Los ánimos de normalizar y continuar con la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública andan desbocados, pese al fracaso en la reducción de la violencia homicida durante los últimos 13 años, en el que ellas mismas han participado. Varias posturas parten de una lectura superficial de las mediciones de la confianza ciudadana en las autoridades que hace el Inegi, particularmente, la que las personas sienten hacia los militares. Los errores de interpretación deben quedar en evidencia para tener discusiones más fructíferas sobre las estrategias e instituciones que necesitamos con urgencia. Como mi intención no es señalar a algún autor en particular, me enfocaré en los argumentos para identificar dónde radican sus debilidades. Observo, como decía, que cojean del mismo pie: parten de premisas ciertas (la mayoría de las personas en México confía en las instituciones militares, por ejemplo), pero saltan a conclusiones y recomendaciones equivocadas. Atribuyo lo anterior a que pasan por alto detalles finos sobre la función de la seguridad pública y sobre la interacción de la ciudadanía con las autoridades en el marco de este concepto. Es cierto que desde hace poco tiempo –prácticamente, a raíz de que la crisis de seguridad nos estalló en las manos– se hacen estudios y mediciones a escala nacional acerca de este tema. La medición periódica de la percepción de seguridad y confianza en las autoridades por parte del Inegi data apenas de 2010, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), aunque la División de Estudios Jurídicos del CIDE realizó levantamientos semestrales entre 2005 y 2007 para el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México.

Precisamente, por lo mucho que todavía desconocemos, es recomendable avanzar con cautela y, sobre todo, no suponer que las percepciones positivas acerca de un actor estatal en el desempeño de sus funciones se extienden en automático a toda actividad que éste realice, en especial, si son de otra índole. Los de por sí limitados recursos públicos y humanos disponibles para hacer frente a los diversos problemas de seguridad que enfrenta la población no deberían asignarse con base en criterios poco razonados. Empecemos con el análisis. Palabras más, palabras menos, los argumentos van en las siguientes direcciones: La mayoría de las personas se siente insegura en su ciudad, pero considera muy efectivos a la marina y el ejército en la tarea de prevenir o combatir la causa de esa inseguridad (la delincuencia). Entonces, recurrir a los militares solucionará el problema. Este razonamiento tiene más de una debilidad. La primera es que ante la percepción de inseguridad de la población (compartida por el 66.4%, de acuerdo con el levantamiento más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU) se afirma que la solución es encargar la estrategia contra la delincuencia a la autoridad considerada por las personas como la más efectiva en sus funciones. Lo afirma porque sí, sin evidencia de que las fuerzas armadas sean las más aptas para las tareas en cuestión, esto es, para mejorar la percepción de seguridad y disminuir la delincuencia. En contraste, un análisis sobre la percepción de inseguridad en ciudades, realizado entre 2017 y 2021 con base en los datos trimestrales de la ENSU, muestra que las policías municipales tienen el mayor peso en la sensación de seguridad de la ciudadanía.* Al analizar el incremento en el porcentaje de la población que se siente segura en su ciudad en relación con la confianza que ésta tiene en las distintas corporaciones policiales o militares, observamos que la probabilidad de que una persona se sienta segura en la ciudad donde vive aumenta en mucho mayor medida si hay confianza en la policía municipal.

