Este domingo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones intermedias del 2021, de las que saldrán 300 diputados federales y 19,915 cargos locales. Esta elección no sólo es importante por la alternancia de partidos políticos. Lo es, también, por la diversidad. A pesar de los avances en la paridad entre hombres y mujeres y en las cuotas para la comunidad LGBTTTIQ+, todavía hay dificultades para que estas personas accedan a puestos públicos.
En este proceso electoral, hay 101,694 candidatos, de los cuales 51,935 son mujeres y 49,699 son hombres. En apariencia hay más candidatas que candidatos. Sin embargo, más allá del gran total, se observa en los detalles que las mujeres son minoría en los cargos de más relevancia, como gubernaturas y presidencias municipales, en contraste con las candidaturas que sí ocupan para sindicaturas y regidurías, con excepción de las alcaldías, donde se registraron 94 mujeres contra 87 hombres.
Céline Gonzalez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que la paridad funciona de diferente manera: “En los puestos legislativos, que tienen que ver con diputaciones locales o federales o senadurías, digamos que la paridad de género sí ha cumplido el espíritu de mantener 50-50 mujeres y hombres”. Y tiene razón, sí hay mayoría de mujeres para los cargos en los congresos locales, por ejemplo, hubo un registro de 3,090 mujeres y 2,802 hombres para esta elección de mayoría relativa. Sin embargo, la investigadora subraya que “en puestos a nivel municipal es mucho más difícil”.
Esa dificultad en el nivel ejecutivo se puede constatar en comicios anteriores. De acuerdo con el Informe de Resultados de las elecciones de 2018, únicamente el 27.11% de las presidencias municipales fueron ganadas por mujeres, mientras que los hombres alcanzaron poco más del 72%. Estos porcentajes se traducen en 1,169 presidentes municipales hombres contra 437 presidentas mujeres en el país.
“La baja representación en presidencias municipales tiene que ver con la manera en que se implementa la paridad vertical”, explica Céline González: “El ayuntamiento es una planilla: si se escoge para la presidencia municipal a un hombre, el siguiente puesto, que es la regiduría o las sindicaturas, tendría que ir para una mujer y así hasta acabar con toda la planilla”.
Gracias a la reforma constitucional de 2019, la mitad de todos los cargos de decisión política deben ser para las mujeres. Esta regla aplica para el nivel federal, estatal y municipal en los tres poderes y para los organismos autónomos. A pesar de ello, los partidos políticos comúnmente incluyen a las mujeres en los lugares donde saben que van a perder o en puestos menores.
“Uno esperaría que en esta elección crecieran un poquito más las mujeres titulares de presidencias municipales”, dice Céline González. “A diferencia de los legislativos, [los puestos ejecutivos] cuentan con presupuesto propio, pueden elaborar programas y políticas públicas al interior de su ayuntamiento, pueden restaurar el impuesto predial y la policía municipal está a su disposición. Los municipios muy grandes, como Guadalajara o Monterrey, suelen tener mayor presupuesto. Para cumplir con la paridad de género vertical, los partidos tienden a relegar a las mujeres a lo rural, les dan los municipios más pequeños o los que seguramente van a perder como titulares de presidencia municipal”.
La reforma de la Ley General de Partidos Políticos de 2014 prohibió que los partidos políticos exclusivamente pongan a candidatas en distritos donde previamente perdieron.
Paridad no es cuota de género
En México ocurrió otro cambio fundamental con la reforma de 2019. El país pasó de las cuotas de género, que venía arrastrando desde 1996, a la paridad. No son lo mismo: “La paridad de género no es una acción afirmativa, es muy diferente de las cuotas de género que en algún momento se aplicaron. La paridad es un principio que debería estar garantizado para que hombres y mujeres participen en condiciones iguales. La cuota, en cambio, ponía un porcentaje”, recuerda Céline Gónzalez. Añade que los partidos políticos, en el tiempo de las cuotas, utilizaban cualquier laguna jurídica para poner a quienes quisieran sin cumplir bien con el criterio.
