La cita fue el 8 de octubre de 2017. Aquel día, 789 personas participaron en la consulta organizada por el comité Kanan Ts’ono’ot –Guardianes de los cenotes–, un grupo de pobladores mayas que siguiendo estándares internacionales convocaron al pueblo a ejercer su derecho a la libre autodeterminación. El cuestionamiento era sencillo, se trataba de decidir si se seguía o no con la construcción de la granja de puercos que la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) había estado instalando desde 2016 en el municipio de Homún, al sur de Yucatán. De acuerdo con los resultados, 732 personas expresaron un “no” rotundo al proyecto, mientras que solo 52 se manifestaron a favor y cinco más hicieron nulo su voto. El rechazo fue evidente y no solo a la granja porcícola, sino al proceso bajo el cual una industria de este tipo, tan dañina para el ecosistema, había llegado a establecerse en una de las áreas protegidas más importantes de México.
De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas (2007) en su artículo tercero, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Es decir, que pueden elegir su organización política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esto antepone su participación plena y efectiva ante cualquier acción que pueda afectarles directa o indirectamente. Sin embargo, los pobladores de Homún no supieron del proyecto de la granja porcina hasta que las naves estaban en un punto muy avanzado de construcción, pues el Estado nunca les informó o les consideró para tomar la decisión. Luego de la consulta organizada por el comité Kanan Ts’ono’ot, inició una serie de juicios, entre ellos el referente al impacto ambiental que la industria porcina podría traer a la región maya.
Ante estos casos, “el gobierno y toda autoridad, a nivel municipal, estatal e incluso los propios jueces, tienen la obligación a nivel internacional y como dicta la Constitución, de aplicar el principio precautorio, el cual señala que ante un daño irreversible se deben tomar todas las medidas necesarias para evitarlo”, asegura la abogada.
Fotografía de Alberto Velázquez.
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Durante décadas, los pobladores de Homún, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, se dedicaron al cultivo del henequén, una especie de agave que desde tiempos prehispánicos fue fuente de fibras para la región maya de México. Sin embargo, el recurso se agotó y a los habitantes de la región sur del estado no les quedó más que cambiar de oficio. Durante un tiempo, la opción más segura fueron las maquiladoras establecidas en Mérida, hasta que Doroteo Hau Kuk, vecino de la zona, optó por abrir al turismo un cenote localizado en su propiedad. Al ver que la apuesta funcionaba, ejidatarios del municipio se sumaron a la iniciativa, incluso conformaron cooperativas, y en poco tiempo, Homún pasó a ser un pueblo cuya actividad principal es el ecoturismo, sustento que a la fecha mantiene en pie a miles de familias.
Entre los cenotes y los habitantes de Homún existe un vínculo sagrado. Aquellos pozos con cuevas submarinas son antiquísimos, mucho más que el pueblo mismo. En esos terrenos está escrita parte fundamental de la historia del pueblo maya, y es ahí donde la cosmovisión de una de las culturas más fascinantes de la humanidad señaló la existencia de Cháak, el dios de la lluvia. Homún es uno de los 53 municipios localizados en el Anillo de Cenotes, un sistema hidrológico único en el mundo que se caracteriza por la alta permeabilidad del subsuelo, además de ser un área con alto flujo de agua, pues se conforma por una red de cavernas que actúan como ríos subterráneos. Al interior del pueblo también se encuentra la Laguna de Yalahau, un maravilloso cuerpo de agua que mide 800 metros de largo por 400 de ancho, todo un paraíso natural.
Desde octubre de 2013, el Gobierno de Yucatán emitió un decreto con el que ubicó a Homún como parte del Área Natural Protegida Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, al ser uno de los pueblos que se localizan en la zona de recarga de la reserva. De acuerdo con dicho decreto, queda expresamente prohibido que se realicen actividades que impacten o puedan impactar de manera negativa al medio ambiente o a los ecosistemas de la región. Es tal la importancia de esta zona al sur del estado que tanto la reserva como el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, fueron declarados como Humedales de Importancia Internacional, con base en el convenio conocido como Convenio Ramsar.
El rechazo fue evidente y no solo a la granja porcícola, sino al proceso bajo el cual una industria de este tipo, tan dañina para el ecosistema, había llegado a establecerse en una de las áreas protegidas más importantes de México.
Sin embargo, las autoridades estatales y federales hicieron caso omiso a tales reconocimientos y terminaron por ultrajar la zona, violar los derechos del pueblo maya y por modificar la información sobre el tema a su conveniencia. A inicios de 2017, los pobladores de Homún se percataron de la construcción de un camino que conectaba el pueblo con la Laguna de Yalahau. Al cuestionar a las autoridades municipales, les aseguraron que se trataba de un esfuerzo para facilitar el acceso a la zona turística y los ánimos se calmaron hasta mayo del mismo año, cuando el pueblo de Homún supo que en realidad era el primer paso para la construcción de esa megagranja de puercos.
