“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada ‘verdad histórica’ se construyó con base en simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, dijo Alejandro Encinas durante la conferencia matutina del pasado 5 de septiembre. En el marco de la liberación de Gildardo López Astudillo, uno de los principales inculpados por lo ocurridos en Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014, informaron que por instrucción del Ejecutivo, se abrirá un proceso de investigación contra jueces, ministerios públicos y los responsables de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que estuvieron encargados de la investigación.

Pero las acciones anunciadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob podrían estar llegando tarde al proceso. El Estado mexicano volvió a fallarle a las víctimas, pues si bien es cierto que la entonces PGR es responsable de ‘El Gil’, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, hoy sea libre, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) debió encargarse de acatar los procesos y darles seguimiento, pero no fue así.

A días de cumplirse cinco años de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la impunidad permanece.

“Con una investigación hecha de manera tan deficiente era esperable que se absolviera a las personas”, señala Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), en entrevista para Gatopardo. El hecho de que ‘El Gil’ haya recibido la primera sentencia absolutoria, abre la posibilidad para que la autoridad judicial pueda liberar a otros detenidos en el proceso. “Hay riesgo de que otras personas que están concluyendo su proceso puedan salir y llevarse con ellos la información relevante para el caso, información que podría ayudar a saber dónde buscar a los estudiantes desaparecidos”, detalla.

Luis Tapia explica que  el caso Ayotzinapa se está cayendo porque éste se sostenía en pruebas que fueron obtenidas por medios ilegales y violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. “Se trata de confesiones arrancadas bajo tortura, se cometieron muchas detenciones ilegales, incluso hubo personas que fueron retenidas hasta tres días antes de ser puestas a disposición de las autoridades competentes”, explica.

“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada ‘verdad histórica’ se construyó con base en simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, dijo Alejandro Encinas.

Aunque ya habían ocurrido liberaciones previas a la de «El Gil», éstas habían sucedido en respuesta a cuatro amparos otorgados en junio de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, a inculpados en el caso, quienes alegaron que fueron torturados, por lo que sus declaraciones quedaron invalidadas. “En este caso [‘’El Gil’] la diferencia es que ya se agotó todo el proceso, se desahogaron todas las pruebas, hubo una parte de conclusión o alegatos y el juez consideró que no habían bases suficientes para condenar”, señala Tapia.

No obstante, Alejandro Encinas cuestionó la decisión del juez de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos sobre la liberación de ‘El Gil’ y aseguró que aún existiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por la desaparición de los 43 normalistas “la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley, se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos”.

Tapia destaca que aunque la acusación realizada en 2015 sí fue responsabilidad inicial de la PGR, «con los años eso fue cambiando, fueron nombrando a otras personas, primero pasó a SEIDO, luego a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, ahí estuvo el fiscal Pérez Carro y luego el fiscal Alfredo Higuera Bernal. Finalmente el 27 de junio de 2019 se creó una unidad Especial de Investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, ya bajo las órdenes del Fiscal General de la República, y se nombró al maestro Omar Gómez Trejo como titular de esta última unidad».

“La etapa de pruebas de este proceso penal [el 66-2015] terminó el 25 de febrero del 2019. Es decir, el fiscal actual, Omar Gómez, no tuvo oportunidad de presentar pruebas“, señala.

En el caso de ‘El Gil’ se presentaron un total de 107 pruebas. Sin embargo, 64 fueron desestimadas, 63 por ilícitas y la número 64 debido a que no se presentó junto con la documentación completa, así que quedaron 43. “Entre esas están los mensajes interceptados por la DEA”, explica Luis Tapia.

A días de cumplirse cinco años de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la impunidad permanece.

Dichas comunicaciones son la prueba 89 presentada por la PGR para el caso Ayotzinapa. Éstas corresponden a una serie de mensajes interceptados por la DEA en Chicago y permiten establecer conexiones entre lo sucedido esa noche y el crimen organizado y tráfico de drogas del que participaban los Guerreros Unidos. Sin embargo, esto no se consideró prueba suficiente. “La nueva administración pudo haber fortalecido la explicación sobre estos mensajes, pues se presentaron de manera genérica, sin explicar qué es lo que pasaba y quiénes eran los que hablaban”, señala.

Por otro lado, entre las pruebas que se presentaron contra ‘El Gil’ y otros tres policías, incluyeron la declaración de Carlos Canto Salgado, cuyo caso se hizo viral en junio de 2019 luego de darse a conocer un video donde supuestos policías lo someten a técnicas de tortura para obtener información sobre los 43 normalistas.”Las autoridades quisieron usar una prueba abiertamente ilegal, por lo que se declaró ilícita”, explica.

A pesar del oscuro escenario y la falta de pruebas legales para sostener el caso, Luis Tapia asegura que había maneras de impedir que los responsables salieran de prisión. Una de ellas, era abrir una nueva investigación.

“En Estados Unidos había una causa penal abierta, entonces se pudo (..) solicitar que las personas se mantuvieran en prisión, no por los hechos en Ayotzinapa, pero sí por otros crímenes como por ejemplo, delitos contra la salud”, dice. Lo relevante ahora es que el precedente de ‘El Gil’ podría favorecer a la liberación de personas como Felipe Flores, entonces Secretario de Seguridad Pública de Iguala y el propio Presidente Municipal, José Luis Abarca; además del Subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Salgado, y otras personas como Sironio Casarrubias que se ha dicho que tenían una posición de mando en los Guerreros Unidos.

El coordinador del área jurídica del Centro ProDH, que durante estos años ha asesorado a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, señaló que ahora el llamado es a la FGR, pues “debe estar pendiente de lo que viene y del riesgo de otras liberaciones en tanto lo que lo que tienen los jueces son en su mayoría pruebas que ya fueron declaradas ilegales”.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa debe trabajar en coordinación con la FGR para dar seguimiento a cada caso y no perder de vista ningún expediente, para evitar que la impunidad se extienda aún más.

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