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Mochar manos, frases sobre declaraciones patrimoniales, promesas a medias. Estas son las mentiras y verdades del segundo tema que tocaron los aspirantes presidenciales en el debate.

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“El patrimonio de AMLO no refleja tres departamentos que sí están en el Registro Público de la Propiedad”: José Antonio Meade

Se trata del departamento 102 en la Calle Heriberto Frías 1519, de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México; y de dos departamentos en los números 301 y 302 de la calle Odontología 57, en la delegación Coyoacán, también de la capital mexicana. Ninguna de estas propiedades figura en la declaración patrimonial que López Obrador hizo pública en abril de 2016.

El primer caso se trata de un departamento que era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien a su vez se lo vendió a Julio Scherer Ibarra, abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así consta en el documento con número de folio real 9056296 inscrito en el Registro Público de Comercio.

De acuerdo con este documento, Beatriz Gutiérrez Müller compró ese departamento en mayo de 2002, cuando aún no era esposa del candidato de Morena. El primer aviso de venta de Beatriz Gutiérrez a Julio Scherer se registra en diciembre de 2015, ya como esposa del tabasqueño. Y en agosto de 2017 la compraventa queda formalmente registrada ante notario.

Aquí puedes checar el documento de la compra-venta.

En cuanto a los departamentos adyacentes 301 y 302 de la calle Odontología 57, se trata de dos propiedades que reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal en una nota publicada en abril de 2016, en la que documentó que los inmuebles no habían sido incluidos en la declaración pública de bienes de López Obrador. En respuesta a esta información, en noviembre de 2016 el abogado de López Obrador proporcionó documentos al diario estadounidense que muestran que las propiedades habían sido transferidas a uno de sus hijos en el año 2005.

Sin embargo, López Obrador aún figura como propietario de los inmuebles, de acuerdo con las actas con número de folio real 613504 y 613505, respectivamente, que están disponibles en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.

Aquí puedes checar el documento con folio 613505.

César Yáñez, vocero de Morena, explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que López Obrador aún aparece como propietario de los dos inmuebles porque se encuentran en un juicio testamentario. En 2003, Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de derechos de las propiedades a sus hijos están en litigio, señaló Yáñez. El vocero de López Obrador dio esta entrevista en septiembre de 2016. Y más de un año y medio después, en abril de 2018, las propiedades aún figuran a nombre del candidato de Morena, según los documentos que constan en el Registro Público de la Propiedad.

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“Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos… hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”: Jaime Rodríguez Calderón

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso “mocharle la mano” a los funcionarios públicos que roben, como una sanción viable y ejemplar, y afirmó que, de ser electo, presentaría la iniciativa. Sin embargo, este castigo está prohibido por la Constitución y es incompatible con tratados internacionales de los que México forma parte. La frase es ridícula.

La sanción propuesta por el candidato presidencial contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual prohibe en su artículo 22“las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Al mismo tiempo, actos como la mutilación están prohibidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir; lo que se reforzó a partir de 2011, con la reforma constitucional en la materia.

La prohibición de utilizar la mutilación, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha reconocido desde hace décadas. Esto se encuentra señalado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que México se sumó en 1981. En el mismo sentido está la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), del cual México forma parte desde 1986. Esta convención obliga a los Estados participantes prohibir “actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) entiende en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada por el gobierno mexicano en 1987, que la tortura también son “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física”. “Mochar las manos”, como sugirió el quinto y último candidato en sumarse a la contienda por la presidencia de México, requeriría no sólo una reforma legal, sino que implicaría realizar reformas constitucionales, además de desconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte.

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“Yo llevo todo la vida en la política, y ustedes me conocen, a mí el poder no me cambió, yo continúo viviendo en la casa de siempre, por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos”: Margarita Zavala

Es cierto, Margarita Zavala y Felipe Calderón reportan como su hogar la casa que tienen en la colonia Las Águilas, delegación Álvaro Obregón. Una propiedad que adquirieron en 2003, en realidad hace 15 años, y no 20, como dijo en el debate. Lo que Zavala no dijo es que, en esos 15 años, su hogar prácticamente cuadruplicó de tamaño, al pasar de 450 metros cuadrados en 2003 a mil 623, según lo reportado en su declaración 3de3.

