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"Mi voto no se toca". Discurso de José Ramón Cossío en la #MarchaINE

"Mi voto no se toca". Discurso de José Ramón Cossío en la #MarchaINE

Texto de
Fotografía de
Realización de
Ilustración de
Traducción de
Los manifestantes asisten a una protesta en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y contra el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la autoridad electoral, en la Ciudad de México, México, el 26 de febrero de 2023. Fotografía de Gustavo Graf / REUTERS.
26
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02
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23
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Tiempo de Lectura: 00 min

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, pronunció este discurso durante la concentración en defensa del INE que ocurrió hoy, domingo 26 de febrero, en el Zócalo capitalino. Reproducimos íntegramente sus palabras.

Miles de personas libres estamos reunidas hoy y ahora en distintas ciudades del país y del extranjero para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores MI VOTO NO SE TOCA. Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto. A quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales pretenden controlar las próximas elecciones.

Los hombres y las mujeres libres, que estamos reunidos en diversas ciudades, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos en la Ciudad de México no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestra regiones y gentes. Los frenos y contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. También, a nuestro sistema democrático.

Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos ser. Conforme a ese texto supremo, delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente. Si estos procesos no se realizan debidamente, una persona puede asumir que su proyecto de gobierno o de nación nos puede ser impuesto sin importar lo que pensemos.

A finales del año pasado asistimos al intento deliberado del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse desde la Constitución con el sistema electoral. La marcha del 13 de noviembre lo impidió. El gobierno y sus legisladores generaron un “plan b”. Un eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. Los propios legisladores del gobierno identificaron múltiples violaciones en los procedimientos legislativos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar con sus pares y con nosotros, los ciudadanos. Aun así, para entrar en vigor las reformas tienen que ser publicadas.

Con la publicación se romperá el ciclo político de las reformas. La política dejará de hablar. Lo hará el derecho por medio de los órganos de impartición de justicia, por conducto de las instituciones previstas en el mismo texto fundamental que regula la elección de los representantes populares y los procesos legislativos mediante los cuales se han aprobado las leyes electorales. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, para argumentar la mera prevalencia de la política implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el cargo desde el que se habla. Así de simple. Así de claro.

En este momento la Suprema Corte de Justicia conoce de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto de apropiación de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes se presentarán otras demandas. Ello es lo que la Constitución impone o faculta a distintos órganos y ciudadanos como nosotros. En ello no hay nada de extraordinario. Ninguna conspiración.

Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren la inconstitucionalidad total o parcial de sus reformas electorales.

El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan las reformas. Por el contrario, los ministros solo podrán ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales.

El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declararan la invalidez de las reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en que participen.

El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los grupos más privilegiados de la población. No es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados solo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos.

En las próximas semanas los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen fundamento. Tengo la confianza de que evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y sus colaboracionistas.

Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los organismos electorales violan los principios de equidad y certeza. Es seguro que los ministros consideran que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal de los órganos electorales. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que restringen gravemente los derechos políticos de las mujeres.

Hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje. Con el lenguaje de la confianza y el respeto propio de los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica. De las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apoderarse del sistema electoral mexicano.

Queremos decirles, teniendo frente nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Que nuestra mirada a su casa es de respeto, de confianza y de vigilante acompañamiento a su quehacer.

Queridos y libres asistentes a las distintas concentraciones por el respeto al voto y a la democracia. Mexicanas y mexicanos todos:

Cuando la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas para el apoderamiento de las instituciones electorales, conoceremos las reglas de la contienda para obtener el voto público. Es importante tener en cuenta que la Suprema Corte no determinará de manera concreta cómo emitiremos ese voto, cómo será contado ni cómo se integrarán los órganos representativos. De la suma de nuestras participaciones individuales surgirá la composición de los órganos políticos y, de ellos, las normas jurídicas que regularán nuestras conductas. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros.

Antes de cerrar esta jornada debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país. Debemos encontrar las mejores vías para actuar, constante y cotidianamente, en las acciones políticas encaminadas a la preparación y a la emisión del voto el día de las elecciones. También para construir una agenda permanente y completa para la realización integral de nuestra Constitución. En la Constitución están previstos los caminos para sacar adelante a los mexicanos que siguen dolorosamente rezagados, a las mujeres que no terminan por ocupar los espacios que les corresponden, a los indígenas marginados por siglos. Están señalados también los modos de erradicar legítimamente la violencia criminal que asola al país y las posibilidades para que cada uno construyamos en paz nuestros proyectos de vida.

