No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
A la consulta acudirán los ciudadanos con distintas ideas sobre lo que están votando, debido a la redacción enredosa de la pregunta. Los políticos de diferentes bandos y ciertos grupos de la sociedad aprovecharán esa falta de claridad para imponer sus interpretaciones sobre lo que, supuestamente, “la gente quiso”.
Este domingo la ciudadanía está convocada a participar en la primera consulta popular. Sin embargo, es cada vez más evidente que en esta elección los ciudadanos realmente no tendrán influencia porque el proceso se ha vaciado por dentro. En primer lugar, la pregunta es enredosa y, por lo tanto, no se sabe con certeza qué alternativas se están votando. En segundo lugar, aunque la ley permite que las consultas sean vinculantes, la Suprema Corte resolvió que ésta no podrá sujetar al Estado a ninguna obligación. Así, la democracia directa se dará en las formas, sin que el sentido de la votación tenga efecto.Empecemos por la pregunta: debido a que su redacción es confusa, los electores acudirán a las urnas con ideas distintas sobre lo que están votando. Mucho se ha escrito para dejar claro que la Suprema Corte aprobó una redacción cuyo significado elude a los ciudadanos, pero no se ha dicho lo suficiente sobre los efectos de esta confusión. A río revuelto, ganancia de los políticos: quien decidirá qué implicaciones tiene la consulta no serán los ciudadanos. Eso sucederá en un momento posterior a la votación, en la pugna entre las posturas de distintos grupos.Para el presidente, los políticos de Morena y sus simpatizantes, la consulta se hace para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se enjuicie a ciertos expresidentes. Para ellos, no hace falta investigar, pues han difundido la idea de que esos expresidentes son culpables; lo único que hace falta es aclarar los detalles de su culpabilidad. El problema con esta postura es que la Constitución no permite que la justicia sea dirigida por el voto popular; en otras palabras, el proceso judicial debería ocurrir por sí mismo, sin necesidad de consultarlo. Además, surge otra duda: si hay pruebas de los delitos, ¿por qué no se han iniciado ya las investigaciones y por qué no se ha llevado a los expresidentes a juicio? De manera más fundamental, la falla de esta postura es que la pregunta en la boleta simplemente no dice que se trata de una consulta para enjuiciarlos.Para otros grupos, en cambio, la consulta de hoy es una pantomima. Esta es la postura de muchos académicos y estudiosos del derecho. La redacción de la pregunta es tan vaga que carece de sentido claro y, además, duplica las obligaciones legales y constitucionales que ya tienen las autoridades en México. Para ellos, éste no es más que un ejercicio vacuo, un cuento “lleno de ruido y furia, que nada significa”, diría Macbeth. A esta postura no le falta razón, pero no reconoce que la elección puede adquirir significados que influyan en la política.[read more]Otros grupos, en específico, los de la sociedad civil, han buscado imbuir de un significado diferente a la votación. Justicia Transicional MX se distingue entre ellos por su enfoque y coherencia. Han buscado encuadrar la consulta como el detonador de un proceso de justicia transicional, es decir, que el Estado mexicano asuma que en el país han ocurrido violaciones masivas y graves de derechos humanos. Si después de este domingo se inicia un proceso centrado en los derechos de las víctimas, será un desenlace positivo a un asunto que hasta ahora ha sido más bien lóbrego. Pero la posibilidad de que eso suceda parece remota porque, de nuevo, la pregunta de la consulta no dice que se trate de un proceso de justicia transicional y, en cambio, es tan vaga que está abierta a múltiples interpretaciones y no necesariamente la que subsista será la mejor para las víctimas del Estado mexicano.Otra razón por la que no existe claridad sobre la consulta es que no ha habido propuestas de fondo. Quienes impulsaron el proceso no hicieron el esfuerzo de traducir el eslogan “juicio a expresidentes” a una política pública. Para hacerlo, habrían tenido que responder: ¿qué acciones específicas llevará a cabo el gobierno?, ¿qué recursos del Estado se pondrán en marcha?, ¿qué indicios tienen las autoridades sobre posibles actos delictivos? Al respecto, la ley de la consulta popular, tristemente, no estableció las bases para que se celebren debates. Por si fuera poco, la pregunta no plantea alternativas, por lo tanto, no es posible que los ciudadanos se formen una idea clara de las opciones: si la mayoría vota a favor, ¿qué exactamente sucederá?; si la mayoría vota en contra, ¿qué significará? No es posible saber ni lo uno ni lo otro.Debido a que la vaguedad del texto no nos permite afirmar con exactitud de qué va la consulta, propongo entender este episodio de la democracia directa en México no como un asunto ya definido, sino como un campo donde existirá una pugna interpretativa por esclarecer cuál fue la voluntad popular expresada en las urnas. Pero será un ejercicio retrospectivo y no uno que acompañe el sufragio.Una comparación de lo que ha ocurrido en otros países muestra que la consulta pudo haber sido distinta. Por ejemplo, el plebiscito mediante el cual los chilenos votaron por una nueva Constitución en 2020 tenía dos preguntas, ambas diáfanas, que no provocaban dudas fundamentales sobre lo que se estaba votando. La primera pregunta fue: “¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o rechazo”. La siguiente pregunta incluso contenía una explicación de las opciones: “¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. Este contraste realza la importancia de la redacción de la pregunta para verdaderamente empoderar a los ciudadanos.Es patente que esta claridad no caracteriza a la consulta de hoy. Sobre este aspecto, en su libro póstumo, Gobernar el vacío, el politólogo irlandés Peter Mair identifica que el auge de reality shows ha transformado a la televisión de manera que el público es cada vez más partícipe y menos espectador. Sin embargo, en el funcionamiento de la democracia moderna, observa Mair, sucede algo opuesto: cada vez con más frecuencia, los procesos democráticos le roban a los ciudadanos la capacidad de influir en el gobierno; se mantienen las formas democráticas, pero se van ahuecando, vaciando por dentro. Con sus complicaciones extrañas, la consulta popular hace precisamente esto: convoca a los electores a las urnas, sin darles la oportunidad de influir en las acciones del Estado.Vale la pena aclarar que este carácter absurdo de la consulta no proviene exclusivamente de la resolución de la Suprema Corte. El diseño constitucional y legal también es responsable de la situación. En su momento, los legisladores inscribieron en la letra de la ley una postura ambivalente, arraigada en la desconfianza hacia los electores o debida, quizá, al intento de no perder las riendas del poder. Me explico: por un lado, la ley crea la primera figura de democracia directa del país e incluso le da un peso considerable, puesto que ésta puede ser vinculante cuando la participación alcanza al menos el 40% de la lista nominal de electores, pero, por otro lado, el marco jurídico limita fuertemente