Todo indica que el presidente de Estados Unidos logró que las dudas en torno a una supuesta colusión Trump-Rusia durante las elecciones de 2016 se disiparan. Esto, luego de que el pasado 24 de marzo, el fiscal general William Barr hiciera público el resumen del informe que el fiscal especial a cargo, Robert Mueller, entregó al Departamento de Justicia tras casi dos años de investigación. De acuerdo con este, se confirma la injerencia rusa en los comicios de los que el candidato republicano resultó ganador frente a la demócrata Hillary Clinton, pero señala que no existe rastro que ligue al mandatario ni a los miembros de su campaña con la colusión.
Las conclusiones de Barr se dan en un momento clave para la política estadounidense, pues se traducen en una victoria para el mandatario norteamericano que incluso podría fortalecer sus intenciones de contender por segunda vez a la presidencia en 2020. El giro político funcionó, de cierta forma, para que el Ejecutivo estadounidense se muestre como como una víctima de la opinión pública y de los medios de comunicación, e incluso ha declarado que irá tras los responsables de la investigación y se asegurará que sean castigados.
Sin embargo, el resultado de la investigación, que en la superficie deslinda al mandatario, está plagado de matices, pues si bien el informe no concluye que cometió un delito, tampoco lo exonera de haber contribuido a la obstrucción de la justicia.
Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, el asunto de la trama rusa o Rusiagate fue una constante en medios de comunicación y redes sociales que se convirtió uno de los mayores escándalos de su joven gobierno. Incluso se habló de un posible proceso de destitución (impeachment), pese a que tanto el Presidente como su equipo negaron en todo momento que las acusaciones fueran ciertas.
No se cuestiona la injerencia de Rusia en el proceso electoral
El informe de Barr se divide en dos partes, en la primera resalta los intentos de los rusos por interferir en las elecciones de 2016 e incluso señala los crímenes cometidos por personas asociadas al Gobierno ruso. Al menos una treintena de individuos han sido acusados de delitos de injerencia, entre ellos, más de una veintena de ciudadanos rusos, 12 de ellos, agentes de inteligencia. Se detalla también que en la investigación de Robert Mueller no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado a ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales.
Según la investigación de Robert Mueller había dos esfuerzos principales de Rusia para influir en las elecciones de 2016. En los primeros intentos se involucró la organización rusa conocida como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), ésta llevó a cabo operaciones de desinformación y redes sociales en Estados Unidos, a través de estrategias que se diseñaron para “para sembrar la discordia social”. Barr reitera que el fiscal especial “no encontró que ninguna persona estadounidense, oficial de la campaña de Trump o asociado estuviera en coordinación con IRA”.
Por otro lado resalta los esfuerzos del los esfuerzos del gobierno ruso para llevar a cabo operaciones de piratería informática diseñadas para recopilar y difundir información para influir en la elección. En dicho apartado se mencionan los hackeos a las campaña de la candidata demócrata y a su partido, que derivaron en la publicación de materiales privados de Clinton a través de intermediarios como WikiLeaks.
Trump y la obstrucción de la justicia
Aunque el fiscal especial ya ha dicho que su investigación está cerrada. Una de las líneas que quedan abiertas es la conducta del mandatario estadounidense al obstruir la justicia con acciones precipitadas como el despido del exjefe del FBI, James Comey, en mayo de 2017, tan solo unos meses después de haber asumido la presidencia. Comey era quien encabezaba en ese momento la investigación sobre la injerencia rusa en el proceso electoral. Ese fue sin duda uno de los movimientos que trajeron mayor desestabilidad al gobierno y grandes dudas en torno a las acciones del presidente.
Por otro lado, aunque Mueller decidió dejar la investigación hasta ese punto, el mandatario aún enfrenta diversos procesos civiles que podrían fortalecerse tras la solicitud de que se publique la totalidad del informe. De esta forma, las evidencias que reúne este informe, podrían dar pie a procesos que en su mayoría se ventilarían en la fiscalía neoyorquina.
