Leticia López Landero, presidenta municipal del ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, es la primera mujer en esa entidad, y la segunda a nivel nacional —luego de la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández—, en hacer uso del nuevo marco normativo para denunciar violencia política con razón de género. A ambas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les dio la razón y falló en contra de sus agresores: Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, en el caso de Adriana Dávila, y José Abella García, un empresario cordobés, en el caso de Leticia López Landero.
López Landero nació y creció en Córdoba, Veracruz, entre seis hermanos. Su madre, originaria de Tabasco, estudió hasta la secundaria, trabajaba todo el día y mantenía sola a sus siete hijos. “Mi mamá vendía ropa, vendía Avon, hacía tandas, hacía rifas. Como la gran mayoría de mujeres que se enfrentan a buscar un peso de la manera que se pueda”. Eso para ella era el negocio familiar y hoy ve a su madre como una emprendedora. “De ahí vengo. De una mujer fuerte, con compromiso, que se preocupaba por los demás”, dice la alcaldesa en entrevista con Gatopardo.
En 1998, con 36 años, comenzó su carrera política en el PAN en Córdoba. Su primera diligencia fue caminar la zona rural del municipio, que se encontraba a 20 minutos del centro de la ciudad, y que carecía de agua y caminos. Dice que lo que más le impactó, sin embargo, fue ver a una mujer que cargaba una cubeta de agua mientras sostenía la mano de un niño y llevaba en su espalda a otro más. Aún recuerda cómo los pies de esa mujer se hundían en el lodo. Hoy, a sus 58 años, esa imagen la acompaña hasta el día de hoy.
La denuncia por violencia política con razón de género la levantó el 7 de octubre de 2020, ante el Organismo Público Local del Electoral (OPLE) de Veracruz, ya que desde 2019 había sido blanco de ofensas y violencia por parte de José Abella García, un empresario cordobés y dueño del periódico El Buen Tono y la emisora Radio Banana y quien en su programa expresaba su interés por ser alcalde de Córdoba en 2021. También expresó su descontento contra la alcaldesa panista en reiteradas ocasiones, e incluso la agredió con comentarios machistas y discriminatorios: la comparó con animales y hasta le deseó la muerte. Todo esto al micrófono a través de programas de radio de su emisora y por medio de publicaciones en su diario impreso.
En noviembre de 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) falló a favor de López Landero y avaló la violencia política en razón de género por parte de dichos medios de comunicación y de su dueño. Aunque en abril de 2021 este fallo fue impugnado por Abella García ante la Sala Regional de Xalapa del TEPJF, bajo la justificación del derecho a la libertad de expresión, dicho órgano de justicia ratificó la sentencia (TEV-PES-6/2020 del TEV) y las sanciones contra el empresario y sus medios de comunicación: Ordenó a que se incluyera al agresor en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas (RNPS) en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se concentra el listado de personas sancionadas por este delito; además de una disculpa pública, cursos de sensibilización y perspectiva de género, el pago de dos multas, una por 26,064 pesos y otra más 4,344 pesos, así como la prohibición por cinco años de registrarse como candidato a algún cargo público.
El análisis del caso que el TEV realizó se hizo con perspectiva de género, tomando en cuenta que los comentarios hechos por Abella García eran “con la intención de menospreciar y humillar a la presidenta municipal realizando expresiones ofensivas hacia su físico y su persona”, según el proyecto discutido por la Sala Regional de Xalapa del TEPJF, en abril de 2021.
“La llegó a comparar con animales, haciendo referencia a su físico, a su comportamiento y ‘una falta de inteligencia’. Ante esas expresiones y actitudes, por fortuna, la presidenta municipal presentó una queja ante el OPLE de Veracruz”, dice Eva Barrientos Zepeda, magistrada de la Sala Regional de Xalapa. Asimismo la magistrada apunta los elementos de la violencia que vivió la presidenta municipal para acreditar los hechos en lo simbólico, verbal, patrimonio, económico, físico, sexual y psicológico que, en conjunto, menoscaban el goce del ejercicio de los derechos político y electorales de las mujeres.
