Hoy, casi catorce años después de su detención arbitraria en 2005, Lydia Cacho se presentó en la Secretaría de Gobernación para recibir una disculpa pública por parte del Estado mexicano por las violación a sus Derechos Humanos. Antes de hablar, puso en su Ipad el audio donde el empresario Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, planeaban la represalia contra ella por hacer su trabajo, al denunciar a una red de explotación sexual infantil que los involucraba.

“Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar la voz de los autores intelectuales de uno o varios crímenes, cómo planean y solidifican la colusión entre servidores públicos de los más altos niveles, hasta ordenar a un policía o un militar que viole, torture, desaparezca, asesine o encarcele a una persona inocente”, dijo al recordar que la justicia mexicana no considero esos audios prueba suficiente de la responsabilidad de los protagonistas en su caso. “Hoy estamos en la Secretaría de Gobernación que en aquel entonces no quiso abrirme la puerta”, denunció.   

Lydia Cacho

El 16 de diciembre de 2005 Lydia Cacho fue detenida en un amplio operativo que incluía tanto a efectivos de las policías de los estados de Quintana Roo y Puebla, como agentes privados del empresario Kamel Nacif Borge, señalado en su investigación. A Cacho nunca se le presentó una orden de aprehensión y durante el tiempo que que estuvo detenida fue víctima de agresiones sexuales y amenazas de muerte. En el proceso de criminalización estuvieron involucrados numerosos funcionarios públicos de diferentes poderes y la periodista presentó denuncias y recursos judiciales sin que se diera una investigación y mucho menos una sanción a los responsables en un plazo razonable.

El 17 de julio de 2018, trece años después de lo sucedido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de violaciones a los Derechos Humanos de la periodista, en particular a sus derechos a la integridad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, y a la no discriminación por razón de género.

El Comité determinó que se vulneraron los artículos 2,3,7,9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dio al gobierno mexicano 180 días al para anunciar su estrategia para adoptar las medidas de dicha resolución. Entre ellas está el realizar una investigación imparcial pronta y exhaustiva sobre el caso; procesar, juzgar y castigar a los responsables con penas adecuadas; ofrecer una compensación a la víctima y adoptar las medidas necesarias para que evitar que esto se repita.

“Este caso es de una tremenda relevancia porque ilustra de manera evidente la forma en que diferentes poderes se articulan para que personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas puedan ejercer su libertad de expresión y por otro lado impedir que la ciudadanía conozca situaciones de gran interés público”, dijo Jesús Peña Palacios, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Es un momento de gran importancia en el recorrido de México para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, aseguró.  

Alejandro Encinas

En un hecho histórico para nuestro país, donde 2018 cerró con el número más alto de periodistas asesinados a nivel mundial, y para dar cumplimiento a una primera parte de la resolución del Comité, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Nájera, tomó la palabra para decirle a la periodista:  

“Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus Derechos Humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa pública por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad. Por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia”.

El funcionario anunció el compromiso del gobierno actual para cumplir con la investigación y castigo a los responsables del caso, la compensación del daño y la implementación de medidas para que ningún periodista vuelva vivir algo semejante.  

“Desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, como la Secretaría de Gobernación, defenderemos siempre la oportunidad de disentir y contrastar, y no la homogeneidad institucionalizada”, dijo Olga Sánchez Cordero, titular de la política interior del país. Casos como el de Lydia Cacho, subrayó, recuerdan lo complicado que es en México para los profesionales de los medios, “mantenerse alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así”.

Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante las Naciones Unidas; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, estuvieron también presentes en un evento como los que se han visto muy pocos, donde el gobierno de un país inmerso en una tremenda crisis de Derechos Humanos, reconoce que no ha sabido hacer su trabajo. Sin embargo, una disculpa no es suficiente.