Un problema que ya se encontraba en niveles de emergencia en México, la violencia contra mujeres y niñas, se ha agravado durante el confinamiento en casa para evitar el contagio del coronavirus SARS-CoV2, tal como lo señalaron a tiempo expertas en esta materia. Y para evitar feminicidios, de la campaña del gobierno federal que invita a “sacar la bandera blanca de la paz”, como también lo advirtieron ellas, nada podía esperarse. Antes de la pandemia la estrategia del gobierno federal ya era inadecuada, a lo que hay que sumar las alusiones francamente insultantes del presidente López Obrador al tema. Sin embargo, preocupa –y en mayor medida– la falta de respuestas efectivas a nivel local.

Más allá de distinciones legales entre fueros, en términos prácticos las autoridades locales tienen en sus manos la atención directa del problema: cuando la vida está en riesgo, casi por regla las llamadas de auxilio de víctimas o testigos se dirigen a la policía municipal. Aunque es cierto que mucho antes de que se llegue a este escenario se debieron haber implementado políticas e intervenciones –tanto afuera como dentro del sistema de justicia–, la efectividad y oportunidad de la respuesta de la policía en este momento en particular, es cuestión de vida o muerte. No es frase hecha o lugar común. Más adelante me referiré a esto, pero antes, necesitamos más contexto.

Si comparamos el primer semestre de 2020 con el mismo periodo del año anterior el número de mujeres asesinadas por razones de género, es decir, víctimas de feminicidio, se disparó en Colima, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportadas por las fiscalías y procuradurías estatales. Pero no es éste el único delito que resulta en la muerte de mujeres: también lo es el homicidio doloso y es importante señalar que el primero no es un subconjunto de este último. Mientras que en los primeros seis meses de este año 489 mujeres fueron víctima de feminicidio en el país, otras mil 171 lo fueron de homicidio doloso. Respecto a este último, el mayor crecimiento también lo registró Guanajuato, donde las víctimas de este delito casi se duplicaron en el primer semestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. También aumentó en Chihuahua y Baja California.

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Parece que no hay ciudades libres de las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres. En los últimos años le he dirigido a los titulares –sí, todos ellos hombres– de seguridad pública de urbes del norte, centro y sur del país la misma pregunta, ¿cuáles son las causas más frecuentes de llamadas de emergencia que atiende su policía? La única respuesta que se repite tanto en los estados más pacíficos como en los más emproblemados es violencia en el hogar (no todos los incidentes en esta categoría se perpetran contra mujeres, pero sí la mayoría). Varios reconocen que no saben qué hacer para reducirla; el resto no lo admite, pero tampoco lo tienen claro. Es cierto también que este no es tema solamente de policías y que en el mejor escenario su involucramiento no es necesario. Pero cuando la vida, integridad y las libertades corran peligro, esta autoridad tiene un papel clave y debe estar en el interés de ciudadanía y gobierno que cuenten con las mejores capacidades y herramientas para responder.

Vayamos ahora sí a un ejemplo de intervención de la autoridad que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Tan solo entre marzo y junio de este año, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León –la segunda ciudad más grande de la entidad– la Policía Municipal ha detenido a un total de 13 hombres por tentativa de feminicidio en flagrancia; esto es, justo en el acto. Todas las detenciones fueron calificadas como legales por el respectivo juez de control y por la amenaza que representan para la vida de sus víctimas, como lo comprobó la Fiscalía, los detenidos llevan su proceso en prisión preventiva. Pongámoslo ahora en perspectiva a nivel estatal: si los municipales en Guadalupe no hubieran actuado a tiempo y bien, habría que sumar 13 víctimas más en la ya de por sí penosa cifra de 35 del primer semestre de 2020.

¿Cómo lo lograron? El Secretario de Seguridad Municipal, Gerardo Palacios, arroja una primera reflexión. "Hemos logrado evitar esas muertes porque hemos estado cerca cuando sucede, cuando nos marcan el alto en la calle o porque llegamos a tiempo cuando nos llama algún vecino al número de emergencias al escuchar los gritos y golpes". Así de realista: porque hemos estado cerca. Pero no ha sido casualidad, sino resultado de la distribución estratégica de policías y patrullas en zonas y sectores geográficos del municipio delimitados a partir de necesidades en el territorio. De esta forma, llegan al lugar del delito en menos tiempo de lo que les tomaba antes de la sectorización. Es como la diferencia entre cubrir de manera inteligente una cancha de fútbol colocando a la pieza adecuada en cada posición, o hacerlo sin criterio alguno. Nada nuevo en el resto del mundo en materia policial pero, hay que decirlo, no es procedimiento estándar en todas las ciudades del país y debería serlo. Sin ser la solución de raíz a los asesinatos de mujeres por violencia en el hogar, este tipo de reacción por parte de la policía es indispensable cuando la violencia ya estalló y un feminicidio se puede evitar. Aunque se deben atender las causas de este fenómeno, también es obligación de las autoridades responder cuando ya se presentaron las amenazas, las lesiones y el peligro de muerte.

Todo esto no excluye de responsabilidad al gobierno federal. Si bien la respuesta inmediata, la procuración de justicia y la sanción a los perpetradores le corresponde a autoridades en los ámbitos local y estatal, según el caso, a la federación le corresponde parte de la definición y evaluación de las políticas públicas contra este tipo de violencia, mismas que pueden dirigirse a atender, ahora sí, las múltiples causas de raíz. Debería hacerlo, por ejemplo, por medio de las facultades del Centro Nacional de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La vía para su materialización son los acuerdos que se toman en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que agrupa para la toma de acuerdos políticos a los 32 gobiernos estatales, a los municipales y al federal.

No basta, sin embargo, solamente de llegar a acuerdos y llevar a cabo sesiones a nombre de la mentada coordinación. Sin estrategias concretas como la de sectorización en Guadalupe, modelos o manuales de implementación, ni los acuerdos ni la coordinación se traducen en acción con el objetivo concreto de reducir los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.

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