”, no para el ámbito electoral sino para el militar. Al igual que con la reforma electoral, este gobierno intentó entregarle la Guardia Nacional a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero no logró los votos en el Congreso y entonces trató de hacerlo por la vía de una reforma a la ley, lo que contraviene, por fuerza, a la Constitución. En ese sentido, esta reforma representaba otro intento del actual gobierno por tratar de hacer lo que tú has llamado un “narcotúnel constitucional”: pasar por debajo de la mayoría calificada con el voto de una mayoría simple y luego esperar que, ya del otro lado, no hubiera una mayoría de ocho ministros que echara para atrás la reforma. Por eso digo que esta decisión de la Corte era fácil para los ministros, desde el punto de vista jurídico, porque es evidente la inconstitucionalidad.
Sin embargo, políticamente suponía ir en contra del gobierno en un asunto al que el presidente le ha apostado mucho: darles a las Fuerzas Armadas un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad (entre otras cosas). Es decir, la decisión de la Corte suponía ir en contra no solo de una de las políticas cruciales del sexenio, la militarización, sino también de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy dispuestas a desempeñar ese papel.
Carlos Bravo Regidor: En la entrevista que te hice hace un par de meses, explicabas que al tomar decisiones la Corte tiene que valorar no solo la argumentación jurídica y el contexto político, sino también la viabilidad de su fallo porque en la medida en que su sentencia resulte difícil —o incluso inaplicable—, y termine desobedeciéndose, entonces la autoridad de la propia Corte queda en entredicho. En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la viabilidad de esta decisión de la Corte?
Julio Ríos Figueroa: Vamos a tener que esperar. La Corte estableció el 1 de enero de 2024 como la fecha para que entre en vigencia su decisión. El presidente López Obrador respondió con mucha agresividad, instruyendo a algunos integrantes de su gabinete que no tuvieran comunicación con los ministros, aunque advirtió que acatará la decisión de la Corte y que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre este tema antes de entregar el poder. Hay mucha incertidumbre, pero en este tema específico lo más probable es que regrese de facto al estado anterior, regulado por el artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en el que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen en la construcción de la Guardia, por así decirlo, mientras se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad. Es una cuestión muy complicada. Hay otras decisiones pendientes por parte de la Corte en el tema de las Fuerzas Armadas que van a tener que ofrecer una respuesta más de fondo, por un lado, sobre el proceso de la militarización y, por el otro, sobre qué alternativas existen y cómo implementarlas.
Carlos Bravo Regidor: ¿Te parece que esta decisión de la Corte, al ser la primera de muchas, podría anticipar el sentido de las siguientes? O, más bien, ¿los votos de los ministros se reconfigurarán en cada caso?
Julio Ríos Figueroa: Creo que sucederá lo segundo, una reconfiguración de los votos, porque este caso —como decía— era más sencillo jurídicamente. Si la Corte no rechazaba esta reforma, se habría anulado a sí misma como corte constitucional, es decir, como el órgano de control que regula las leyes y los actos de las autoridades interpretando la Constitución.
Lo que podemos esperar de los casos pendientes —que tocan la organización y las facultades de la Guardia Nacional, su uso de la fuerza letal y la jurisdicción militar, por ejemplo— es que los ministros tengan que discutir detalles más finos o técnicos. Ahí puede haber más diferencias entre ellos y, por lo tanto, más variedad en las configuraciones de los votos al momento de decidir la constitucionalidad de las leyes que regulan estos temas.
Carlos Bravo Regidor: Ampliando un poco el lente más allá de la militarización, si esta votación representa un rechazo claro y fuerte a la política del “narcotúnel constitucional”, ¿no anticiparía, también, la formación de un bloque de ministros respecto al “plan B” electoral, que el presidente López Obrador y su coalición en el Congreso aprobaron de la misma manera?
Julio Ríos Figueroa: Podría ser. Aunque en términos jurídicos la reforma electoral conocida como “plan B” es más compleja, se parece más a los temas pendientes que hay en la Corte y que acabo de mencionar. El “plan B” incluye un par de leyes nuevas, reformas a otras, varios artículos, en fin. Si la Corte opta por un argumento más general, por ejemplo, sobre los posibles vicios en el proceso legislativo del “plan B”, podría ser que de nuevo se configure una supermayoría de ministros (probablemente, compuesta por los mismos). Pero si la Corte no opta por esa vía de argumentación, me parece probable que veamos diferentes configuraciones de votos para los distintos temas que habrán de analizarse acerca de lo que en conjunto se conoce como “plan B”. Por ahora, todas las opciones están abiertas y el “plan B” está suspendido por una decisión, en mi opinión correcta, del ministro Laynez.