De acuerdo con una investigación del periodista Daniel Lizárraga, el crecimiento del patrimonio de la pareja Calderón-Zavala se dio durante su sexenio, a través de compras de terrenos a nombre de Zavala, cuando ella no percibía ingresos en su papel de presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y financiados por créditos bancarios que eran pagados prácticamente de inmediato.

Según documentó el periodista, Calderón habría usado dos líneas de crédito para el crecimiento patrimonial de los Calderón Zavala, uno con el banco Ixe por 4.7 millones y otro más con Santander, por 3.6 millones de pesos. El primer crédito fue saldado en dos años, el segundo en 11 meses. Al asumir la Presidencia, Felipe Calderón reportó entre otras propiedades un terreno de 450 metros cuadrados a nombre de su esposa, Margarita Zavala, por el que pagaron 2.5 millones de pesos en 2003, ubicado en la colonia Las Águilas de la ciudad de México.

En enero de 2013, una vez concluida su gestión, Calderón Hinojosa reportó en su declaración patrimonial (consultada en la página servidorespublicos.gob.mx) que ese terreno había crecido a 541 metros cuadrados, sin superficie construida, a pesar del crecimiento del terreno, el valor reportado seguía en 2.5 millones de pesos, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales del exmandatario y de la declaración 3de3 que presentó Zavala Gómez del Campo, recientemente, como candidata presidencial. Casi cuatro años después, en diciembre de 2016, el mismo terreno triplicó su tamaño y ahora mide mil 623.15 metros cuadrados y tiene una construcción 800 metros cuadrados valuada 5.1 millones de pesos, y sigue en copropiedad entre Calderón y Zavala, de acuerdo con la declaración 3de3 que la candidata independiente hizo pública.

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“La corrupción es el principal problema de México”: Andrés Manuel López Obrador

El candidato de Morena a la presidencia ha insistido que, para los mexicanos, el principal problema es la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que se ha levantado cada dos años desde 2011, en realidad la inseguridad y la delincuencia que los mexicanos ubican en primer lugar. Su frase es falsa. En las encuestas de 2015 y 2017, la corrupción está en segundo lugar, luego de desplazar al “desempleo”, que estaba en esa posición en 2011 y 2013.

El objetivo de la ENCIG es recabar información sobre la percepción de la población respecto de los trámites y servicios públicos de todo tipo, y reporta resultados cada dos años.

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“…Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción, eso no se ha hecho. Y todos los contratos deben ser transparentes, eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda”: José Antonio Meade

Las contrataciones que realizan las dependencias gubernamentales son públicas y están a disposición de los ciudadanos desde el 9 de noviembre del 2017, cuando —en efecto— José Antonio Meade era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pero los contratos abiertos no fueron iniciativa de él y tampoco se transparentaron todos. Su afirmación es Engañosa.

Su aplicación en distintas dependencias y entidades gubernamentales fueron producto de un largo proceso cuya iniciativa no fue propuesta por el ahora candidato. El origen de la iniciativa fue un esfuerzo global para crear gobiernos abiertos en el 2012 y el gobierno de Enrique Peña Nieto la retomó como parte de la Estrategia Digital Nacional, la cual tenía como uno de sus pilares la transparencia a través de Gobierno Abierto. La Estrategia Digital Nacional arrancó el 25 de noviembre del 2013. En marzo del 2017 se firmó una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado con el fin de diseñar un Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, en la que se discutieron los términos, así como las cantidades máximas y mínimas para poder denominar un contrato como abierto.

De acuerdo con Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, la iniciativa de Contratos Abiertos es de carácter global, inició en el 2012 y en México fue es impulsada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAI y Transparencia Mexicana.

“En esta administración se subieron sets de datos de presupuesto y contratos del gobierno central. No es la totalidad de los contratos del gobierno”, aclaró a Animal Político. “Se integraron las bases de datos de transparencia presupuestaria y CompraNet buscando cumplir con el estándar de datos de Contrataciones Abiertas. No es la totalidad de los contratos del gobierno federal”, dijo el director de Transparencia Mexicana.

Esta “cuota” de datos, están obligados por el gobierno federal:

De acuerdo con el artículo 14 del PEF2018 “las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria”. Es aquí donde la Secretaría de la Función Pública se coordina con la SHCP para integrar la información al sistema CompraNet.

