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Sergio Andrade es nieto de José Luque Medina, mejor conocido como Pepe Luque, un artista plástico, periodista y caricaturista que nació en Bolivia pero pasó casi toda su vida en Guayaquil, una ciudad que lo quiso mucho. Luque murió el lunes 30 de marzo a las 21:30 por deficiencia renal, a los 82 años. Había pasado días con una altísima temperatura, pero nadie lo pudo atender, ni en un hospital, ni en su casa. No se contagió de coronavirus, pero se podría decir que sí fue una de las causas de su muerte.
“Los hospitales no dan para más. Mi abuelo estuvo cinco días con fiebre muy alta y nadie, nadie, nadie quiso acercarse a la casa. Ningún doctor particular quiso revisarlo por miedo a contagiarse”, dice Andrade al teléfono, indignado, triste, en duelo y agotado.
El 16 de marzo, semanas antes de todo esto, el presidente Moreno declaró a su país en estado de excepción. En ese momento había apenas 56 contagios registrados y dos muertos por la enfermedad. Aquel día se anunciaron medidas como un toque de queda de 21:00 a 5:00 hrs. y la limitación de tránsito dependiendo las placas de los autos. Desde el fin de semana anterior ya se hablaba de la suspensión de clases y eventos multitudinarios. Ya se sabía que los contagios iban a ser rápidos y que las medidas también tenían que serlo. Ahora en Guayaquil la gente no puede salir después de las 14:00 hrs, y a partir del lunes 6 de abril los autos sólo pueden salir un día a la semana, dependiendo la placa. El sábado y domingo nadie sale de casa.
Ese lunes 30 de marzo, el día en que Pepe Luque se venció, arrancó el procedimiento para llevar al artista al nicho funerario que había comprado años atrás, pero que estaba a nombre de su yerno, que vive en España.
Primero llamaron al 911, les dijeron que no había ambulancias ni personal de medicina legal para ir a recoger al fallecido, pero que siguieran insistiendo. Luego llamaron a la funeraria, y les explicaron que tenían que ir a recoger un turno para que los atendieran.
Acabó el lunes y el cuerpo seguía ahí.
“Sabemos que tanto en número de contagios, como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos”.
Actualmente de las calles de Guayaquil se recogen un promedio de 150 cuerpos diarios.
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En el mundo occidental muchos consideran que morir en el hospital es mejor que morir en casa: ahí está el equipo médico y hay claros procedimientos a seguir cuando alguien fallece. Pero en esta ciudad esas verdades se han vuelto borrosas.
Daniela Febres-Cordero vive en Guayaquil con su esposo y su hija. Hace unos días, un amigo les llamó porque necesitaba ayuda para descifrar qué había pasado con su tía, que había ingresado a las 4:00 hrs. de la madrugada a terapia intensiva por Covid-19. Eran las 10:00 de la mañana y no tenía ninguna noticia. Febres-Cordero y su esposo encontraron un contacto que les confirmó que la señora había muerto dos horas después de ser ingresada, y les pidió por favor avisarle a su familiar que no iba a poder recoger el cuerpo.
“Suerte tendrás si te dan las cenizas para que puedas hacer algún tipo de ceremonia, pero se murió. Simplemente se acabó”, reportó la ecuatoriana.
Ante la dimensión del problema, los hospitales públicos le han pasado por encima a los protocolos acostumbrados, y sin avisar a los familiares sobre la muerte de sus enfermos, están sacando los cuerpos en contenedores, directo a los camposantos. Los transportan hasta ahí en bolsas negras etiquetadas, pero varios medios locales han confirmado historias de familias que llegan hasta ahí y no sólo no encuentran a sus parientes, sino que descubren que los cadáveres no están bien catalogados.
Una nota publicada por el medio Expreso cuenta la historia de Guillermo Enriquez, quien tras enterarse de la muerte de su padre fue a buscarlo al hospital. “Llego a las cinco de la mañana a Los Ceibos (uno de los principales hospitales de Guayaquil). Nos dieron permiso para entrar y me puse otra ropa. Había como 200 muertos en el contenedor. Mi papá, que falleció el 31, no estaba ahí. Pisé muertos y sangre. Abrí varias fundas con nombres de hombres en los que había cuerpos de mujeres”, narra el ecuatoriano. Muchos otros medios publicaron historias similares.
El 4 de abril a las 9:54 de la mañana Jorge Wated, presidente del directorio de BanEcuador y encargado de resolver la crisis mortuoria de Guayaquil por decreto del presidente Moreno, publicó un tuit diciendo:
“Tenemos 150 personas ya inhumadas en Campo Santo de La Paz, Lunes (6 de abril) vamos a publicar en línea la página donde podrán los deudos saber donde está sepultado su familiar”. Confirmó así que muchos cadáveres no fueron identificados antes de ser enterrados.
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Tras pasar la noche con el cuerpo de su padre en casa, el martes 31 de marzo, Silvia Luque, hija de Pepe y madre de Sergio Andrade fue a la funeraria para tratar de seguir con el protocolo, pero le dijeron que no podían hacer nada sin un acta de defunción emitida por médicos y validada por el registro civil.