Carlos Bravo Regidor: En estos últimos meses ha habido un cambio importante de contexto político, no solo porque cambió la presidencia de la Corte, sino también porque el sexenio ya entró claramente en su fase final. ¿Consideras que el cambio de contexto afectó esta decisión de la Corte y que puede influir en las sucesivas decisiones que tome respecto a la militarización?
Julio Ríos Figueroa: Sí, desde luego. En primer lugar, el cambio en la presidencia de la Corte ha sido muy importante. Este asunto particular de la Guardia Nacional, la Corte lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y durante la presidencia anterior, la del ministro Arturo Zaldívar, claramente decidió darle largas, postergarlo. Con la nueva presidencia de la ministra Norma Piña se enlistó el asunto y se resolvió muy rápido. La consecuencia del relevo de Piña por Zaldívar es obvia en este tema.
En segundo lugar, efectivamente, estar entrando en la etapa final del sexenio tiene consecuencias. Diversos estudios de ciencia política coinciden en que conforme se acerca el cambio de gobierno, como es nuestro caso hacia el 2024, los jueces empiezan a calibrar sus decisiones a partir de sus expectativas sobre lo que puede venir después de la elección, dentro de los marcos y los márgenes que les permiten el caso, el momento y la Constitución. La sucesión presidencial importa también porque conforme se acerca el final del sexenio, el presidente empieza a perder cierto poder, cierta capacidad de influencia; se convierte en lo que la ciencia política denomina un lame duck, alguien que tiene cada vez menos proyección de futuro. El presidente de la República está siendo cada vez más agresivo en algunos de sus movimientos, utilizando el poder que tiene y generando mucho ruido. Pero también va perdiendo control sobre sus decisiones por la incertidumbre que produce la elección que viene, por los cálculos de todos los actores involucrados.
Carlos Bravo Regidor: Para terminar, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que esta decisión de la Corte puede tener al interior de las Fuerzas Armadas?
Julio Ríos Figueroa: Bueno, el presidente anunció que en septiembre del año entrante volverá a mandar la misma iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eso implica introducir el tema en las elecciones de 2024, no solo en la presidencial sino en la del Congreso, porque el destino de esa nueva iniciativa dependerá de la composición que terminen teniendo las Cámaras de Diputados y Senadores. En esto veo una parte positiva y otra negativa.
La positiva es que el asunto retoma un cauce constitucional. El presidente está admitiendo, aunque sea muy a regañadientes, que este cambio no se puede hacer por debajo de la Constitución. Suponiendo que las elecciones del 2024 son confiables, que el Instituto Nacional Electoral organiza el proceso con el profesionalismo y la capacidad que ha tenido hasta ahora —es decir, suponiendo que el “plan B” no pasa y que los votos se ejercen y se cuentan bien—, entonces serán los ciudadanos quienes decidan si le dan a Morena la Presidencia de la República y una supermayoría en las Cámaras como para que pueda aprobar esta reforma constitucional —y supongo que vendrían varias más en ese escenario—. Yo creo que eso está bien, es la vía correcta, a diferencia de lo que intentaron el presidente y su partido al ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero no logró reformar la Constitución porque no tuvo mayoría calificada, ahora tampoco logró pasarla por el “narcotúnel”. Pero si cambian las mayorías y consigue los votos, puede volver a intentarlo con otra reforma constitucional. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Bueno, ese ya es otro tema.
Carlos Bravo Regidor: Claro.
Julio Ríos Figueroa: Lo que veo negativo es que las Fuerzas Armadas van a tener un interés directo en el resultado de las elecciones. Eso implica un riesgo para el supuesto de que las elecciones se organicen bien y los votos se cuenten como se debe, porque va a estar mucho en juego y el Ejército, un actor muy poderoso, ya va a tener gallo en esa pelea. Yo creo que detrás del anuncio presidencial ya se percibe, de hecho, la influencia de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando lo que ellas llaman “seguridad jurídica”, algo que tiene mucho que ver con poder administrar la impunidad. En fin, es una maniobra con muchos riesgos, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda enrarece el proceso electoral, le mete una presión adicional muy fuerte.
¡Gracias!
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Ilustración de Camila López Darce.
El sexenio de AMLO ya entró en su etapa final y este ocaso tiene varios efectos: entre otros, la Corte dejó de aplazar su decisión sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y resolvió en contra. Pero los ministros aún deben discutir la letra fina de este tema. ¿Qué podemos esperar tanto de ellos como del presidente?
Carlos Bravo Regidor: ¿Cómo entender la decisión de la Corte del martes pasado, cuando revirtió el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa?
Julio Ríos Figueroa: Esta decisión de la Corte fue muy importante porque nos dice cómo concibe su papel dentro del sistema político mexicano: se tomó en serio su función como órgano garante de la constitucionalidad. Una mayoría amplia de ministros lo ponderó y lo manifestó así respecto a un tema muy complicado políticamente.