Terminemos de celebrar este encuentro de personas libres, comprometidas consigo mismas y con su país. Mañana, al volver a nuestras actividades ordinarias, pensemos y actuemos en la construcción de una agenda constitucional y democrática. Recordemos que la democracia requiere de demócratas y que cada uno de nosotros está llamado a serlo. No solo hoy, sino a diario y de todas las maneras posibles. Esta enorme concentración ciudadana nos lo ha recordado y a este llamado hemos respondido ya.

Mi voto no se toca.

José Ramón Cossío Díaz
Plaza de la Constitución, 26 de febrero de 2023

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José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, pronunció este discurso durante la concentración en defensa del INE que ocurrió hoy, domingo 26 de febrero, en el Zócalo capitalino. Reproducimos íntegramente sus palabras.

Miles de personas libres estamos reunidas hoy y ahora en distintas ciudades del país y del extranjero para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores MI VOTO NO SE TOCA. Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto. A quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales pretenden controlar las próximas elecciones.

Los hombres y las mujeres libres, que estamos reunidos en diversas ciudades, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos en la Ciudad de México no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestra regiones y gentes. Los frenos y contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. También, a nuestro sistema democrático.

Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos ser. Conforme a ese texto supremo, delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente. Si estos procesos no se realizan debidamente, una persona puede asumir que su proyecto de gobierno o de nación nos puede ser impuesto sin importar lo que pensemos.

A finales del año pasado asistimos al intento deliberado del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse desde la Constitución con el sistema electoral. La marcha del 13 de noviembre lo impidió. El gobierno y sus legisladores generaron un “plan b”. Un eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. Los propios legisladores del gobierno identificaron múltiples violaciones en los procedimientos legislativos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar con sus pares y con nosotros, los ciudadanos. Aun así, para entrar en vigor las reformas tienen que ser publicadas.

Con la publicación se romperá el ciclo político de las reformas. La política dejará de hablar. Lo hará el derecho por medio de los órganos de impartición de justicia, por conducto de las instituciones previstas en el mismo texto fundamental que regula la elección de los representantes populares y los procesos legislativos mediante los cuales se han aprobado las leyes electorales. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, para argumentar la mera prevalencia de la política implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el cargo desde el que se habla. Así de simple. Así de claro.

En este momento la Suprema Corte de Justicia conoce de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto de apropiación de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes se presentarán otras demandas. Ello es lo que la Constitución impone o faculta a distintos órganos y ciudadanos como nosotros. En ello no hay nada de extraordinario. Ninguna conspiración.

Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren la inconstitucionalidad total o parcial de sus reformas electorales.

El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan las reformas. Por el contrario, los ministros solo podrán ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales.

El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declararan la invalidez de las reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en que participen.

El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los grupos más privilegiados de la población. No es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados solo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos.

En las próximas semanas los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen fundamento. Tengo la confianza de que evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y sus colaboracionistas.

Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los organismos electorales violan los principios de equidad y certeza. Es seguro que los ministros consideran que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal de los órganos electorales. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que restringen gravemente los derechos políticos de las mujeres.

Hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje. Con el lenguaje de la confianza y el respeto propio de los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica. De las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apoderarse del sistema electoral mexicano.

Queremos decirles, teniendo frente nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Que nuestra mirada a su casa es de respeto, de confianza y de vigilante acompañamiento a su quehacer.

Queridos y libres asistentes a las distintas concentraciones por el respeto al voto y a la democracia. Mexicanas y mexicanos todos:

Cuando la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas para el apoderamiento de las instituciones electorales, conoceremos las reglas de la contienda para obtener el voto público. Es importante tener en cuenta que la Suprema Corte no determinará de manera concreta cómo emitiremos ese voto, cómo será contado ni cómo se integrarán los órganos representativos. De la suma de nuestras participaciones individuales surgirá la composición de los órganos políticos y, de ellos, las normas jurídicas que regularán nuestras conductas. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros.

Antes de cerrar esta jornada debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país. Debemos encontrar las mejores vías para actuar, constante y cotidianamente, en las acciones políticas encaminadas a la preparación y a la emisión del voto el día de las elecciones. También para construir una agenda permanente y completa para la realización integral de nuestra Constitución. En la Constitución están previstos los caminos para sacar adelante a los mexicanos que siguen dolorosamente rezagados, a las mujeres que no terminan por ocupar los espacios que les corresponden, a los indígenas marginados por siglos. Están señalados también los modos de erradicar legítimamente la violencia criminal que asola al país y las posibilidades para que cada uno construyamos en paz nuestros proyectos de vida.

