El 13 de noviembre de 2023 nos enteramos en las noticias de la muerte violenta de Ociel Baena, entonces magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, así como de Dorian Nieves, su pareja. Hacia el mediodía, la Fiscalía local impuso la idea de un “crimen pasional”. Aunque le magistrade había hecho público que recibió varias amenazas de muerte, en solo unas horas la autoridad estatal afirmó que lo ocurrido se debió a un “tema de índole personal”: culpó a Dorian de asesinar a Ociel y suicidarse, y además descartó que cualquier otra persona hubiera estado presente.

Tras filtrarse las fotografías de la escena del crimen, el resto del día estalló en prejuicios y burlas digitales. El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) —supuesta autoridad contra la discriminación— dedicó sus cuentas oficiales a celebrar el cumpleaños del entonces presidente López Obrador. A la madrugada siguiente, emitió un escueto comunicado de cuatro frases. Miles de personas en la Ciudad de México y otras entidades marcharon para exigir justicia; sin embargo, al gobierno federal no le interesó atraer el caso. A la fecha, ninguna autoridad ha presentado una investigación ante las instancias del Poder Judicial.

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El abandonado caso de le magistrade ilustra la situación de las personas no binarias en México: si bien se han logrado algunos avances, la exclusión sistemática de este sector de la población sigue mayormente desatendida. Los retos por solventar son amplios y variados: desde el pleno reconocimiento de las identidades no binarias en todos los trámites y documentos que expide el Estado, hasta la necesidad de abatir los prejuicios, promover la inclusión en la educación y el empleo, así como atajar las consecuencias de la violencia física y digital, incluidas las afectaciones a la salud mental. En ese sentido, señalo aquí numerosos pendientes y hago eco de demandas expresadas por múltiples personas, colectivas y organizaciones ante las autoridades, así como en estudios, marchas, medios de comunicación y actos de protesta. Sin duda, el inicio de sexenio ofrece una oportunidad propicia para que las instituciones públicas atiendan de una vez por todas el llamado.

Voces que se hacen oír: avances a cuentagotas

Los mayores logros de las personas no binarias se concentran en dos rubros: la generación de estadísticas confiables y el reconocimiento oficial de la identidad de género. En cuanto a las estadísticas, diversas encuestas en línea sirvieron de base para ilustrar —de manera no representativa— las experiencias de las personas no binarias en México. Tal fue el caso de la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (ENDOSIG) 2018, realizada por el Conapred y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de la encuesta Impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México, de Yaaj México, el Copred y la Universidad de California. Sin embargo, tras una marcada insistencia social en contar con cifras nacionales de todas las poblaciones LGBTI+, el mayor parteaguas fue la Encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género (ENDISEG) 2021 levantada por el INEGI. Con base en ella, la academia y la sociedad civil han podido realizar análisis específicos en los que se revela que hay al menos 340 000 personas no binarias en toda la República. Las cifras disponibles retratan tendencias sobre discriminación, ocupaciones, descubrimiento de la identidad y condiciones de salud, entre otras. Esto permite dimensionar varios pendientes para la inclusión.

En cuanto al reconocimiento oficial, múltiples entidades federativas han comenzado a emitir actas de nacimiento que reconocen las identidades no binarias, aunque en varios casos la posibilidad está abierta solo para mayores de edad. El primer estado que entregó un documento de este tipo fue Guanajuato, en febrero de 2022, obligado por una sentencia del Poder Judicial de la Federación. Algo similar ocurrió en Nuevo León un mes después y, el siguiente noviembre, Hidalgo fue la primera entidad en cambiar sus leyes para permitir este trámite a toda la población mediante un procedimiento administrativo y gratuito. A la fecha, se han otorgado actas rectificadas —en ocasiones por amparos y otras veces por reformas legales— a personas originarias de Coahuila (donde la primera se entregó a Ociel Baena), Jalisco, Tabasco, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua, entre algunas más. 