Entre los procesos que siguen en pie destacan los pagos a dos mujeres que aseguran haber mantenido relaciones con el entonces candidato y el pago que hizo para asegurar su silencio durante la campaña. Además, también queda abierto el tema de la financiación ilegal de la campaña y el uso de sus empresas con motivos políticos. Por lo que, a pesar que Donald Trump aseguró en un mensaje frente a medios el pasado 25 de marzo que ya estaba “exonerado”, la realidad es aún se puede seguir la batalla en el Congreso para exigirle respuestas. No obstante, el presidente ya ha dicho que no tiene ningún problema con que el informe de Robert Mueller se haga público. Entre los interesados en profundizar la investigación están, por supuesto, los demócratas, bancada a la que el mandatario ha acusado desde los primeros momentos de la investigación de estar detrás de una denominada “cacería de brujas”.
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Donald Trump ha amenazado con castigar a los responsables de la investigación en su contra.
Todo indica que el presidente de Estados Unidos logró que las dudas en torno a una supuesta colusión Trump-Rusia durante las elecciones de 2016 se disiparan. Esto, luego de que el pasado 24 de marzo, el fiscal general William Barr hiciera público el resumen del informe que el fiscal especial a cargo, Robert Mueller, entregó al Departamento de Justicia tras casi dos años de investigación. De acuerdo con este, se confirma la injerencia rusa en los comicios de los que el candidato republicano resultó ganador frente a la demócrata Hillary Clinton, pero señala que no existe rastro que ligue al mandatario ni a los miembros de su campaña con la colusión.
Las conclusiones de Barr se dan en un momento clave para la política estadounidense, pues se traducen en una victoria para el mandatario norteamericano que incluso podría fortalecer sus intenciones de contender por segunda vez a la presidencia en 2020. El giro político funcionó, de cierta forma, para que el Ejecutivo estadounidense se muestre como como una víctima de la opinión pública y de los medios de comunicación, e incluso ha declarado que irá tras los responsables de la investigación y se asegurará que sean castigados.
Sin embargo, el resultado de la investigación, que en la superficie deslinda al mandatario, está plagado de matices, pues si bien el informe no concluye que cometió un delito, tampoco lo exonera de haber contribuido a la obstrucción de la justicia.
Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, el asunto de la trama rusa o Rusiagate fue una constante en medios de comunicación y redes sociales que se convirtió uno de los mayores escándalos de su joven gobierno. Incluso se habló de un posible proceso de destitución (impeachment), pese a que tanto el Presidente como su equipo negaron en todo momento que las acusaciones fueran ciertas.
No se cuestiona la injerencia de Rusia en el proceso electoral
El informe de Barr se divide en dos partes, en la primera resalta los intentos de los rusos por interferir en las elecciones de 2016 e incluso señala los crímenes cometidos por personas asociadas al Gobierno ruso. Al menos una treintena de individuos han sido acusados de delitos de injerencia, entre ellos, más de una veintena de ciudadanos rusos, 12 de ellos, agentes de inteligencia. Se detalla también que en la investigación de Robert Mueller no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado a ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales.
Según la investigación de Robert Mueller había dos esfuerzos principales de Rusia para influir en las elecciones de 2016. En los primeros intentos se involucró la organización rusa conocida como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), ésta llevó a cabo operaciones de desinformación y redes sociales en Estados Unidos, a través de estrategias que se diseñaron para “para sembrar la discordia social”. Barr reitera que el fiscal especial “no encontró que ninguna persona estadounidense, oficial de la campaña de Trump o asociado estuviera en coordinación con IRA”.
Por otro lado resalta los esfuerzos del los esfuerzos del gobierno ruso para llevar a cabo operaciones de piratería informática diseñadas para recopilar y difundir información para influir en la elección. En dicho apartado se mencionan los hackeos a las campaña de la candidata demócrata y a su partido, que derivaron en la publicación de materiales privados de Clinton a través de intermediarios como WikiLeaks.
