Tras la Segunda Guerra Mundial empezó a gestarse un inédito orden internacional: nuevos organismos multilaterales, nuevas reglas, nuevas ideologías y nuevas concepciones sociales, políticas y económicas. En este sentido se tejió un sistema complejo de interdependencia entre diversos países; redes comerciales, de producción y de integración. Sin embargo, hoy en día dicho orden está en jaque, principalmente por lo referente al comercio internacional. Este rompimiento del statu quo emerge de la política comercial agresiva y nacionalista de Donald Trump.

En 1962 Estados Unidos promulgó la Ley de Expansión Comercial, la cual le da al Secretario de Comercio la capacidad de investigar (bajo la sección 232) si algún producto de importación impone un riesgo a la seguridad nacional. El representante comercial tiene que llevar a cabo un análisis sobre el producto y en caso de que sea un riesgo, se le informa al presidente, quien debe decidir si será necesario tomar acciones para restringir las importaciones de dicho bien. La comunidad internacional estuvo de acuerdo con estos mecanismos.

En marzo del 2018, bajo el procedimiento previamente explicado, el presidente de Estados Unidos anunció la imposición de tarifas arancelarias (cobro de cuotas sobre los productos que entran al país) a productos de acero y aluminio. Estas cuotas afectan, y mucho, a la producción de múltiples productos de sus principales socios comerciales. Entonces, ¿por qué lo hizo?

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Puede ser pertinente especular que bajo la lógica del presidente Trump, estos lineamientos tenderían a generar mayor inversión y generación de empleos dentro de Estados Unidos. El argumento es el siguiente: si exportar a Estados Unidos sobrepasa mis costos (debido a los aranceles), pero aun así existe un enorme mercado que consume mis productos, se vuelve más costo-eficiente producir dentro de dicha economía.  

Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de sus socios comerciales? En un inicio, se trató de negociar, proponiendo otro tipo de soluciones: límites a las cantidades exportadas, diálogos y exposiciones sobre los beneficios mutuos del libre comercio internacional, entre otras. No obstante, el presidente Trump no cedió ante dichas propuestas. Cuando las tarifas entraron en vigor, diversos países respondieron con cuotas arancelarias sobre productos estadounidenses con la esperanza de lograr una retirada de las tarifas estadounidenses sobre sus productos. La Unión Europea impuso cuotas equivalentes a $7.1 mil millones de dólares (mmdd); Canadá, equivalentes a $12.8 mmdd, México por $3 mmdd y China de $3 mmdd. Además, estos países impusieron una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) reclamando que las tarifas impuestas por Estados Unidos eran injustificadas, poniendo en duda que la importación de acero y aluminio represente en sí una amenaza a la seguridad nacional.

Tal como se podría haber visto en alguno de los capítulos de The Apprentice, la administración de Trump no se quedaría atrás y contrademandó a dichos países bajo el supuesto de que las tarifas violan las leyes del comercio internacional. Hay que recordar que Estados Unidos impuso estas cuotas «legalmente”, pues se basó en la Ley de Expansión Comercial de 1962. Sin embargo, el cobro de aranceles por parte de México, Canadá, la Unión Europea y China son, en efecto, injustificadas según la reglamentación internacional.

¿Qué sigue? La OMC tiene mucho trabajo por hacer, pues será necesario dictaminar si las demandas y la tarifas que todos estos países han hecho son legales o no y, en consecuencia, imponer las penalizaciones correspondientes (retirar las tarifas y pagar compensaciones). Además, hay otro capítulo en la historia: la guerra directa entre China y Estados Unidos, donde Trump acusa a China de robo de propiedad intelectual y ha anunciado la imposición de aranceles a productos chinos equivalentes a $250 mmdd.

¿Se obtendrán los resultados deseados por la Administración de Trump o será esta la crónica de una guerra comercial anunciada?