Durante esta emergencia el proceso a seguir, en teoría, sigue siendo el mismo, pero la realidad le ha impuesto variaciones. Tras la muerte de un familiar hay que llamar al 911 para pedir apoyo de un medico legal que examine el cuerpo, algo que ahora ya no se está haciendo para agilizar los trámites. Los médicos particulares también pueden cumplir con estas funciones, pero la familia Luque, como tantas otras, no logró convencer a ninguno de hacerlo. Después se tiene que ir al registro civil a dar el número del acta generada por el médico. A partir del 3 de abril se habilitó la posibilidad de hacer este trámite en línea, pero sólo el 17.1% de los habitantes de Guayaquil tiene acceso a internet, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Para el resto no queda otra que volver al inicio e intentar, sin mucha esperanza, encontrar auxilio en el 911.
Acabó el martes y el cuerpo seguía ahí.
El miércoles por fin contestaron en el 911. Llegaron elementos de las Fuerzas Armadas a su casa y les entregaron el acta de defunción, sin examen previo, en la que decía que el señor de 82 años había muerto de neumonía. “Entregar actas de defunción sin hacer un chequeo médico es un crimen”, dice Andrade para Gatopardo y tiene razón. Una vez que les entregaron el documento, la familia le pidió a los miembros de la Armada que por favor se llevaran el cuerpo, que ya llevaba tres días ahí. Les contestaron que no podían hacerlo, y que aún si se lo llevaban tendrían que ir a recogerlo a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y someterse a otro trámite.
La JBG está atendiendo a 50 personas al día. Entregan turnos conforme llega gente a la que luego sólo le queda esperar. La mayoría pasa ahí varias horas y Twitter se ha llenado de reclamos de personas que, tras esperar su turno, han tenido que pagar 1700 dólares por un servicio público. Además, si quieren que sus familiares sean enterrados y no cremados –acto que hasta hace poco tiempo era repudiado por la Iglesia Católica local en un país muy creyente– hay que ir al Hospital de Infectología para pedir un certificado de inhumación, donde la gente hace fila hasta por cinco horas para obtenerlo.
Tras insistir, los miembros de la Armada le dijeron a Sergio Andrade que más tarde intentarían volver para recoger el cuerpo de su abuelo. Les dijeron también que el que tuvieran un nicho era una buena noticia, pues ya no había dónde enterrar a la gente.
El mismo día que murió Luque, el presidente Lenin Moreno avisó que se construiría un nuevo camposanto con dos mil espacios más para que la gente tuviera dónde hacer los sepelios, anticipando que los que ya había no darían abasto. Tenía razón.
Nadie volvió por el cuerpo de José Luque.
Acabó el miércoles y el cuerpo seguía ahí.
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En consecuencia, decidieron iniciar una campaña a través de las redes sociales.
“Bien o mal, si tu publicas un tweet y tienes muchos retweets, olvídate, el problema se te solucionó, te levantan el cadáver en ese momento. Así es la realidad de acá”, dice Daniela Febres-Cordero.
Ella está en su casa, respetando el toque de queda. Su esposo había salido a comprar víveres un día antes de la entrevista y para cubrir la despensa de tres familias, la suya, la de sus padres y la de sus suegros, se demoró cerca de seis horas. “Se fue a las 7:00 de la casa, pudo ingresar al súper las 10:00 y en lo que hizo todo fueron las 12:00. Él regresó acá a la una de la tarde”, dijo.
Febres-Cordero siente que vive en una dictadura, aunque también admite que pertenece al sector afortunado que puede quedarse en casa y trabajar desde ahí, pues sabe que en su país el 46.7% de las personas trabajan en un esquema informal. Esta realidad es uno de los factores que ha provocado que los contagios de Covid-19 extrapolen de tal forma en Ecuador. A eso se le suma la mendicidad en las calles, muchos de los cuales son migrantes venezolanos que llegaron en bandadas a causa de la crisis en el país de Maduro: en el 2018 se registró una entrada aproximada de 3 mil personas al día.
Las calles del centro de la ciudad, cuentan Dayanna Monroy y Jessica Zambrano, periodistas locales que viven en esta zona de Guayaquil, no están del todo vacías.
“Yo veo gente en la noche, entre ellos, chamberos (personas que recogen y separan la basura para venderla y conseguir algún ingreso) que siguen ahí”, dice Zambrano, contando lo que ve desde su ventana. “Hay gente que duerme en la calle y ahí seguirá”.
También hablan de los adolescentes que consumen H, una droga que se puso de moda hace algunos años y que ha representado un grave problema en la salud pública de la ciudad.
Ante sistemas hospitalarios y funerarios colapsados, la gente tiene que mantener a sus familiares y amigos fallecidos en sus casas, hasta por una semana, esperando a que alguien venga a recogerlos.
Casos de Covid-19 en Ecuador al 30 de marzo de 2020. De rojos claros a oscuros, comparativa de mayor cantidad de casos registrados por región.