la figura de la consulta, pues constriñe los temas a los que se pueden referir las preguntas.La lista de asuntos que no se pueden consultar es larga: entre otros, no se pueden restringir derechos humanos, la materia electoral, el sistema financiero, la seguridad nacional, las obras de infraestructura en ejecución. Es positivo que la ley acote las materias de consulta: sería peligroso que se permitiera, por ejemplo, restringir los derechos humanos a través del voto popular –eso podría llevar a actos de violencia contra las minorías–. Pero otras restricciones están menos justificadas y son más bien producto de la suspicacia contra la democracia directa. En ese sentido, las restricciones actuales hacen imposible que en México se lleven a cabo referendos que se han celebrado en otros países; por ejemplo, no se podría hacer una consulta para reformar las reglas electorales tal como se dio en Reino Unido en 2011, cuando se le preguntó a los ciudadanos si querían que el sistema electoral abandonara la mayoría relativa pura.La ley misma también tiene una visión estrecha del papel que deberían tener los ciudadanos, pues no propone ningún modo de deliberación de los temas de la consulta. Simplemente, se les pide que salgan a votar. Así, la ciudadanía se transforma en una suerte de ente pasivo, salvo en el voto, sin acceso a propuestas ni deliberaciones sustanciales, sin ampliar la información sobre lo que se decide. Hay, por supuesto, maneras de integrar la deliberación en el quehacer político. En Irlanda, por ejemplo, se creó una Convención Constitucional compuesta de 66 ciudadanos elegidos al azar y de 33 políticos, quienes deliberaron durante varios meses, entre 2012 y 2014, sobre ciertas reformas a la Constitución de la República de Irlanda. Además, el parlamento tenía la obligación de responder a las propuestas de dicha convención.Más allá de los ciudadanos –y como señala la teórica de políticas públicas Deborah Stone–, a veces los políticos ganan perdiendo. Así es: en ocasiones, las pérdidas electorales ayudan a construir un discurso eficaz para los políticos. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador perfiló su posible estrategia posconsulta. Por un lado, dijo que él votaría por el no; por el otro, argumentó que la consulta debió haberse llevado a cabo el mismo día de las elecciones de julio de 2021, pero no se hizo, según él, porque en el Instituto Nacional Electoral son “mañosos”. No obstante, la Constitución claramente prohíbe que se organice la consulta el día de las elecciones federales. Después del domingo, el presidente podrá echarle la culpa al INE por una participación poco entusiasta de la ciudadanía. Es probable que no tenga que enfrentar el ahuecamiento de este primer proceso de democracia directa. Es probable que tampoco tenga que responder a las exigencias de la ciudadanía por una política de justicia.De cualquier manera, después de la consulta, asistiremos a la lucha por la interpretación de los resultados.Andrés Besserer Rayas (@AndresBesserer) es doctorante en Ciencia Política en la City Univeristy of New York en donde realiza investigación sobre democracia y migración. Estudió la maestría en Democracia y Política Comparada en University College London y la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Da clases en The City College of New York. Coproduce un pódcast sobre elecciones en todo el mundo llamado The Ballot Box (@BallotWorld).[/read]
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A la consulta acudirán los ciudadanos con distintas ideas sobre lo que están votando, debido a la redacción enredosa de la pregunta. Los políticos de diferentes bandos y ciertos grupos de la sociedad aprovecharán esa falta de claridad para imponer sus interpretaciones sobre lo que, supuestamente, “la gente quiso”.
Este domingo la ciudadanía está convocada a participar en la primera consulta popular. Sin embargo, es cada vez más evidente que en esta elección los ciudadanos realmente no tendrán influencia porque el proceso se ha vaciado por dentro. En primer lugar, la pregunta es enredosa y, por lo tanto, no se sabe con certeza qué alternativas se están votando. En segundo lugar, aunque la ley permite que las consultas sean vinculantes, la Suprema Corte resolvió que ésta no podrá sujetar al Estado a ninguna obligación. Así, la democracia directa se dará en las formas, sin que el sentido de la votación tenga efecto.Empecemos por la pregunta: debido a que su redacción es confusa, los electores acudirán a las urnas con ideas distintas sobre lo que están votando. Mucho se ha escrito para dejar claro que la Suprema Corte aprobó una redacción cuyo significado elude a los ciudadanos, pero no se ha dicho lo suficiente sobre los efectos de esta confusión. A río revuelto, ganancia de los políticos: quien decidirá qué implicaciones tiene la consulta no serán los ciudadanos. Eso sucederá en un momento posterior a la votación, en la pugna entre las posturas de distintos grupos.Para el presidente, los políticos de Morena y sus simpatizantes, la consulta se hace para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se enjuicie a ciertos expresidentes. Para ellos, no hace falta investigar, pues han difundido la idea de que esos expresidentes son culpables; lo único que hace falta es aclarar los detalles de su culpabilidad. El problema con esta postura es que la Constitución no permite que la justicia sea dirigida por el voto popular; en otras palabras, el proceso judicial debería ocurrir por sí mismo, sin necesidad de consultarlo. Además, surge otra duda: si hay pruebas de los delitos, ¿por qué no se han iniciado ya las investigaciones y por qué no se ha llevado a los expresidentes a juicio? De manera más fundamental, la falla de esta postura es que la pregunta en la boleta simplemente no dice que se trata de una consulta para enjuiciarlos.Para otros grupos, en cambio, la consulta de hoy es una pantomima. Esta es la postura de muchos académicos y estudiosos del derecho. La redacción de la pregunta es tan vaga que carece de sentido claro y, además, duplica las obligaciones legales y constitucionales que ya tienen las autoridades en México. Para ellos, éste no es más que un ejercicio vacuo, un cuento “lleno de ruido y furia, que nada significa”, diría Macbeth. A esta postura no le falta razón, pero no reconoce que la elección puede adquirir significados que influyan en la política.