Trump y la obstrucción de la justicia
Aunque el fiscal especial ya ha dicho que su investigación está cerrada. Una de las líneas que quedan abiertas es la conducta del mandatario estadounidense al obstruir la justicia con acciones precipitadas como el despido del exjefe del FBI, James Comey, en mayo de 2017, tan solo unos meses después de haber asumido la presidencia. Comey era quien encabezaba en ese momento la investigación sobre la injerencia rusa en el proceso electoral. Ese fue sin duda uno de los movimientos que trajeron mayor desestabilidad al gobierno y grandes dudas en torno a las acciones del presidente.
Por otro lado, aunque Mueller decidió dejar la investigación hasta ese punto, el mandatario aún enfrenta diversos procesos civiles que podrían fortalecerse tras la solicitud de que se publique la totalidad del informe. De esta forma, las evidencias que reúne este informe, podrían dar pie a procesos que en su mayoría se ventilarían en la fiscalía neoyorquina.
Entre los procesos que siguen en pie destacan los pagos a dos mujeres que aseguran haber mantenido relaciones con el entonces candidato y el pago que hizo para asegurar su silencio durante la campaña. Además, también queda abierto el tema de la financiación ilegal de la campaña y el uso de sus empresas con motivos políticos. Por lo que, a pesar que Donald Trump aseguró en un mensaje frente a medios el pasado 25 de marzo que ya estaba “exonerado”, la realidad es aún se puede seguir la batalla en el Congreso para exigirle respuestas. No obstante, el presidente ya ha dicho que no tiene ningún problema con que el informe de Robert Mueller se haga público. Entre los interesados en profundizar la investigación están, por supuesto, los demócratas, bancada a la que el mandatario ha acusado desde los primeros momentos de la investigación de estar detrás de una denominada “cacería de brujas”.
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Las conclusiones de Barr se dan en un momento clave para la política estadounidense, pues se traducen en una victoria para el mandatario norteamericano que incluso podría fortalecer sus intenciones de contender por segunda vez a la presidencia en 2020. El giro político funcionó, de cierta forma, para que el Ejecutivo estadounidense se muestre como como una víctima de la opinión pública y de los medios de comunicación, e incluso ha declarado que irá tras los responsables de la investigación y se asegurará que sean castigados.
Sin embargo, el resultado de la investigación, que en la superficie deslinda al mandatario, está plagado de matices, pues si bien el informe no concluye que cometió un delito, tampoco lo exonera de haber contribuido a la obstrucción de la justicia.
Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, el asunto de la trama rusa o Rusiagate fue una constante en medios de comunicación y redes sociales que se convirtió uno de los mayores escándalos de su joven gobierno. Incluso se habló de un posible proceso de destitución (impeachment), pese a que tanto el Presidente como su equipo negaron en todo momento que las acusaciones fueran ciertas.
No se cuestiona la injerencia de Rusia en el proceso electoral
El informe de Barr se divide en dos partes, en la primera resalta los intentos de los rusos por interferir en las elecciones de 2016 e incluso señala los crímenes cometidos por personas asociadas al Gobierno ruso. Al menos una treintena de individuos han sido acusados de delitos de injerencia, entre ellos, más de una veintena de ciudadanos rusos, 12 de ellos, agentes de inteligencia. Se detalla también que en la investigación de Robert Mueller no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado a ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales.
Según la investigación de Robert Mueller había dos esfuerzos principales de Rusia para influir en las elecciones de 2016. En los primeros intentos se involucró la organización rusa conocida como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), ésta llevó a cabo operaciones de desinformación y redes sociales en Estados Unidos, a través de estrategias que se diseñaron para “para sembrar la discordia social”. Barr reitera que el fiscal especial “no encontró que ninguna persona estadounidense, oficial de la campaña de Trump o asociado estuviera en coordinación con IRA”.