“La ciudad de Guayaquil tiene dos polos: puede ser que tu vayas, por ejemplo, al centro de la ciudad y encontrarte con una calle completamente desierta, pero bajas a los suburbios y descubres un sábado normal”, cuenta Monroy, que ese mismo día fue a una zona del sur, reconocida como uno de los sectores más pobres, donde el tiempo no se ha detenido.
Es en las zonas más pobres donde se han visto más cuerpos en las calles. En uno de esos barrios del sur, sus habitantes quemaron llantas y otros materiales para atraer la atención de las autoridades, porque la gente ya no podía pasar más días con los cadáveres en sus casas. El video de esto llegó a las redes sociales y se hizo viral envuelto en rumores equivocados de que aquello no eran llantas, sino cuerpos.
Todas las personas entrevistadas para este reportaje hicieron énfasis en que Guayaquil sufre de una profunda desigualdad social. El expresidente Rafael Correa, hoy condenado a 8 años de cárcel por liderar una red de sobornos, ha dicho que es “una de las ciudades más inequitativas del Ecuador, de Latinoamérica y tal vez del mundo”.
Las autoridades respondieron al caos con un programa llamado Fuerza de Tarea Conjunta, dirigida por Jorge Wated, como encargado del Comité de Tareas. Funciona así: la policía se encarga de la recolección de cadáveres en las casas y calles, la Comisión de Tránsito los recoge de los hospitales y los miembros de las Fuerzas Armadas se encargan del transporte a los camposantos. Al menos en la teoría, esa es la logística.
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Tras lograr ruido en las redes sociales, Silvia Luque recibió una llamada de la embajada de Bolivia, país del que era originario su padre. Ella les contó todo lo sucedido y les habló a detalle de la frustración que, cómo su familia, sufren muchas otras en aquella ciudad. A ese punto, aún no lograban tomar procesión del nicho funerario que compró su padre, por estar a nombre de otro familiar residente en España. Sin embargo, una vez que la embajada contactó a la funeraria, su personal llegó de inmediato a la casa de Pepe Luque para hacer lo que su familia llevaba pidiendo media semana.
El jueves 2 de abril, cuatro días después de su muerte, el cuerpo de Luque salió por fin de su hogar.
Sin embargo, hay personas que han reportado en las redes sociales y medios de comunicación siete días invertidos en lograr este resultado. Por supuesto, sin la ayuda de ninguna embajada.
El 16 de marzo, semanas antes de todo esto, el presidente Moreno declaró a su país en estado de excepción.
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A pesar de la inmensa necesidad de recursos que ha traído a la ciudad esta pandemia, buena parte del gasto público se sigue destinando a otros rubros. “Estamos viendo cómo el gobierno local ha priorizado ciertas construcciones de obras públicas, como una rueda moscovita o un transporte aerosuspendido que no sabemos muy bien cómo va a alivianar el tránsito de la ciudad”, reclama la periodista Jessica Zambrano.
Otra reconocida periodista ecuatoriana, Sol Borja, dice que “la corrupción es un tema recurrente en todos los aspectos de la sociedad, incluso en esta emergencia”. Para ejemplo hizo referencia al enojo que provocó en la población la compra de diez millones de de dólares en insumos médicos de precios muy inflados a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De acuerdo a lo presupuestado, por una mascarilla estuvieron a punto de pagar $12, en vez de $4. Ante la atención mediática que atrajo el caso, se frenó la compra y un mando medio de la institución fue despedido. “Pero esto sólo sucedió por el escándalo que provocó la noticia”, dice Borja.
En el sistema de salud de Ecuador siempre han habido deficiencias. La periodista cuenta que el gobierno anterior invirtió en infraestructura; compraron máquinas para los hospitales, pero no tomaron en cuenta que no había suficiente gente capacitada para operarlas. “El gobierno actual tiende a culpar al anterior por todo. Ya fue suficiente de usar ese argumento para no asumir responsabilidades”, dice la periodista, pues Lenin Moreno asumió la presidencia hace tres años.
Además, independientemente de pandemia, los periodistas reclaman constantemente que el acceso a información en torno al Ministerio de Salud es muy complicado. No hay transparencia en compras, o reportes y hay que esperar mucho tiempo para recibir cualquier dato. En un contexto de emergencia, esto se ha agravado.
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Guayaquil se posicionó en las pantallas de todo el mundo con decenas cadáveres en sus calles y una población desesperada ante la falta de respuesta de un gobierno con el agua hasta el cuello. Un sistema corrupto envuelto en una desigualdad social profunda, con protocolos burocráticos poco eficientes y faltos de transparencia, además de un sistema de salud con inversiones limitadas y opacas, y políticos que aquí, como en otras partes del mundo, culpan al pasado y aún ante la tragedia humanitaria destinan recursos a otras obras sin poder justificarlo. El Covid-19 está destapando viejas grietas y abriendo muchas nuevas en la fachada política e institucional ecuatoriana, llevándose miles de vidas en el proceso.