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“En este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios del país, para ser precisos, el Presidente”: Andrés Manuel López Obrador

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el caso de corrupción de Odebrecht estaría implicado directamente el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esta afirmación no se puede probar, porque —en contraste con lo que ocurre en otros países— la Procuraduría General de la República no ha terminado las pesquisas, no ha girado órdenes de aprehensión, ni se ha consignado a algún funcionario.

Lo cierto es que la denuncia del caso implica el supuesto pago de 10 millones de dólares por parte de la empresa a altos funcionarios del Gobierno Federal para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Hasta ahora, lo que se sabe es lo que reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción titulada ‘El señor de los sobornos’, la cual expuso que Luis Alberto de Meneses, quien presuntamente negoció los sobornos de Odebrecht en México, declaró ante la justicia brasileña haber participado en la negociación de 10 millones de dólares en presuntos sobornos a Emilio Lozoya. Cuatro de esos millones, según el testigo protegido, se habría entregado en 2012, cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y otros seis millones cuando ya era el director de Pemex. Lozoya negó en octubre de 2017 las acusaciones de corrupción.

La investigación periodística también refiere que Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora brasileña, se reunió con Felipe Calderón Hinojosa en la residencia oficial de Los Pinos en octubre de 2011. Y dos años después, en octubre de 2013, visitó en el mismo recinto a Enrique Peña Nieto. No obstante, se desconoce si la PGR está investigando estos encuentros entre el empresario y los presidentes del Ejecutivo. El tabasqueño también aseguró que cinco millones de dólares provenientes de sobornos a Odebrecht se utilizaron “en la campaña de Peña Nieto”, y que “en Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón”.

Sobre estas dos aseveraciones la justicia mexicana tampoco se ha pronunciado, ni ha ofrecido resultados, por lo que tampoco se pueden comprobar.

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“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad, y el que la haga la pague”: Margarita Zavala

En realidad, en ningún país del mundo se ha terminado con la impunidad. Ni siquiera están cerca. Lo que promete Zavala es imposible. El Índice Global de Impunidad 2017 muestra que los 10 países mejor calificados del mundo tienen índices de impunidad “baja” o “muy baja”, pero no están cerca del cero. En dicho índice México se ubica hasta la posición 66 de 69 países que fueron medidos.

En el que es considerado el delito que más afecta a la sociedad, el homicidio doloso, la tasa global de condenas es de 43 criminales por cada 100 víctimas de homicidio, de acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio (2013).En Europa, el continente con la mejor tasa de condenas, es de 81. Y si nos limitamos a México la viabilidad de dicha promesa también queda en entredicho por una razón importante: la inmensa mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian y por lo tanto quedan en la impunidad.

En 2016, en más de nueve de cada diez delitos cometidos (93.6%) no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)de INEGI. De los delitos por los que sí se inició averiguación previa, en casi la mitad de los casos (49%) “no pasó nada o no se continuó con la investigación”, de acuerdo con el INEGI.

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“Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina pero un juez federal lo sacó”: Jaime Rodríguez

En efecto, Rodrigo Medina fue internado en el penal de Topo Chico el 26 de enero de 2017. Pero 19 horas después, el juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva debido a que se había incumplido el debido proceso. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta resolución sobre el amparo 39/2017, que promovió la defensa de Medina.

Luego, el 8 de febrero de este año, el Juez de Control Jaime Garza Castañeda de Nuevo León volvió a confirmar el auto de vinculación a proceso por el mismo delito contra del exgobernador Medina.

El exfiscal anticorrupción, Ernesto Canales, señaló que la resolución aguantaba cualquier revisión de amparo, esta había tenido 13 amparos, y se confirmaba la posición inicial de vinculación contra Medina. Sin embargo, el juez Garza Castañeda volvió a dictar no vinculación sobre el caso, después de que un juez federal pidió dictar una nueva resolución. «Es una instancia más en donde vemos una protección a Rodrigo de parte del Gobierno federal, en este caso del Juez de amparo. (…) Hay que preguntarse por qué de esta protección, ¿qué fichas a cambio, con qué pagó Rodrigo Medina o por qué razón el Gobierno federal lo protege?», indicó Canales.

Las próximas audiencias sobre el caso serán el 28 de mayo y el 5 de julio, informó la fiscalía de Nuevo León.