Estas lagunas se fueron cerrando con las reformas. Ahora, los partidos han encontrado otras estrategias y formas de desmotivar a las mujeres de participar en las elecciones y, así, colocar a quienes les convenga. En su trabajo como investigadora, Céline González ha detectado que los partidos usan tres argumentos para poner a las mujeres en puestos políticos de menor importancia: “las mujeres no quieren participar, no deben participar o no pueden participar por su perfil o su experiencia”.
Sin embargo, los partidos ya cuentan con mujeres que tienen experiencia, con síndicas y regidoras que fueron elegidas en 2018. Por eso, la investigadora considera que “después de estas elecciones intermedias, la participación política de las mujeres en México y en puestos de poder importantes podría aumentar”.
La historia se repite
La historia de la lucha por los puestos públicos se repite en la comunidad de la diversidad sexual. En 2018, el INE implementó el Protocolo Trans para que no haya discriminación en el derecho al voto: se estableció que las personas pueden indicar su identidad en la credencial para votar.
Pero aún están pendientes las candidaturas diversas. En enero de 2021, el INE modificó los criterios de registro para promover la participación de grupos discriminados como la comunidad LGBTTTIQ+, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. Aunque en elecciones pasadas ya habían participado candidatos abiertamente homosexuales, esta vez la disposición debía aplicarse en todos los partidos políticos. Se trata de una acción afirmativa, es decir, de una cuota.
“Antes de eso los partidos de repente abrían algún espacio para una candidatura de la diversidad sexual, sobre todo, los de izquierda”, explica el politólogo y periodista Genaro Lozano. “En 1997 se consigue la primera diputada federal abiertamente lesbiana, que fue Patria Jiménez. A partir de ahí, en cada elección los colectivos feministas impulsaban a alguna mujer lesbiana para que fuera candidata y llevara la doble agenda: tanto la de diversidad sexual como los temas de mujeres, principalmente, el derecho a decidir”.
Esta modificación al registro de candidatos, producto de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obliga a los partidos a postular dos fórmulas de personas LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 300 distritos para diputación. “Para el caso del principio de representación proporcional, deberán postular una fórmula dentro de los primeros diez lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales”, informó el INE.
En esta misma bolsa entró la postulación de tres fórmulas de candidaturas de afromexicanos para cualquiera de los distritos electorales y una por representación proporcional, la cual debe ubicarse entre los diez primeros lugares de la lista de candidatos. En cuanto a los indígenas, el INE destacó su participación en 21 distritos, de los cuales once deben ser mujeres. Las personas con discapacidad también fueron contempladas con seis fórmulas para alguno de los 300 distritos y otras dos por principio de representación proporcional.
“Como son diez partidos, en teoría tendrían que ser treinta candidaturas en total, por ley: dos por votación y una en la lista plurinominal. Eso es un gran logro, pero ¿qué está pasando? Lo mismo que ocurrió con la paridad y las cuotas de género al principio, los partidos están mintiendo”, aseguró Lozano con respecto a las candidaturas de la diversidad sexual.
A pesar de esto, Lozano está seguro que las elecciones del 6 de junio son un parteaguas para la participación política de la comunidad. A partir de los errores en el cumplimiento de las cuotas, los actores políticos LGBTTTIQ+ podrán exigir modificaciones a las leyes: “Es el lado agridulce de estos temas: qué bueno que existe esta ley, pero hay que arreglarla, y creo que la agenda de la sociedad civil y las organizaciones LGBT, después de la elección, será afinar los procesos para evitar ‘Juanitas LGBT’ y la simulación de los partidos”.
Así, esta elección intermedia ya está sirviendo para revelar errores y malos manejos. De la mano del INE y el Conapred, el 6 de junio será una “prueba y error” para las elecciones federales de 2024. Muchos ya tendrán más experiencia en el ámbito político y en el terreno electoral y aprovecharán mejor el marco normativo que los protege de la discriminación.