Terminemos de celebrar este encuentro de personas libres, comprometidas consigo mismas y con su país. Mañana, al volver a nuestras actividades ordinarias, pensemos y actuemos en la construcción de una agenda constitucional y democrática. Recordemos que la democracia requiere de demócratas y que cada uno de nosotros está llamado a serlo. No solo hoy, sino a diario y de todas las maneras posibles. Esta enorme concentración ciudadana nos lo ha recordado y a este llamado hemos respondido ya.

Mi voto no se toca.

José Ramón Cossío Díaz
Plaza de la Constitución, 26 de febrero de 2023

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Los manifestantes asisten a una protesta en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y contra el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la autoridad electoral, en la Ciudad de México, México, el 26 de febrero de 2023. Fotografía de Gustavo Graf / REUTERS.
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José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, pronunció este discurso durante la concentración en defensa del INE que ocurrió hoy, domingo 26 de febrero, en el Zócalo capitalino. Reproducimos íntegramente sus palabras.

Miles de personas libres estamos reunidas hoy y ahora en distintas ciudades del país y del extranjero para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores MI VOTO NO SE TOCA. Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto. A quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales pretenden controlar las próximas elecciones.

Los hombres y las mujeres libres, que estamos reunidos en diversas ciudades, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos en la Ciudad de México no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestra regiones y gentes. Los frenos y contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. También, a nuestro sistema democrático.

Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos ser. Conforme a ese texto supremo, delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente. Si estos procesos no se realizan debidamente, una persona puede asumir que su proyecto de gobierno o de nación nos puede ser impuesto sin importar lo que pensemos.

A finales del año pasado asistimos al intento deliberado del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse desde la Constitución con el sistema electoral. La marcha del 13 de noviembre lo impidió. El gobierno y sus legisladores generaron un “plan b”. Un eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. Los propios legisladores del gobierno identificaron múltiples violaciones en los procedimientos legislativos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar con sus pares y con nosotros, los ciudadanos. Aun así, para entrar en vigor las reformas tienen que ser publicadas.

Con la publicación se romperá el ciclo político de las reformas. La política dejará de hablar. Lo hará el derecho por medio de los órganos de impartición de justicia, por conducto de las instituciones previstas en el mismo texto fundamental que regula la elección de los representantes populares y los procesos legislativos mediante los cuales se han aprobado las leyes electorales. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, para argumentar la mera prevalencia de la política implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el cargo desde el que se habla. Así de simple. Así de claro.

En este momento la Suprema Corte de Justicia conoce de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto de apropiación de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes se presentarán otras demandas. Ello es lo que la Constitución impone o faculta a distintos órganos y ciudadanos como nosotros. En ello no hay nada de extraordinario. Ninguna conspiración.

Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren la inconstitucionalidad total o parcial de sus reformas electorales.

El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan las reformas. Por el contrario, los ministros solo podrán ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales.

El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declararan la invalidez de las reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en que participen.

El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los grupos más privilegiados de la población. No es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados solo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos.

En las próximas semanas los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen fundamento. Tengo la confianza de que evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y sus colaboracionistas.

Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los organismos electorales violan los principios de equidad y certeza. Es seguro que los ministros consideran que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal de los órganos electorales. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que restringen gravemente los derechos políticos de las mujeres.

Hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje. Con el lenguaje de la confianza y el respeto propio de los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica. De las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apoderarse del sistema electoral mexicano.

Queremos decirles, teniendo frente nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Que nuestra mirada a su casa es de respeto, de confianza y de vigilante acompañamiento a su quehacer.

Queridos y libres asistentes a las distintas concentraciones por el respeto al voto y a la democracia. Mexicanas y mexicanos todos:

Cuando la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas para el apoderamiento de las instituciones electorales, conoceremos las reglas de la contienda para obtener el voto público. Es importante tener en cuenta que la Suprema Corte no determinará de manera concreta cómo emitiremos ese voto, cómo será contado ni cómo se integrarán los órganos representativos. De la suma de nuestras participaciones individuales surgirá la composición de los órganos políticos y, de ellos, las normas jurídicas que regularán nuestras conductas. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros.

Antes de cerrar esta jornada debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país. Debemos encontrar las mejores vías para actuar, constante y cotidianamente, en las acciones políticas encaminadas a la preparación y a la emisión del voto el día de las elecciones. También para construir una agenda permanente y completa para la realización integral de nuestra Constitución. En la Constitución están previstos los caminos para sacar adelante a los mexicanos que siguen dolorosamente rezagados, a las mujeres que no terminan por ocupar los espacios que les corresponden, a los indígenas marginados por siglos. Están señalados también los modos de erradicar legítimamente la violencia criminal que asola al país y las posibilidades para que cada uno construyamos en paz nuestros proyectos de vida.

