Las percepciones de la sociedad sobre los problemas más importantes que la afligen son fundamentales en una democracia. En los últimos años los científicos sociales han estudiado las percepciones acerca de quiénes son pobres, quiénes son ricos, qué tanta pobreza existe o qué tan igualitario es un país. Comúnmente, las percepciones no nos dicen la misma información que las estadísticas “objetivas”, pero son las que impulsan las demandas de la población respecto a ciertas políticas públicas, incluso cuando los datos indican otra cosa. En conjunto con investigadoras de El Colegio de México (Alice Krozer y Aurora Ramírez) e investigadores del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Roberto Vélez y Rodolfo de la Torre), decidimos estudiar percepciones sobre desigualdad e impuestos en México. Realizamos una encuesta representativa a nivel urbano en la que le preguntamos a cada participante qué tanta igualdad cree que hay en el país y cuál debería ser el nivel de igualdad; también les preguntamos cuánto creen que se paga de impuestos y cuánto deberíamos pagar.
Nuestros resultados muestran que las personas tienen una muy buena fotografía sobre la desigualdad que existe en México. Sabemos que vivimos en un país muy desigual, pero ¿queremos un país más igualitario? A pesar de lo que a veces se escucha en los medios de comunicación o en las redes sociales, la gran mayoría de la población desea un país más igualitario; de hecho, el deseo es que tengamos un nivel de desigualdad similar a países como Alemania o Francia. Este resultado no es una anomalía de nuestra encuesta; la de opinión pública latinoamericana (Latinobarómetro), que realiza encuestas en diferentes países de la región, también encontró en 2020 que 75% de la población mexicana cree que la distribución de la riqueza es injusta o muy injusta, y que la mayoría desea que se divida más equitativamente lo que genera la economía.*
Si, como sociedad, estamos convencidos de que deseamos un país más igualitario, ¿cómo podemos conseguir que lo sea? En la encuesta Latinobarómetro y en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se mencionan varios modos de lograrlo. Para empezar, la mayoría de las personas en México y América Latina considera que la desigualdad en educación y salud son las peores, es decir, hay una preocupación genuina porque las oportunidades de generación de capital humano no están bien distribuidas y se cree que esto es lo primero que deberíamos arreglar. La población también piensa que los hogares con mayor pobreza deberían recibir ayuda directa del Estado. Por último, la gente está convencida de que prefiere un sistema impositivo progresivo, donde los más ricos paguen, como proporción de su ingreso, mucho más que las personas que viven peores condiciones de pobreza.
¿Son estas políticas factibles? Obviando la posibilidad de contraer deuda, los ingresos del gobierno deben ser iguales a sus gastos, y los primeros provienen principalmente de los impuestos que se cobren. En el estudio que realicé con diversos colegas encontramos que la población desea que los más ricos paguen una tasa del 41% y que los de menos ingresos paguen una tasa del 13%. Si se adoptaran esas tasas, los impuestos aumentarían tanto para pobres como para ricos. Un reporte de la SHCP indica que el 20% con menores ingresos paga una tasa de impuestos (ISR, IVA, IEPS e ISAN) de entre 7% y 8%, mientras que el 10% más rico paga una tasa del 30% con respecto a su ingreso.
Si la tasa de impuestos, para todos, subiera al 30% y no hubiera evasión, la recaudación podría aumentar más de cuatro puntos del PIB. Esto daría un buen empuje a las funciones del Estado, y podría invertir más en educación y salud pública, las preocupaciones principales de los mexicanos. Sin embargo, la gente también responde, en las encuestas, que no desea pagar más impuestos sino menos. ¿Cómo se explica esa contradicción? Parece que la diferencia se debe a una percepción equivocada sobre cuánto verdaderamente se paga de impuestos, quién los paga, cuál es el ingreso de la población y cuánto de los impuestos termina en corrupción o se gasta mal.
En un estudio que ahora mismo está en progreso, y que estoy haciendo con Alice Krozer y Aurora Ramírez, estamos encontrando que la población cree que alrededor del 50% de los impuestos se van a la corrupción o se gastan mal. Tan sólo en 2021 se gastó 4.9% del PIB en pensiones, esto es, alrededor del 30% de los ingresos tributarios del gobierno federal. Entonces parece que la gente sobreestima la corrupción de forma sustancial. Sirva otro ejemplo: en una investigación exhaustiva de Viridiana Ríos para Oxfam se encontró que en el periodo entre 2000 y 2018 no pudieron comprobarse 492 mil millones de pesos después de auditorías; ese monto es cercano al 2.5% del PIB de 2019. La cifra nos causa enojo e indignación, pero también está muy alejada de la percepción que tiene la gente. Claro que es necesario combatir la corrupción para lograr mayor aceptación de los impuestos, pero esa estrategia, por sí misma, no es suficiente para obtener los recursos que se requieren para que el Estado brinde servicios públicos de calidad para todos.
Por lo tanto, una política esencial para empezar a discutir la relevancia de elevar el nivel de impuestos es la transparencia. Necesitamos saber y discutir cuántos pagadores de impuesto sobre la renta hay por rango de ingreso, cuál es su ingreso promedio y cuánto pagan efectivamente, especialmente entre los más ricos. Esta información objetiva permitiría no sólo discutir escenarios reales sobre qué tanto cambiaría la recaudación si subieran los impuestos, también fomentaría una discusión democrática sobre cómo queremos reducir la desigualdad.
*Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD.
Raymundo M. Campos Vázquez es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos en El Colegio de México. Doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Twitter: @rmcamposvazquez; sitio web: http://cee.colmex.mx/raymundo-campos.