[read more]Otros grupos, en específico, los de la sociedad civil, han buscado imbuir de un significado diferente a la votación. Justicia Transicional MX se distingue entre ellos por su enfoque y coherencia. Han buscado encuadrar la consulta como el detonador de un proceso de justicia transicional, es decir, que el Estado mexicano asuma que en el país han ocurrido violaciones masivas y graves de derechos humanos. Si después de este domingo se inicia un proceso centrado en los derechos de las víctimas, será un desenlace positivo a un asunto que hasta ahora ha sido más bien lóbrego. Pero la posibilidad de que eso suceda parece remota porque, de nuevo, la pregunta de la consulta no dice que se trate de un proceso de justicia transicional y, en cambio, es tan vaga que está abierta a múltiples interpretaciones y no necesariamente la que subsista será la mejor para las víctimas del Estado mexicano.Otra razón por la que no existe claridad sobre la consulta es que no ha habido propuestas de fondo. Quienes impulsaron el proceso no hicieron el esfuerzo de traducir el eslogan “juicio a expresidentes” a una política pública. Para hacerlo, habrían tenido que responder: ¿qué acciones específicas llevará a cabo el gobierno?, ¿qué recursos del Estado se pondrán en marcha?, ¿qué indicios tienen las autoridades sobre posibles actos delictivos? Al respecto, la ley de la consulta popular, tristemente, no estableció las bases para que se celebren debates. Por si fuera poco, la pregunta no plantea alternativas, por lo tanto, no es posible que los ciudadanos se formen una idea clara de las opciones: si la mayoría vota a favor, ¿qué exactamente sucederá?; si la mayoría vota en contra, ¿qué significará? No es posible saber ni lo uno ni lo otro.Debido a que la vaguedad del texto no nos permite afirmar con exactitud de qué va la consulta, propongo entender este episodio de la democracia directa en México no como un asunto ya definido, sino como un campo donde existirá una pugna interpretativa por esclarecer cuál fue la voluntad popular expresada en las urnas. Pero será un ejercicio retrospectivo y no uno que acompañe el sufragio.Una comparación de lo que ha ocurrido en otros países muestra que la consulta pudo haber sido distinta. Por ejemplo, el plebiscito mediante el cual los chilenos votaron por una nueva Constitución en 2020 tenía dos preguntas, ambas diáfanas, que no provocaban dudas fundamentales sobre lo que se estaba votando. La primera pregunta fue: “¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o rechazo”. La siguiente pregunta incluso contenía una explicación de las opciones: “¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. Este contraste realza la importancia de la redacción de la pregunta para verdaderamente empoderar a los ciudadanos.Es patente que esta claridad no caracteriza a la consulta de hoy. Sobre este aspecto, en su libro póstumo, Gobernar el vacío, el politólogo irlandés Peter Mair identifica que el auge de reality shows ha transformado a la televisión de manera que el público es cada vez más partícipe y menos espectador. Sin embargo, en el funcionamiento de la democracia moderna, observa Mair, sucede algo opuesto: cada vez con más frecuencia, los procesos democráticos le roban a los ciudadanos la capacidad de influir en el gobierno; se mantienen las formas democráticas, pero se van ahuecando, vaciando por dentro. Con sus complicaciones extrañas, la consulta popular hace precisamente esto: convoca a los electores a las urnas, sin darles la oportunidad de influir en las acciones del Estado.Vale la pena aclarar que este carácter absurdo de la consulta no proviene exclusivamente de la resolución de la Suprema Corte. El diseño constitucional y legal también es responsable de la situación. En su momento, los legisladores inscribieron en la letra de la ley una postura ambivalente, arraigada en la desconfianza hacia los electores o debida, quizá, al intento de no perder las riendas del poder. Me explico: por un lado, la ley crea la primera figura de democracia directa del país e incluso le da un peso considerable, puesto que ésta puede ser vinculante cuando la participación alcanza al menos el 40% de la lista nominal de electores, pero, por otro lado, el marco jurídico limita fuertemente la figura de la consulta, pues constriñe los temas a los que se pueden referir las preguntas.La lista de asuntos que no se pueden consultar es larga: entre otros, no se pueden restringir derechos humanos, la materia electoral, el sistema financiero, la seguridad nacional, las obras de infraestructura en ejecución. Es positivo que la ley acote las materias de consulta: sería peligroso que se permitiera, por ejemplo, restringir los derechos humanos a través del voto popular –eso podría llevar a actos de violencia contra las minorías–. Pero otras restricciones están menos justificadas y son más bien producto de la suspicacia contra la democracia directa. En ese sentido, las restricciones actuales hacen imposible que en México se lleven a cabo referendos que se han celebrado en otros países; por ejemplo, no se podría hacer una consulta para reformar las reglas electorales tal como se dio en Reino Unido en 2011, cuando se le preguntó a los ciudadanos si querían que el sistema electoral abandonara la mayoría relativa pura.La ley misma también tiene una visión estrecha del papel que deberían tener los ciudadanos, pues no propone ningún modo de deliberación de los temas de la consulta. Simplemente, se les pide que salgan a votar. Así, la ciudadanía se transforma en una suerte de ente pasivo, salvo en el voto, sin acceso a propuestas ni deliberaciones sustanciales, sin ampliar la información sobre lo que se decide. Hay, por supuesto, maneras de integrar la deliberación en el quehacer político. En Irlanda, por ejemplo, se creó una Convención Constitucional compuesta de 66 ciudadanos elegidos al azar y de 33 políticos, quienes deliberaron durante varios meses, entre 2012 y 2014, sobre ciertas reformas a la Constitución de la República de Irlanda. Además, el parlamento tenía la obligación de responder a las propuestas de dicha convención.Más allá de los ciudadanos –y como señala la teórica de políticas públicas Deborah Stone–, a veces los políticos ganan perdiendo. Así es: en ocasiones, las pérdidas electorales ayudan a construir un discurso eficaz para los políticos. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador perfiló su posible estrategia posconsulta. Por un lado, dijo que él votaría por el no; por el otro, argumentó que la consulta debió haberse llevado a cabo el mismo día de las elecciones de julio de 2021, pero no se hizo, según él, porque en el Instituto Nacional Electoral son “mañosos”. No obstante, la Constitución claramente prohíbe que se organice la consulta el día de las elecciones federales. Después del domingo, el presidente podrá echarle la culpa al INE por una participación poco entusiasta de la ciudadanía. Es probable que no tenga que enfrentar el ahuecamiento de este primer proceso de democracia directa. Es probable que tampoco tenga que responder a las exigencias de la ciudadanía por una política de justicia.De cualquier manera, después de la consulta, asistiremos a la lucha por la interpretación de los resultados.Andrés Besserer Rayas (@AndresBesserer) es doctorante en Ciencia Política en la City Univeristy of New York en donde realiza investigación sobre democracia y migración. Estudió la maestría en Democracia y Política Comparada en University College London y la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Da clases en The City College of New York. Coproduce un pódcast sobre elecciones en todo el mundo llamado The Ballot Box (@BallotWorld).[/read]
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A la consulta acudirán los ciudadanos con distintas ideas sobre lo que están votando, debido a la redacción enredosa de la pregunta. Los políticos de diferentes bandos y ciertos grupos de la sociedad aprovecharán esa falta de claridad para imponer sus interpretaciones sobre lo que, supuestamente, “la gente quiso”.