Terminemos de celebrar este encuentro de personas libres, comprometidas consigo mismas y con su país. Mañana, al volver a nuestras actividades ordinarias, pensemos y actuemos en la construcción de una agenda constitucional y democrática. Recordemos que la democracia requiere de demócratas y que cada uno de nosotros está llamado a serlo. No solo hoy, sino a diario y de todas las maneras posibles. Esta enorme concentración ciudadana nos lo ha recordado y a este llamado hemos respondido ya.

Mi voto no se toca.

José Ramón Cossío Díaz
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Miles de personas libres estamos reunidas hoy y ahora en distintas ciudades del país y del extranjero para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores MI VOTO NO SE TOCA. Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto. A quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales pretenden controlar las próximas elecciones.

Los hombres y las mujeres libres, que estamos reunidos en diversas ciudades, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos en la Ciudad de México no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestra regiones y gentes. Los frenos y contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. También, a nuestro sistema democrático.

Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos ser. Conforme a ese texto supremo, delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente. Si estos procesos no se realizan debidamente, una persona puede asumir que su proyecto de gobierno o de nación nos puede ser impuesto sin importar lo que pensemos.

A finales del año pasado asistimos al intento deliberado del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse desde la Constitución con el sistema electoral. La marcha del 13 de noviembre lo impidió. El gobierno y sus legisladores generaron un “plan b”. Un eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. Los propios legisladores del gobierno identificaron múltiples violaciones en los procedimientos legislativos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar con sus pares y con nosotros, los ciudadanos. Aun así, para entrar en vigor las reformas tienen que ser publicadas.

Con la publicación se romperá el ciclo político de las reformas. La política dejará de hablar. Lo hará el derecho por medio de los órganos de impartición de justicia, por conducto de las instituciones previstas en el mismo texto fundamental que regula la elección de los representantes populares y los procesos legislativos mediante los cuales se han aprobado las leyes electorales. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, para argumentar la mera prevalencia de la política implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el cargo desde el que se habla. Así de simple. Así de claro.

En este momento la Suprema Corte de Justicia conoce de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto de apropiación de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes se presentarán otras demandas. Ello es lo que la Constitución impone o faculta a distintos órganos y ciudadanos como nosotros. En ello no hay nada de extraordinario. Ninguna conspiración.

Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren la inconstitucionalidad total o parcial de sus reformas electorales.

El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan las reformas. Por el contrario, los ministros solo podrán ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales.

El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declararan la invalidez de las reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en que participen.

El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los grupos más privilegiados de la población. No es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados solo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos.

En las próximas semanas los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen fundamento. Tengo la confianza de que evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y sus colaboracionistas.

Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los organismos electorales violan los principios de equidad y certeza. Es seguro que los ministros consideran que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal de los órganos electorales. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que restringen gravemente los derechos políticos de las mujeres.

Hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje. Con el lenguaje de la confianza y el respeto propio de los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica. De las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apoderarse del sistema electoral mexicano.

Queremos decirles, teniendo frente nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Que nuestra mirada a su casa es de respeto, de confianza y de vigilante acompañamiento a su quehacer.

Queridos y libres asistentes a las distintas concentraciones por el respeto al voto y a la democracia. Mexicanas y mexicanos todos:

Cuando la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas para el apoderamiento de las instituciones electorales, conoceremos las reglas de la contienda para obtener el voto público. Es importante tener en cuenta que la Suprema Corte no determinará de manera concreta cómo emitiremos ese voto, cómo será contado ni cómo se integrarán los órganos representativos. De la suma de nuestras participaciones individuales surgirá la composición de los órganos políticos y, de ellos, las normas jurídicas que regularán nuestras conductas. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros.

Antes de cerrar esta jornada debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país. Debemos encontrar las mejores vías para actuar, constante y cotidianamente, en las acciones políticas encaminadas a la preparación y a la emisión del voto el día de las elecciones. También para construir una agenda permanente y completa para la realización integral de nuestra Constitución. En la Constitución están previstos los caminos para sacar adelante a los mexicanos que siguen dolorosamente rezagados, a las mujeres que no terminan por ocupar los espacios que les corresponden, a los indígenas marginados por siglos. Están señalados también los modos de erradicar legítimamente la violencia criminal que asola al país y las posibilidades para que cada uno construyamos en paz nuestros proyectos de vida.

Terminemos de celebrar este encuentro de personas libres, comprometidas consigo mismas y con su país. Mañana, al volver a nuestras actividades ordinarias, pensemos y actuemos en la construcción de una agenda constitucional y democrática. Recordemos que la democracia requiere de demócratas y que cada uno de nosotros está llamado a serlo. No solo hoy, sino a diario y de todas las maneras posibles. Esta enorme concentración ciudadana nos lo ha recordado y a este llamado hemos respondido ya.