Por otro lado resalta los esfuerzos del los esfuerzos del gobierno ruso para llevar a cabo operaciones de piratería informática diseñadas para recopilar y difundir información para influir en la elección. En dicho apartado se mencionan los hackeos a las campaña de la candidata demócrata y a su partido, que derivaron en la publicación de materiales privados de Clinton a través de intermediarios como WikiLeaks.
Trump y la obstrucción de la justicia
Aunque el fiscal especial ya ha dicho que su investigación está cerrada. Una de las líneas que quedan abiertas es la conducta del mandatario estadounidense al obstruir la justicia con acciones precipitadas como el despido del exjefe del FBI, James Comey, en mayo de 2017, tan solo unos meses después de haber asumido la presidencia. Comey era quien encabezaba en ese momento la investigación sobre la injerencia rusa en el proceso electoral. Ese fue sin duda uno de los movimientos que trajeron mayor desestabilidad al gobierno y grandes dudas en torno a las acciones del presidente.
Por otro lado, aunque Mueller decidió dejar la investigación hasta ese punto, el mandatario aún enfrenta diversos procesos civiles que podrían fortalecerse tras la solicitud de que se publique la totalidad del informe. De esta forma, las evidencias que reúne este informe, podrían dar pie a procesos que en su mayoría se ventilarían en la fiscalía neoyorquina.
Entre los procesos que siguen en pie destacan los pagos a dos mujeres que aseguran haber mantenido relaciones con el entonces candidato y el pago que hizo para asegurar su silencio durante la campaña. Además, también queda abierto el tema de la financiación ilegal de la campaña y el uso de sus empresas con motivos políticos. Por lo que, a pesar que Donald Trump aseguró en un mensaje frente a medios el pasado 25 de marzo que ya estaba “exonerado”, la realidad es aún se puede seguir la batalla en el Congreso para exigirle respuestas. No obstante, el presidente ya ha dicho que no tiene ningún problema con que el informe de Robert Mueller se haga público. Entre los interesados en profundizar la investigación están, por supuesto, los demócratas, bancada a la que el mandatario ha acusado desde los primeros momentos de la investigación de estar detrás de una denominada “cacería de brujas”.
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Todo indica que el presidente de Estados Unidos logró que las dudas en torno a una supuesta colusión Trump-Rusia durante las elecciones de 2016 se disiparan. Esto, luego de que el pasado 24 de marzo, el fiscal general William Barr hiciera público el resumen del informe que el fiscal especial a cargo, Robert Mueller, entregó al Departamento de Justicia tras casi dos años de investigación. De acuerdo con este, se confirma la injerencia rusa en los comicios de los que el candidato republicano resultó ganador frente a la demócrata Hillary Clinton, pero señala que no existe rastro que ligue al mandatario ni a los miembros de su campaña con la colusión.
Las conclusiones de Barr se dan en un momento clave para la política estadounidense, pues se traducen en una victoria para el mandatario norteamericano que incluso podría fortalecer sus intenciones de contender por segunda vez a la presidencia en 2020. El giro político funcionó, de cierta forma, para que el Ejecutivo estadounidense se muestre como como una víctima de la opinión pública y de los medios de comunicación, e incluso ha declarado que irá tras los responsables de la investigación y se asegurará que sean castigados.
Sin embargo, el resultado de la investigación, que en la superficie deslinda al mandatario, está plagado de matices, pues si bien el informe no concluye que cometió un delito, tampoco lo exonera de haber contribuido a la obstrucción de la justicia.
Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, el asunto de la trama rusa o Rusiagate fue una constante en medios de comunicación y redes sociales que se convirtió uno de los mayores escándalos de su joven gobierno. Incluso se habló de un posible proceso de destitución (impeachment), pese a que tanto el Presidente como su equipo negaron en todo momento que las acusaciones fueran ciertas.