Este domingo la ciudadanía está convocada a participar en la primera consulta popular. Sin embargo, es cada vez más evidente que en esta elección los ciudadanos realmente no tendrán influencia porque el proceso se ha vaciado por dentro. En primer lugar, la pregunta es enredosa y, por lo tanto, no se sabe con certeza qué alternativas se están votando. En segundo lugar, aunque la ley permite que las consultas sean vinculantes, la Suprema Corte resolvió que ésta no podrá sujetar al Estado a ninguna obligación. Así, la democracia directa se dará en las formas, sin que el sentido de la votación tenga efecto.Empecemos por la pregunta: debido a que su redacción es confusa, los electores acudirán a las urnas con ideas distintas sobre lo que están votando. Mucho se ha escrito para dejar claro que la Suprema Corte aprobó una redacción cuyo significado elude a los ciudadanos, pero no se ha dicho lo suficiente sobre los efectos de esta confusión. A río revuelto, ganancia de los políticos: quien decidirá qué implicaciones tiene la consulta no serán los ciudadanos. Eso sucederá en un momento posterior a la votación, en la pugna entre las posturas de distintos grupos.Para el presidente, los políticos de Morena y sus simpatizantes, la consulta se hace para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se enjuicie a ciertos expresidentes. Para ellos, no hace falta investigar, pues han difundido la idea de que esos expresidentes son culpables; lo único que hace falta es aclarar los detalles de su culpabilidad. El problema con esta postura es que la Constitución no permite que la justicia sea dirigida por el voto popular; en otras palabras, el proceso judicial debería ocurrir por sí mismo, sin necesidad de consultarlo. Además, surge otra duda: si hay pruebas de los delitos, ¿por qué no se han iniciado ya las investigaciones y por qué no se ha llevado a los expresidentes a juicio? De manera más fundamental, la falla de esta postura es que la pregunta en la boleta simplemente no dice que se trata de una consulta para enjuiciarlos.Para otros grupos, en cambio, la consulta de hoy es una pantomima. Esta es la postura de muchos académicos y estudiosos del derecho. La redacción de la pregunta es tan vaga que carece de sentido claro y, además, duplica las obligaciones legales y constitucionales que ya tienen las autoridades en México. Para ellos, éste no es más que un ejercicio vacuo, un cuento “lleno de ruido y furia, que nada significa”, diría Macbeth. A esta postura no le falta razón, pero no reconoce que la elección puede adquirir significados que influyan en la política.[read more]Otros grupos, en específico, los de la sociedad civil, han buscado imbuir de un significado diferente a la votación. Justicia Transicional MX se distingue entre ellos por su enfoque y coherencia. Han buscado encuadrar la consulta como el detonador de un proceso de justicia transicional, es decir, que el Estado mexicano asuma que en el país han ocurrido violaciones masivas y graves de derechos humanos. Si después de este domingo se inicia un proceso centrado en los derechos de las víctimas, será un desenlace positivo a un asunto que hasta ahora ha sido más bien lóbrego. Pero la posibilidad de que eso suceda parece remota porque, de nuevo, la pregunta de la consulta no dice que se trate de un proceso de justicia transicional y, en cambio, es tan vaga que está abierta a múltiples interpretaciones y no necesariamente la que subsista será la mejor para las víctimas del Estado mexicano.Otra razón por la que no existe claridad sobre la consulta es que no ha habido propuestas de fondo. Quienes impulsaron el proceso no hicieron el esfuerzo de traducir el eslogan “juicio a expresidentes” a una política pública. Para hacerlo, habrían tenido que responder: ¿qué acciones específicas llevará a cabo el gobierno?, ¿qué recursos del Estado se pondrán en marcha?, ¿qué indicios tienen las autoridades sobre posibles actos delictivos? Al respecto, la ley de la consulta popular, tristemente, no estableció las bases para que se celebren debates. Por si fuera poco, la pregunta no plantea alternativas, por lo tanto, no es posible que los ciudadanos se formen una idea clara de las opciones: si la mayoría vota a favor, ¿qué exactamente sucederá?; si la mayoría vota en contra, ¿qué significará? No es posible saber ni lo uno ni lo otro.Debido a que la vaguedad del texto no nos permite afirmar con exactitud de qué va la consulta, propongo entender este episodio de la democracia directa en México no como un asunto ya definido, sino como un campo donde existirá una pugna interpretativa por esclarecer cuál fue la voluntad popular expresada en las urnas. Pero será un ejercicio retrospectivo y no uno que acompañe el sufragio.Una comparación de lo que ha ocurrido en otros países muestra que la consulta pudo haber sido distinta. Por ejemplo, el plebiscito mediante el cual los chilenos votaron por una nueva Constitución en 2020 tenía dos preguntas, ambas diáfanas, que no provocaban dudas fundamentales sobre lo que se estaba votando. La primera pregunta fue: “¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o rechazo”. La siguiente pregunta incluso contenía una explicación de las opciones: “¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. Este contraste realza la importancia de la redacción de la pregunta