A partir de lo anterior, podemos presumir razonablemente que si crece la confianza en la policía local, la percepción de seguridad puede mejorar. ¿Es imposible lograrlo? Falso. Por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el porcentaje de la población que tiene mucha confianza o algo de ella en la policía municipal pasó de 46% en marzo de 2017 a 61% en el mismo mes de 2021, de acuerdo con la ENSU; y está muy por arriba del promedio nacional, de 48% en el mismo periodo. Lo que se necesita, entonces, no es colocar a los militares en las funciones de la policía, sino observar con detenimiento las políticas que se implementaron en ciudades como Nezahualcóyotl. En efecto, todo es mucho más complicado que meter la mano al sombrero del mago y sacar una recomendación de política pública a partir de una relación inexistente entre los datos. La segunda debilidad del argumento es que se piensa el problema de la delincuencia en términos demasiado amplios y, pese a ello, se toma la licencia de generalizar la efectividad de los militares de un ámbito a otro. ¿Las fuerzas armadas son efectivas para todo tipo de problema de seguridad? ¿Quién puede afirmar con seriedad que hay un tipo de autoridad apta para prevenir o responder a todo lo que cabe en la categoría de “actividad delictiva”? Profundicemos en esto. Para definir a qué nos referimos cuando hablamos de delincuencia en México podemos empezar por identificar los delitos con más víctimas en el país mediante la Envipe. Su levantamiento más reciente indica que en 2019 fueron el robo o el asalto en la calle o en el transporte público, el fraude, la extorsión, el robo parcial de vehículo (alguna pieza) y las amenazas verbales. A este listado, por supuesto, le faltan aquellos que no capturó la encuesta porque la o el entrevistado prefirió no reportarlos a la persona que lo encuestó, pero en algunos se puede presumir una prevalencia alta; es el caso de la violencia contra las mujeres al interior de los hogares. Otro componente de la inseguridad son ciertas conductas que no son delitos, pero que pueden afectar la percepción de la población al respecto. Están, por ejemplo, las faltas administrativas, que incluso ocupan más tiempo del personal de seguridad pública y, de acuerdo con la ENSU, la más frecuente es el consumo de alcohol en la calle. Con esta imagen más completa del problema, insisto, ¿con base en qué se supone que los militares serían los más efectivos para disminuir la inseguridad o la delincuencia? No dudo ni un ápice que las personas que integran las instituciones militares sean aptas para cumplir con su función, que es mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (es decir, la seguridad nacional). Tampoco dudo que ciertas actividades delictivas en lugares y momentos específicos puedan constituir amenazas a la seguridad nacional y, por lo tanto, se justifique su intervención con objetivos precisos. Sin embargo, la mayoría de la actividad delictiva que ocurre en gran parte del país no pertenece a ese universo, por lo que no hay fundamento para pensar que la efectividad de los militares abarca esas otras tareas. Pasemos al siguiente razonamiento: La confianza de la gente en el ejército y la marina está en niveles muy altos; entonces, no se necesita destinar recursos públicos a la policía. Nos encontramos de nuevo ante una premisa verdadera seguida de una conclusión que no se sostiene ni tiene relación con ella. Es cierto que prácticamente nueve de cada 10 personas manifestaron tener algo de confianza en la marina y mucha en el ejército, de acuerdo con los datos de la ENSU para marzo de 2021. Sin embargo, el contacto directo entre la población y los militares para necesidades de seguridad pública es muy poco frecuente, a diferencia de lo que ocurre con las policías, principalmente, las municipales. La encuesta que realizó el World Justice Project –25,600 individuos en todo el país que usó para el Índice de Estado de Derecho en México 2017– revela que ocho de cada 10 personas que buscaron asistencia por medio del número de emergencias fueron atendidas por un policía municipal o estatal. La lógica más básica, por lo tanto, indica que la mayor parte del esfuerzo gubernamental debe seguir dirigiéndose a las policías para fortalecer su capacitación, que haya mejoras salariales y plazas nuevas o que se renueve su equipamiento. Hay a quienes les sorprende este fenómeno, pero el desgaste diario de los vehículos que utiliza la policía para actividades de patrullaje –solicitado muchas veces por la propia población– hace necesaria la renovación periódica de su parque vehicular; lo mismo ocurre con uniformes o chalecos antibalas. Dicho sea de paso, menos de una de cada 10 personas recibió la atención de emergencia por parte del personal de la marina o el ejército, de acuerdo con la misma encuesta. Por lo tanto, no debe descartarse como hipótesis que a mayor contacto directo con el público, los niveles de confianza en la autoridad tienden a descender. En suma, los altos niveles de confianza en las fuerzas armadas no solucionarán los problemas de seguridad y violencia que afectan a la mayoría de las personas en el país. Estos niveles tampoco hacen que esas autoridades sean las mejor capacitadas para prevenir o reducir el número de víctimas. No existe evidencia que justifique la continuidad de la apuesta de recursos públicos y humanos en ese sentido. Es hora de que la (seguramente) bien ganada reputación en las instituciones castrenses deje de utilizarse como muletilla en argumentaciones sin sustento. Dicho lo anterior, ¿podemos iniciar la discusión sobre la policía que necesitamos? Es urgente. --- *Para obtener este dato, el World Justice Project realizó un análisis de dos regresiones logísticas pooled con efectos fijos (para cada estado y año) con datos de la ENSU; una considerando a la policía federal entre el primer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2020, otra considerando a la Guardia Nacional entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021; la variable dependiente es la probabilidad de sentirse seguro en la ciudad que se habita y las variables independientes son la confianza en cada una de las tres policías (o la Guardia Nacional), el ejército, la marina, y los efectos fijos. Posteriormente, se calculó el efecto marginal promedio de confiar en cada una de las policías, el ejército y la marina sobre la probabilidad de sentirse “algo” o “muy” seguro en su ciudad.