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Miles de personas libres estamos reunidas hoy y ahora en distintas ciudades del país y del extranjero para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores MI VOTO NO SE TOCA. Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto. A quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales pretenden controlar las próximas elecciones.

Los hombres y las mujeres libres, que estamos reunidos en diversas ciudades, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos en la Ciudad de México no solo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestra regiones y gentes. Los frenos y contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. También, a nuestro sistema democrático.

Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos ser. Conforme a ese texto supremo, delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente. Si estos procesos no se realizan debidamente, una persona puede asumir que su proyecto de gobierno o de nación nos puede ser impuesto sin importar lo que pensemos.

A finales del año pasado asistimos al intento deliberado del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse desde la Constitución con el sistema electoral. La marcha del 13 de noviembre lo impidió. El gobierno y sus legisladores generaron un “plan b”. Un eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. Los propios legisladores del gobierno identificaron múltiples violaciones en los procedimientos legislativos y en los contenidos de las iniciativas. Sin embargo, se negaron a dialogar con sus pares y con nosotros, los ciudadanos. Aun así, para entrar en vigor las reformas tienen que ser publicadas.

Con la publicación se romperá el ciclo político de las reformas. La política dejará de hablar. Lo hará el derecho por medio de los órganos de impartición de justicia, por conducto de las instituciones previstas en el mismo texto fundamental que regula la elección de los representantes populares y los procesos legislativos mediante los cuales se han aprobado las leyes electorales. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, para argumentar la mera prevalencia de la política implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el cargo desde el que se habla. Así de simple. Así de claro.

En este momento la Suprema Corte de Justicia conoce de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto de apropiación de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes se presentarán otras demandas. Ello es lo que la Constitución impone o faculta a distintos órganos y ciudadanos como nosotros. En ello no hay nada de extraordinario. Ninguna conspiración.

Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren la inconstitucionalidad total o parcial de sus reformas electorales.

El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan las reformas. Por el contrario, los ministros solo podrán ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales.

El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declararan la invalidez de las reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en que participen.

El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los grupos más privilegiados de la población. No es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados solo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos.

En las próximas semanas los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen fundamento. Tengo la confianza de que evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y sus colaboracionistas.

Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los organismos electorales violan los principios de equidad y certeza. Es seguro que los ministros consideran que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal de los órganos electorales. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que restringen gravemente los derechos políticos de las mujeres.

Hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje. Con el lenguaje de la confianza y el respeto propio de los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica. De las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apoderarse del sistema electoral mexicano.

Queremos decirles, teniendo frente nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Que nuestra mirada a su casa es de respeto, de confianza y de vigilante acompañamiento a su quehacer.

Queridos y libres asistentes a las distintas concentraciones por el respeto al voto y a la democracia. Mexicanas y mexicanos todos:

Cuando la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas para el apoderamiento de las instituciones electorales, conoceremos las reglas de la contienda para obtener el voto público. Es importante tener en cuenta que la Suprema Corte no determinará de manera concreta cómo emitiremos ese voto, cómo será contado ni cómo se integrarán los órganos representativos. De la suma de nuestras participaciones individuales surgirá la composición de los órganos políticos y, de ellos, las normas jurídicas que regularán nuestras conductas. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros.

Antes de cerrar esta jornada debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país. Debemos encontrar las mejores vías para actuar, constante y cotidianamente, en las acciones políticas encaminadas a la preparación y a la emisión del voto el día de las elecciones. También para construir una agenda permanente y completa para la realización integral de nuestra Constitución. En la Constitución están previstos los caminos para sacar adelante a los mexicanos que siguen dolorosamente rezagados, a las mujeres que no terminan por ocupar los espacios que les corresponden, a los indígenas marginados por siglos. Están señalados también los modos de erradicar legítimamente la violencia criminal que asola al país y las posibilidades para que cada uno construyamos en paz nuestros proyectos de vida.

Terminemos de celebrar este encuentro de personas libres, comprometidas consigo mismas y con su país. Mañana, al volver a nuestras actividades ordinarias, pensemos y actuemos en la construcción de una agenda constitucional y democrática. Recordemos que la democracia requiere de demócratas y que cada uno de nosotros está llamado a serlo. No solo hoy, sino a diario y de todas las maneras posibles. Esta enorme concentración ciudadana nos lo ha recordado y a este llamado hemos respondido ya.

Mi voto no se toca.

José Ramón Cossío Díaz
Plaza de la Constitución, 26 de febrero de 2023

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