para verdaderamente empoderar a los ciudadanos.Es patente que esta claridad no caracteriza a la consulta de hoy. Sobre este aspecto, en su libro póstumo, Gobernar el vacío, el politólogo irlandés Peter Mair identifica que el auge de reality shows ha transformado a la televisión de manera que el público es cada vez más partícipe y menos espectador. Sin embargo, en el funcionamiento de la democracia moderna, observa Mair, sucede algo opuesto: cada vez con más frecuencia, los procesos democráticos le roban a los ciudadanos la capacidad de influir en el gobierno; se mantienen las formas democráticas, pero se van ahuecando, vaciando por dentro. Con sus complicaciones extrañas, la consulta popular hace precisamente esto: convoca a los electores a las urnas, sin darles la oportunidad de influir en las acciones del Estado.Vale la pena aclarar que este carácter absurdo de la consulta no proviene exclusivamente de la resolución de la Suprema Corte. El diseño constitucional y legal también es responsable de la situación. En su momento, los legisladores inscribieron en la letra de la ley una postura ambivalente, arraigada en la desconfianza hacia los electores o debida, quizá, al intento de no perder las riendas del poder. Me explico: por un lado, la ley crea la primera figura de democracia directa del país e incluso le da un peso considerable, puesto que ésta puede ser vinculante cuando la participación alcanza al menos el 40% de la lista nominal de electores, pero, por otro lado, el marco jurídico limita fuertemente la figura de la consulta, pues constriñe los temas a los que se pueden referir las preguntas.La lista de asuntos que no se pueden consultar es larga: entre otros, no se pueden restringir derechos humanos, la materia electoral, el sistema financiero, la seguridad nacional, las obras de infraestructura en ejecución. Es positivo que la ley acote las materias de consulta: sería peligroso que se permitiera, por ejemplo, restringir los derechos humanos a través del voto popular –eso podría llevar a actos de violencia contra las minorías–. Pero otras restricciones están menos justificadas y son más bien producto de la suspicacia contra la democracia directa. En ese sentido, las restricciones actuales hacen imposible que en México se lleven a cabo referendos que se han celebrado en otros países; por ejemplo, no se podría hacer una consulta para reformar las reglas electorales tal como se dio en Reino Unido en 2011, cuando se le preguntó a los ciudadanos si querían que el sistema electoral abandonara la mayoría relativa pura.La ley misma también tiene una visión estrecha del papel que deberían tener los ciudadanos, pues no propone ningún modo de deliberación de los temas de la consulta. Simplemente, se les pide que salgan a votar. Así, la ciudadanía se transforma en una suerte de ente pasivo, salvo en el voto, sin acceso a propuestas ni deliberaciones sustanciales, sin ampliar la información sobre lo que se decide. Hay, por supuesto, maneras de integrar la deliberación en el quehacer político. En Irlanda, por ejemplo, se creó una Convención Constitucional compuesta de 66 ciudadanos elegidos al azar y de 33 políticos, quienes deliberaron durante varios meses, entre 2012 y 2014, sobre ciertas reformas a la Constitución de la República de Irlanda. Además, el parlamento tenía la obligación de responder a las propuestas de dicha convención.Más allá de los ciudadanos –y como señala la teórica de políticas públicas Deborah Stone–, a veces los políticos ganan perdiendo. Así es: en ocasiones, las pérdidas electorales ayudan a construir un discurso eficaz para los políticos. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador perfiló su posible estrategia posconsulta. Por un lado, dijo que él votaría por el no; por el otro, argumentó que la consulta debió haberse llevado a cabo el mismo día de las elecciones de julio de 2021, pero no se hizo, según él, porque en el Instituto Nacional Electoral son “mañosos”. No obstante, la Constitución claramente prohíbe que se organice la consulta el día de las elecciones federales. Después del domingo, el presidente podrá echarle la culpa al INE por una participación poco entusiasta de la ciudadanía. Es probable que no tenga que enfrentar el ahuecamiento de este primer proceso de democracia directa. Es probable que tampoco tenga que responder a las exigencias de la ciudadanía por una política de justicia.De cualquier manera, después de la consulta, asistiremos a la lucha por la interpretación de los resultados.Andrés Besserer Rayas (@AndresBesserer) es doctorante en Ciencia Política en la City Univeristy of New York en donde realiza investigación sobre democracia y migración. Estudió la maestría en Democracia y Política Comparada en University College London y la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Da clases en The City College of New York. Coproduce un pódcast sobre elecciones en todo el mundo llamado The Ballot Box (@BallotWorld).[/read]
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A la consulta acudirán los ciudadanos con distintas ideas sobre lo que están votando, debido a la redacción enredosa de la pregunta. Los políticos de diferentes bandos y ciertos grupos de la sociedad aprovecharán esa falta de claridad para imponer sus interpretaciones sobre lo que, supuestamente, “la gente quiso”.