Adicionalmente, destacan tres pasos para el reconocimiento legal que abarcan todo el territorio nacional. Por una parte, en julio de 2022, un litigio estratégico llevó a que el Registro Nacional de Población hiciera las modificaciones necesarias para emitir la primera CURP de una persona no binaria. Por otra parte, en febrero de 2023 (derivado de juicios iniciados por Kevin Hernández y Ociel Baena), el INE también permitió a las personas no binarias reflejar dicha identidad en la credencial para votar. Finalmente, en mayo de 2023 y sin necesidad de una demanda, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un Acuerdo para autorizar la expedición de pasaportes que reconozcan el género no binario, entregando el primero de ellos, de nuevo, a le magistrade Ociel Baena. Si bien algunos activismos han expresado reservas sobre la decisión oficial de reflejar las identidades no binarias con una “X”, en su momento tanto el INE como la SRE argumentaron que la decisión se basó en criterios internacionales (por ejemplo, en los lineamientos globales para documentos de viaje). Aun así, es notoria la falta de una consulta integral a la sociedad civil en la articulación de estas políticas.

Una realidad desbordada: la larga lista de pendientes

Frente a los moderados avances ya descritos persiste una amplia serie de retos para garantizar una inclusión real, iniciando por asegurar que las identidades no binarias sean reconocidas en todo México y, también, que sean contempladas en todo tipo de trámites y documentos. Un ejemplo emblemático lo brinda el proceso para emitir facturas con validez fiscal. El pasado 14 de julio, durante la segunda Marcha No Binaria de la Ciudad de México, el pliego petitorio de las colectivas y personas organizadoras refirió que “el SAT [Servicio de Administración Tributaria] aún no ha realizado las modificaciones pertinentes para que las personas no binaries podamos tramitar la firma electrónica”. En ese sentido, aunque en la capital es posible modificar el acta de nacimiento y la CURP, dicho cambio deja a las personas no binarias sin poder generar facturas oficiales, excluyéndolas de oportunidades laborales en las que se solicite un recibo fiscal para poder tramitar su pago. Dado que una de cada tres personas no binarias económicamente activas trabaja por cuenta propia, la imposibilidad de facturar limita directamente sus ingresos.

Ahora bien, otro reto sustancial es garantizar la igualdad en los grandes ámbitos de la vida social. Esto incluye el empleo, en el cual, además de las barreras del SAT, debe atenderse la discriminación en los centros de trabajo, así como la falta de apoyos para el emprendimiento de quienes —precisamente por su identidad— enfrentan exclusión de otras oportunidades laborales. 

En el rubro escolar se requiere un plan de educación sexual integral que reconozca la diversidad de género, así como esfuerzos para asegurar planteles donde el alumnado, la planta docente y el personal directivo sean receptivos a las personas no binarias. Y en el caso de la vivienda es indispensable prevenir el rechazo familiar que ocasiona la salida temprana de casa de muchas juventudes, así como garantizar que quienes requieran alojamiento puedan encontrar albergues incluyentes, independientemente de su edad. 

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La salud merece una mención especial, pues es urgente garantizar una atención incluyente en todas las instituciones públicas y privadas. Sobre todo, es necesario poner especial énfasis en el bienestar mental. Como sucede con cualquier población discriminada, las altas tasas de exclusión social contra las personas no binarias suelen deteriorar su estado psicológico. Por ejemplo, en una encuesta realizada en línea por The Trevor Project a más de 10 000 jóvenes en el país, 66% de las personas no binarias reportó haber tenido síntomas de depresión, en comparación con 55% de las mujeres cisgénero y 44% de los hombres cisgénero. En varios casos, el malestar provoca intenciones suicidas: 63% de las juventudes no binarias reportó haber considerado terminar con su vida. De todas las personas LGBTI+ con al menos un intento de suicidio, 60% señaló que la causa había sido por los problemas en la escuela, mientras que 77% refirió un motivo familiar.