No se cuestiona la injerencia de Rusia en el proceso electoral
El informe de Barr se divide en dos partes, en la primera resalta los intentos de los rusos por interferir en las elecciones de 2016 e incluso señala los crímenes cometidos por personas asociadas al Gobierno ruso. Al menos una treintena de individuos han sido acusados de delitos de injerencia, entre ellos, más de una veintena de ciudadanos rusos, 12 de ellos, agentes de inteligencia. Se detalla también que en la investigación de Robert Mueller no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado a ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales.
Según la investigación de Robert Mueller había dos esfuerzos principales de Rusia para influir en las elecciones de 2016. En los primeros intentos se involucró la organización rusa conocida como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), ésta llevó a cabo operaciones de desinformación y redes sociales en Estados Unidos, a través de estrategias que se diseñaron para “para sembrar la discordia social”. Barr reitera que el fiscal especial “no encontró que ninguna persona estadounidense, oficial de la campaña de Trump o asociado estuviera en coordinación con IRA”.
Por otro lado resalta los esfuerzos del los esfuerzos del gobierno ruso para llevar a cabo operaciones de piratería informática diseñadas para recopilar y difundir información para influir en la elección. En dicho apartado se mencionan los hackeos a las campaña de la candidata demócrata y a su partido, que derivaron en la publicación de materiales privados de Clinton a través de intermediarios como WikiLeaks.
Trump y la obstrucción de la justicia
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Por otro lado, aunque Mueller decidió dejar la investigación hasta ese punto, el mandatario aún enfrenta diversos procesos civiles que podrían fortalecerse tras la solicitud de que se publique la totalidad del informe. De esta forma, las evidencias que reúne este informe, podrían dar pie a procesos que en su mayoría se ventilarían en la fiscalía neoyorquina.
Entre los procesos que siguen en pie destacan los pagos a dos mujeres que aseguran haber mantenido relaciones con el entonces candidato y el pago que hizo para asegurar su silencio durante la campaña. Además, también queda abierto el tema de la financiación ilegal de la campaña y el uso de sus empresas con motivos políticos. Por lo que, a pesar que Donald Trump aseguró en un mensaje frente a medios el pasado 25 de marzo que ya estaba “exonerado”, la realidad es aún se puede seguir la batalla en el Congreso para exigirle respuestas. No obstante, el presidente ya ha dicho que no tiene ningún problema con que el informe de Robert Mueller se haga público. Entre los interesados en profundizar la investigación están, por supuesto, los demócratas, bancada a la que el mandatario ha acusado desde los primeros momentos de la investigación de estar detrás de una denominada “cacería de brujas”.
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Todo indica que el presidente de Estados Unidos logró que las dudas en torno a una supuesta colusión Trump-Rusia durante las elecciones de 2016 se disiparan. Esto, luego de que el pasado 24 de marzo, el fiscal general William Barr hiciera público el resumen del informe que el fiscal especial a cargo, Robert Mueller, entregó al Departamento de Justicia tras casi dos años de investigación. De acuerdo con este, se confirma la injerencia rusa en los comicios de los que el candidato republicano resultó ganador frente a la demócrata Hillary Clinton, pero señala que no existe rastro que ligue al mandatario ni a los miembros de su campaña con la colusión.
Las conclusiones de Barr se dan en un momento clave para la política estadounidense, pues se traducen en una victoria para el mandatario norteamericano que incluso podría fortalecer sus intenciones de contender por segunda vez a la presidencia en 2020. El giro político funcionó, de cierta forma, para que el Ejecutivo estadounidense se muestre como como una víctima de la opinión pública y de los medios de comunicación, e incluso ha declarado que irá tras los responsables de la investigación y se asegurará que sean castigados.
Sin embargo, el resultado de la investigación, que en la superficie deslinda al mandatario, está plagado de matices, pues si bien el informe no concluye que cometió un delito, tampoco lo exonera de haber contribuido a la obstrucción de la justicia.
Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, el asunto de la trama rusa o Rusiagate fue una constante en medios de comunicación y redes sociales que se convirtió uno de los mayores escándalos de su joven gobierno. Incluso se habló de un posible proceso de destitución (impeachment), pese a que tanto el Presidente como su equipo negaron en todo momento que las acusaciones fueran ciertas.
No se cuestiona la injerencia de Rusia en el proceso electoral
El informe de Barr se divide en dos partes, en la primera resalta los intentos de los rusos por interferir en las elecciones de 2016 e incluso señala los crímenes cometidos por personas asociadas al Gobierno ruso. Al menos una treintena de individuos han sido acusados de delitos de injerencia, entre ellos, más de una veintena de ciudadanos rusos, 12 de ellos, agentes de inteligencia. Se detalla también que en la investigación de Robert Mueller no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado a ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales.
Según la investigación de Robert Mueller había dos esfuerzos principales de Rusia para influir en las elecciones de 2016. En los primeros intentos se involucró la organización rusa conocida como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), ésta llevó a cabo operaciones de desinformación y redes sociales en Estados Unidos, a través de estrategias que se diseñaron para “para sembrar la discordia social”. Barr reitera que el fiscal especial “no encontró que ninguna persona estadounidense, oficial de la campaña de Trump o asociado estuviera en coordinación con IRA”.
Por otro lado resalta los esfuerzos del los esfuerzos del gobierno ruso para llevar a cabo operaciones de piratería informática diseñadas para recopilar y difundir información para influir en la elección. En dicho apartado se mencionan los hackeos a las campaña de la candidata demócrata y a su partido, que derivaron en la publicación de materiales privados de Clinton a través de intermediarios como WikiLeaks.
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Aunque el fiscal especial ya ha dicho que su investigación está cerrada. Una de las líneas que quedan abiertas es la conducta del mandatario estadounidense al obstruir la justicia con acciones precipitadas como el despido del exjefe del FBI, James Comey, en mayo de 2017, tan solo unos meses después de haber asumido la presidencia. Comey era quien encabezaba en ese momento la investigación sobre la injerencia rusa en el proceso electoral. Ese fue sin duda uno de los movimientos que trajeron mayor desestabilidad al gobierno y grandes dudas en torno a las acciones del presidente.
Por otro lado, aunque Mueller decidió dejar la investigación hasta ese punto, el mandatario aún enfrenta diversos procesos civiles que podrían fortalecerse tras la solicitud de que se publique la totalidad del informe. De esta forma, las evidencias que reúne este informe, podrían dar pie a procesos que en su mayoría se ventilarían en la fiscalía neoyorquina.
Entre los procesos que siguen en pie destacan los pagos a dos mujeres que aseguran haber mantenido relaciones con el entonces candidato y el pago que hizo para asegurar su silencio durante la campaña. Además, también queda abierto el tema de la financiación ilegal de la campaña y el uso de sus empresas con motivos políticos. Por lo que, a pesar que Donald Trump aseguró en un mensaje frente a medios el pasado 25 de marzo que ya estaba “exonerado”, la realidad es aún se puede seguir la batalla en el Congreso para exigirle respuestas. No obstante, el presidente ya ha dicho que no tiene ningún problema con que el informe de Robert Mueller se haga público. Entre los interesados en profundizar la investigación están, por supuesto, los demócratas, bancada a la que el mandatario ha acusado desde los primeros momentos de la investigación de estar detrás de una denominada “cacería de brujas”.
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Por otro lado, aunque Mueller decidió dejar la investigación hasta ese punto, el mandatario aún enfrenta diversos procesos civiles que podrían fortalecerse tras la solicitud de que se publique la totalidad del informe. De esta forma, las evidencias que reúne este informe, podrían dar pie a procesos que en su mayoría se ventilarían en la fiscalía neoyorquina.
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