En el ámbito simbólico se identificó un comentario que reproduce estereotipos de género: “La alcaldesa debió haber freído frijoles, para eso ha de ser buena”, dijo José Abella durante el noticiero de Radio Banana, el 1 de noviembre de 2019, mientras conversaba sobre la instalación de plantas de tratamiento de agua en el municipio, con el conductor Alfredo Grande. Y continuó: “pero ¿sabes por qué?, por tener una alcaldesa estúpida. Como te he dicho, es como lavarle la cara a un burro, le podrás decir todos los días por radio, pero la muy pendeja no entiende”.
Otros más, que fueron documentados en la denuncia, dicen: “No le estamos pidiendo ningún favor a la gorda, esta ratera que tenemos de alcaldesa. Qué mujer tan fea, eh. Y todavía se excusa en violencia de género, ella cree que, por ser mujer, ella puede ser ratera”, durante un programa de radio del 5 de noviembre de 2019.
Incluso le deseó la muerte: “Voy a rezar para ver si se muere la alcaldesa ya que en el hospital le dio un soponcio y a ver a quién nos ponen”.
A partir de esto, la magistrada Barrientos Zepeda consideró que podría haber una afectación psicológica en la presidenta municipal y ocasionarle depresión. “Ha sido muy difícil, en un inicio pensé que era yo una mujer muy fuerte, y sí soy fuerte, pero también soy una persona sensible y de carne y hueso, como todas. Y empecé a sentir lo que es la violencia y a sentirme violentada, acorralada, vigilada, agredida. A veces los golpes que no se ven son los que más duelen”, dice Leticia López ahora que lleva un acompañamiento psicológico por parte del Instituto de las Mujeres de Veracruz.
Hasta el momento, el empresario cordobés no ha realizado una disculpa pública y tampoco se sabe si ya pagó las multas que se le impusieron. Sin embargo, López Landero aseguró que, de ser necesario, acudirá a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales:
“Haré lo que sea necesario, hasta donde tenga que llegar”.
La ley a favor
El proceso electoral de 2021, que finaliza con las elecciones del 6 de junio, llegó fortalecido con la reforma a leyes generales para garantizar el ejercicio político y electoral de las mujeres. Desde el 13 de abril de 2020, se agregó la violencia política en razón de género —con sus características, tipificación como delito y la forma de denunciarlo— a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.
De acuerdo con la LGAMVLV, la violencia política en razón de género “es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
Este tipo de violencia puede ser ejercida por funcionarios públicos, candidatos, empresarios, personas no públicas, e incluso periodistas, pero de acuerdo con Tania Martínez, coordinadora del Programa de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), aún es complicado identificar este tipo de violencia y denunciarla. Muchas de las mujeres que en este momento son candidatas a algún puesto público, o se encuentran en cargos, desconocen el camino a seguir para acceder a la justicia política y electoral. El desconocimiento de que la violencia política con razón de género ya es un delito y se puede sancionar, sumado a la dificultad de identificar que son víctimas de violencia, afecta el acercamiento de mujeres violentadas en la política.
“Aunado a este desconocimiento, hay que decir que la responsabilidad de difundir estos procedimientos es de las instancias gubernamentales. Más allá de que tú, mujer candidata, vayas y te informes, la responsabilidad es del Estado”, dice Tania Martínez. Un ejemplo de esta responsabilidad estatal y gubernamental es Oaxaca, según explica Martínez: “En Oaxaca si el agresor resulta culpable hay nulidad de las elecciones, la verdad es que la reforma que se hizo en Oaxaca a sus leyes locales está mejor porque es mucha más ambiciosa que la federal. Además, cuando esta violencia se comete contra mujeres indígenas, la pena se incrementa y esto es importante porque en estas comunidades es en donde se da más este tipo de violencia”.