Lo anterior ilustra el imperativo de que el Estado adopte un papel sustancial contra los discursos discriminatorios y las violencias fóbicas. Un espacio de preocupación son las plataformas digitales: en la ENDOSIG 2018, 48% de las personas no binarias participantes dijeron haber vivido discriminación en redes sociales, mientras que las juventudes del estudio de The Trevor Project identificaron a Facebook y X como las plataformas con más discursos de odio. Además de las agresiones propagadas en línea, resulta urgente atender aquellas que toman lugar en espacios públicos. De nuevo en la ENDOSIG 2018, 48% de las personas no binarias reportaron discriminación en la calle o el transporte público durante el año anterior. A esta clase de agresiones se suman los crímenes de odio.

Tiempo de escuchar a las personas no binarias

Ante los modestos avances y la amplitud de los pendientes para la inclusión no binaria es evidente que el Estado debe emprender una apuesta decidida. Actualmente, en diversas entidades hay quienes impulsan un día de conmemoración para las personas no binarias; sin embargo, lo que realmente se necesita es que las autoridades se coordinen entre sí —con la sociedad civil y el sector privado— para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género, puedan acceder a la vivienda, la educación, el empleo, la salud y a una vida libre de violencia. Para que ese esfuerzo rinda frutos no solo hace falta desmantelar barreras formales o estructurales; por ejemplo, con reformas legales o ajustes a las políticas en curso: también urge un fuerte componente de pedagogía que haga frente a los prejuicios con educación pública adecuada y campañas de difusión nacionales. 

Por supuesto, nada de lo anterior puede realizarse sin compromiso político y presupuestal. Considerando las reiteradas ocasiones en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado un compromiso con las personas LGBTI+, lo congruente sería que su gobierno destine programas y recursos a combatir las fobias. Estando a inicio de sexenio se esperaría que dicha prioridad se refleje en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que marcarán el rumbo de la gestión. Uno de ellos es el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación mandatado por la Ley Federal en la materia.

Cabe enfatizar que las personas no binarias también deben ser consideradas en las discusiones más amplias sobre el rumbo y el diseño institucional del país. Decisiones como la reconfiguración de los 33 poderes judiciales, los recortes al gasto público en temas de derechos humanos o la constante ampliación de las facultades del Ejército afectan directamente la posibilidad de que dicha población acceda efectivamente a sus derechos. Por ejemplo, la privan de jueces imparciales que la amparen ante la discriminación del propio gobierno, o la exponen a cada vez más interacciones con militares que violentan a las personas LGBTI+. En consecuencia, marginarla de estas conversaciones no es viable.

Finalmente, como con todas las personas LGBTI+ asesinadas en el país, no es posible dejar de exigir justicia para Ociel Baena y Dorian Nieves. El estancamiento de esta averiguación contraviene los estándares nacionales e internacionales que obligan a investigar exhaustivamente los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte han reiterado que el análisis de posibles crímenes de odio debe considerar la brutalidad de los hechos, el contexto de prejuicios y violencia, así como el papel de las víctimas en la promoción de los derechos LGBTI+. Por otra parte, el Protocolo de Actuación para las fiscalías en casos sobre personas LGBTI+ las obliga a agotar todas las líneas de investigación, valorar los hechos sin discriminación alguna y considerar la condición de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas por ser quienes eran. No cabe duda alguna: es tiempo de escuchar a las personas no binarias.

ROBERTO ZEDILLO ORTEGA cuenta con una licenciatura en Ciencia Política por el CIDE y una maestría en Sociología por la Universidad de Cambridge. Ha publicado investigaciones como La complejidad del fenómeno migratorio en México y sus desafíos (PNUD, con Elena Sánchez-Montijano) y “Defending Rights from “Gender Ideology”: Discourses in Mexico’s Backlash against LGBTI Inclusion” (LGBTQ Policy Journal, Harvard Kennedy School).