Carlos Bravo Regidor: ¿Se podía esperar que la Corte rechazara con tanta contundencia una de las medidas más polémicas, pero también una de las más emblemáticas de este gobierno?
Julio Ríos Figueroa: En principio, el caso era relativamente fácil en términos jurídicos, pero la decisión de la Corte era muy difícil, por sus consecuencias, en términos políticos. ¿Por qué? Para empezar, porque la interpretación jurídica no les exigía mucho a los ministros: era como otro “plan B”, no para el ámbito electoral sino para el militar. Al igual que con la reforma electoral, este gobierno intentó entregarle la Guardia Nacional a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero no logró los votos en el Congreso y entonces trató de hacerlo por la vía de una reforma a la ley, lo que contraviene, por fuerza, a la Constitución. En ese sentido, esta reforma representaba otro intento del actual gobierno por tratar de hacer lo que tú has llamado un “narcotúnel constitucional”: pasar por debajo de la mayoría calificada con el voto de una mayoría simple y luego esperar que, ya del otro lado, no hubiera una mayoría de ocho ministros que echara para atrás la reforma. Por eso digo que esta decisión de la Corte era fácil para los ministros, desde el punto de vista jurídico, porque es evidente la inconstitucionalidad.
Sin embargo, políticamente suponía ir en contra del gobierno en un asunto al que el presidente le ha apostado mucho: darles a las Fuerzas Armadas un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad (entre otras cosas). Es decir, la decisión de la Corte suponía ir en contra no solo de una de las políticas cruciales del sexenio, la militarización, sino también de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy dispuestas a desempeñar ese papel.
Carlos Bravo Regidor: En la entrevista que te hice hace un par de meses, explicabas que al tomar decisiones la Corte tiene que valorar no solo la argumentación jurídica y el contexto político, sino también la viabilidad de su fallo porque en la medida en que su sentencia resulte difícil —o incluso inaplicable—, y termine desobedeciéndose, entonces la autoridad de la propia Corte queda en entredicho. En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la viabilidad de esta decisión de la Corte?
Julio Ríos Figueroa: Vamos a tener que esperar. La Corte estableció el 1 de enero de 2024 como la fecha para que entre en vigencia su decisión. El presidente López Obrador respondió con mucha agresividad, instruyendo a algunos integrantes de su gabinete que no tuvieran comunicación con los ministros, aunque advirtió que acatará la decisión de la Corte y que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre este tema antes de entregar el poder. Hay mucha incertidumbre, pero en este tema específico lo más probable es que regrese de facto al estado anterior, regulado por el artículo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en el que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen en la construcción de la Guardia, por así decirlo, mientras se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad. Es una cuestión muy complicada. Hay otras decisiones pendientes por parte de la Corte en el tema de las Fuerzas Armadas que van a tener que ofrecer una respuesta más de fondo, por un lado, sobre el proceso de la militarización y, por el otro, sobre qué alternativas existen y cómo implementarlas.
Carlos Bravo Regidor: ¿Te parece que esta decisión de la Corte, al ser la primera de muchas, podría anticipar el sentido de las siguientes? O, más bien, ¿los votos de los ministros se reconfigurarán en cada caso?
Julio Ríos Figueroa: Creo que sucederá lo segundo, una reconfiguración de los votos, porque este caso —como decía— era más sencillo jurídicamente. Si la Corte no rechazaba esta reforma, se habría anulado a sí misma como corte constitucional, es decir, como el órgano de control que regula las leyes y los actos de las autoridades interpretando la Constitución.
Lo que podemos esperar de los casos pendientes —que tocan la organización y las facultades de la Guardia Nacional, su uso de la fuerza letal y la jurisdicción militar, por ejemplo— es que los ministros tengan que discutir detalles más finos o técnicos. Ahí puede haber más diferencias entre ellos y, por lo tanto, más variedad en las configuraciones de los votos al momento de decidir la constitucionalidad de las leyes que regulan estos temas.
Carlos Bravo Regidor: Ampliando un poco el lente más allá de la militarización, si esta votación representa un rechazo claro y fuerte a la política del “narcotúnel constitucional”, ¿no anticiparía, también, la formación de un bloque de ministros respecto al “plan B” electoral, que el presidente López Obrador y su coalición en el Congreso aprobaron de la misma manera?