Este domingo la ciudadanía está convocada a participar en la primera consulta popular. Sin embargo, es cada vez más evidente que en esta elección los ciudadanos realmente no tendrán influencia porque el proceso se ha vaciado por dentro. En primer lugar, la pregunta es enredosa y, por lo tanto, no se sabe con certeza qué alternativas se están votando. En segundo lugar, aunque la ley permite que las consultas sean vinculantes, la Suprema Corte resolvió que ésta no podrá sujetar al Estado a ninguna obligación. Así, la democracia directa se dará en las formas, sin que el sentido de la votación tenga efecto.Empecemos por la pregunta: debido a que su redacción es confusa, los electores acudirán a las urnas con ideas distintas sobre lo que están votando. Mucho se ha escrito para dejar claro que la Suprema Corte aprobó una redacción cuyo significado elude a los ciudadanos, pero no se ha dicho lo suficiente sobre los efectos de esta confusión. A río revuelto, ganancia de los políticos: quien decidirá qué implicaciones tiene la consulta no serán los ciudadanos. Eso sucederá en un momento posterior a la votación, en la pugna entre las posturas de distintos grupos.Para el presidente, los políticos de Morena y sus simpatizantes, la consulta se hace para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se enjuicie a ciertos expresidentes. Para ellos, no hace falta investigar, pues han difundido la idea de que esos expresidentes son culpables; lo único que hace falta es aclarar los detalles de su culpabilidad. El problema con esta postura es que la Constitución no permite que la justicia sea dirigida por el voto popular; en otras palabras, el proceso judicial debería ocurrir por sí mismo, sin necesidad de consultarlo. Además, surge otra duda: si hay pruebas de los delitos, ¿por qué no se han iniciado ya las investigaciones y por qué no se ha llevado a los expresidentes a juicio? De manera más fundamental, la falla de esta postura es que la pregunta en la boleta simplemente no dice que se trata de una consulta para enjuiciarlos.Para otros grupos, en cambio, la consulta de hoy es una pantomima. Esta es la postura de muchos académicos y estudiosos del derecho. La redacción de la pregunta es tan vaga que carece de sentido claro y, además, duplica las obligaciones legales y constitucionales que ya tienen las autoridades en México. Para ellos, éste no es más que un ejercicio vacuo, un cuento “lleno de ruido y furia, que nada significa”, diría Macbeth. A esta postura no le falta razón, pero no reconoce que la elección puede adquirir significados que influyan en la política.[read more]Otros grupos, en específico, los de la sociedad civil, han buscado imbuir de un significado diferente a la votación. Justicia Transicional MX se distingue entre ellos por su enfoque y coherencia. Han buscado encuadrar la consulta como el detonador de un proceso de justicia transicional, es decir, que el Estado mexicano asuma que en el país han ocurrido violaciones masivas y graves de derechos humanos. Si después de este domingo se inicia un proceso centrado en los derechos de las víctimas, será un desenlace positivo a un asunto que hasta ahora ha sido más bien lóbrego. Pero la posibilidad de que eso suceda parece remota porque, de nuevo, la pregunta de la consulta no dice que se trate de un proceso de justicia transicional y, en cambio, es tan vaga que está abierta a múltiples interpretaciones y no necesariamente la que subsista será la mejor para las víctimas del Estado mexicano.Otra razón por la que no existe claridad sobre la consulta es que no ha habido propuestas de fondo. Quienes impulsaron el proceso no hicieron el esfuerzo de traducir el eslogan “juicio a expresidentes” a una política pública. Para hacerlo, habrían tenido que responder: ¿qué acciones específicas llevará a cabo el gobierno?, ¿qué recursos del Estado se pondrán en marcha?, ¿qué indicios tienen las autoridades sobre posibles actos delictivos? Al respecto, la ley de la consulta popular, tristemente, no estableció las bases para que se celebren debates. Por si fuera poco, la pregunta no plantea alternativas, por lo tanto, no es posible que los ciudadanos se formen una idea clara de las opciones: si la mayoría vota a favor, ¿qué exactamente sucederá?; si la mayoría vota en contra, ¿qué significará? No es posible saber ni lo uno ni lo otro.Debido a que la vaguedad del texto no nos permite afirmar con exactitud de qué va la consulta, propongo entender este episodio de la democracia directa en México no como un asunto ya definido, sino como un campo donde existirá una pugna interpretativa por esclarecer cuál fue la voluntad popular expresada en las urnas. Pero será un ejercicio retrospectivo y no uno que acompañe el sufragio.Una comparación de lo que ha ocurrido en otros países muestra que la consulta pudo haber sido distinta. Por ejemplo, el plebiscito mediante el cual los chilenos votaron por una nueva Constitución en 2020 tenía dos preguntas, ambas diáfanas, que no provocaban dudas fundamentales sobre lo que se estaba votando. La primera pregunta fue: “¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o rechazo”. La siguiente pregunta incluso contenía una explicación de las opciones: “¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. Este contraste realza la importancia de la redacción de la pregunta para verdaderamente empoderar a los ciudadanos.Es patente que esta claridad no caracteriza a la consulta de hoy. Sobre este aspecto, en su libro póstumo, Gobernar el vacío, el politólogo irlandés Peter Mair identifica que el auge de reality shows ha transformado a la televisión de manera que el público es cada vez más partícipe y menos espectador. Sin embargo, en el funcionamiento de la democracia moderna, observa Mair, sucede algo opuesto: cada vez con más frecuencia, los procesos democráticos le roban a los ciudadanos la capacidad de influir en el gobierno; se mantienen las formas democráticas, pero se van ahuecando, vaciando por dentro. Con sus complicaciones extrañas, la consulta popular hace precisamente esto: convoca a los electores a las urnas, sin darles la oportunidad de influir en las acciones del Estado.Vale la pena aclarar que este carácter absurdo de la consulta no proviene exclusivamente de la resolución de la Suprema Corte. El diseño constitucional y legal también es responsable de la situación. En su momento, los legisladores inscribieron en la letra de la ley una postura ambivalente, arraigada en la desconfianza hacia los electores o debida, quizá, al intento de no perder las riendas del poder. Me explico: por un lado, la ley crea la primera figura de democracia directa del país e incluso le da un peso considerable, puesto que ésta puede ser vinculante cuando la participación alcanza al menos el 40% de la lista nominal de electores, pero, por otro lado, el marco jurídico limita fuertemente la figura de la consulta, pues constriñe los temas a los que se pueden referir las preguntas.La lista de asuntos que no se pueden consultar es larga: entre