La apertura del acceso a la justicia para las mujeres en la política de la entidad puede verse en el número de sancionados que registra en el RNPS: a nivel nacional registra 48 personas sancionadas, 12 mujeres y 36 hombres; Oaxaca encabeza la lista con 19, seguida de Veracruz con 16.
Desde el 20 de abril de 2021, el ILSB puso a disposición la plataforma Mujeres al Poder, donde ofrecen una guía sencilla para que las interesadas en ejercer su derecho a la justicia puedan informarse sobre el proceso. Hasta el 7 de mayo, la plataforma registra visitas desde la Ciudad de México, Tijuana, Mérida, Guadalajara, Villa de Álvarez, Oaxaca y Puebla. El principal objetivo de este proyecto es acercar las herramientas que existen para las mujeres que hoy ejercen un cargo público o que contienden en esta jornada electoral. Aunque estas reformas al marco normativo en leyes generales son nuevas, el fenómeno de este tipo de violencia no lo es.
Ser mujer en la política
Leticia López Landero fue candidata a diputada local de Veracruz en 2006. Desde entonces, ya percibía agresiones y discriminación por su físico y por ser mujer. “En una ocasión en el PAN, el partido en el que milito, estaban discutiendo por dar una candidatura, entonces, yo alcé la mano y dije: ‘Pues yo me voy a anotar porque soy mujer y nunca ha habido una mujer candidata’. Vi la oportunidad de levantar la mano y alzar la voz”, dice en entrevista por videollamada, mientras desayuna un 10 de mayo de 2021.
La primera razón para negarle ser candidata surgió.
—Es que tú eres gordita, y no vas a poder caminar— le dijeron.
—Déjame demostrar que puedo caminar y convencer. ¿Cómo pueden juzgarme si todavía no me han visto en acción?— respondió.
Así, obtuvo los votos en la elección interna y fue candidata en ese año. Y caminó. Aunque no ganó esa elección, sí fue electa como diputada federal por el Distrito 16 de la zona centro de Veracruz, en 2012, y se convirtió en la primera mujer electa para ese cargo, por lo que tenía claro que su deber era con las mujeres. Su principal propuesta tenía que ver con la paternidad responsable. Fue presidenta de la Comisión de Lucha contra la trata de personas, integrante de las comisiones de Igualdad de Género, Educación Pública y Servicios Educativos y secretaria de Población. En 2018, ganó las elecciones para ser presidenta municipal de Córdoba por el PAN. Personas cercanas a López Landero cuentan que ella ni siquiera estaba enterada del triunfo hasta que le fueron a tocar a su puerta para comunicárselo.
Pero su gestión comenzó con ataques a su persona, lo que le afectó en su quehacer profesional. “Como mujeres, primero tuvimos que luchar por los lugares en la política y, ahora que ya estamos en esos lugares, tenemos que pagar la consecuencia de estar en esos lugares. Ahora que estás en ese lugar: no sirves, eres tonta, no tienes la capacidad, eres gorda, eres flaca, eres gay… todo es problema”, dice.
Actualmente, existen tres vías para denunciar violencia política con razón de género: el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público Local Electoral, directamente en los partidos políticos o ante la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Pero Tania Martínez del ILSB recomienda acudir ante los organismos electorales, ya que éstos otorgan medidas cautelares de inmediato y se tiene la oportunidad de impugnar ante tribunales, en caso de que el fallo no sea satisfactorio.
De acuerdo con Martínez: “Se puede recurrir al partido político, al INE o a la Fiscalía, todo de forma simultánea. Los partidos políticos son las responsables de prevenir estos casos de violencia política y erradicarlos. En el tema de género y, de manera general, tienen varios pendientes. Cuando se hace la denuncia en el INE, comienza este proceso sancionador, se supone que se resuelve de manera expedita y además dan medidas cautelares, según sea el caso. Esa sería la vía administrativa, pero si el fallo no es satisfactorio se tienen la posibilidad de impugnar y ahí entra el Tribunal Electoral y las salas regionales”.