Julio Ríos Figueroa: Podría ser. Aunque en términos jurídicos la reforma electoral conocida como “plan B” es más compleja, se parece más a los temas pendientes que hay en la Corte y que acabo de mencionar. El “plan B” incluye un par de leyes nuevas, reformas a otras, varios artículos, en fin. Si la Corte opta por un argumento más general, por ejemplo, sobre los posibles vicios en el proceso legislativo del “plan B”, podría ser que de nuevo se configure una supermayoría de ministros (probablemente, compuesta por los mismos). Pero si la Corte no opta por esa vía de argumentación, me parece probable que veamos diferentes configuraciones de votos para los distintos temas que habrán de analizarse acerca de lo que en conjunto se conoce como “plan B”. Por ahora, todas las opciones están abiertas y el “plan B” está suspendido por una decisión, en mi opinión correcta, del ministro Laynez.
Carlos Bravo Regidor: En estos últimos meses ha habido un cambio importante de contexto político, no solo porque cambió la presidencia de la Corte, sino también porque el sexenio ya entró claramente en su fase final. ¿Consideras que el cambio de contexto afectó esta decisión de la Corte y que puede influir en las sucesivas decisiones que tome respecto a la militarización?
Julio Ríos Figueroa: Sí, desde luego. En primer lugar, el cambio en la presidencia de la Corte ha sido muy importante. Este asunto particular de la Guardia Nacional, la Corte lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y durante la presidencia anterior, la del ministro Arturo Zaldívar, claramente decidió darle largas, postergarlo. Con la nueva presidencia de la ministra Norma Piña se enlistó el asunto y se resolvió muy rápido. La consecuencia del relevo de Piña por Zaldívar es obvia en este tema.
En segundo lugar, efectivamente, estar entrando en la etapa final del sexenio tiene consecuencias. Diversos estudios de ciencia política coinciden en que conforme se acerca el cambio de gobierno, como es nuestro caso hacia el 2024, los jueces empiezan a calibrar sus decisiones a partir de sus expectativas sobre lo que puede venir después de la elección, dentro de los marcos y los márgenes que les permiten el caso, el momento y la Constitución. La sucesión presidencial importa también porque conforme se acerca el final del sexenio, el presidente empieza a perder cierto poder, cierta capacidad de influencia; se convierte en lo que la ciencia política denomina un lame duck, alguien que tiene cada vez menos proyección de futuro. El presidente de la República está siendo cada vez más agresivo en algunos de sus movimientos, utilizando el poder que tiene y generando mucho ruido. Pero también va perdiendo control sobre sus decisiones por la incertidumbre que produce la elección que viene, por los cálculos de todos los actores involucrados.
Carlos Bravo Regidor: Para terminar, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que esta decisión de la Corte puede tener al interior de las Fuerzas Armadas?
Julio Ríos Figueroa: Bueno, el presidente anunció que en septiembre del año entrante volverá a mandar la misma iniciativa de reforma constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Eso implica introducir el tema en las elecciones de 2024, no solo en la presidencial sino en la del Congreso, porque el destino de esa nueva iniciativa dependerá de la composición que terminen teniendo las Cámaras de Diputados y Senadores. En esto veo una parte positiva y otra negativa.
La positiva es que el asunto retoma un cauce constitucional. El presidente está admitiendo, aunque sea muy a regañadientes, que este cambio no se puede hacer por debajo de la Constitución. Suponiendo que las elecciones del 2024 son confiables, que el Instituto Nacional Electoral organiza el proceso con el profesionalismo y la capacidad que ha tenido hasta ahora —es decir, suponiendo que el “plan B” no pasa y que los votos se ejercen y se cuentan bien—, entonces serán los ciudadanos quienes decidan si le dan a Morena la Presidencia de la República y una supermayoría en las Cámaras como para que pueda aprobar esta reforma constitucional —y supongo que vendrían varias más en ese escenario—. Yo creo que eso está bien, es la vía correcta, a diferencia de lo que intentaron el presidente y su partido al ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero no logró reformar la Constitución porque no tuvo mayoría calificada, ahora tampoco logró pasarla por el “narcotúnel”. Pero si cambian las mayorías y consigue los votos, puede volver a intentarlo con otra reforma constitucional. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Bueno, ese ya es otro tema.
Carlos Bravo Regidor: Claro.
Julio Ríos Figueroa: Lo que veo negativo es que las Fuerzas Armadas van a tener un interés directo en el resultado de las elecciones. Eso implica un riesgo para el supuesto de que las elecciones se organicen bien y los votos se cuenten como se debe, porque va a estar mucho en juego y el Ejército, un actor muy poderoso, ya va a tener gallo en esa pelea. Yo creo que detrás del anuncio presidencial ya se percibe, de hecho, la influencia de las Fuerzas Armadas, que siguen reclamando lo que ellas llaman “seguridad jurídica”, algo que tiene mucho que ver con poder administrar la impunidad. En fin, es una maniobra con muchos riesgos, vamos a ver qué pasa. Pero sin duda enrarece el proceso electoral, le mete una presión adicional muy fuerte.
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