otros, no se pueden restringir derechos humanos, la materia electoral, el sistema financiero, la seguridad nacional, las obras de infraestructura en ejecución. Es positivo que la ley acote las materias de consulta: sería peligroso que se permitiera, por ejemplo, restringir los derechos humanos a través del voto popular –eso podría llevar a actos de violencia contra las minorías–. Pero otras restricciones están menos justificadas y son más bien producto de la suspicacia contra la democracia directa. En ese sentido, las restricciones actuales hacen imposible que en México se lleven a cabo referendos que se han celebrado en otros países; por ejemplo, no se podría hacer una consulta para reformar las reglas electorales tal como se dio en Reino Unido en 2011, cuando se le preguntó a los ciudadanos si querían que el sistema electoral abandonara la mayoría relativa pura.La ley misma también tiene una visión estrecha del papel que deberían tener los ciudadanos, pues no propone ningún modo de deliberación de los temas de la consulta. Simplemente, se les pide que salgan a votar. Así, la ciudadanía se transforma en una suerte de ente pasivo, salvo en el voto, sin acceso a propuestas ni deliberaciones sustanciales, sin ampliar la información sobre lo que se decide. Hay, por supuesto, maneras de integrar la deliberación en el quehacer político. En Irlanda, por ejemplo, se creó una Convención Constitucional compuesta de 66 ciudadanos elegidos al azar y de 33 políticos, quienes deliberaron durante varios meses, entre 2012 y 2014, sobre ciertas reformas a la Constitución de la República de Irlanda. Además, el parlamento tenía la obligación de responder a las propuestas de dicha convención.Más allá de los ciudadanos –y como señala la teórica de políticas públicas Deborah Stone–, a veces los políticos ganan perdiendo. Así es: en ocasiones, las pérdidas electorales ayudan a construir un discurso eficaz para los políticos. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador perfiló su posible estrategia posconsulta. Por un lado, dijo que él votaría por el no; por el otro, argumentó que la consulta debió haberse llevado a cabo el mismo día de las elecciones de julio de 2021, pero no se hizo, según él, porque en el Instituto Nacional Electoral son “mañosos”. No obstante, la Constitución claramente prohíbe que se organice la consulta el día de las elecciones federales. Después del domingo, el presidente podrá echarle la culpa al INE por una participación poco entusiasta de la ciudadanía. Es probable que no tenga que enfrentar el ahuecamiento de este primer proceso de democracia directa. Es probable que tampoco tenga que responder a las exigencias de la ciudadanía por una política de justicia.De cualquier manera, después de la consulta, asistiremos a la lucha por la interpretación de los resultados.Andrés Besserer Rayas (@AndresBesserer) es doctorante en Ciencia Política en la City Univeristy of New York en donde realiza investigación sobre democracia y migración. Estudió la maestría en Democracia y Política Comparada en University College London y la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Da clases en The City College of New York. Coproduce un pódcast sobre elecciones en todo el mundo llamado The Ballot Box (@BallotWorld).[/read]
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A la consulta acudirán los ciudadanos con distintas ideas sobre lo que están votando, debido a la redacción enredosa de la pregunta. Los políticos de diferentes bandos y ciertos grupos de la sociedad aprovecharán esa falta de claridad para imponer sus interpretaciones sobre lo que, supuestamente, “la gente quiso”.
Este domingo la ciudadanía está convocada a participar en la primera consulta popular. Sin embargo, es cada vez más evidente que en esta elección los ciudadanos realmente no tendrán influencia porque el proceso se ha vaciado por dentro. En primer lugar, la pregunta es enredosa y, por lo tanto, no se sabe con certeza qué alternativas se están votando. En segundo lugar, aunque la ley permite que las consultas sean vinculantes, la Suprema Corte resolvió que ésta no podrá sujetar al Estado a ninguna obligación. Así, la democracia directa se dará en las formas, sin que el sentido de la votación tenga efecto.Empecemos por la pregunta: debido a que su redacción es confusa, los electores acudirán a las urnas con ideas distintas sobre lo que están votando. Mucho se ha escrito para dejar claro que la Suprema Corte aprobó una redacción cuyo significado elude a los ciudadanos, pero no se ha dicho lo suficiente sobre los efectos de esta confusión. A río revuelto, ganancia de los políticos: quien decidirá qué implicaciones tiene la consulta no serán los ciudadanos. Eso sucederá en un momento posterior a la votación, en la pugna entre las posturas de distintos grupos.Para el presidente, los políticos de Morena y sus simpatizantes, la consulta se hace para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en que se enjuicie a ciertos expresidentes. Para ellos, no hace falta investigar, pues han difundido la idea de que esos expresidentes son culpables; lo único que hace falta es aclarar los detalles de su culpabilidad. El problema con esta postura es que la Constitución no permite que la justicia sea dirigida por el voto popular; en otras palabras, el proceso judicial debería ocurrir por sí mismo, sin necesidad de consultarlo. Además, surge otra duda: si hay pruebas de los delitos, ¿por qué no se han iniciado ya las investigaciones y por qué no se ha llevado a los expresidentes a juicio? De manera más fundamental, la falla de esta postura es que la pregunta en la boleta simplemente no dice que se trata de una consulta para enjuiciarlos.Para otros grupos, en cambio, la consulta de hoy es una pantomima. Esta es la postura de muchos académicos y estudiosos del derecho. La redacción de la pregunta es tan vaga que carece de sentido claro y, además, duplica las obligaciones legales y constitucionales que ya tienen las autoridades en México. Para ellos, éste no es más que un ejercicio vacuo, un cuento “lleno de ruido y furia, que nada significa”, diría Macbeth. A esta postura no le falta razón, pero no reconoce que la elección puede adquirir significados que influyan en la política.