Fue hasta entonces que se dio a conocer que el presidente municipal Enrique Echeverría Chan, sin consultar al pueblo y sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgó en octubre de 2016 el permiso de construcción de naves porcícolas y unidades de tratamiento de aguas residuales a Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los efectos que las granjas porcícolas pueden tener en el medio ambiente son alarmantes, pues tienden a degradar el suelo y el agua, ya que liberan cantidades excesivas de nitrógeno y fósforo. Un escenario de este tipo en una red hídrica como el Área Natural Protegida Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes podría tener resultados devastadores.
“Nuestro suelo es especial, se llama suelo cárstico, por el meteorito que cayó en Yucatán. Eso quiere decir que todo se filtra. Normalmente el suelo sirve de colador, si tú tiras agua con cargas orgánicas contaminadas existen tipos de suelo que ayudan a filtrar, pero aquí no, el suelo tiene hoyos y todo lo que cae va directo al acuífero”, explica Lourdes Medina.
Entre los cenotes y los habitantes de Homún existe un vínculo sagrado. Aquellos pozos con cuevas submarinas son antiquísimos, mucho más que el pueblo mismo.
Fotografía de Alberto Velázquez.
Luego de la consulta de octubre de 2017 y ante la inacción de las autoridades por frenar la construcción y funcionamiento de la granja, el comité maya Kanan Ts’ono’ot, en compañía del pueblo maya de Homún, convocó a la clausura ciudadana de la mega granja porcícola. A pesar de que la manifestación se hizo pacíficamente, los pobladores fueron recibidos por policías y a su vez, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Sin cumplir con la legislación federal, clausuraron los cenotes de los integrantes de la directiva de Kanan Ts’ono’ot, en una clara violación más a sus derechos. Desde entonces, las acciones de intimidación contra el pueblo y los defensores del agua no cesaron.
La mega granja de puercos inició operaciones en septiembre de 2018, pero sólo duró un par de meses activa, pues la autoridad se vio obligada a aplicar el principio precautorio. Al existir dicho principio no se tiene que demostrar la existencia de una afectación para que el gobierno determine la suspensión de una obra, pues se tiene la obligación de proteger al medio ambiente. “Claro que está documentado que la actividad porcícola es de las que genera mayor cantidad de aguas residuales con cargas orgánicas contaminantes y que lo que sucede en el estado de Yucatán no es un caso aislado, desgraciadamente”, detalló la abogada.
La propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas determina que el Estado se debe asegurar del cumplimiento del derecho que los pueblos tienen a conservar y proteger la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. De la misma manera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el Estado debe proteger los recursos naturales que existen en sus tierras y territorios, ya que tienen el derecho a participar en el uso, administración y conservación de los recursos. Siendo la gestión de ecoturismo la fuente principal de dinero y trabajo de los pobladores de Homún, si el agua se contamina, además de ser violatorio del derecho al recurso, también atentaría contra la capacidad productiva del pueblo.
“Claro que está documentado que la actividad porcícola es de las que genera mayor cantidad de aguas residuales con cargas orgánicas contaminantes y que lo que sucede en el estado de Yucatán no es un caso aislado, desgraciadamente”, detalló la abogada.
A las exigencias por el cierre total de la mega granja, en septiembre de 2018, se sumó el amparo que un grupo de niñas y niños mayas habitantes de Homún presentaron en defensa de su derecho a un medio ambiente sano. “Fue entonces cuando la Juez IV de distrito a nivel federal les entregó la suspensión. En consecuencia, toda actividad de la mega granja quedó paralizada y se ordenó que los cerdos que ya estaban ahí, fueran retirados”, explica Lourdes Medina. Sin embargo, la suspensión fue violada por la empresa hasta diciembre del mismo año.
Meses más tarde, un poco de claridad comenzó a acompañar el caso, cuando el 7 de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para resolver la revisión del juicio incidental por la suspensión de la megagranja porcícola. Cuatro de los cinco Ministros que conforman la Primera Sala de la Corte sostuvieron que, el asunto es de interés e importancia para la esa institución, porque con ello se establecerían lineamientos y criterios novedosos a nivel constitucional y de trascendencia para el orden jurídico mexicano, pues se estudiarían violaciones al derecho al medio ambiente sano, al agua, a la salud de niños y niñas pertenecientes al pueblo maya y el impacto que la operación de una megagranja porcícola puede tener en la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán.
La abogada Lourdes Medina asegura que el caso Humón es, “muy representativo, pues está en juego la reserva de agua dulce más importante del país, que nutre a todo el acuífero maya”. Mientras tanto, la lucha continúa.
