El populismo avanza, pero ¿hacia dónde? A una encrucijada. De acuerdo con Nadia Urbinati, al populismo lo acecha por un lado la propia democracia constitucional: los frenos a la mayoría con base en los principios y reglas constitucionales, la competencia política pluralista y el reconocimiento de otras mayorías. El otro camino conduce al autoritarismo, a volver constitucional esa mayoría que se identifica a sí misma con la voluntad popular, a la erosión de las intermediaciones políticas (como los partidos y otras instituciones) y al reforzamiento del líder carismático.

El destino final del populismo depende en buena medida del Poder Judicial, que resuelve conflictos garantizando la superioridad de la Constitución sobre la ley y los actos del gobierno. Ante la concentración de poder en el líder carismático y el intento de consolidar su mayoría como la única auténtica, el Poder Judicial marca líneas claras que delimitan lo permitido según las normas constitucionales. La claridad de esas líneas facilita identificar las transgresiones y coordinar la acción colectiva contra ellas. El Poder Judicial también puede detener la degradación del discurso político implícita en la distinción artificial y conveniente del pueblo virtuoso contra las minorías corruptas.

La intervención del Poder Judicial ante el fenómeno populista puede, entonces, ayudar a que éste dé pie a una renovada democracia constitucional, a un periodo de estabilidad inyectado del dinamismo derivado de la irrupción mayoritaria y sus reclamos justos. Que la intervención sea positiva depende crucialmente de la independencia del Poder Judicial respecto al gobierno, el líder carismático y su mayoría, instalados en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Aquí radica la gravedad de la reforma judicial, sus leyes regulatorias con el transitorio infame y la complacencia y complicidad del ministro presidente: son un atentado contra la independencia judicial. La reforma y las leyes se han presentado como un antídoto para atenuar la ya larga lista de agresiones verbales y acciones gubernamentales contra ministros, magistrados y jueces, que comenzaron incluso antes de la toma de posesión del actual gobierno. Pero ¿por qué el presidente López Obrador, el senador Monreal y sus mayorías legislativas, han apoyado y hecho suya una reforma que, de acuerdo con el ministro Zaldívar, fue realizada “por y para el Poder Judicial”, “la más trascendente desde 1994”? Porque les permite el control del Poder Judicial, sus magistrados y jueces, a partir de la toma gradual de la mayoría de asientos en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura.

Debemos mirarnos en el espejo de países como Brasil, Hungría, Polonia y Turquía: en algunos, el fenómeno populista ya dio paso a un régimen autoritario; otros siguen en el equilibrio inestable, cuyo destino final se juega día con día. La cooptación del Poder Judicial hace más probable que una mayoría que se considera la única legítima, que desconoce el pluralismo y los límites constitucionales al uso del poder político, se consolide y mine irremediablemente la democracia constitucional.

Si las leyes recientemente aprobadas llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta debería declarar inconstitucional no solamente el artículo transitorio en el que se ha concentrado la atención, sino también varios de los elementos de dichas leyes que facilitan el control de jueces y magistrados a partir de procedimientos administrativos y disciplinarios, además de mecanismos jurisprudenciales. No es únicamente la independencia judicial la que está en riesgo.

*Profesor titular, ITAM. Su trabajo académico se puede consultar en: https://rios-figueroa.com/