[read more]Otros grupos, en específico, los de la sociedad civil, han buscado imbuir de un significado diferente a la votación. Justicia Transicional MX se distingue entre ellos por su enfoque y coherencia. Han buscado encuadrar la consulta como el detonador de un proceso de justicia transicional, es decir, que el Estado mexicano asuma que en el país han ocurrido violaciones masivas y graves de derechos humanos. Si después de este domingo se inicia un proceso centrado en los derechos de las víctimas, será un desenlace positivo a un asunto que hasta ahora ha sido más bien lóbrego. Pero la posibilidad de que eso suceda parece remota porque, de nuevo, la pregunta de la consulta no dice que se trate de un proceso de justicia transicional y, en cambio, es tan vaga que está abierta a múltiples interpretaciones y no necesariamente la que subsista será la mejor para las víctimas del Estado mexicano.Otra razón por la que no existe claridad sobre la consulta es que no ha habido propuestas de fondo. Quienes impulsaron el proceso no hicieron el esfuerzo de traducir el eslogan “juicio a expresidentes” a una política pública. Para hacerlo, habrían tenido que responder: ¿qué acciones específicas llevará a cabo el gobierno?, ¿qué recursos del Estado se pondrán en marcha?, ¿qué indicios tienen las autoridades sobre posibles actos delictivos? Al respecto, la ley de la consulta popular, tristemente, no estableció las bases para que se celebren debates. Por si fuera poco, la pregunta no plantea alternativas, por lo tanto, no es posible que los ciudadanos se formen una idea clara de las opciones: si la mayoría vota a favor, ¿qué exactamente sucederá?; si la mayoría vota en contra, ¿qué significará? No es posible saber ni lo uno ni lo otro.Debido a que la vaguedad del texto no nos permite afirmar con exactitud de qué va la consulta, propongo entender este episodio de la democracia directa en México no como un asunto ya definido, sino como un campo donde existirá una pugna interpretativa por esclarecer cuál fue la voluntad popular expresada en las urnas. Pero será un ejercicio retrospectivo y no uno que acompañe el sufragio.Una comparación de lo que ha ocurrido en otros países muestra que la consulta pudo haber sido distinta. Por ejemplo, el plebiscito mediante el cual los chilenos votaron por una nueva Constitución en 2020 tenía dos preguntas, ambas diáfanas, que no provocaban dudas fundamentales sobre lo que se estaba votando. La primera pregunta fue: “¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o rechazo”. La siguiente pregunta incluso contenía una explicación de las opciones: “¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. Este contraste realza la importancia de la redacción de la pregunta para verdaderamente empoderar a los ciudadanos.Es patente que esta claridad no caracteriza a la consulta de hoy. Sobre este aspecto, en su libro póstumo, Gobernar el vacío, el politólogo irlandés Peter Mair identifica que el auge de reality shows ha transformado a la televisión de manera que el público es cada vez más partícipe y menos espectador. Sin embargo, en el funcionamiento de la democracia moderna, observa Mair, sucede algo opuesto: cada vez con más frecuencia, los procesos democráticos le roban a los ciudadanos la capacidad de influir en el gobierno; se mantienen las formas democráticas, pero se van ahuecando, vaciando por dentro. Con sus complicaciones extrañas, la consulta popular hace precisamente esto: convoca a los electores a las urnas, sin darles la oportunidad de influir en las acciones del Estado.Vale la pena aclarar que este carácter absurdo de la consulta no proviene exclusivamente de la resolución de la Suprema Corte. El diseño constitucional y legal también es responsable de la situación. En su momento, los legisladores inscribieron en la letra de la ley una postura ambivalente, arraigada en la desconfianza hacia los electores o debida, quizá, al intento de no perder las riendas del poder. Me explico: por un lado, la ley crea la primera figura de democracia directa del país e incluso le da un peso considerable, puesto que ésta puede ser vinculante cuando la participación alcanza al menos el 40% de la lista nominal de electores, pero, por otro lado, el marco jurídico limita fuertemente la figura de la consulta, pues constriñe los temas a los que se pueden referir las preguntas.La lista de asuntos que no se pueden consultar es larga: entre otros, no se pueden restringir derechos humanos, la materia electoral, el sistema financiero, la seguridad nacional, las obras de infraestructura en ejecución. Es positivo que la ley acote las materias de consulta: sería peligroso que se permitiera, por ejemplo, restringir los derechos humanos a través del voto popular –eso podría llevar a actos de violencia contra las minorías–. Pero otras restricciones están menos justificadas y son más bien producto de la suspicacia contra la democracia directa. En ese sentido, las restricciones actuales hacen imposible que en México se lleven a cabo referendos que se han celebrado en otros países; por ejemplo, no se podría hacer una consulta para reformar las reglas electorales tal como se dio en Reino Unido en 2011, cuando se le preguntó a los ciudadanos si querían que el sistema electoral abandonara la mayoría relativa pura.La ley misma también tiene una visión estrecha del papel que deberían tener los ciudadanos, pues no propone ningún modo de deliberación de los temas de la consulta. Simplemente, se les pide que salgan a votar. Así, la ciudadanía se transforma en una suerte de ente pasivo, salvo en el voto, sin acceso a propuestas ni deliberaciones sustanciales, sin ampliar la información sobre lo que se decide. Hay, por supuesto, maneras de integrar la deliberación en el quehacer político. En Irlanda, por ejemplo, se creó una Convención Constitucional compuesta de 66 ciudadanos elegidos al azar y de 33 políticos, quienes deliberaron durante varios meses, entre 2012 y 2014, sobre ciertas reformas a la Constitución de la República de Irlanda. Además, el parlamento tenía la obligación de responder a las propuestas de dicha convención.Más allá de los ciudadanos –y como señala la teórica de políticas públicas Deborah Stone–, a veces los políticos ganan perdiendo. Así es: en ocasiones, las pérdidas electorales ayudan a construir un discurso eficaz para los políticos. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador perfiló su posible estrategia posconsulta. Por un lado, dijo que él votaría por el no; por el otro, argumentó que la consulta debió haberse llevado a cabo el mismo día de las elecciones de julio de 2021, pero no se hizo, según él, porque en el Instituto Nacional Electoral son “mañosos”. No obstante, la Constitución claramente prohíbe que se organice la consulta el día de las elecciones federales. Después del domingo, el presidente podrá echarle la culpa al INE por una participación poco entusiasta de la ciudadanía. Es probable que no tenga que enfrentar el ahuecamiento de este primer proceso de democracia directa. Es probable que tampoco tenga que responder a las exigencias de la ciudadanía por una política de justicia.De cualquier manera, después de la consulta, asistiremos a la lucha por la interpretación de los resultados.Andrés Besserer Rayas (@AndresBesserer) es doctorante en Ciencia Política en la City Univeristy of New York en donde realiza investigación sobre democracia y migración. Estudió la maestría en Democracia y Política Comparada en University College London y la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Da clases en The City College of New York. Coproduce un pódcast sobre elecciones en todo el mundo llamado The Ballot Box (@BallotWorld).[/read]
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Recomendaciones Gatopardo
No items found.